Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133976
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.976, "Chávez, Sergio Daniel. Queja en causa n° 96.128 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Soria, Kogan, Borinsky, Kohan .
La Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Zárate Campana, el 17 de octubre de 2018, rechazó los planteos de extinción de la acción penal por prescripción y sobreseimiento por insubsistencia de la acción penal y condenó a Sergio Daniel Chávez a la pena de cinco años de prisión como coautor responsable del delito de robo calificado por el uso de armas, con accesorias legales y costas (art. 166 inc. 2, Cód. Penal; v. fs. 1/9 vta.).
A su turno, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 27 de febrero de 2020, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial contra esa sentencia (v. fs. 35/40 vta.).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante la instancia intermedia, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 44/54 vta.).
Tal impugnación fue declarada inadmisible, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 56/58 vta. y 81/87).
Esta Suprema Corte, el 15 de diciembre de 2020, declaró procedente la queja y admitió el carril extraordinario en cuanto tachó de arbitrario el fallo casatorio y denunció la violación al plazo razonable de duración del proceso (v. fs. 90/92 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 114/124 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 126), presentada la memoria prevista por el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 129/130 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde declarar de oficio la prescripción de la acción penal?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denunció ante esta instancia extraordinaria la infracción al derecho a ser juzgado en un plazo razonable de conformidad con los arts. 7.5. y 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1.c. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 48 vta./53).
A contrario de lo argumentado por el tribunal intermedio, afirmó que la conducta procesal del acusado Chávez consistió en el ejercicio de sus derechos.
Fundó su pretensión citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los precedentes P. 94.754 y P. 77.834 (sents. de 15-VII-2009) de esta Suprema Corte, pues en ellos se declaró la prescripción de la acción por violación a la garantía invocada.
Con relación al caso, planteó que Chávez se encontraba sometido a proceso desde el 3 de febrero de 1997 sin que hubiera recaído sentencia firme.
Argumentó sobre las pautas en función de las cuales debe apreciarse la transgresión de la garantía en cuestión y, así, sostuvo que el caso no presentó ninguna complejidad y que el fallo de primera instancia se dictó el 7 de mayo de 2001 y, a partir de allí, comenzó la etapa recursiva. También resaltó que no hubo actividad obstructiva del imputado y su defensa y que la mora jurisdiccional, aún explicable, era inoponible al acusado y, por lo tanto, no podía conducir a suprimir su derecho.
Por todo lo expuesto, estimó que en el caso se infringió el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, motivo por el cual pidió que se declare la prescripción de la acción penal respecto de su asistido Sergio Daniel Chávez.
II. El señor Procurador General propició que se rechace el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa (v. fs. 114/124 vta.).
III. La señora defensora oficial adjunta ante la instancia intermedia, doctora Ana Julia Biasotti, presentó la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal. En esa oportunidad, cuestionó lo argumentado por el señor Procurador General e insistió en que se decrete la extinción de la acción penal por prescripción (v. fs. 104/109).
IV. Preliminarmente, reseñaré algunas partes pertinentes del derrotero de la causa.
IV.1. La Cámara de Apelación y Garantías de Zárate Campana intervino, el 17 de octubre de 2018, en virtud del reenvío para la imposición de pena al acusado Chávez dispuesto por esta Suprema Corte el 17 de abril de 2013 (causa P. 109.669).
El fallo de la Cámara trató como primer asunto el referido a la vigencia de la acción penal, introducido por la defensa oficial ante esa instancia (v. fs. 2 vta./8).
De la reseña del trámite del proceso efectuada por dicho tribunal (v. fs. 1/2), interesa aquí recordar que la causa se inició el 3 de febrero de 1997 por el hecho imputado a Sergio Chávez y otros tres imputados, que el día 18 del mismo mes y año se dictó su prisión preventiva y que el 7 de mayo de 2001 Chávez fue condenado a la pena de nueve años y seis meses de prisión, con declaración de reincidencia por primera vez, como coautor de los delitos de robo calificado por el uso de armas, resistencia a la autoridad y tenencia de arma y munición de guerra en concurso real.
Apelado el fallo por la defensa oficial, que solicitó "reiteradas prórrogas extraordinarias" (fs. 1 vta.), la Cámara rechazó el recurso el 30 de mayo de 2002.
A favor del condenado se interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y esta Suprema Corte, el 21 de mayo de 2008, declaró la extinción de la acción penal por el delito de resistencia a la autoridad y devolvió los autos a fin de que se impusiera la pena correspondiente a los restantes ilícitos por los que Chávez había sido condenado (causa P. 85.732).
Por consiguiente, la Cámara falló el 17 de julio de 2009 mediante una sentencia integradora de la oportunamente pronunciada y condenó a Chávez a la pena de ocho años de prisión por los delitos de robo calificado por el uso de armas y tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real (v. fs. 1 vta.).
Ante un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esta Suprema Corte, el 17 de abril de 2013, declaró extinguida por prescripción la acción penal por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra y ordenó graduar la pena impuesta a Chávez por el único delito subsistente, esto es, por robo calificado por el uso de armas (causa P. 109.669).
Frente a la imposibilidad de hallar al acusado para notificarlo, el 21 de abril de 2013 se dispuso su averiguación de paradero y, recién el 25 de octubre de 2017, pudo ser ubicado, con lo cual continuó el trámite de la causa a los efectos del dictado de la sentencia integradora pendiente de acuerdo a lo fallado por esta Suprema Corte.
Así, la Cámara dio traslado a las partes y la fiscalía solicitó una pena de seis años y seis meses de prisión por el robo calificado, con declaración de reincidencia por primera vez. La defensa, por su parte, y entre otros planteos, sostuvo que la acción penal por dicho ilícito había prescripto, ya que, desde la sentencia condenatoria de primera instancia del 7 de mayo de 2001, había transcurrido el plazo de doce años aplicable al caso. Alegó que, de conformidad con el art. 67 inc. "e" del Código Penal, ese fallo era el único con aptitud para interrumpir el curso de la prescripción. De manera subsidiaria, la defensora oficial planteó la insubsistencia de la acción penal con sustento en el derecho constitucional a ser juzgado en un plazo razonable debido a que la causa se había iniciado en el año 1997 y, según dijo, Chávez recién tuvo certeza sobre su situación procesal luego de transcurridos veintiún años desde el comienzo del proceso. En cuanto a la graduación de la pena, en lo que aquí interesa, esa parte pidió que, eventualmente, se computara como atenuante sobreviniente la gran demora en la tramitación.
En esta última intervención, la Cámara interpretó el texto del art. 67 inc. "e", cuarto párrafo, del Código Penal -según ley 25.990- y afirmó, con cita de jurisprudencia, que no solo debía considerarse como acto interruptor de la prescripción a la primera sentencia condenatoria, sino también a las sentencias revisoras que la confirmaban. Bajo ese entendimiento, resolvió que, desde el fallo de esta Corte del 21 de mayo de 2008 hasta ese momento, no había transcurrido el plazo de ley de doce años (v. fs. 3 vta./5).
Añadió que aquella no era la única interrupción, de acuerdo con el inc. "a" de la misma norma, ya que Chávez había cometido un nuevo delito el 1 de julio de 2008, fecha a partir de la cual tampoco había corrido -al momento de expedirse la Cámara- el referido lapso de doce años (v. fs. 5 y vta.).
En lo que concierne a la insubsistencia de la acción por la vulneración del plazo razonable del proceso, desestimó la pretensión luego de aludir a jurisprudencia nacional e interamericana y de analizar los parámetros referidos a la complejidad del asunto (en especial, la actividad recursiva de la defensa y los diversos fallos emitidos en consecuencia), la actividad procesal del interesado (en la que computó las dificultades para hallarlo) y la actividad jurisdiccional desplegada. En función de tal análisis, concluyó que no hubo una dilación injustificada y lo que a priori aparecía como una excesiva demora debía atribuirse a la profusa actividad recursiva de la parte y a la averiguación de paradero dispuesta por no haber podido ser notificado oportunamente. Sobre la afectación generada en la situación jurídica del acusado, volvió a indicar que la duración del juicio tuvo relación directa con el ejercicio del derecho de defensa al cual se había referido anteriormente (v. fs. 5 vta./8).
Al ingresar al tópico de la graduación de la pena -que constituía la razón del reenvío dispuesto por esta Corte-, incorporó como atenuante la gran demora en la tramitación de la etapa recursiva y le impuso una pena de prisión de cinco años por el delito de robo calificado (v. fs. 8 y vta.).
IV.2. En el recurso de casación, la defensa cuestionó que se hubiera denegado la declaración de insubsistencia de la acción penal por violación del plazo razonable de duración del proceso. Objetó la evaluación de la Cámara sobre la actividad procesal del interesado y la actividad jurisdiccional desplegada; y argumentó en torno a la garantía en cuestión y las circunstancias del caso, marcando que el proceso llevaba más de dieciocho años de duración (v. fs. 19/22).
IV.3. En el memorial de esa parte ante el Tribunal de Casación, la defensa insistió con que, por las razones expuestas en el recurso, correspondía declararse la prescripción por haberse afectado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, citando jurisprudencia de este Tribunal y de la Corte federal en apoyo a su postura. En virtud de esta garantía, entendió que, pese a existir un antecedente condenatorio que -en ese entonces- impedía considerar transcurridos los plazos legales previstos en el art. 62 del Código Penal para la extinción de la acción por prescripción, la duración del proceso penal resultaba francamente irrazonable (v. 31/34 vta.).
IV.4. El órgano intermedio rechazó la impugnación (v. fs. 35/40 vta.).
Aunque afirmó que el tiempo que había insumido el trámite de la causa en la instancia extraordinaria resultaba excesivamente prolongado (v. fs. 36 vta.), aludió a los parámetros que permiten evaluar la duración del proceso y, desde esa perspectiva, señaló que había habido una "...profusa actividad jurisdiccional desplegada principalmente por la defensa...", que dio lugar a sucesivos pronunciamientos de la Cámara y de esta Corte, "...que contribuyeron a extender la razonabilidad de los plazos del proceso" (fs. 36 vta. y 37).
En cuanto a la conducta del procesado, manifestó que la imposibilidad de hallarlo para su notificación en el domicilio oportunamente denunciado generó una dilación innecesaria porque la causa estuvo paralizada hasta que fue encontrado (v. fs. 37).
También evaluó que "...el encausado obtuvo resultados favorables durante la sustanciación del trámite recursivo, expresados a través de la declaración de extinción de la acción penal por prescripción..." respecto de algunos de los delitos imputados (v. fs. cit. ).
Respecto al único ilícito subsistente (robo calificado), tomó en consideración que la Cámara había apreciado como atenuante la duración del proceso y le había aplicado el mínimo legal (v. fs. 37 vta.).
Por lo tanto, concluyó que no se había puesto en evidencia que la dilación hubiera perjudicado los intereses del acusado, ni se había señalado en qué aspecto concreto fueron negligentes las autoridades judiciales (v. fs. cit.).
Seguidamente, el tribunal intermedio abordó el asunto de la prescripción de la acción penal y, por aplicación del criterio establecido por la Corte Suprema en el caso "Farina" (sent. de 26-XII-2019), interpretó que el último acto interruptivo era la sentencia condenatoria del tribunal de grado del 7 de mayo de 2001. No obstante, consideró que, en virtud de la comisión de un nuevo delito el 1 de julio de 2008, la prescripción se había interrumpido y que, al momento de dictar esa decisión (27-II-2020), no había trascurrido el plazo de doce años aplicable al caso (v. fs. 37 vta./39 vta.).
En consecuencia, falló por la vigencia de la acción penal.
V. A esta altura, resulta innecesario ingresar a la consideración del agravio traído, concerniente a la vulneración del plazo razonable del juicio pues, de cualquier modo, corresponde declarar la prescripción de la acción penal (conf. causa P. 127.804, sent. de 20-II-2019).
V.1. Para comenzar, conviene recordar que es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, opera de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
Y ello debe ser resuelto por esta Corte, aun en el estrecho marco de su competencia extraordinaria, cuando se encuentren verificados todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia, a efectos de evitar la continuación de un juicio innecesario (conf. CSJN Fallos: 186:396 y 318:2481). Estos son: 1) el transcurso del plazo pertinente (art. 62, Cód. Penal); y 2) la inexistencia de actos procesales interruptores y la no comisión de un nuevo delito (conf. art. 67, Cód. cit.).
V.2. En cuanto a la legislación aplicable, se debe destacar que, si bien los hechos por los que viene condenado Chávez en la presente por sentencia no firme datan del 3 de febrero de 1997, fecha anterior a la reforma de la ley 25.990 (B. O. de 11-I-2005), corresponde aplicar esta norma retroactivamente por ser la ley más benigna (conf. arts. 9, CADH; 15, PIDCP; 75 inc. 22, Const. nac. y 2, Cód. Penal; causas P. 131.505, sent. de 5-X-2020 y P. 133.556, sent. de 10-XI-2022).
