Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133614
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.614, "Z., V. G. s/ Queja en causa n° 95.396 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial de V. G. Z. contra la sentencia dictada el 4 de octubre de 2018 por el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que -en el marco de un juicio abreviado- condenó al nombrado a la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de amenazas y coacciones agravadas en concurso real con amenazas y coacciones agravadas por haber sido cometidas en el marco de violencia de género (v. fs. 42/46 vta.).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal -doctor Nicolás Agustín Blanco- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 60/64 vta.). El tribunal intermedio lo declaró inadmisible (v. fs. 66/69) y presentada la queja pertinente (v. fs. 126/132) esta Suprema Corte le hizo lugar y concedió el recurso extraordinario (v. fs. 136/139).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 145/147 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 149) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial denunció que el tránsito de la causa por la instancia casatoria resultó "aparente", frustrando -de ese modo- el derecho al doble conforme, a tenor de los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 61 vta.).
Sostuvo que el Tribunal de Casación Penal se desentendió de manera absoluta del argumento que esgrimió la defensa en sustento de su pretensión. Refirió que oportunamente planteó la arbitrariedad en la que habría incurrido el órgano de origen en la fundamentación de los extremos relativos a la existencia del hecho y la autoría del imputado, pero no obtuvo ninguna respuesta (v. fs. 62).
Señaló que el reclamo resultaba determinante de la solución del caso y su consideración fue omitida por los sentenciantes, que resolvieron el recurso "...sin atender el contenido de la queja que abría la instancia". Y, en tales condiciones -adujo- la prescindencia por parte del órgano casatorio del contenido del agravio, sin dar a tales fundamentos centrales ninguna respuesta plausible, constituyó un apartamiento de las constancias de la causa, pues se desentendió del recurso que tenía a la vista.
Citó los fallos "Sindicato de Industria Cinematográfica Argentina c. Laboratorios Alex S.A." y "Descole, Alicia N. y otros c. Empresa Ferrocarriles Argentinos" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 62 vta.).
Tal apartamiento significó también -a su criterio- una infracción al derecho a ser oído que es derivación del derecho de defensa en juicio (arts. 18, Const. nac. y 8.1, CADH), y como esa infracción se produjo en el trámite del recurso destinado a satisfacer el derecho al doble conforme (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP), dicho trámite se convirtió en un tránsito meramente aparente por la instancia revisora y frustró aquel derecho. Agregó que prescindir del contenido de los agravios que porta el recurso conlleva la pérdida del recurso como mecanismo de control de lo hecho por el tribunal de la sentencia (v. fs. cit. y 63).
Invocó en su apoyo el caso "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y "Casal" de la Corte federal, entre otros.
Finalmente, destacó que -bajo las condiciones antes descriptas- el Tribunal de Casación dictó una sentencia arbitraria, y que como consecuencia de ello se afectó -además de los preceptos antes mencionados- el principio republicano y el debido proceso (arts. 1, 18 y 33, Const. nac.; v. fs. 64).
II. Coincido con la Procuración General (v. fs. 145/147 vta.), pues estimo que el recurso intentado no prospera.
III.1. En oportunidad de expresar sus agravios ante casación la defensa alegó que el fallo de origen no satisfacía la motivación requerida; y que para arribar a un veredicto condenatorio resultaba necesario que al momento de la valoración de la prueba se emplearan argumentos que justifiquen la demostración del hecho y del autor que lo ha cometido; sin embargo -reclamó-, en el caso solo se hizo alusión a elementos de índole teórico y abstracto (v. fs. 22 vta.).
III.2. El Tribunal de Casación Penal, al abordar las críticas sometidas a su escrutinio, comenzó por señalar que por acuerdo de partes se imprimió a la presente el trámite de juicio abreviado, elevando al rango de prueba a todas las diligencias escritas y no impugnadas (v. fs. 43 vta.).
Reseñó la materialidad ilícita que se tuvo por corroborada y dio cuenta de que "En un contexto de violencia familiar, el día 3 de junio de 2018, en el interior de una vivienda ubicada en [...] de la localidad de Villa Caraza, partido de Lanús, una persona de sexo masculino, mayor de edad, utilizando un arma de fuego, le dijo a su esposa S. S. O. ‘el martes yo voy a ir al médico, después me voy a buscar los remedios y cuando vuelva espero que te hayas ido sino te mato’ y luego, en el aludido inmueble, también con el propósito de amedrentar y alarmar, y utilizando un arma de fuego, le expresó a su hijo A. L. Z. ‘tomatela o te mato’" (fs. cit. y 44).
Luego, analizó la manera en que el tribunal de grado formó su convicción sincera sobre los extremos discutidos: con la declaración de la víctima S. S. O., quien relató el suceso, aportando circunstancias de tiempo, modo y lugar, y explicó que debió retirarse de su hogar junto al resto de su familia y que a raíz de la primera manifestación amedrentante de su marido, salió en su defensa, su hijo A., quien también dio cuenta de haber recibido el mismo trato de parte de su padre.
Tras ello, el tribunal intermedio dejó sentado que en nuestro derecho procesal actual la declaración de un único testigo no carece de fuerza probatoria si se compadece con el resto de las pruebas y que, en el caso, los testimonios de las víctimas -concordantes entre sí- encontraron apoyo en las declaraciones de los preventores Roberto Zambrini y Maximiliano Torres y en los dichos del testigo de actuación Matías Becerra.
Por último, casación dijo que: "En razón de lo expuesto [...] el cuadro probatorio resulta más que sólido y el razonamiento del juzgador de una logicidad impecable, porque [...] se encuentra debidamente acreditada la existencia material de los delitos que victimizaron a S. S. O. y A. L. Z., y la autoría responsable de V. G. Z., y en consecuencia, el fallo atacado debe permanecer incólume" (fs. 44 vta.).
IV. A tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis para arribar a la confirmación del fallo de condena, se advierte que el Tribunal de Casación efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal" y -en el marco de la competencia abierta y merced a los agravios llevados- abordó la queja de la parte y justificó su decisión (conf. doctr. causas P. 98.459, sent. de 3-IV-2008; P. 127.013, sent. de 26-IX-2018; P. 133.411, sent. de 20-V-2021; entre muchas otras).
La afirmación de la defensa relativa a que el escrutinio llevado a cabo significó un "tránsito aparente" que frustró el derecho a la revisión del fallo, y que la casación se desentendió de forma absoluta de su reclamo, no se condice con lo sucedido en el caso.
En rigor, sus críticas no constituyen más que la expresión de su disconformidad con lo resuelto por el órgano revisor, y así no ha logrado demostrar que la inspección emprendida haya importado un menoscabo de la garantía prevista en los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni que hubiese afectado el derecho a ser oído, el debido proceso y la defensa en juicio del acusado; tampoco pone en evidencia que el pronunciamiento del tribunal intermedio incurriera en arbitrariedad por motivación aparente y con apartamiento de las constancias probatorias de la causa (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres , votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/02/2022 13:00:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2022 19:22:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/02/2022 23:59:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 08:20:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 08:25:46 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/02/2022 11:57:51 hs. bajo el número RS-11-2022 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia