Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134130
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.130, "Benítez, Diego José s/ Queja en causa n° 95.469 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 26 de diciembre de 2019, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial de Diego José Benítez contra el veredicto de culpabilidad -dictado por unanimidad en el marco de un juicio por jurados- y la posterior sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que había condenado al nombrado a la pena de prisión perpetua, más declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por alevosía en concurso real con hurto calamitoso (arts. 40, 41, 45, 55, 80 inc. 2 y 163 inc. 2, Cód. Penal; v. fs. 59/66 vta. con relación a fs. 19/28).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto -doctor José María Hernández- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 73/77 vta.), el que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 78/80 vta.).
Deducida queja por aquella parte (v. fs. 97/102), la impugnación fue concedida por esta Suprema Corte a efectos de examinar las cuestiones federales allí planteadas (v. fs. 104/106).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 112/115), dictada la providencia de autos (v. fs. 117) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurrente denunció la violación al derecho de defensa en juicio, al debido proceso y al sistema republicano de enjuiciamiento por afectación del derecho de juez imparcial (arts. 1, 18 y 33, Const. nac.; 8.1 y 8.2 "f", CADH; 14.1 y 14.3 "d", PIDCP; v. fs. 76).
Cuestionó lo decidido por el tribunal revisor en cuanto confirmó la validez del juicio oral y público en el que el representante del Tribunal de la instancia asumió una intervención que -según su criterio- "...condicionó la convicción y la decisión del jurado" en perjuicio de su asistido (v. fs. cit. y vta.).
Adujo que llevaba razón el defensor de la instancia anterior en que "...la imparcialidad de los miembros del jurado se vio afectada cuando el juez profesional tomó la decisión tendenciosa de apartar al imputado Benítez de la sala de audiencias", pues dichos miembros observaron que el magistrado accedía a retirarlo "...por ser considerado peligroso por los testigos Alberto Leandro Ruíz y Cristian Fidalgo, quienes, posteriormente y en su ausencia, lo individualizaron como el autor del delito juzgado" (fs. 76 vta.).
Luego de transcribir parte de lo resuelto sobre el punto por el órgano intermedio, estimó innegable la connotación de peligrosidad de la decisión cuestionada, así como "...indiscutible la influencia que tiene el discurso atemorizante que subyace en la decisión del juez en cuanto rompe con la ecuanimidad que debía existir entre la parte acusadora y la defensa para poder convencer a los miembros del jurado sobre la decisión del caso" (fs. 77).
Bajo ese entendimiento, concluyó que el juez de primera instancia "...ignoró su deber de garantizar la igualdad de armas y desequilibró las chances de convencer al jurado" y, en consecuencia, interfirió en la objetividad del criterio de sus integrantes (v. fs. cit.).
Por tales motivos, pidió que esta Suprema Corte declare la nulidad absoluta del juicio por jurados celebrado (v. fs. 77 vta.).
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso (v. fs. 112/115). Coincido con esa postura.
III. Al tratarse de un pronunciamiento que fue dictado en el marco de un juicio por jurados, según la naturaleza propia de ese sistema, la fundamentación de los motivos sobre la materialidad ilícita, la participación del o los acusados y el derecho aplicable a la plataforma fáctica tenida por acreditada, no son exteriorizados en el veredicto del modo en que se expresa una sentencia emanada de jueces técnicos (conf. art. 210, CPP; doctr. causa P. 130.086, sent. de 6-XI-2019).
Son las instrucciones del juez técnico que dirigió el debate las que, según los preceptos legales que rigen a estos casos, constituyen plena y suficiente motivación del veredicto (conf. art. 106, CPP).
De igual modo, ello no fue un obstáculo para que, frente a los diversos agravios presentados por la defensa de Benítez, el Tribunal de Casación emprendiera una actividad que, conforme se verá más adelante, lo llevó al abordaje de los agravios que le permitieron concluir que los reclamos no configuraban la denunciada hipótesis del art. 448 bis inc. "b" del Código Procesal Penal, ni la infracción a lo dispuesto en los arts. 8 incs. 1 y 2 apartado "f" de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 incs. 1 y 3 apartados "d" y "e" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf., en lo sustancial, causa P. 130.086, cit.).
IV. Sentado lo anterior, estimo que las críticas del recurrente, además de constituir esencialmente una reedición de los agravios llevados a conocimiento del órgano intermedio (v. esp. fs. 35/37 vta.), remiten -en rigor- al examen de cuestiones de neto corte procesal, ajenas al acotado ámbito de revisión que habilita el art. 494 del Código Procesal Penal (conf. ley 11.922 y sus modif.). Y, pese al cariz federal con que pretenden revestírselos, el recurrente no logra establecer la existencia de una directa vinculación entre los principios constitucionales que denuncia infringidos y lo concretamente resuelto en el caso (arg. arts. 495, CPP y 15, ley 48).
