Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135476
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.476, "Salvatierra, Brian Alejandro. Queja en causa n° 96.364 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Torres , Kogan , Soria .
De las presentes actuaciones como de las partes digitalizadas, se desprende que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 23 de junio de 2020, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por la defensa particular contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, que había condenado a Brian Alejandro Salvatierra a la pena de catorce años y once meses de prisión, accesorias legales y costas por considerarlo autor y coautor responsable de los delitos de tentativa de homicidio doblemente agravado por ser cometido con la utilización de un arma de fuego y criminis causae , en concurso real con tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego (Hecho I, causa 3.857, IPP-14-11-0001-16/00); robo calificado por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada (Hecho II, causa 3.857, IPP-14-11-00719-16/00); tentativa de homicidio calificado por la utilización de un arma de fuego (Hecho III, causa 3.857, IPP-14-11-00860-16/00); amenazas calificadas por la utilización de un arma de fuego (Hecho IV, causa 3.857, IPP-14-11-00860-16/00) y robo doblemente calificado por ser cometido en lugar poblado y en banda y por la utilización de un arma de fuego, en concurso real con atentado a la autoridad agravada (Hecho V, causa 3.895), todos en concurso material entre sí. En consecuencia, casó el fallo, obliteró la agravante prevista por el art. 41 bis del Código Penal con relación al delito de amenazas agravadas por el empleo de arma, y en función de ello, readecuó el monto de pena impuesta al encartado en catorce años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo incólumes las demás declaraciones contenidas en la sentencia de origen, sin costas en esa sede (v. sents. digitales de 10-XII-2018 del tribunal de mérito y de 23-VI-2020 del tribunal casatorio).
Contra esta decisión, el defensor particular de Brian Alejandro Salvatierra, doctor Walter A. Reinoso, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a fin de formalizar el recurso in pauperis presentado por su pupilo (v. presentación digital de 11-XI-2020); el cual fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio por resolución de 4 de febrero de 2021 (v. resol. digital de 4-II-2021).
Deducida la queja correspondiente por parte de la defensa (v. presentación digital de 12-VIII-2021), esta Suprema Corte resolvió admitirla parcialmente con fecha 7 de junio de 2022 -en la medida que concluyó que los supuestos cuestionamientos en torno al Hecho V no podían progresar atento no surgir en la vía impugnativa de inaplicabilidad de ley un agravio a su respecto (v. esp. apdo. III.1. de la resol. cit.)-, declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y concederlo (v. fs. 12/14 vta.).
Luego, la defensa particular de Salvatierra presentó sendos escritos ante este Tribunal con fecha 12 de febrero y 7 de agosto, ambos del presente año, solicitando en ellos se declare la extinción de la acción penal por prescripción con relación a los delitos de amenazas calificadas y atentado a la autoridad -arts. 149 bis primer párrafo in fine y 238 inc. 1 del Código Penal- (v. fs. 41/42 y 77/79, respectivamente; reiterado mediante escrito del día 29 de septiembre del corriente).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 46/48 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 50), presentado memorial por parte de la defensa particular del procesado (v. fs. 68/70), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa particular de Brian Alejandro Salvatierra dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual formuló dos motivos de agravio:
I.1. En primer lugar, denunció la inobservancia de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y la violación del principio de congruencia.
Recordó que el fallo del tribunal de mérito fue dictado en el marco de un proceso de juicio abreviado en el que las partes pactaron una calificación legal distinta respecto de la cual Salvatierra fue finalmente condenado y que, frente a ello, la defensa denunció ante la Casación la violación del principio de congruencia, planteo éste que resultó desestimado en la instancia de revisión por entender que -en el caso- se había respetado la pena acordada.
En ese marco, la defensa adujo que su pupilo no pudo defenderse de ese encuadre normativo de los hechos más gravoso que no había sido pactado, y entendió que de no haberse agravado la conducta de su asistido ello hubiera redundado en la fijación de una pena menor, vulnerándose así las reglas del procedimiento acusatorio y el derecho de defensa.
Insistió, en concreto, en que el juzgador de origen no debió agravar el comportamiento reprochado a su defendido como así tampoco expedirse sobre hechos que no fueron consensuados en el marco del acuerdo de juicio abreviado, en tanto que el señor fiscal desistió de hechos ponderados al momento de recibirle declaración a Salvatierra; en ese contexto, el juzgador originario se apartó de la calificación legal pactada condenándolo en consecuencia por los delitos de "...homicidio doblemente calificado por ser cometido mediante la utilización de un arma de fuego y por su comisión 'criminis causae' en grado de tentativa en concurso real con robo calificado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa" respecto del Hecho I.
Aclaró que el tribunal de la instancia "...consideró que las partes omitieron pactar sobre el hecho considerado robo agravado", pero entendió que dicha apreciación "...es incorrecta, pues el [fiscal] finalmente no acusó por dicho hecho y ello es una facultad del órgano requirente (art. 368 CPP) en función del principio de oportunidad procesal".
En sustento de su postura citó precedentes del Alto Tribunal nacional (CSJN Fallos: 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557; entre muchos otros) y de esta Corte (causas P. 80.371, sent. de 15-III-2006; P. 113.053, sent. de 18-IX-2013; e.o.).
Puntualizó que las constancias pertinentes de este proceso dan cuenta de que si bien la requisitoria de citación a juicio estableció "...EL ROBO AGRAVADO y que Salvatierra debía responder en los términos del art. 45 [del Código Penal], en el último acto de atribución de la acusación, esto es, al momento de FORMALIZAR EL JUICIO ABREVIADO (art. 396 CPP) DESISTIÓ O NO ACUS[Ó] POR DICHO HECHO" y que, en correlato de ello, el imputado y esa defensa extendieron su conformidad en el entendimiento de que aquel "...no iba a ser acusado por ROBO". Así, añadió que frente a ese escenario el sentenciante de mérito consideró en su fallo que se trató de una "omisión", asumiendo de tal modo –a su criterio- un rol que no le correspondía y agravando la situación de su asistido con una calificación jurídica de mayor entidad (el destacado figura en el original).
Afirmó, seguidamente, que la decisión confirmatoria emitida por el Tribunal de Casación –por mayoría- justificó el apartamiento de lo pactado mediante un razonamiento que no se condice con las constancias del expediente y convalidó una alteración sustancial del objeto del juicio al avalar el pronunciamiento condenatorio de origen "...por el delito de robo agravado" contra Salvatierra sobrepasando el continente del acuerdo de juicio abreviado –Hecho I-, incurriendo –por todo ello- en arbitrariedad y en la afectación de su derecho de defensa respecto de una calificación que contempla elementos que no fueron materia de acusación (conf. arts. 18, Const. nac. y 10, Const. prov.; causa P. 69.123).
En consecuencia, solicitó se revoque la sentencia en crisis en cuanto desechó el reclamo vinculado con la violación del principio de congruencia, propiciando sean devueltos los autos a la instancia anterior para que jueces hábiles se expidan sobre las cuestiones planteadas.
I.2. Por otro lado, en el marco del Hecho III objeto de condena (IPP 14-11-00860-16/00), denunció una errónea interpretación de la ley y de las probanzas colectadas al haberse presumido el dolo homicida de su defendido en ese evento en violación del principio de culpabilidad por el acto -art. 18 de la Constitución nacional-.
Sostuvo, en relación con los acontecimientos atribuidos al acusado en el Hecho III, que los disparos efectuados por su asistido no estuvieron destinados a dar muerte a la víctima y que si bien es cierto que su conducta aumentó el riesgo, también debía reconocerse que aquella no estuvo destinada más allá de producir lesiones, destacando en particular que los referidos disparos no se dirigieron a zonas vitales que hayan podido poner en riesgo la vida del damnificado a tenor de lo que surgía de los precarios médicos que mencionó.
Indicó que resultaba falaz la afirmación referida a que el imputado no logró el deceso de Diego Alejandro Gauna por razones ajenas a su voluntad, en tanto que –a su modo de ver- nunca estuvo en su plan como autor del hecho realizar tal conducta, sino lesionar. También tachó de arbitrario considerar que el acto homicida no se consumó por la mera circunstancia de que la madre del sujeto pasivo salió en su ayuda, pues coligió que una persona que posee un arma de fuego y estaba presta a disparar no lo va a detener otra persona, sino que acciona el gatillo y dispara a ambos, siendo que claramente su asistido nunca quiso matar a nadie.
Solicitó, en función del razonamiento expuesto, se revoque la sentencia en crisis y, con reenvío a la instancia anterior para un nuevo análisis por parte de jueces hábiles, se encuadre el evento "...en el tipo penal de lesiones" –Hecho III-.