Esta Corte tiene dicho que el principio de retroactividad de la ley más benigna también rige en lo atinente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el art. 2 del Código Penal (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005 y su progenie).
No obstante, tampoco se necesita, en el caso, hacer referencia a la interpretación del art. 67, sexto párrafo, inc. "e" del Código Penal -texto según ley 25.990-, a partir de lo fallado por la Corte Suprema en la causa "Farina" (sent. de 26-XII-2019), sobre lo cual ya he dejado expuesta mi posición en diversos fallos (causas P. 133.384, sent. de 24-IX-2021; P. 134.184, sent. de 7-VI-2022; P. 133.969, sent. de 3-XI-2022; e.o.). Asunto que, por lo demás, quedó definido en el pronunciamiento recurrido al establecerse la aplicabilidad a estos autos del criterio fijado en tal sentencia de la Corte federal (v. fs. 38 y vta.).
Ahora bien, sin perjuicio de las consideraciones que cabría efectuar sobre la vía recursiva escogida por el recurrente, lo cierto es que, frente a las especiales particularidades del caso, de todos modos, corresponde declarar la prescripción de la acción penal.
Y es que basta con tomar en cuenta que, a partir del acto interruptivo concerniente a la comisión de un nuevo delito el 1 de julio de 2008 (art. 62, inc. "a", Cód. Penal), transcurrió el plazo de doce años (conf. arts. 62 inc. 2 y 166 inc. 2, Cód. Penal), sin que los informes del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal (v. fs. 149/151) ni de la Dirección de Antecedentes Personales de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 137) certifiquen la existencia de otros ilícitos a partir de esa fecha y en el lapso que interesa.
VI. Finalmente -y sin perjuicio de cualquier otra consideración-, de acuerdo a lo argumentado por la defensa en su memorial de fs. 129/130 vta., no es correcto el criterio de la Procuración General según el cual la condena se hallaba firme al momento de requerirse la extinción de la acción (v. fs. 117 vta./122 vta.). Tal solicitud fue formulada ante la Cámara en la ocasión en que dicho tribunal se disponía -por haberlo así dispuesto esta Corte- a fijar una nueva pena -lo que efectivamente hizo-, como lo evidencia la circunstancia de que ese tribunal revisor trató el punto como cuestión preliminar de su fallo. La argumentación del dictamen no pone en evidencia que, de la existencia de cosa juzgada parcial deba inferirse, aquí, que la acción penal haya quedado agotada y, por lo tanto, no sea susceptible de ser declarada su prescripción.
Por otra parte, no resulta adecuada la cita de lo fallado en causa P. 110.734 (sent. de 11-XII-2013), pues -sin perjuicio de cualquier otra consideración- se trata de un supuesto que no es análogo al presente. Allí, el órgano revisor especificó que, entre los hechos independientes del concurso real, uno de ellos no había sido materia de impugnación, por lo cual, a ese respecto, existía cosa juzgada parcial con la consiguiente firmeza de la condena que recibió por ese ilícito. En el presente proceso, por el contrario y a consecuencia de los avatares procesales ya referidos, se encuentra en examen lo referido al único ilícito remanente.
VII. Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, debe declararse la extinción de la acción penal en orden al delito de robo agravado por el uso de armas por el que Sergio Daniel Chávez fue condenado (arts. 59, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 166 inc. 2, Cód. Penal).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la primera cuestión también por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Las circunstancias del caso han sido exhaustivamente detalladas en el voto del Juez ponente. No obstante, corresponde repasar, en prieta síntesis, los hitos más relevantes del trámite de esta causa iniciado y consolidado bajo las previsiones de la ley 3.589 y sus modificatorias para poner en contexto la solución que se propone.
II.1. El hecho data del 3 de febrero de 1997 . Por ello, se investigó, juzgó y siguió su trámite recursivo de acuerdo al régimen del Código Jofré.
De las constancias a la vista surge que el imputado Sergio Daniel Chávez fue aprehendido en esa fecha, el día 6 se le recibió declaración indagatoria y el 18 de ese mes y año se le dictó el auto de prisión preventiva en orden a los delitos de robo con armas, en concurso real con tenencia de arma y munición de guerra y resistencia a la autoridad (c
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.