En definitiva, más allá de que el recurrente dice agraviarse de la sentencia casatoria, lo cierto es que, en la generalidad, se dirige a confrontar de modo oblicuo la sentencia de primera instancia, con olvido de que esta Suprema Corte no conforma una tercera instancia a la cual pueda acudirse a los efectos de plantear cualquier disconformidad -incoadas bajo el ropaje de la supuesta conculcación de causales constitucionales-.
Ahora bien, dado que los supuestos invocados por el quejoso podrían ser susceptibles de habilitar posteriormente la sede extraordinaria federal, corresponde abordarlos. Sin embargo, anticipo que la defensa no ha demostrado de modo alguno los vicios alegados.
V.1. Cabe recordar que, el 3 de diciembre de 2018, en la sala de audiencias del Edificio de Tribunales de Lomas de Zamora se llevó a cabo la audiencia de selección de jurados establecida en el art. 338 quater del Código Procesal Penal y, a continuación, la audiencia de debate en los autos n° 07-00-074965-16 del registro del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, la que fue presidida por el doctor Jorge Omar Camino, juez designado mediante sorteo interno (v. fs. 19/25 vta.).
Cumplido el trámite previsto en el aludido art. 338 quater del Código de rito (v. fs. 19/21), en lo que resulta de interés para el caso, surge del acta de debate que "...la Sra. Fiscal de Juicio solicita que el imputado quede alojado en la sala contigua a fin de declarar el testigo Alberto Leandro Ruiz, ello en virtud a las constantes amenazas recibidas por parte del imputado y su señora. Acto seguido S.S. resuelve hacer lugar a la solicitud formulada por la Sra. Agente Fiscal, ordenando que se aloje al imputado de mención en el pasillo contiguo de la Sala de Juicios Orales. Asimismo, el Sr. Defensor Oficial en virtud de lo resuelto por S.S., el mismo manifiesta su protesta de recurrir a casación. A continuación, se constituye[n] en la sala de audiencias los siguientes testigos Alberto Leandro Ruiz, titular del documento nacional de identidad número [...], sin constancias en acta. Cristian Javier Fidalgo titular del documento nacional de identidad número [...], sin constancias en acta" (fs. 23).
Tras el alegato final de las partes (v. fs. 23 vta. y 24), el juez técnico le cedió la última palabra al imputado -quien manifestó no tener nada más que agregar- y dio por finalizado el debate. En consecuencia, el jurado fue llevado a la sala contigua para celebrar, conjuntamente con las partes, la audiencia establecida en el art. 371 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 24).
Luego, con la presencia de la totalidad del jurado, las partes del proceso y el público, el doctor Camino procedió a la lectura de las instrucciones finales (art. 371 ter , CPP) y ordenó a los jurados que pasen a deliberar (art. 371 ter inc. 2 y 371 quater , CPP). Finalmente, el jurado se pronunció por la culpabilidad del imputado (v. fs. 25 y vta.).
Con posterioridad, el tribunal de juicio llevó adelante la audiencia de cesura y dictó sentencia imponiendo la pena de prisión perpetua a Diego José Benítez (v. fs. 26/28).
V.2. En el recurso de casación, en lo que aquí importa, la defensa oficial denunció que se había verificado la hipótesis del art. 448 bis inc. "b" del Código Procesal Penal, con fundamento en que los dos testimonios de cargo recibidos en el juicio sin la presencia de su asistido fueron tomados de forma contraria a derecho, lo que –a su criterio- ameritaba la nulidad del debate al haberse vulnerado las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal (v. fs. 35).
En primer lugar, argumentó que, por más que el imputado haya escuchado los testimonios en una sala contigua, el hecho de no poder ver a quienes le formulaban imputación le impidió conocer acabadamente quién lo señalaba como autor y por qué motivo, así como de ejercer el contralor de la prueba (v. fs. 35 vta.).
Adunó que la afirmación de amenazas por parte del imputado y su entorno era improcedente porque no se había acreditado con prueba alguna; y, por otra parte, que tampoco se presentaban en el caso los supuestos de los arts. 345 regla segunda, ni 349 última parte, del Código Procesal Penal, pues Benítez no quiso dejar de asistir o continuar en la audiencia, ni realizó actos indisciplinarios que dieran lugar a su expulsión (v. fs. cit.).
En segundo término, alegó que dicha inobservancia había condicionado la decisión del jurado, dado que el juez técnico, al hacer lugar al apartamiento de la sala de audiencias de Benítez, admitió la afirmación de la acusación en referencia a que resultaba "peligroso" para los testigos de cargo, dando al imputado un "status" de culpable y privando asimismo a los integrantes del jurado de observar las reacciones del imputado cuando alguien prestaba declaración en su contra (v. fs. 36 y vta.).
V.3. A su turno, el Tribunal de Casación Penal -con voto del juez Maidana, que concitó la adhesión simple del doctor Carral- rechazó el remedio articulado (v. fs. 59/66 vta.).
Para así decidir, resolvió -por un lado- que "...contrariamente a lo sostenido por el impugnante, no se afectó el derecho del imputado Benítez de controlar y contradecir el testimonio de cargo de Ruiz y Fidalgo (conf. arts. 8.2 'f', C.A.D.H.; 14 inc. 3 'e', P.I.D.C.P.) ni, consecuentemente, las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, toda vez que pudo escucharlos íntegramente, al igual que su defensor quien tuvo ante sí a los declarantes, y a través de éste ejercerlo concretamente, tal como sucedió en el singular, de lo que da cuenta la filmación y los audios acompañados, al reflejar cómo el letrado luego de manifestar su voluntad de hacerlo y ser autorizado por el magistrado que preside el debate, se dirige a entrevistarse con su defendido y luego de ello le formula preguntas a los mencionados comparecientes" (fs. 62 y vta.).
Adunó a ello, que "...antes de comenzar su relato el aludido Ruiz, el juez profesional dijo: 'vamos a esperar al Sr. Defensor que está hablando con el imputado, enseguida viene', también 'ya se acondicionó la sala como ud. lo pidió' (cfr. archivo de audio relativo a la 'audiencia' en 1:04:32), y previo a finalizar, luego de ser examinado por la fiscal y también extensamente por el defensor, este último dirigiéndose al magistrado que dirigía el debate, dijo: 'Le pregunto si tiene alguna pregunta', obteniendo como respuesta 'Sí, como no doctor' (cfr. archivo cito, 1:48:35). Entonces se entrevistó con Benítez, regresó el letrado y expresó: 'La última ¿Con Sánchez no tiene ningún parentesco, no?' (cfr. ídem, 1:49:30)" y que "En el caso del testigo Fidalgo, se observa el modo peculiar en que la fiscal accede a la aplicación de la misma modalidad. Se dirige directamente al defensor y sucede el siguiente intercambio, Fiscal: 'Si habría alguna posibilidad doctor Fernández, de hacerlo...', Defensor: 'Es lo mismo. De la misma manera..., o sea dejamos constancia'. (cfr. ídem, 2:09:30)" (fs. 62 vta. y 63).
De seguido, en respuesta a la crítica sobre la ausencia de pruebas vinculada con las amenazas por parte del imputado y su entorno, sostuvo que "...de los archivos de audio y video a los que he tenido acceso, percibo que, en el caso de Ruiz, éste dijo que había recibido llamados telefónicos de Benítez desde su lugar de detención pidiéndole que cambie su declaración, le decía que estaba mintiendo y que a través de su abogado se le iniciaría una causa por falso testimonio. También manifestó que la pareja del inculpado se había presenta[do] para lo mismo en la remisería en la que él trabajaba. Al punto que acudió a la Defensoría Oficial a efectivamente desdecirse de lo que había expuesto en la fiscalía, no obstante que la verdad era la ventilada en esta última y que ahora estaba volcando en el debate". En cuanto al otro testigo, apuntó que "...Fidalgo dijo que él no había recibido ninguna llamada ni amenazas de ningún tipo, sin perjuicio que cuando el encausado les confesó en ocasión que lo llevaban a Luján haber robado y dado muerte a Lucero, contestó a preguntas de la fiscal, que no formuló denuncia penal alguna, por temor" (fs. 63 y vta.).
Luego, expresó que, más allá de la oposición de la defensa, no constaban los fundamentos –de haber existido- que habría formulado a fin de evitar el apartamiento dispuesto, es decir, que lo que llevaba ante esa sede hubiera sido previamente esgrimido en la instancia (v. fs. 63 vta.).
Con relación al cuestionamiento del defensor acerca de que se había privado al imputado de saber si conocía a los testigos, dijo que "...Benítez declaró que conocía perfectamente a Ruíz, que era amigo de la familia, en especial de su hermano Fernando. Y lo mismo declaró Ruíz. En cuanto a Fidalgo, del audio surge que el defensor le pregunta si conoce a 'Hidalgo', a lo que contesta que no. Sin perjuicio que, si era de interés de la defensa que su asistido conociera la fisonomía de los testigos, tenía instrumentos a su alcance para ello (v. gr., tomar y exhibir una imagen de ellos, teniéndose en cuenta que los propios testigos admitieron que lo conocían)"; y estimó que, en definitiva, el hecho de que Benítez los haya escuchado sin tenerlos frente a sí no afectó su derecho de defensa ni concretamente la posibilidad de interrogarlos, pues lo hizo y exhaustivamente a través de su defensor (v. fs. 63 vta. y 64).
En respuesta a la crítica relativa a que la adopción de la medida cuestionada pudiera haber condicionado a los miembros del jurado, sostuvo que ello no era más que una libre conjetura de la defensa, según la cual, el retirar de la sala al imputado cuando declaraban los testigos de cargo aparejaba el mensaje de que era "peligroso" para ellos y, por ende, culpable (v. fs. 64).
En el mismo sentido, agregó que "El propio defensor en su alegato manifestó a los jurados que si el imputado tenía un defensor oficial, que es el que tiene a su cargo la asistencia de los pobres, y que la enviada para hablar con los testigos era su pareja que iba con un niño en brazos, quedaba claro que no podía reflejar temor alguno para los declarantes aludidos, y que a la vez era lógico que si entendía que estaban mintiendo buscara contactarse con ellos para que modificaran su proceder y advertirles que de lo contrario podían terminar presos por el delito de falso testimonio" (fs. 64 y vta.).
A partir de todo lo expuesto, concluyó que las referidas observaciones traídas por el impugnante no configuraban una hipótesis contemplada en el art. 448 bis inc. "b" del Código Procesal Penal, ni infracción a lo dispuesto en los arts. 8 incs. 1 y 2 apartado "f" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 incs. 1 y 3 apartados "d" y "e" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 64 vta.).
VI. Frente a lo así decidido, se advierte que el órgano casatorio expuso algo más de lo que el recurrente transcribe y sostiene a lo largo del recurso articulado. Así pues, las críticas de la parte no pasan de ser, además de una reedición de lo ya planteado, una opinión personal discrepante con el criterio sustentado por el sentenciante que desoye los fundamentos dados, sin agregarle ningún desarrollo que evidencie la violación a las garantías constitucionales invocadas (doctr. art. 495, CPP; conf. causas P. 75.261, sent. de 15-XII-2004; P. 90.723, sent. de 20-XII-2006; P. 125.158, sent. de 19-II-2020; P. 133.191, sent. de 10-VIII-2021; e.o.).
Y como es sabido, el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; P. 133.271, sent. de 14-X-2020; P. 134.020, sent. de 28-VI-2021; e.o.).
Conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "...la imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia de prejuicios o intereses de éste frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia" (CSJN, "Llerena", sent. de 17-V-2005, voto de los jueces Zaffaroni y Highton, cons. 10°). Sin embargo, en el presente caso, no se puso en evidencia que el juez técnico actuara con falta de neutralidad, prejuicios o interés personal (arts. 18, Const. nac. y 495, CPP).
En suma, se advierte que, más allá de la genérica referencia a la afectación de las garantías mencionadas, el recurrente no ha expuesto cuál es el perjuicio concreto, ni qué defensa se privó de ejercer, para otorgarle al caso la solución pretendida por la parte. Recuérdese que la defensa de Benítez estuvo presente en la declaración de los testigos y los interrogó exhaustivamente; además el imputado escuchó tales testimonios desde la sala contigua, pudiendo entrevistarse con su defensor para que este luego formule preguntas a los testigos en base a lo conversado.
Sobre las pretensiones nulificantes del quejoso, cabe destacar que es doctrina de esta Suprema Corte que las nulidades no tienen por fin satisfacer pruritos formales sino enmendar perjuicios efectivos que pudieren surgir de las desviaciones procesales, cada vez que estas desviaciones supongan una restricción de la garantía de defensa en juicio o del debido proceso; y, en la especie, de conformidad con lo dicho, no concurren estas circunstancias (art. 203 y concs., CPP; conf. causas P. 79.268, sent. de 8-IX-2004; P. 65.404, sent. de 29-IX-2004; P. 96.779, sent. de 17-VIII-2007; P. 94.386, sent. de 20-VIII-2008; P. 109.998, resol. de 27-VIII-2010; P. 109.426, resol. de 24-IX-2010; P. 122.459, sent. de 2-XII-2015; P. 132.402, sent. de 18-XII-2019; P. 131.143, sent. de 14-X-2020; P. 132.095, sent. de 20-X-2020; P. 133.634, sent. de 21-II-2022; e.o.).
En consecuencia, cabe concluir en la insuficiente formulación de los agravios de pretenso cariz federal: transgresión a la garantía de impar
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.