II. Como se consignó en los antecedentes de la presente, la defensa particular de Salvatierra presentó con posterioridad a la interposición del recurso extraordinario en estudio sendos escritos ante este Tribunal con fecha 12 de febrero y 7 de agosto, ambos del presente año, respectivamente, solicitando en ellos que esta Corte declare la extinción de la acción penal por prescripción con relación a los delitos de "amenazas agravadas" (Hecho IV) y "atentado a la autoridad" (Hecho V) –con cita, en lo pertinente, de los arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 63, 67 apartado "e", 149 bis primer párrafo in fine y 238 inc. 1 del Código Penal- (v. fs. 41/42 y 77/79).
III. El señor Procurador General dictaminó solicitando se rechace el recurso interpuesto (v. fs. 46/48 vta.).
IV. Por su parte, la defensa particular de Salvatierra presentó memorial, peticionó que se haga lugar al recurso interpuesto, se desestime la pretensión emitida por el señor Procurador General en su dictamen y –reiteró- se declare la prescripción respecto de los ilícitos vinculados con los hechos IV –"amenazas"- y V –"atentado contra la autoridad"- (v. fs. 68/70).
V. Coincido con el señor Procurador General en cuanto a que la vía impugnativa en examen no prospera.
V.1. De manera liminar, en lo que atañe a las mencionadas presentaciones formuladas por la defensa a fs. 41/42 y 77/79, mediante las cuales solicitó se declare la extinción de la acción penal por prescripción respecto de los delitos de "amenazas calificadas" (Hecho IV) y "atentado contra la autoridad" (Hecho V) y la reiteración de similar pedido que hizo a fs. 68/70 al contestar el dictamen de la Procuración General, cabe destacar que frente a lo resuelto por el Tribunal de Casación Penal y teniendo en cuenta que la impugnación ante esta instancia ha sido deducida y concedida a los fines de resolver los planteos federales vinculados con los hechos I y III (v. reseña de agravios en los acápites I, I.1. y I.2.), los ilícitos respecto de los cuales solicita la extinción de la acción penal por prescripción llegaron firmes a esta instancia, por lo que en ese marco no cabe abordar la pretensión de la defensa de analizar la subsistencia de la acción penal.
V.2. Establecido ello, resulta dable precisar que el Tribunal de Casación Penal brindó tratamiento a idénticos agravios llevados por la defensa particular ante esa instancia intermedia, los cuales estuvieron vinculados -en lo que importa destacar para el abordaje del caso- al quebrantamiento de las reglas del juicio abreviado por haberse aplicado en el fallo condenatorio de mérito una calificación legal más gravosa no pactada por las partes en relación con el Hecho I, como así también a la discrepancia planteada con respecto al encuadre normativo asignado al Hecho III, en tanto postuló que este último suceso debió tipificarse como lesiones y no como un homicidio calificado tentado.
En primer lugar, el tribunal a quo abordó y descartó la denuncia de violación de las reglas del juicio abreviado al sostener que el señor agente fiscal había solicitado en dicho marco que el Hecho I se encuadre como homicidio doblemente agravado por la utilización de un arma de fuego y por su comisión criminis causae en grado de tentativa, siendo que dicha pretensión -según dijo- fue aceptada por la defensa y el encartado Salvatierra, quienes prestaron conformidad con todos los alcances antes delineados por la Fiscalía y sin perjuicio de que el representante legal del encausado propusiera diversas pautas atenuantes para la fijación e individualización del monto de pena. A su vez, la Casación destacó que el juzgador de la instancia de origen se apartó de la calificación legal que fuera mencionada y, en consecuencia, encuadró la conducta en reproche en las figuras de "...homicidio doblemente calificado por ser cometido mediante la utilización de un arma de fuego y por su comisión 'criminis causae' en grado de tentativa en concurso real con robo calificado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa" –Hecho I-.
Sentado ello, consideró que en concordancia con el juego armónico de los arts. 396, 398 y 399 del Código Procesal Penal "...una vez que el órgano jurisdiccional competente admite la conformidad alcanzada, rigen a su respecto las limitaciones atinentes a las imposibilidades de imponer una pena superior a la requerida por el Fiscal, y de modificar en perjuicio del imputado el modo de ejecución de la misma si hubiera sido acordado o de incluir otras reglas de conducta o consecuencias penales no convenidas". Agregó seguidamente que las limitaciones impuestas no se refieren a la subsunción jurídica que corresponde dar a los extremos fácticos tenidos por probados, siempre y cuando la descripción de los hechos lo permita, respetando naturalmente el principio de congruencia y, bajo esa inteligencia, afirmó que "...el juzgador puede modificar la significación jurídica del factum , con las excepciones indicadas previamente" (el destacado figura en el original).
Expresó, en lo que atañe al argumento llevado por la defensa particular del encausado Salvatierra en el sentido de que esa parte se vio sorprendida por dicha circunstancia frente al dictado de la sentencia de mérito, que el representante del Ministerio Público Fiscal había requerido la elevación a juicio por los delitos de homicidio doblemente agravado por la utilización de arma de fuego y criminis causae en grado de tentativa, en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego tentado y que, de igual manera, el sentenciante de origen tuvo por acreditado en la propia materialidad infraccionaria "...la existencia del robo en grado de tentativa".
Consignó que el Código Procesal Penal estipula la facultad del magistrado actuante de desestimar la solicitud de abreviación del juicio cuando exista una discrepancia " insalvable " con la calificación legal aplicada en el acuerdo previsto en el art. 398 del Código Procesal Penal. Así las cosas, coligió que el sentenciante de primera condena reflejó esa particularidad, puesto que -en rigor- "...[esa] decisión [...] no configuró una discrepancia que haya ameritado la desestimación del juicio abreviado" (el destacado figura en el original).
Por último, luego de realizar diversas consideraciones sobre las cuestiones susceptibles de ser acordadas por las partes en el marco del procedimiento abreviado, como también de aquellas que -por su naturaleza- son ajenas a los acuerdos de las partes, concluyó –con cita de diversos precedentes emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del propio tribunal intermedio- que resultaba improcedente la queja de la defensa respecto al apartamiento del sentenciante en lo que atañe a la calificación legal contenida en el referido acuerdo, ello así en razón de considerar que esa modificación "...en nada cambió el ' quantum ' de la pena, siendo que las diferencias en las calificaciones en que se enmarcan los hechos corresponde al Juez conforme el principio ' iura novit curia ' y considerando que no resulta una discrepancia insalvable que obste a afectar al pronunciamiento impugnado" (el destacado figura en el original).
V.3. En otro orden, descartó –por improcedente- la postura esgrimida por la defensa de modificar el encuadre legal correspondiente al Hecho III (IPP 14-11-00860-16/00), por entender que "...el accionar desplegado por el acusado [Salvatierra] –simple, inmediato, certero y feroz- impone colegir que medió intención de dar muerte".
Luego de referirse al marco teórico y normativo –con mención de doctrina de autores- sobre el concepto de dolo, sostuvo que correspondía avocarse a la valoración de la prueba reunida en el caso y, en esa senda, hizo hincapié en que el sentenciante de origen había ponderado ciertos elementos para determinar la intención homicida de Salvatierra en el aludido Hecho III que se le atribuyó. Así, expuso que si bien la defensa había argumentado que los disparos efectuados fueron dirigidos a zonas no vitales como para poner en riesgo la vida de la víctima, ello constituyó -a criterio del fallo emitido en la instancia originaria- una "...fragmentaria, parcial y subjetiva valoración de los elementos de prueba", en tanto que -según lo afirmado en ese pronunciamiento- resultaba concluyente la intención homicida del acusado a partir "...no solo [de] la utilización de un arma de fuego contra la humanidad de la víctima, sino que también a ello se aduna la multiplicidad de los disparos, la zona del cuerpo [a la] que se dirigieron los disparos y las lesiones cotejada[s]" -conforme los precarios médicos citados-.
Adicionó a las razones vertidas precedentemente que cabía detenerse en la propia dinámica de los injustos en reproche -Hecho III-, pues Salvatierra "...atacó a [Diego Alejandro] Gauna no logrando su deceso por razones ajenas a su voluntad", en tanto que "...la víctima luego del ataque logró ponerse a resguardo en su vivienda siendo auxiliado por su madre para guarecerse en la residencia, mientras que el aquí sindicado [como autor] seguía efectuando sendos disparos con el arma de fuego que portaba".
Consideró, sobre esta última circunstancia objeto de mención, que la actuación y socorro de la madre de la víctima resultó determinante para obstaculizar el plan del encartado en darle muerte al damnificado Gauna, de modo tal que no compartió las referencias indicadas por el recurrente de pretender adecuar el suceso imputado en el tipo penal de lesiones –Hecho III-.
Destacó, a su vez, que si bien en el caso no existió un informe médico que acreditara la gravedad de las lesiones, lo cierto era que tal elemento pericial no resultaba
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.