Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136236
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.236, "Hernández, Romina Valeria S/ Queja en causa N° 95.802 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el día 21 de noviembre del 2018, el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, que -en lo que importa-, condenó a Romina Valeria Hernández a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autora del delito de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo (hecho I), del que resultara víctima Uriel Federico Cisneros (arts. 106 y 107, Cód. Penal).
La defensa oficial interpuso un recurso de casación y la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de octubre de 2020 -en lo que interesa destacar para el caso-, lo rechazó.
Contra ello, el señor defensor oficial ante la citada instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. archivo adjunto en recurso de queja de 11-II-2022); el que habiendo sido declarado inadmisible por resolución del tribunal intermedio del 8 de septiembre de 2021, motivó la deducción de queja (v. presentación digital cit.).
Esta Suprema Corte a través de la resolución dictada el 22 de septiembre de 2022, resolvió admitirla, declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y concederlo (arts. 486, 486 bis y 494, CPP).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 29-III-2023), dictada la providencia de autos en igual fecha, presentada la memoria por parte de la defensa oficial (v. presentación digital de 17-IV-2023), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial de Romina Valeria Hernández?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso de inaplicabilidad de ley en estudio, la defensa oficial formuló dos agravios.
I.1. En primer lugar, tachó la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal de arbitraria por infringir los derechos de defensa en juicio, debido proceso, derecho al recurso y a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, humanidad de la pena e inocencia, como también la vulneración a los principios " pro actione ", " pro homine " y, fundamentalmente, la necesidad de juzgar con perspectiva de género.
Con ese marco, denunció la infracción al principio de congruencia, frente a lo que interpretó, resultó una alteración sorpresiva en la acusación respecto de la que fuera articulada oportunamente en la requisitoria de elevación a juicio.
Sostuvo que Casación omitió destacar cuáles habrían sido los cuidados mínimos e indispensables a los que aludió en su sentencia, toda vez que sus argumentaciones fueron genéricas y no concretizan lo señalado, pues debió haber demostrado que la imputada, pudiendo hacer algo, no lo hizo.
También cuestionó afirmaciones del revisor sobre circunstancias del caso que estimó que debían haber alertado a la imputada sobre el estado de su hijo.
Agregó que la Casación se limitó a referenciar aspectos dogmáticos sobre la conducta omisiva, el nexo de evitación y la posición de garante, entre otros aspectos, lo que -a juicio de esa defensa- demostraría la no acreditación de que Hernández fuera capaz de interrumpir el accionar doloso de los coimputados, como así tampoco de evitar el resultado dañoso.
Sobre el principio de congruencia, sostuvo que en el caso se configuró una sorpresiva alteración en la acusación respecto de la que fuera articulada oportunamente en la requisitoria de elevación a juicio. En tal sentido, argumentó que en la acusación original la conducta de Hernández contenía el reproche de un dolo directo, y que, durante el debate, mutó hacia el dolo eventual, modificando la plataforma fáctica y afectando normas constitucionales y procesales.
I.2. Por último, denunció la afectación a la garantía de revisión amplia e integral de la sentencia de condena y del derecho al recurso (conf. arts. 18, Const. nacional; 8.2 "h", CADH; 14.5, PIDCP y 10, 11, 15, 57, 168 y 171, Const. provincial).
Adujo que el tribunal casatorio rechazó por extemporáneos los agravios introducidos en el memorial que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal, los cuales estaban vinculados con la declaración de inconstitucionalidad del art. 451 del Código citado, al considerar que, en la eventualidad de desestimar las quejas articuladas en ese momento, generaría un menoscabo directo al ejercicio del derecho de defensa.
Refirió que la incorporación de agravios en el memorial no viola la igualdad de armas, pues el Ministerio Público Fiscal no había visto el recurso hasta tanto no se le confirió el traslado luego de que esa defensa presentara el memorial correspondiente.
En tal sentido, afirmó que la Casación ignoró el contenido amplio del derecho de defensa y le imposibilitó a esa parte el acceso a una revisión amplia de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena; argumentó sobre la garantía al doble conforme judicial, el derecho de defensa (a ser oído) y el derecho al recurso, trayendo a colación los fallos "Casal", "Martínez Caballero", "Martínez Areco", "Baldivieso" y "Munson", de la Corte federal, y los casos "Herrera Ulloa", "Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo de reparaciones y costas", de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Señaló que el cercenamiento -por extemporáneo- de los agravios planteados por esa defensa en el memorial, compromete la responsabilidad internacional del Estado Argentino por alzarse contra la propia letra de la Constitución (conf. art. 75, inc. 22), y contrariando la Convención de Viena (art. 27.1).
Por todo lo expuesto, solicitó una interpretación superadora de la norma en crisis y se fije la correcta doctrina vinculada con la utilidad de la defensa pública, y se reenvíen las actuaciones al tribunal revisor a fin de que -debidamente integrado- se dicte una nueva sentencia conforme a derecho con tratamiento de los agravios introducidos.
Para el supuesto que se rechace el planteo, reiteró la solicitud de declarar la inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal o, en su defecto, se realice una interpretación constitucional de dicho precepto.
Concluyó que, si el rechazo de los agravios que fueron introducidos en el memorial se basó en la extemporaneidad para solapadamente abstraerse de descartar los embates allí desarrollados, ello constituyó una violación a los arts. 168 y 171 de la Constitución nacional.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso deducido (v. dictamen digital de 29-III-2023).
III. Por su parte, la señora defensora oficial adjunta de Casación, doctora Ana Julia Biasotti, presentó la memoria del art. 487 del Código Procesal Penal, y solicitó se desestime la recomendación efectuada por la Procuración General, y se case la sentencia en crisis por inobservancia de la obligación de juzgar el caso con perspectiva de género (v. presentación digital de 17-IV-2023).
IV. Entiendo que el recurso no procede (art. 495, CPP).
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, a través de la sentencia dictada el 21 de noviembre de 2018, en lo que importa destacar para el caso, tuvo por acreditado que "Sin poderse precisar fecha cierta, pero transcurriendo el mes de julio del año 2015, Romina Valeria Hernández, madre del menor Uriel Federico Cisneros, de cuatro años de edad e incapaz de valerse por sí mismo por su corta edad, colocó en situación de desamparo al nombrado abandonándolo a su suerte, consistiendo dicho accionar en entregar a Uriel a la pareja formada por Ivana Isabel Toledo y Diego Fernando Grollino para que viviera con estos en el domicilio de calle Solís n° 4784 de este medio, teniendo cabal conocimiento que tales personas maltrataban cruelmente en forma constante al menor, incluso no suministrando adecuadamente alimentos ni atención médica oportuna, poniendo de esta manera gravemente en riesgo su integridad física, a tal punto que durante la jornada del día 11 de septiembre del corriente año se constató el óbito del mismo a causa de dichas agresiones físicas" (hecho I) (cursiva en el original).
Con ese marco, condenó a Romina Valeria Hernández, a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autora del delito de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo, del que resultara víctima Uriel Federico Cisneros (arts. 106 y 107, Cód. Penal), conforme se hiciera referencia en los antecedentes del caso.
Contra ello, la defensa oficial de la imputada dedujo recurso de casación a través del cual denunció la inobservancia de las reglas de la sana crítica al analizar la concurrencia de elementos objetivos y subjetivos del tipo penal enrostrado. En forma subsidiaria, planteó la errónea aplicación de la figura del tercer párrafo del art. 106 del Código Penal, por entender que había resultado deficientemente conformada la imputación objetiva del resultado muerte en cabeza de Hernández y por la arbitraria desestimación del planteo de nulidad de la acusación por defectos en la intimación. Con relación a esto último, consideró que era evidente la modificación de la plataforma fáctica respecto del elemento subjetivo con que se le atribuía la muerte de su hijo (que en todas las oportunidades procesales previas al inicio del debate se le endilgó a título de dolo directo), en relación con las circunstancias por las que finalmente fue objeto de acusación, oportunidad en la que el acusador la imputó, en forma sorpresiva, a título de dolo eventual.
Consecuentemente, solicitó que se desestime la agravante del resultado muerte y se adecúe la calificación aplicando la figura del delito de abandono de persona simple (art. 106, primer párrafo, Cód. Penal), agravado por el vínculo (art. 107, Cód. cit.), a la par que peticionó la imposición del mínimo de la pena prevista para el delito en cuestión, dejando en suspenso su cumplimiento (art. 26, Cód. Penal), pudiendo incluso reducirse por debajo del mínimo o cancelarse el reproche en razón de la pena natural concedida.
A su turno, el señor defensor adjunto ante esta instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, mantuvo el recurso impetrado por su inferior y se remitió a sus argumentos efectuando consideraciones al respecto.
Por otro lado, agregó -como nuevo motivo de agravio- que, en virtud de los padecimientos sufridos por su asistida, al colocarla en un estado de necesidad, no estrictamente en los términos del art. 34 inc. 3 del Código Penal, sino con el alcance que vulgarmente debe adjudicársele, por cuanto ante la extrema situación que particularmente la aquejaba, Hernández se vio en la necesidad de obrar en el modo en que lo hizo, lo cual debe ser enmarcado en lo dispuesto por el art. 34 inc. 4 primera parte del Código Penal. Además, destacó que siendo novedoso este último planteo, dejó planteada la declaración de inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal.
IV.2. Como ya fuera dicho, el Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso articulado por la defensa de Hernández; particularmente, en el apartado II. c) del fallo en crisis -en lo que importa para el caso- abordó los agravios y los descartó.
IV.2.a. En primer lugar, advirtió que el sentenciante de origen había efectuado una diferenciación entre las conductas que la acusación pretendía endilgarle, entendiendo que con relación a su accionar "activo", no existían las condiciones para afirmar que Hernández haya desarrollado tal conducta, es decir, que al momento de entregar a su hijo -en el mes de julio del año 2015- al cuidado de Ivana Toledo y a Diego Grollino lo haya hecho pretendiendo colocarlo en situación de desamparo.
En ese sentido, el Tribunal de Casación coincidió con el juzgador de mérito en que Hernández, luego de entregar a su hijo a la pareja compuesta por Grollino y Toledo, -con pleno conocimiento de que el menor era incapaz de valerse o defenderse por sí mismo, teniendo en cuenta su edad (4 años)-, omitió arbitrar los medios necesarios para los cuidados mínimos e indispensables de protección, lo que derivó en su abandono a su propia suerte, configurándose así su accionar omisivo.
Resaltó también que el sentenciante había descripto que " Hubo de su parte una notoria omisión en activar y proveer cuidados y salud hacia su hijo, lo que se evidencia no solamente de las constataciones médico forenses (autopsia, informe ampliatorio, debate) sino también de las declaraciones de testigos que apreciaron que la madre ignoró " (cursiva en el original).
A lo dicho, sumó la declaración brindada por los profesionales en el juicio, quienes describieron que el niño presentaba un cuadro de maltrato infantil "extremo", exteriorizado en una severa desnutrición -de antigua data-, lesiones de distintos momentos y grados en todo su cuerpo -ninguna de ellas tratadas-, como son las marcas compatibles con "...quemaduras de tiempo anterior y quemaduras en mano de segundo grado, no tratadas y sobreinfectadas".
También constataron lesiones circulares en la cabeza de vieja data, lesiones de distinta antigüedad en tórax, frenillo cortado de más de una semana de evolución, lesiones a nivel anal (empalamiento), entre otras. Por último, determinaron un cuadro agónico que arrastró durante días previos a su muerte.
De conformidad con lo expuesto, el Tribunal de Casación consideró imposible determinar que Hernández no advirtiera el accionar cruel e inhumano que padecía su hijo, más si se considera que la imputada "...mantenía un contacto relativamente fluido con la víctima, ya que como ella misma refiriera, lo veía cada dos días y siendo su última visita una semana antes de su fallecimiento".
Asimismo, señaló el revisor que su par de la instancia había resaltado que "... aquellas lesiones que por la data de su producción y por hallarse repartidas en todas las partes del cuerpo del niño, no pudieron ser ignoradas por su madre al tomar contacto con él... " (cursiva en el original); además se tuvo en cuenta el testimonio de María Cristina Sías, quien gozaba de la confianza de Hernández, afirmando en la audiencia de debate que "...el último día que me lo trajo Cintia, la hermana de Valeria, a Uriel le faltaban mechones de pelo [...] unos días después me dijeron que tenía un hongo [...] El nene me dice: 'abu, no me dejes', le dije a Valeria que le preguntara que le pasaba [...] Le digo: 'Uriel, ¿te pegan?' y la miro a la madre [...] Ella me decía que lo veía todos los días...".
Por otro lado, indicó que el sentenciante descartó por inverosímil que, a partir de las lesiones descriptas en el cuerpo del niño, su madre no lo advirtiera, sumado a que durante la última visita -y teniendo en cuenta el maltrato al que era sometido-, debió llamarle la atención que su hijo -al que describió como muy activo, casi hiperquinético-, estuviera acostado a las seis de la tarde queriendo dormir.
Los jueces del tribunal de la instancia tampoco consideraron creíble la forma en que la imputada pretendió justificar el hecho de no haber tenido más contacto con Uriel a partir de entonces, ya que, frente a tal escenario las excusas que le ponían "los cuidadores" de Uriel debieron alertarla aún más, al no poder verificar el estado en que se encontraba su hijo, sumado a que en las anteriores dos últimas semanas exhibía signos de un deterioro creciente.
Por otro lado, también resaltaron que la defensa pretendió imponer el argumento de que la muerte del menor respondió a una "venganza" porque su asistida no le habría abonado lo que se había comprometido a cambio de que cuidaran al niño. En torno a ello, el Tribunal de Casación compartió la idea de que debió generar en Hernández una mayor preocupación a fin de verificar que su hijo estaba recibiendo los cuidados debidos a pesar de no estar cumpliendo con la contraprestación acordada.
A partir de lo expuesto, de conformidad con lo sostenido en la instancia de origen, la Casación señaló que su responsabilidad se había acreditado a partir del abandono a su suerte, en manos de quienes lo sometían a graves maltratos físicos y psíquicos, incumpliendo con la debida conducta, "...denominada doctrinariamente como nexo de evitación" , que claramente hubiese interrumpido el proceso causal que tuvo como desenlace la muerte del menor.
Luego de hacer alusión a los tipos penales que sancionan una conducta omisiva y la verificación en ese supuesto de un nexo de evitación, sostuvieron los magistrados de Casación que la imputada, teniendo en cuenta la edad de su hijo, nunca cesó en su posición de garante aunque lo hubiera dejado al cuidado de la pareja, ni tampoco por el accionar doloso de aquellos, siéndole reprochable la no realización de la conducta debida y esperable, a los efectos de interrumpir el accionar doloso que terminó con el homicidio del niño en manos de las personas a quienes los entregó.
Por último, resaltó que nunca estuvo en discusión la circunstancia de que Hernández era la madre biológica de la víctima, ni tampoco que fue ella quien entregó voluntariamente a su hijo, en el mes de julio de 2015, al cuidado de Ivana Toledo y Diego Grollino para que viviera temporalmente junto a ellos en su casa de la calle Solís n° 4784 de Mar del Plata.
IV.2.b. En segundo término, desechó el planteo de la defensa sobre la variación en la acusación por haber atribuido el "dolo eventual" frente al de primer grado que se le adjudicó hasta ese entonces. En tal sentido, sostuvo que se mantuvo la atribución de un accionar que responde a un tipo doloso, sin que se diera en el caso el supuesto de un hecho diverso que habilite a recurrir al procedimiento del art. 374 del Código Procesal Penal. A su vez descartó que esa modificación fuera sorpresiva, teniendo en cuenta el conocimiento previo de la imputación y del concreto ejercicio del derecho de defensa.
Además, tampoco advirtió la demostración de un perjuicio concreto frente a la mutación criticada, sin que la defensa hubiera alegado qué pruebas específicas se vio privada de ofrecer a partir del conocimiento de la variación con respecto a la distinta clase de dolo endilgado.
IV.2.c. Finalmente, abordó y desestimó por extemporáneo el nuevo motivo de agravio introducido por el señor defensor oficial adjunto ante esa instancia intermedia en el memorial.
En su argumentación incluyó las reglas procesales de los arts. 434 y 451 del Código Procesal Penal, como así también trajo -mediante cita de doctrina de autor- fallos de la Corte federal entre ellos "Casal". A modo de corolario, sostuvo que "...la audiencia prevista en el artículo 456 del C.P.P. o el memorial que la sustituye, se realiza para ratificar y ampliar los argumentos vertidos al interponer el recurso, conforme lo prescribe el antes aludido art. 451 del digesto adjetivo. Consecuencia directa de ello es que los agravios que tratará y responderá este Tribunal de Casación se circunscribirán entonces a los expuestos al articular el recurso, siendo improcedente por extemporánea la introducción de nuevas cuestiones causantes de agravio en la audiencia de casación".
Agregó que "...la introducción de nuevas cuestiones por los defensores de los encartados -como se quiso hacer en el caso 'sub exámine'- se violaría la igualdad de armas de las partes, ya que el Ministerio Público Fiscal se vería en una notable situación de inferioridad al conocer sorpresivamente los nuevos agravios".
IV.2.d. Finalmente, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad esgrimido por la defensa señaló que "...el artificial argumento defensist
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