Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135112
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (conf. art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.112-Q, "Morales, Jonathan Pablo s/ Queja en causa n° 95.631 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 31 de octubre de 2019, en lo que aquí interesa, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Jonathan Pablo Morales contra el veredicto de culpabilidad dictado por el Tribunal de Jurados y la sentencia pronunciada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca que lo condenó a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo.
Contra ello, la defensa oficial dedujo recurso de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por inadmisible, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 1/8 vta.).
Esta Suprema Corte, el 16 de diciembre de 2021, hizo lugar a la presentación directa y admitió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por estimar que las denuncias de arbitrariedad, falta de fundamentación de la pena, infracción a la defensa en juicio, al debido proceso y a la doble instancia por revisión aparente de la pena, se plantearon con la suficiencia y la carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad (v. fs. 16/19).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 32/37 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 39) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El señor defensor oficial, doctor José María Hernández, denuncia, en primer término, la arbitrariedad del fallo por falta de fundamentación de la pena impuesta a su defendido, infracción a la garantía de la defensa en juicio, la razonabilidad republicana, el debido proceso legal y el apartamiento de jurisprudencia de la Corte federal sobre el punto.
Afirma que el tribunal revisor rechazó indebidamente los agravios llevados a su conocimiento, referentes a la errónea valoración de los antecedentes condenatorios como pauta agravante de la culpabilidad con gravitación directa en el quantum punitivo, así como la desproporcionalidad y ausencia de la debida motivación del monto del castigo (veinte años), siendo que resultó este cercano al máximo de la escala penal aplicable al caso, circunstancia que encuentra inexplicable habida cuenta de haberse sopesado tan sólo una circunstancia aumentativa.
Asevera que, contrariamente a lo apuntado por los revisionistas, el planteo contenía suficiente fundamentación para demostrar la incidencia que en la operación dosimétrica tenía el modo en que el imputado cumplió las reglas de conducta impuestas merced a la condena con prisión en suspenso establecida en el año 2015.
Rememora que se denunció la errónea valoración de las dos penas recaídas sobre Morales, no sólo la de ejecución condicional de tres años, sino también la pena única de tres años de prisión impuesta por la sentencia de marzo de 2016 que era la que a la luz del art. 13 del Código Penal contenía las pautas de conducta.
En esa dirección, indica que la sentencia de grado no hizo referencia alguna al modo en que el imputado habría dado cumplimiento a las citadas reglas.
Indica que la teoría de la advertencia sobre la que se fundó la aplicación de la agravante referida, al desprecio por las penas anteriores, no autoriza a legitimar una presunción iure et de iure de mayor culpabilidad.
Arguye que debió valorarse el cumplimiento o las dificultades para cumplir las reglas de conducta -de la referida condena anterior-, para poder luego afirmar que se evidenció el achacado desprecio de las normas y su consiguiente mayor grado de culpabilidad que, en definitiva, se traduciría en una mayor cantidad de castigo.
Sostiene que el fallo impugnado carece de sustento y se mostró como una revisión meramente aparente, lo que deviene en una sentencia arbitraria atentatoria de la defensa en juicio y del debido proceso legal.
En lo que respecta a la segunda arista de su reclamo referente a la desproporcionalidad del monto punitivo y falta de fundamentación del camino lógico seguido para su determinación, denuncia que para desestimar la queja se acudieron a meros formulismos, prescindentes de razones concretas idóneas para justificar la operación empleada en la determinación de la pena por parte de los jueces de grado.
Menciona que se desestimó el agravio con citas doctrinarias y jurisprudenciales sobre la determinación de la pena, que resultan inaplicables al caso puesto que, si bien se refieren al sistema consagrado en el ordenamiento jurídico penal, fueron utilizadas para justificar la tarea del órgano de mérito, siendo sus conclusiones insuficientes para legitimar la imposición de una pena de veinte años de prisión que duplica el mínimo de la escala penal aplicable, esto es diez años.
Suma a su crítica que tampoco encuentra sustento el monto de pena en la prueba de cargo recolectada.
Adita que el órgano casatorio pretendió justificar la punición en función de la gravedad del hecho, su calificación legal y el grado de participación que le cupo al imputado (coautor), todas afirmaciones que, entiende, no encuentran cobijo en las constancias de la causa ya que el mismo tribunal de la instancia había desestimado la agravante vinculada con la gravedad de las lesiones provocadas a la víctima en la inteligencia de que dicha cuestión ya integraba el tipo penal del art. 165 del Código sustantivo, como así también había rechazado la severizante vinculada con el rol que le cupo a los ejecutantes del injusto.
