Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133808
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.808, "Rodríguez, José Luis s/ queja en causa n° 95.689 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan, Soria, Genoud .
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de agosto de 2019, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que -en el marco de un proceso de juicio abreviado- condenó a José Luis Rodríguez a la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, costas y multa de doscientos veinticinco pesos ($225), por resultar autor responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes (conf. arts. 14 primer párrafo, ley 23.737 y 45, Cód. Penal).
Contra ello, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio por resolución del 17 de diciembre de 2019 (v. copias digitalizadas a fs. 19 digital).
Interpuesta la queja pertinente (v. fs. 1/5 de la causa), este Superior Tribunal admitió la vía directa y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado (v. fs. 7/10).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 23/26), dictada la providencia de autos (v. fs. 28), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. De las piezas digitalizadas surge que, contra la sentencia reseñada en los antecedentes, el señor defensor oficial adjunto ante la Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, a través del cual denunció la violación a los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por revisión aparente de la sentencia de condena.
Adujo que la decisión del tribunal intermedio constituyó un tránsito aparente por aquella instancia que frustró el derecho del imputado al doble conforme, pues ese órgano no brindó respuestas al agravio vinculado con la falta de motivación por parte del órgano jurisdiccional al excesivo monto de pena impuesto.
Para apoyar su postura, se refirió al alcance que la Corte federal atribuyó al derecho al recurso del encartado con cita de lo fallado en el precedente "Casal" -entre otros-, y concluyó que la decisión del Tribunal de Casación Penal infringió el derecho a ser oído como derivación del derecho de defensa y, correlativamente, incurrió en arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa (v. en lo pertinente fs. 19 digital).
II. El señor Procurador General dictaminó y aconsejó rechazar el recurso deducido (v. fs. 23/26 de la causa), postura que comparto.
III. En la sentencia de condena dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 6 de Lomas de Zamora, pronunciada el 8 de octubre de 2018, en el marco de un proceso de juicio abreviado, se tuvo por acreditado que "...el día 25 de noviembre de 2015, siendo aproximadamente las 07:10 horas, en el domicilio ubicado en la calle O’Higgins sin numeración catastral, entre calles Martín García y Sarmiento del partido de Avellaneda, un sujeto de sexo masculino, mayor de edad, tenía en su poder de manera ilegítima 104 envoltorios de nylon, hallados en una bolsa color rojo colocada sobre un microondas ubicado en una habitación que funciona como cambiador del inmueble, por un guarismo total de 48,5 gramos entre contenido y continente, la cual, sometida a los reactivos provistos, arrojó un resultado positivo para la presencia de clorhidrato de cocaína".
El suceso fue calificado como tenencia simple de estupefacientes en los términos del art. 14 primer párrafo de la ley 23.737, imponiendo a José Luis Rodríguez la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, costas y multa de doscientos veinticinco pesos ($225).
Para ello, el tribunal meritó como atenuante el buen concepto social del imputado, mientras que no consideró agravantes por no haber sido introducidas por la fiscalía.
III.1. Contra esa decisión, la defensa oficial de Rodríguez interpuso recurso de casación a través del cual cuestionó el monto de pena impuesto por excesivo.
III.2. El Tribunal de Casación Penal, por sentencia dictada el 15 de agosto de 2019, rechazó el recurso deducido y confirmó la decisión de primera instancia.
De modo liminar, se refirió al instituto del juicio abreviado y destacó que en el caso las partes prestaron conformidad para someterse a dicho procedimiento, donde se acordó la calificación legal y la pena, que fueron las que finalmente aplicó el sentenciante de origen. Por tal motivo, consideró que el planteo de la parte era insuficiente para demostrar el absurdo o la violación a las normas procesales invocadas.
Sin perjuicio de ello, señaló que "...en el tipo penal aplicado, art. 14 de la Ley 23.737, el monto mínimo contemplado es de un (1) año, habiendo fijado el sentenciante -de conformidad con lo pactado por las partes en el acuerdo de juicio abreviado- la pena de dos (2) años de prisión, estableciendo como máximo de sanción la norma mencionada seis (6) años, lo que no considero excesivo, por observar que lo aplicado resulta estar más cerca del mínimo legal imponible".
Tras dejar en claro que el tribunal de primera instancia había respetado lo acordado por las partes, se refirió al proceso de dosificación de la sanción penal en el marco de los arts. 40 y 41 del Código Penal, y transcribió parte de lo que viene sosteniendo ese tribunal intermedio sobre el punto, con cita además de doctrina de autor.
Luego, afirmó que el quantum punitivo es parte de la tarea propia e indelegable de los jueces, y destacó su posición coincidente con la doctrina sentada por esta Suprema Corte en cuanto "...ha descartado expresamente la obligación de partir siempre del mínimo legal de la escala penal" y que "...la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal (cfr. P. 56.481, sent. del 27-II-1996 y P. 38.661, sent. del 6-II-1990), como asimismo que no existe punto de ingreso a la escala penal (cfr. P. 79.708, sent. del 18-VI-03)".
Finalmente, concluyó que tampoco advertía en la decisión del tribunal de origen infracción legal a los arts. 40 y 41 del Código Penal al imponer un monto de pena que -según dijo- no resultó arbitrario o desproporcionado en atención a las pautas meritadas y la escala penal resultante del ilícito en trato.
IV. Ahora bien, como lo adelantara, entiendo que la impugnación no puede prosperar.
IV.1. Lo decidido por el Tribunal de Casación deja en evidencia que el fallo se encuentra ajustado a las pautas establecidas por los precedentes "Casal" y "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" del Máximo Tribunal nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respectivamente, sin que pueda afirmarse que se hayan inobservado los arts. 8.2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tal y como aduce el recurrente.
En efecto, frente al planteo llevado por el recurrente cuestionando el monto de pena impuesto por excesivo, el tribunal intermedio lo abordó y lo descartó brindando los motivos por los cuales consideró que la sanción de dos años de prisión impuesta -un año superior al mínimo legal y cuatro años menor que el máximo de la escala- no resultaba arbitraria o desproporcionada de conformidad con las pautas meritadas y la escala penal del ilícito endilgado, además de haber sido el resultado de lo acordado por las partes en el marco del proceso de juicio abreviado.
En ese sentido, bajo la denuncia de revisión aparente (conf. arts. 8.2 apdo. "h", CADH y 14.5, PIDCP) y la alegación de que la Casación resolvió mediante afirmaciones que se apartaron de las constancias de la causa, el impugnante, en rigor, se limita a insistir con lo ya planteado y a dar una opinión personal discrepante que se desentiende del criterio sustentado por el sentenciante y, por tanto, no alcanza para evidenciar el compromiso de las garantías constitucionales que estimó conculcadas (art. 495, CPP).
Tampoco se advierte, ni demuestra la defensa, la arbitrariedad que alega de modo genérico frente al abordaje brindado por el Tribunal de Casación Penal al agravio llevado en el recurso. Cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
IV.2. Asimismo, cabe consignar que es doctrina de esta Corte que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal, así como también ha establecido que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implican de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo (conf. causas P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; P. 132.795, sent. de 13-VIII-2020; P. 132.280, sent. de 13-IV-2021; P. 134.260, sent. de 14-IV-2021; P. 131.934, sent. 10-VIII-2021; P. 132.110, sent. 26-V-2021; e.o.).
Por otra parte, cabe agregar que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes -en estos autos: "el buen concepto social del imputado"- y agravantes computadas -que en el caso no fueron ponderadas- no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 131.323, sent. de 14-VIII-2019; P. 131.481, sent. de 14-X-2020; P. 133.122, sent. de 3-VIII-2021; e.o.), así como también que "...la disconformidad con la solución adoptada por el a quo no es eficaz para demostrar la violación al derecho al recurso en los términos de los arts. 8 apartado 2 inc. 'h' de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 apartado 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que cita, como tampoco a la afectación a las garantías constitucionales que invoca..." (conf. causas P. 129.723, sent. de 28-VIII-2019 y P. 131.481, sent. de 14-X-2020).
IV.3. Por lo expuesto, no se observa en la decisión atacada la revisión aparente del fallo en lo relativo a la dosificación de la sanción penal (conf. arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP), ni tampoco demuestra el recurrente el vicio de arbitrariedad que invoca. Media, entonces, insuficiencia (art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/03/2022 20:11:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/03/2022 11:50:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2022 10:58:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/04/2022 10:40:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2022 09:15:05 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 04/04/2022 13:27:53 hs. bajo el número RS-23-2022 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia