Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137479
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.479, "Espíndola, Gastón Adrián s/ Queja en causa n° 95.718 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Natiello.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, mediante sentencia del 21 de junio de 2018 condenó, por mayoría y en lo que acá interesa, a Gastón Adrián Espíndola a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautor responsable de los delitos de homicidio agravado criminis causa en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego.
Contra dicha sentencia la defensa oficial de Espíndola interpuso recurso de casación, que fue rechazado por improcedente por la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 17 de junio de 2021.
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado inadmisible por la Sala recurrida (v. resol. digital de 28-X-2021). Ello derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, mediante resolución dictada con fecha 4 de octubre de 2023, declaró procedente la presentación directa y admitió la vía extraordinaria por estimar que estaban reunidos los recaudos establecidos en el art. 494 del Código Procesal Penal (sentencia definitiva a una pena de prisión mayor a diez años, denuncia de errónea aplicación e inobservancia de la ley sustantiva).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 12-VI-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa oficial denuncia la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 y la inobservancia del art. 165, ambos del Código Penal, por considerar que no se acreditó, ni en el juicio oral ni en la instancia revisora, la concurrencia del elemento subjetivo "para consumar el robo" necesario para aplicar el homicidio criminis causa , pues tal elemento central fue el resultado de una inferencia arbitraria a partir de la prueba producida.
Apunta que los pronunciamientos anteriores expresaron que los sujetos activos, luego de haber disparado a la víctima, se dieron a la fuga y quemaron el automóvil robado; así, entiende inconsistente la afirmación de que mataron para robar, ya que luego se deshicieron del botín.
Dice que no puede descartarse que se haya tratado de una reacción de los coautores a una provocación de la propia víctima o un exceso en la empresa criminal que tenía como objetivo el desapoderamiento del vehículo.
Asevera que la presencia de Espíndola y su propósito de cometer un delito contra la propiedad, solo permite hacer aplicación del art. 165 del Código de fondo, como consecuencia de que en ocasión de dicho robo uno de los protagonistas disparó contra la víctima, causándole la muerte, sin que pueda afirmarse que el deceso fue premeditado, ni tampoco que hubo un acuerdo previo de matar para robar.
Por último, expresa que el modo de decidir violentó el principio de culpabilidad por el hecho (arts. 18 y 19, Const. nac.) ante la inexistencia de vínculo subjetivo entre Espíndola y el hecho reprochado.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. El tribunal de mérito tuvo por debidamente acreditado que "...el día 20 de septiembre de 2013, siendo aproximadamente las 04.00 hs en la intersección de las calles 136 y 3 de Berazategui dos sujetos de sexo masculino mediante intimidación con armas de fuego se apoderaron ilegítimamente de un rodado marca Peugeot modelo 504 dominio AHZ 853 en poder de Sergio Daniel Castellanos, en circunstancias en que ambos sujetos habían solicitado vehículo en la remisería Santa Rosa, sita en calle Rio Jachal nro. 1635 de Florencio Varela, abordando el rodado modelo 504 dominio AHZ 853 conducido por la víctima, y al llegar a Berazategui, esgrimiendo armas de fuego, se apoderaron ilegítimamente de ese automóvil. En las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar, ambos sujetos mataron a Sergio Daniel Castellanos al efectuarle varios disparos con arma de fuego, un[o] de l[o]s cuales ocasionó inmediatamente la muerte, para con ello perpetrar otro delito, en circunstancias en que para apoderarse ilegítimamente del vehículo mencionado, bajaron a Castellanos del mismo y le dispararon con un arma de fuego en la zona del tórax, resultando que uno de los impactos le produjo la muerte, dándose a la fuga ambos sujetos a bordo del rodado en cuestión y en calles 216 y 260 lo quemaron posteriormente, con la ayuda de al menos otro sujeto".
Luego de celebrado el debate, el tribunal, por mayoría, condenó a Gastón Adrián Espíndola y a Hernán Ezequiel González a la pena de prisión perpetua por resultar coautores responsables de los delitos de homicidio agravado criminis causa en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego (arts. 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 segundo párrafo, Cód. Penal).
En orden a la calificación legal, la señora jueza Rodríguez de Piuma indicó —con cita de precedentes del Tribunal de Casación y de esta Corte— que del sistema del art. 80 inc. 7 del Código Penal no resulta que el elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito, por lo que mal puede incluirse la necesidad de una preordenación anticipada, deliberada y resuelta de antemano. Especificó que la ley solo exige que, en el ánimo del autor, el fin delictuoso funcione al momento del hecho como motivo específicamente determinante del homicidio, y esto no quiere decir indefectiblemente premeditación o reflexión sino solo decisión, la que puede producirse de improviso en la ejecución del hecho mismo.
Sostuvo que ambos imputados coactuaron de consuno antes, durante y después. Ambos salieron del baile a delinquir, sabían de la existencia del arma, hicieron todo lo necesario para llevarse el auto, previo a matar al remisero, y ambos trataron de ocultar pruebas. Así, concluyó que la directa intervención de González y Espíndola en cada tramo del delito era indudable.
El voto en adhesión del señor juez Farina agregó que la prueba reunida durante el debate daba debida cuenta de distintas circunstancias objetivas que habilitaban a tener por acreditada la presencia de la finalidad que requiere el art. 80 inc. 7 del Código Penal. Relató que de los dichos de todos los testigos presenciales surgía sin duda alguna que los acusados abordaron el vehículo de alquiler que manejaba Castellanos y durante el viaje emprendido, con la finalidad de apoderarse del auto, lo obligaron a descender para inmediatamente después quitarle la vida efectuándole disparos con un arma de fuego, que fueron dirigidos a una zona vital como es el tórax. Aunó que, según la autopsia, la víctima presentaba otras lesiones en la región frontal y en región occipital izquierda que, indiscutiblemente, no eran de defensa, lo que demostraba que Castellanos no ofreció ningún tipo de resistencia al momento de ser ultimado.
Entendió que este primer dato, por sí solo, ya ponía en evidencia la finalidad homicida de los acusados, pues acometieron contra la víctima efectuándole dos disparos, uno de ellos letal, realizado con un arma de fuego y dirigido a una zona vital de su humanidad.
Asimismo, notó que Castellanos fue ultimado cuando se encontraba abajo del vehículo y que, cuando ya estaba sin vida tendido en la cinta asfáltica, uno de los sujetos activos le revisó los bolsillos en busca de más botín, mientras el restante se encontraba en el automóvil Peugeot 504. Indicó que ello demostraba el desprecio por la vida humana de los autores del ilícito, pues invirtieron la jerarquía de los bienes jurídicos en juego y antepusieron al valor vida (la de Castellanos) el patrimonio de este (su vehículo y demás pertenencias).
Reflexionó que si bien de la declaración del consorte de causa surgía que el autor del disparo mortal había sido Espíndola, a esa altura de la encuesta tal circunstancia era irrelevante, al ser ambos coautores penalmente responsables del suceso. Enfatizó que los dos acusados actuaron bajo un plan delictivo común con división de roles.
III.2. En el recurso de casación la defensa oficial de Espíndola, en lo que interesa, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal por falta de acreditación de los elementos del tipo subjetivo. Precisó que en el caso no se pudo establecer una intención directa de causar la muerte, lo que resulta incompatible con las ultrafinalidades que reclama el tipo penal de homicidio criminis causa .
Agregó que no había elementos de comprobación que evidencien que el plan previo haya sido la muerte de Castellanos para preparar y facilitar el desapoderamiento. Dijo que el disparo que terminó con la vida de la víctima no permitía por sí solo afirmar que obedeciera a un designio común. Y que tampoco se verificó una división de tareas destinadas a cumplir con un plan acordado, donde cada uno tiene una porción del acontecimiento.
Por lo expuesto, solicitó que se mute la calificación de los hechos a la figura del art. 165 del Código Penal.
En el memorial ante el Tribunal de Casación, en lo que interesa, la parte complementó el agravio postulando que no se hallaba acreditada la ultrafinalidad que requiere el tipo agravado (matar para perpetrar el robo), porque no se sabía a ciencia cierta en qué circunstancias se produjeron los disparos que causaron la muerte de la víctima.
III.3. El órgano revisor rechazó la queja vinculada con el encuadre legal. En tal entendimiento, precisó que la conducta acreditada daba satisfacción a las notas típicas de un homicidio en criminis causa . Indicó que "...las nutridas referencias que informan el caso en juzgamiento dan cuenta del sencillo y cruento expediente con el que lo[s] sujetos que abordaron el vehículo conducido por Castellanos se deshicieron de él, tras lo cual rapiñaron en sus prendas y se fueron conduciendo el automóvil, quehacer expresivo de que la voluntad de los asaltantes abarcaba subalternar la vida de la víctima a un designio delictual distinto, como lo era la empresa furtiva a la que estaban violentamente configurando".
Destacó que la distribución de roles en plan de autoría no exoneraba de responsabilidad ni aun cuando para algunos de los coautores no hubiera llegado su ocasión para actuar, siendo que la imputación recíproca de las consecuencias en la medida de la decisión común hace que el delito comience y extienda su ejecución para todos los coautores, por fuera de los personales desarrollos efectuados o por hacer.
No encontró margen para dudar sobre la compartida voluntad que guio a los sujetos activos, al decidir y configurar una típica acción sustractiva mediante una disposición de medios y acciones de inocultable riesgo de muerte, que instrumentaron de cara al éxito de la empresa ilícita a la que estaban abocados, que en su transcurso, culminó cuando uno de ellos efectuó el disparo homicida con el elocuente fin de facilitar el desapoderamiento.
Mencionó que las exigencias caracterológicas del homicidio criminis causa no reclaman la existencia de una premeditación ejecutiva particular ni la maduración de la decisión homicida, en tanto esta puede surgir como pura decisión al hecho nuevo, nacida en el marco de la actuación original del agente, procurando algunos de los fines tipificados en la ley o por los motivos que allí se destacan.
Apreció que "...los atracadores que abordaron a Castellanos -armados- le imprimieron a los hechos los riesgosos tintes que emergen de las acciones ejecutivas, conservando la conciencia suficiente acerca de la efectividad de los medios empleados y la búsqueda del resultado, todo lo cual da la certeza del propósito [de] ambos acusados de asumir las consecuencias de su acción, en el caso, la muerte de la víctima con una específica ultraintención captada por el artículo 80, del inciso 7, del ordenamiento de fondo".
Recordó que el tipo penal exige que el autor enlace causal e ideológicamente el homicidio a otro hecho típico con la específica finalidad de preparar, facilitar, consumar, ocultar, asegurar los resultados, procurar la impunidad o por el hecho de no haber logrado el fin propuesto.
Aseveró que el fallo, en cuanto al dolo, y los particulares elementos del injusto, no evidenciaba fisuras lógicas acerca del modo en que los jueces valoraron las pruebas rendidas, no aparecía desentendido de las circunstancias de la acción, ni exhibía ambigüedad alguna en punto a la demostración del motivo determinante de la conducta con aptitud letal realizada durante el atraco, "...no ameritando descalificación alguna la especial ultraintención en la acción homicida desarrollada, la cual se vinculó en relación de medio a fin con el robo que los acusados estaban perpetrando".
Añadió que, por fuera de la identidad de la mano matadora, existían circunstancias y contextos diferenciales que permitían sostener que fue compartida la decisión de los acusados de configurar un robo a mano armada asumiendo plenamente la decisión de matar para robar.
Aclaró que la conexión psicológica del agente que actúa como un elemento que especifica el tipo subjetivo del injusto, en la modalidad de procurar la consumación, permitía atribuir responsabilidad compartida en la medida en que dicha relación subjetiva entre el homicidio y otro delito aparezca en cada uno de los que hayan tomado parte en la ejecución total del hecho, tal como ocurría en el caso.
Puntualizó, a fin de comprobar esta relación, indicios retrospectivos de diversas fuentes que permitían comprobar que la pareja criminal asumió la decisión de matar para robar; entre ellos, que ante la insistencia del telefonista de la remisería en procura de tener noticias de su compañero de trabajo Castellanos, que le enviaba "alertas" por Nextel que no eran respondidas, en un momento, con total desparpajo, quienes ya estaban en posesión de las pertenencias de la víctima le hicieron saber "que al negro lo hicimos pollo" en clara alusión a lo que fue una obra común. Sumó que la testigo Nair Pérez —quien por entonces era pareja de un hermano del imputado Espíndola— encontró a Hernán y Gastón —los acusados— la mañana en que se cometió el crimen rapándose el pelo, que hasta ese momento lucían corto en sus costados y con algo de cabello arriba; tenían olor a alcohol, y le contaron que "se habían mandado una cagada", "habían matado a un remisero", noticia que la testigo vio horas más tarde en los noticieros de televisión. Pérez se mostró segura sobre la existencia de la información y no mencionó ninguna disputa entre los coejecutores; para la Casación quedó clara entonces la referencia a una obra común, en la que el tirador y su acompañante —sin disidencias— mataron para concretar el robo al que estaban abocados.
Infirió que la muerte del damnificado fue, desde el punto de vista subjetivo, obra de una intencionalidad claramente enderezada a buscar el apoderamiento de su vehículo —y demás pertenencias—, hipótesis situada en el espacio de punición del homicidio finalmente conexo (art. 80 inc. 7, Cód. Penal) aplicado por el tribunal del juicio.
Afirmó que ambos imputados se mostraron como un sujeto cuya acción —conjuntamente configurada— estuvo presidida por un ánimo y una voluntad homicida que subordinó la vida de la víctima a un designio criminal distinto, en el caso la perpetración del robo, tomando cuerpo la decisión de matar para robar.
Subrayó que la muerte de Castellanos resultaba inescindible del desapoderamiento que se estaba ejecutando, y la dinámica de los hechos mostraba que fatalmente erradicada toda posibilidad de oposición de la víctima, se continuó con la faz apoderativa de la acción, tanto del vehículo como de las pertenencias personales que aquella pudiere tener en sus ropas, circunstancias comprobadas de la causa que permitían inferir la voluntad homicida gobernada por la específica ultraintención de matar para facilitar y consumar la empresa sustractiva puesta en acto por los acusados.
Concluyó que el universo de datos enlazados permitía dejar comprendidos en la coautoría a los imputados, "...a cuyo respecto el cuadro de prueba general, en su conjunto, se convierte en vector acreditante certero sobre los especiales elementos subjetivos distintos del dolo requeridos por la infracción del art. 80, inc. 7, CP".
IV. Frente a lo así resuelto, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del citado art. 80 inc. 7 del Código Penal, ya que las discrepancias planteadas, bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores —dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta— a efectos de lograr un cambio en la calificación legal, y por ello escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados —lo que no ocurrió en el caso—, no corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; P. 134.725, sent. de 1-XII-2021; e.o.).
En el caso, la defensa se limitó a exponer una opinión discrepante con el abordaje efectuado por el tribunal intermedio, sostenida en una particular interpretación sobre la realidad de lo acontecido y en ello asentó su postura sobre la falta de acreditación de la ultrafinalidad requerida por la citada norma, pero de esa forma incurrió en la insuficiencia de no refutar las determinaciones probatorias efectuadas en sentido contrario por el sentenciante, mediante alguna crítica seria y razonada que justifique su revisión extraordinaria. Así, entonces, corresponde su rechazo (art. 495, CPP).
Tal como se tuvo por verificado en las instancias previas, en concordancia con doctrina de esta Corte, es suficiente para que resulte aplicable el homicidio calificado criminis causa la demostración en el ánimo del autor de cualquiera de las ultrafinalidades que contempla ese precepto (conf. causa P. 47.611, sent. de 4-V-1993). Asimismo, se ha señalado que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 34.495, sent. de 6-II-1987; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 121.171, sent. de 10-V-2017; P. 127.696, sent. de 14-VI-2017; P. 134.545, sent. de 6-XII-2021; e.o.).
En efecto, el modo de actuar descripto en la materialidad del hecho es congruente con la concurrencia de al menos una de las finalidades previstas por la figura, y tenida por probada en las instancias previas: la de consumar el robo del automóvil y demás pertenencias de Castellanos.
En definitiva, el contexto en el que se desarrollaron los hechos permitió afirmar con certeza positiva, tanto al órgano de mérito como al Tribunal de Alzada, que el homicidio tuvo la ultrafinalidad de lograr la consumación del robo.
Lo expuesto precedentemente alcan
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.