Concluye que la sola consideración de una pena única anterior de tres años de prisión no permite explicar un monto de castigo de veinte años, duplicando así el mínimo legal de la escala para el caso.
Entiende aplicables, cita y transcribe parcelas de los fallos "Laportilla", "Ruiz" y "Spíndola" de esta Suprema Corte y "Castillo Mercedes", "Ramírez Fernando Román" y "Romano Hugo Enrique" del cimero Tribunal federal.
I.2. Como segundo orden de agravios denuncia la revisión aparente del fallo en relación con la determinación judicial de la pena y vulneración a la garantía de la doble instancia toda vez que solo se expidió sobre la responsabilidad penal del imputado, más nada dijo de las quejas llevadas en torno al monto de castigo impuesto.
Cita en apoyo los precedentes "Casal", "Martínez Areco" y "Silva José Manuel" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y peticiona el reenvío de los autos para el abastecimiento de la garantía que entiende conculcada.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación. Coincido en que el recurso no procede.
III.1. El órgano de la instancia tuvo por debidamente probado que el día 12 de enero del año 2017 con anterioridad a las 05:48 hs., el imputado Jonathan Morales y Maximiliano Castillo ingresaron a la vivienda sita en calle Francia 1745 de Coronel Pringles, propiedad de Abel Contreras (una persona que para ese entonces tenía 73 años de edad). Estas personas que entraron con el propósito de apoderarse ilegítimamente de distintos bienes del señor Abel Contreras, sustrajeron entre otros elementos, un teléfono celular, una filmadora, un revólver y dos cuchillos de plata y oro. A efectos de concretar ese propósito y asegurar sus resultados, golpearon reiteradamente al señor Abel Contreras. Entre los golpes que le dieron provocaron la fractura de una de sus vértebras en el dorsal izquierdo, diversos hematomas, un corte y diversas excoriaciones, todas estas lesiones de tal entidad que provocaron la muerte de Contreras por los graves traumatismos padecidos como consecuencia de los golpes recibidos, apenas a dos días de haber sido hospitalizado.
En lo que interesa, cabe destacar que no se valoraron atenuantes y como agravante se meritaron "...los antecedentes condenatorios que registra [Morales], pues ese desprecio por las penas anteriores, se refleja en una mayor culpabilidad y autoriza una reacción más intensa frente al nuevo hecho" (SCBA en causa P. 117.646, sent. de 18-III-2015).
Surge de autos que Morales fue condenado por el Juzgado de Garantías n° 2 de Bahía Blanca, el 12 de febrero de 2015, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, en orden a los delitos de robo en concurso real con robo agravado por escalamiento (arts. 164, 55, 167 inc. 4 en relación con el art. 163 inc. 4, Cód. Penal); y por el Jugado Correccional n° 3 departamental el 7 de marzo de 2016 a la pena de un año de prisión en orden al delito de portación de arma de uso civil previsto en el art. 189 inc. 2 párrafo tercero del Código Penal, y en ese acto, fue revocada la condicionalidad de la pena aludida anteriormente, siendo condenado en definitiva a la pena única de tres años de prisión, comprensiva de ambas.
III.2. Frente a ello, la defensa de Morales, en lo que importa, objetó -de modo subsidiario- la determinación de la pena, por arbitraria y desproporcionada. Destacó que se computa como único agravante los supuestos antecedentes penales de su defendido sin hacerse ninguna mención a cómo Morales "...habría dado cumplimiento a las reglas de conducta impuestas, si existió algún impedimento o dificultad" junto con la pena de prisión de ejecución condicional que se le dictó en 2015. En consecuencia, solicitó su disminución.
III.3. El Tribunal de Casación Penal, tras refrendar lo atinente a la materialidad ilícita, autoría responsable y la calificación legal por la que Morales fue condenado, analizó el monto de la pena.
En tal sentido, explicó que nuestro ordenamiento positivo ha consagrado un sistema relativo, por oposición a uno de penas fijas, donde a cada tipo legal le corresponde un marco que refleja el valor proporcional de la norma dentro del conjunto y en el cual el juez debe fijar cuál es la sanción adecuada al caso que se le presenta.
