Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 134167
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.167, "Roldán Lobos, Sergio Daniel s/ queja en causa n° 95.713 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan , Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el día 16 de febrero de 2018, aprobó el cómputo de pena practicado respecto de Sergio Daniel Roldán Lobos, condenado a la pena única de prisión perpetua, manteniendo su declaración de reincidencia. Allí expuso que, sin perjuicio de no poder establecerse legalmente una fecha temporal de vencimiento de la pena, el imputado podría acceder a los beneficios de la libertad anticipada a partir del día 17 de julio de 2043 (v. copias, legajo digital).
Ingresado el legajo en el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 departamental, por resolución del día 10 de julio de 2018, se hizo lugar al pedido de la defensa de fijación de fecha de vencimiento de pena, el que estableció en cincuenta (50) años. También se sostuvo que de conformidad con las previsiones del art. 14 del Código Penal, no resultaba de aplicación el beneficio de la libertad condicional al presente. En consecuencia, se ordenó que se practicara por secretaría un nuevo cómputo en el que se determinara la fecha de vencimiento de la condena.
Dicha manda fue cumplida el día 24 de octubre de 2018. En ella se dispuso que la sanción impuesta vencería el día 16 de julio de 2058, no pudiendo acceder Roldán Lobos a la libertad condicional en virtud de su calidad de reincidente (v. nuevo cómputo, legajo digital).
Contra tal pronunciamiento la defensa dedujo recurso de apelación -previa aclaratoria rechazada-, donde afirmó que el auto del Tribunal en lo Criminal que aprobó el cómputo de pena original se encontraba firme, y que el señor juez de ejecución lo había revocado sin contar con recurso fiscal previo. En ese discurrir, peticionó al Tribunal de Alzada que retomara la fecha de origen, esto es, el día 17 de julio de 2043, a los fines de la potestad de acceso a la libertad condicional.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, mediante decisorio del día 27 de diciembre de 2018, revocó el auto impugnado y dispuso la devolución a la instancia para la confección de un nuevo cómputo, con arreglo a lo decidido en punto al transcurso del plazo de diez años desde la obtención de la libertad condicional, en el caso, el día 17 de julio de 2053 (v. resol., legajo digital).
El señor defensor oficial interpuso recurso de casación, que fue denegado por el Tribunal de Alzada. Así, la defensa oficial ante la sede casatoria articuló queja, en los términos del art. 433 del Código Procesal Penal.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante decisorio del día 18 de junio de 2019, admitió la queja y declaró procedente el remedio casatorio. En consecuencia, anuló el resolutorio objetado y dispuso la remisión de copias a la Sala III de la Cámara departamental, a los fines del dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
El señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. legajo digital) que fue declarado inadmisible por el a quo, lo que derivó en la presentación de una queja ante esta Corte (art. 486 bis, CPP; v. fs. 1/6 de la presente) que, por resolución del día 8 de abril de 2021, la admitió, declaró mal denegado el recurso y concedió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 14/17).
Oído el señor Procurador General a fs. 30/33 vta., dictada la providencia de autos a fs. 35 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa atribuye arbitrariedad a lo resuelto, con afectación del debido proceso legal, del derecho de defensa en juicio y de su derivación que veda la reformatio in pejus (art. 18, Const. nac.), al haber confirmado parcialmente un fallo que, sin que medie recurso fiscal, fue más allá de la petición efectuada por el recurrente, adoptando una posición que colocó al condenado en una situación más desventajosa que en la que se encontraba antes de impugnar. Destaca que el tribunal revisor omitió abordar el agravio referente a la violación de la prohibición de la reformatio in pejus .
Luego de reseñar el derrotero de la causa y destacar que solo se había peticionado al señor juez de ejecución que fije la fecha de vencimiento de la pena única de prisión perpetua, indica que "...si bien se encontraba firme el computo aprobado por el Sr. Juez de Tribunal Oral que establecía que la fecha de la libertad condicional para el condenado era el 17 de julio de 2043, el Tribunal de Casación confirmó la resolución de la Cámara de Apelaciones que estableció, sin contar con jurisdicción y en violación a la prohibición de la reformatio in pejus , que la fecha de la libertad condicional del condenado sería el 17 de julio de 2053".
Afirma que con este proceder se afectó ilegítimamente la situación obtenida por el condenado, vulnerando el debido proceso y derecho de defensa y además violentó el derecho a recurrir el fallo condenatorio (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP).
Sostiene que el revisor violó la prohibición de la reformatio in pejus (art. 18, Const. nac.) ya que debió resolver la cuestión que le fue llevada a su conocimiento en base a la situación obtenida por el condenado, y que se encontraba firme (día 17 de julio de 2043, fecha en que podría obtener la libertad condicional).
Con cita del precedente de la Corte federal "Olmos" y la causa de este Tribunal P. 108.827, sentencia de 29-II-2012, peticiona se anule el fallo en crisis por haberse visto empeorada la situación de Roldán Lobos, de manera ilegítima y se disponga el reenvío de las actuaciones a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento en el que se exprese que "...la fecha en la que el imputado podrá acceder a la libertad condicional es la fijada por el Juez del Tribunal Oral, es decir, 17 de julio de 2043" (v. recurso en formato digital).
II. El dictamen de la Procuración General aconsejó el rechazo de los agravios deducidos (v. fs. 30/33 vta.).
Para una mejor comprensión corresponde efectuar una breve reseña de lo ocurrido en las instancias anteriores.
III.1. Del presente legajo surge que Sergio Daniel Roldán fue condenado por sentencia del día 7 de diciembre de 2010 del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por ser autor responsable del delito de doble homicidio calificado por cometerse con un medio idóneo para crear un peligro común (arts. 40, 41, 45 y 80 inc. 5, Cód. Penal) y a la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas, manteniendo la declaración de reincidencia, comprensiva de la anterior y la impuesta en la causa 868.478/2 del registro del Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental que lo condenó a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, por el delito de robo agravado por uso de arma de utilería.
Tal como se adelantó en los antecedentes, el órgano de juicio, con fecha 16 de febrero de 2018, aprobó el cómputo de pena practicado respecto de Sergio Daniel Roldán Lobos. Allí expuso que en el marco de la causa 868.478/2 fue aprehendido el día 17 de julio de 2008, permaneciendo en esa situación hasta el día 15 de septiembre de 2009 en que se le revocó el arresto domiciliario que cumplía; siendo que ese día 15 de septiembre de 2009 fue detenido en la presente permaneciendo en esa situación hasta la fecha del cómputo. Asimismo, se indicó que -sin perjuicio de no poder establecerse legalmente una fecha temporal de vencimiento de la pena- el imputado podría acceder a los beneficios de la libertad anticipada a partir del día 17 de julio de 2043 (v. fs. 55).
Este cómputo fue notificado a la señora agente fiscal, Viviana Giorgi, el día 22 de febrero de 2018 (v. fs. 55 vta.); a la defensa oficial, el día 6 de marzo de 2018 y, a Roldán Lobos, el día 8 de enero de 2018, quien puso "apelo". Habiéndose corrido traslado a su defensa, esta manifestó que no se acompañaba la voluntad impugnativa por encontrarse el cómputo ajustado a derecho (v. escrito, fs. 58).
Pese a ello, atento la voluntad de recurrir del condenado, y a fin de garantizar el doble conforme, se elevaron las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías departamental donde se dio intervención a la defensa oficial que presentó escrito explicando que, luego de mantener una entrevista con su defendido, este le indicó que había apelado el cómputo por error, desistiendo por ende de esa apelación (v. fs. 62).
Devuelta la causa y notificada la defensa, se ordenó dar intervención al juzgado de ejecución correspondiente (v. fs. 63).
III.2. Mediante escrito del día 27 de junio de 2018, el señor defensor de ejecución penal requirió al Juzgado que se fije el vencimiento de la pena impuesta a Roldán Lobos, teniendo en consideración que el nombrado se encontrará en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional el día 17 de julio de 2043 "...quedando sujeta la determinación del vencimiento de la pena impuesta a la manda constitucional contenida en el art. 13 del C.P., último párrafo en su anterior redacción" (fs. 18/19, legajo digital remitido).
El Juzgado de Ejecución Penal n° 1 departamental, por resolución del día 10 de julio de 2018, sostuvo que en virtud de los delitos por los que ha sido condenado Roldán, en atención a la fecha del evento criminoso y de conformidad con las previsiones del art. 14 del Código Penal, no resultaba de aplicación el beneficio de la libertad condicional al presente. A su vez, hizo lugar al pedido de la parte de fijación de fecha de vencimiento de pena, el que estableció en cincuenta (50) años de prisión -máximo de la pena privativa de la libertad divisible, conforme el art. 55 del Código Penal, a partir de la reforma introducida por la ley 25.928 (B.O., 10-IX-2004)-. Ordenó que se practicara un nuevo cómputo y se determinara por secretaría la fecha de vencimiento de la condena (v. resol., legajo digital).
Así el día 24 de octubre de 2018 se efectuó un nuevo cómputo, en donde se dispuso que la sanción impuesta vencería el día 16 de julio de 2058, no pudiendo acceder a la libertad condicional en virtud de su calidad de reincidente, que fue aprobado por el señor juez de ejecución (v. nuevo cómputo, legajo digital).
Frente a ello, la defensa dedujo recurso de apelación -previa aclaratoria rechazada-, donde señaló que el auto del Tribunal en lo Criminal que aprobó el cómputo de pena original se encontraba firme, y que el señor juez de ejecución lo había revocado, de oficio y sin contar con recurso fiscal previo. En ese discurrir, peticionó al Tribunal de Alzada que retomara la fecha de origen, esto es, el día 17 de julio de 2043, a los fines de la potestad de acceso a la libertad condicional.
III.3. La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, mediante decisorio del día 27 de diciembre de 2018 señaló que, si bien el recurso incoado no tendrá acogida favorable en los términos pretendidos, sí redundará en que lo resuelto por la instancia sea revocado. En esa senda destacó que "...en casos como el presente deviene imposible fijar un límite temporal ex ante, el cual vencerá una vez transcurridos los diez años a contar desde la obtención de la libertad condicional, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su mantenimiento, elemento indispensable a fin de no ser revocada la misma".
Con cita del precedente "Giménez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fuera aplicado por esta Corte en la causa P. 84.479, sentencia de 27-XII-2006, recordó que "...las penas 'realmente' perpetuas resultan incompatibles con el art. 18 de la Constitución nacional que prohíbe toda especie de tormento, vulnerando el principio de resocia[lización] de la pena..."; y siendo que a semejanza de aquel, el aquí condenado a prisión perpetua carece de la posibilidad de acceder a la libertad condicional por haber sido declarado reincidente, estimó que no corresponde fijar la fecha de agotamiento temporal. Ello en tanto "...la simple consideración práctica devela que la mayoría de las penas perpetuas se extinguen luego de obtenida la libertad condicional y que el único obstáculo para que ello ocurra es la reincidencia" (sent., legajo digital).
Explicó que del juego armónico de los arts. 13 (luego de la modificación introducida por la ley 25.982) y 16 del Código Penal, el mínimo posible de duración nunca podrá ser inferior a cuarenta y cinco años (treinta y cinco de encierro más diez de libertad condicional), mientras que la relativa indeterminación de su monto máximo permite que estas puedan, eventualmente, superar las cifras máximas previstas para las penas divisibles.
Apuntó que en autos la posibilidad del retorno al medio libre del condenado se producirá el día 17 de julio de 2053 "...fecha a la que se arriba al interpretar que la condición temporal para acceder al instituto de la libertad condicional se cumple al término de cuarenta y cinco años, en atención a la condición de reincidente que el condenado reviste".
Conforme ello, resolvió revocar el auto del día 24 de octubre del 2018 y dispuso la devolución a la instancia para la confección de un nuevo cómputo, con arreglo a lo decidido -en punto al transcurso del plazo de diez años desde la obtención de la libertad condicional, en el caso, el día 17 de julio de 2053- (arts. 13, 14, 16 y 53, Cod. Penal; v. resol., legajo digital).
Contra ello, el señor defensor oficial interpuso recurso de casación en el que denunció la errónea y arbitraria aplicación de los arts. 13, 14, 16 y 53 del Código Penal; 421, 433, 434, 442 y 500 del Código Procesal Penal y 16, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, en función de la inobservancia a lo normado por el art. 435 del digesto adjetivo. Aludió a la prohibición de la reformatio in pejus, a su relación con la garantía de defensa en juicio y el debido proceso, y destacó que la deducción del carril impugnativo perjudicó a su asistido. Requirió que se fije la fecha de acceso al beneficio liberatorio oportunamente impuesta por el tribunal de grado, esto es el día 17 de julio de 2043 (v. recurso digital).
El remedio incoado fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada, lo que motivó la articulación de una queja, en los términos del art. 433 del Código Procesal Penal.
III.4. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante decisorio del día 18 de junio de 2019, admitió la queja y declaró procedente el remedio casatorio. En consecuencia, anuló el resolutorio objetado y dispuso la remisión de copias a la Sala III de la Cámara departamental, a los fines del dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
Admitido el recurso por advertirse visos de arbitrariedad y la vulneración de garantías constitucionales, el revisor explicó que la Sala III de la Cámara recurrida dejó sentado que la condición temporal para acceder al instituto de la libertad condicional se cumple al término de cuarenta y cinco años, en atención a la condición de reincidente que el condenado reviste, y que "...si bien ello es concordante con el criterio de [esa] Sala, [...] no ocurre lo mismo con el lapso que debe trascurrir para que una vez concedida la libertad condicional, la pena se extinga".
Indicó que "Los Magistrados actuantes entienden que 'en casos como el presente, deviene imposible fijar un límite temporal ex ante, el cual vencerá una vez transcurridos los diez años desde la obtención de la libertad condicional' [...] y, por nuestra parte, entendemos que dicho lapso debe ser de 5 años".
El doctor Natiello, que concitó la adhesión del doctor Kohan, dejó sentado el criterio de la Sala respecto a las penas perpetuas y señaló que en el sistema penal argentino la perpetuidad de las penas no es tal stricto sensu , resultando que las mismas si bien pueden ser indeterminadas, no son infinitas y se extinguen, salvo supuestos de excepción, con la obtención de la libertad condicional y el cumplimiento de las condiciones impuestas.
Agregó que "...la pena perpetua es indeterminada o, en el caso de la ley argentina, relativamente determinada, aunque no susceptible de ser precisada temporalmente a través de un término fijo. Esto se desprende [...] del artículo 16 del Código Penal, en la medida en que subordina la extinción de las penas perpetuas a la concesión eventual de la libertad condicional (reunidos los requisitos del artículo 13) y a su cumplimiento satisfactorio durante cinco años".
Aseveró que la mayoría de las sanciones perpetuas se extinguen luego de obtenida la libertad condicional y que el único obstáculo para que ello ocurra sería la reincidencia, "...siendo que tal limitación es solo preliminar y no es lo que se verifica en la aplicación del plexo normativo en forma armónica. Ello así por cuanto existe la posibilidad de obtener la libertad condicional, si se cumplen los requisitos establecidos en el art. 13 del Código Penal, transcurridos treinta y cinco años de condena (con anterioridad a la sanción de la ley 25.892 era de veinte años)".
Agregó que en la hipótesis de máxima prevista en el ordenamiento nacional, cuando se impusiera la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado contenida en el art. 52 del digesto de fondo (lo cual no se verifica en estos autos), la misma permite, según lo norma el art. 53 del Código Penal, la obtención de una libertad que quedará sujeta al cumplimiento de las condiciones que allí se establecen, transcurridos cinco años más de los treinta y cinco (o veinte) años de prisión.
Sostuvo que el sistema del art. 13 del Código Penal para la libertad condicional aparece íntimamente relacionado con expresa mención a los máximos de las penas divisibles, al establecer como requisito para su procedencia el cumplimiento de una parte de la condena (dos tercios en las penas que superen los tres años, y ocho meses o un año en el caso de penas de prisión o reclusión de tres años o menores). Pero del cumplimiento de las penas continúa resultando que el tiempo que se cumple la pena en libertad condicional, sumado al cumplimiento efectivo previo, nunca resulta inferior al término de la condena.
Refirió que los efectos del goce de la libertad condicional entrañan la extinción de la pena una vez transcurrido el término de la condena o cinco años más en las perpetuas, según reza el art. 16 del Código Penal, en caso de que el beneficio no fuere revocado.
Apuntó que el carácter indeterminado de la pena perpetua, que es el que proviene de la imposibilidad de precisar su fecha de extinción, "...resulta constitucional, siempre y cuando se le conceda a los condenados, a su debido momento, la oportunidad de retornar al medio libre". Citó precedentes de la Corte federal y la causa P. 84.479 de este Tribunal.
Adujo que si bien el art. 16 del Código Penal prevé que las penas de prisión y reclusión perpetua se extinguen transcurridos cinco años de la libertad condicional, ello no sucedería en el caso de los reincidentes, a quienes, en virtud del art. 14, les está vedada la posibilidad de obtener ese beneficio y que esta interpretación "...no sólo generaría graves inconsecuencias con los principios de resocialización y humanidad de las penas [...] sino que también resultaría incongruente con la relación de gravedad que debe existir entre las conductas punibles y otras instituciones reguladas en nuestro Código Penal". Pues, la condición de reincidente no puede implicar que la persona deba permanecer
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