Aseveró, con cita de doctrina, que este cuadro configura una escala de gravedad continua y de crecimiento paulatino, en la que el legislador establece todos los supuestos posibles, desde el más leve hasta el más grave que se pueda concebir, y el juez debe ubicar cada una de las controversias sometidas a su conocimiento, procurando hacerlo en el segmento correcto.
Indicó que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate ) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano.
Señaló que el sentenciante de grado fundó su posición -en correspondencia con la doctrina de la Suprema Corte (cfr. P. 116.788 y P. 95.068), que compartía- en cuanto a que el Código Penal no contiene un determinado punto de ingreso a la escala penal aplicable para efectuar la dosimetría de la sanción respectiva y, en consecuencia, la ausencia de minorantes y la existencia de agravantes ("los antecedentes condenatorios que registra") no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código aludido.
Concluyó que partiendo de la gravedad del hecho y su calificación legal, el grado de participación que le cupo a sus ejecutores (coautores), el no haberse computado atenuantes y la mentada pauta agravante, la pena impuesta a Morales de veinte años de prisión -inferior a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal- y cinco años menos del máximo de la escala legal aplicable -extremo pretendido por el particular damnificado- "...se ajusta a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad, constituyendo la medida de la culpabilidad del acto atribuido (arts. 40 y 41, CP)".
IV. En virtud de lo reseñado, se advierte que la decisión en crisis cuenta con debida fundamentación y que, en rigor, el reclamo en análisis se sustenta sólo en una visión diferente sobre la manera en que debió efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, particularmente en cuanto a la incidencia que la severizante valorada debió tener -a criterio de la impugnante- en la cuantía de la sanción finalmente impuesta.
Lo indicado por el órgano intermedio en lo tocante a la determinación de la pena es afín a consolidada jurisprudencia del Tribunal que establece que no existe legalmente un "punto de ingreso" fijo a la escala penal, y la única restricción a la cual debe su apego el órgano jurisdiccional se encuentra, además de su fundamentación y razonabilidad (art. 1, Const. nac.), en el marco establecido por el digesto de la materia, sea para cada tipo penal en particular o la que resulte de lo normado por los arts. 54 a 56 del mismo ordenamiento (conf. causas P. 98.529, sent. de 15-VII-2009; P. 127.403, sent. de 28-XII-2016; entre muchas otras). Así como tampoco prevé una pauta legal determinada respecto de cómo el juez debe posicionarse dentro de la escala penal para efectuar la dosimetría (conf. causa P. 106.963, sent. de 16-V-2012), más allá de la ponderación que corresponda sopesar a tenor de las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Así entonces, dado que la sanción debe guardar proporcionalidad con la magnitud del ilícito, es decir, con la gravedad de la lesión al bien jurídico afectado por el hecho, el reclamo traído resulta expuesto de manera dogmática en tanto la recurrente no realizó, en concreto, un análisis circunstanciado del contenido injusto de los hechos atribuidos a Morales a fin de demostrar que la sanción punitiva fijada en el caso es contraria a las normas constitucionales y convencionales que citó (conf. causas P. 120.347, sent. de 14-X-2015; P. 120.920, sent. de 11-V-2016; P. 129.449, resol. de 29-IX-2017; e.o.).
En suma, sus desarrollos no cuestionan debidamente los argumentos que, con pie en la insuficiencia recursiva, llevaron al Tribunal de Casación a sostener que debía ser desestimada la crítica que se limitaba a atacar el monto de la pena impuesto por estimarse excesivo.
Con relación a la arbitrariedad denunciada, no se evidencia en lo resuelto por el tribunal revisor la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido.
Al respecto, cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de la discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consiguió poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado.
Por último, las alegaciones referidas al "principio de la advertencia" resultan extemporáneas, dado que no fueron llevadas a conocimiento de la instancia anterior (arg. art. 451, CPP).
En función de lo expuesto, se advierte que el fallo en crisis, además de garantizar debidamente el derecho al recurso contra el fallo de condena, cuenta con fundamentación suficiente que lo deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada (conf. art. 495, cit.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (conf. art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2022 18:19:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 19:11:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2022 09:32:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2022 10:37:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2022 10:58:16 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/12/2022 15:17:02 hs. bajo el número RS-159-2022 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia