Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134403
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (conf. art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.403-Q, "P., J. N. s/ Queja en causa n° 96.491 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 24 de septiembre de 2019, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de J. N. P. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de San Isidro que lo condenó a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por haber mantenido una relación de pareja y por realizarse en un contexto de violencia de género en concurso ideal con incendio en concurso real con robo simple. En consecuencia, descartó la aplicación de la agravante "...'experticia en el manejo del fuego'" y readecuó la pena en doce años y seis meses de prisión (v. fs. 210/219 vta.).
Contra ello, la defensa oficial dedujo recurso de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por inadmisible, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 244/254 vta., 256/259 vta. y 281/285).
Esta Suprema Corte, el 14 de julio de 2021, hizo lugar a la presentación directa y admitió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por estimar que las denuncias de errónea revisión y arbitrariedad, vinculadas con la determinación judicial de la pena, se plantearon con la suficiencia y la carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad (v. fs. 287/290).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 296/300), dictada la providencia de autos (v. fs. 302) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial, doctor Nicolás Agustín Blanco, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia arbitrariedad por falta de debida fundamentación y errónea revisión del fallo de condena en lo que respecta a la determinación judicial de la pena (conf. arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP -v. fs. 245/254 vta.-).
Afirma que el fallo de casación no explicitó el razonamiento efectuado para justificar el monto de pena impuesto a P. siendo éste muy superior al mínimo previsto por las reglas del concurso de delitos por los que fue condenado, todo lo cual -a su entender- torna arbitrario el pronunciamiento (v. fs. 247).
Explica que el agravio se centra en dos aspectos diversos: por un lado, en el "...proceso lógico de construcción de la pena" y, por el otro, en "...el requisito de la 'fundamentación'" (fs. cit.).
I.1. En primer lugar, en lo que respecta a la construcción de la pena, recuerda que en el recurso de casación se tachó de excesiva la sanción impuesta a P. por haber superado notoriamente el mínimo de la escala penal, oportunidad en la que se cuestionó la ponderación de agravantes y la falta de motivación en la individualización de la sanción.
Alega que si bien se descartó la pauta agravante vinculada con la "...'experticia en el manejo del fuego'" y se redujo la sanción, no se abordó la denuncia de falta de fundamentación de la pena, incurriendo en los mismos déficits que el fallo de mérito (v. fs. 247 vta.).
Puntualiza que "...en ninguno de los dos fallos se advierte cuál ha sido la escala penal construida ni su proceso de formación para el caso en concreto, de manera que esta falta de conocimiento acerca de esta construcción" le impide controlar la razonabilidad de la sanción (v. fs. cit.). En tanto, enfatiza la importancia de conocer la manera en que se conectó la pena en abstracto con su asistido (v. fs. 248).
De seguido, manifiesta que el punto de ingreso a la escala penal, conforme la doctrina y la jurisprudencia, es el mínimo legal. Agrega que luego se deben ponderar agravantes y atenuantes en el caso concreto, así como también a la persona a quien se le va a imponer la sanción (conf. art. 40, Cód. Penal -v. fs. 248 vta. y 249-).
"Una vez enumeradas cada agravante y atenuante, es que corresponde se le asigne a cada una un monto de punición para luego de sumados y debitados ellos llegar al monto fijo final que será la pena a aplicar" (fs. 249).
I.2. Como segundo punto, en lo que respecta a la fundamentación de la sanción, sostiene que el Tribunal de Alzada evadió su tratamiento y no dio ninguna razón de cómo arribó al citado monto punitivo luego de obliterar la agravante que estimó erróneamente aplicada (v. fs. 249 y vta.).
En cuanto no se analizaron las cuestiones relativas a la escala penal ni a la forma en que impactaron sobre ésta las atenuantes y agravantes, aun cuando descartara esa severizante y redujera la pena, reputa infundado el fallo casatorio (v. fs. 249 vta.).
Concluye que "...no deben confundirse los fundamentos por los cuales el Tribunal considera una circunstancia como atenuante o agravante (aspecto cualitativo) con la indicación y fundamentación respecto de en qué medida [éstas] impactan y se traducen en un aumento o reducción del monto de la pena (aspecto cuantitativo)" (fs. 250/251).
A su entender es necesario cuantificar la implicancia de cada pauta atenuante y agravante, entendiendo esto no como una operación traducible en "términos aritméticos" sino como la exteriorización de los fundamentos para precisar el modo en que la pauta agrava o atenúa el monto "...como reflejo de los principios de culpabilidad y proporcionalidad" (fs. 251 vta.).
Considera que todo lo expuesto desnaturalizó el derecho al recurso en el tratamiento de los agravios vinculados a la imposición de una pena excesiva y sin debida fundamentación, todo lo cual afectó el debido proceso y la defensa en juicio. En su apoyo, cita el fallo "Casal" de la Corte nacional, el precedente "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros (v. fs. 250 vta.).
Por último, específicamente en lo que respecta a la fundamentación de la pena, trae a colación los fallos "Ruiz", "Miara", "Squilario", entre otros, de la Corte nacional e insiste en que se debieron exponer los motivos por los cuales, tomando en consideración las agravantes y atenuantes ponderadas, se aplicó una pena que superó "...ampliamente el mínimo legal de la escala aplicable a la luz de las normas del código de fondo que rigen en el caso según las reglas del concurso" (fs. 253 vta. y 254).
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación.
Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Veamos.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 de San Isidro, en lo que aquí importa, tuvo por debidamente probado "'...Que el día 26 de diciembre de 2017, siendo las 22:30 hs. aproximadamente, en circunstancias en que J. E. C. caminaba por las calles Matheu y José Ingenieros, en la localidad de Rincón Milberg, partido de Tigre, fue interceptada por su ex pareja, el aquí imputado -J. N. P.-, quien arribó al lugar en su rodado Volkswagen Senda [...] y tras bajarse del vehículo golpeó a la mujer -causándole una lesión contusa en región de la mucosa del labio tercio medio lateral interno izquierdo; caracterizada como leve-; se apoderó ilegítimamente del celular marca Samsung color negro de la víctima; y la subió por la fuerza y contra su voluntad al rodado referido para luego rociar el mismo y a C. con un líquido combustible encendiéndole fuego con un encendedor con la intención de matarla, sin lograr el cometido por razones ajenas a su voluntad toda vez que la víctima se bajó del vehículo, procuró apagarse las llamas y/o quitarse prendas prendidas fuego, y huir del lugar, mientras el imputado la amedrentaba con dichos amenazantes mortales, causando temor en ella, quien finalmente se alejó de su atacante con un saldo de quemaduras en su mano izquierda y en su pierna derecha'" (fs. 10).
Al momento de evaluar las pautas atenuantes a efectos de la determinación de la pena, sostuvo que no fueron invocadas por las partes y agregó que tampoco advirtió circunstancia alguna que ameritara su ponderación de oficio (v. fs. 38).
En cuanto a las agravantes el tribunal, por unanimidad, ponderó la existencia de antecedentes condenatorios y la extensión del daño causado (la víctima debió abandonar el colegio, el tratamiento médico de estimulación de su hija, perdió contacto con su empleadora, así como también la posibilidad de retomar su empleo; "...aún en la actualidad" siente temor frente al acecho del imputado "...tanto así que solicitó no declarar frente a él en el juicio"; fs. 39 vta.).
Por mayoría, también se valoró como pauta aumentativa de la pena "la experticia de J. N. P. para manejar el fuego" con sustento en la sentencia de condena anterior al presente hecho en la que el imputado fue condenado por el delito de daño por haber incendiado el auto de propiedad de su empleadora a raíz de un conflicto entre ellos a lo que agregó que "...P. lleva siempre consigo una máquina de cortar pasto con una desmalezadora que funciona a nafta y lo convierte en su rol como competente para resolver con fuego las cuestiones que desequilibran sus ánimos" (fs. 39 y vta.).
Finalmente, en función de las pautas agravantes valoradas y luego de calificar los hechos como homicidio doblemente calificado por haber mantenido una relación de pareja y por realizarse en un contexto de violencia de género en grado de tentativa en concurso ideal con incendio, todo ello en concurso real con robo simple -se apartó del pedido fiscal en los alegatos de cierre que había solicitado la imposición de una pena de quince años de prisión- condenó a P. a la pena de catorce años de prisión accesorias legales y costas.
III.2. Por su parte, el Tribunal de Casación Penal, tras refrendar lo atinente a la materialidad ilícita, autoría responsable y la calificación legal por la que P. fue condenado, analizó el monto de la pena.
En tal sentido, consideró acertado el voto en minoría del fallo de primera instancia y descartó la agravante relativa a "...'la experticia en el manejo del fuego'".
Argumentó que, al confirmar la valoración de los antecedentes penales de P. como pauta agravante, no resulta acertado ponderar dicha sentencia en que el imputado fue condenado por el delito de incendio para extraer de allí su experticia en el manejo del fuego, sin menoscabo a la prohibición de doble valoración en contra del imputado de una misma circunstancia (v. fs. 216).
Agregó que "Desde un segundo andarivel y amén de lo dicho, el sentido común [le] indica que en las presentes actuaciones no puede hablarse de 'experticia en el manejo del fuego'", si con ello se pretende afirmar el desparramar un bidón de nafta por dentro del automóvil y encenderlo mediante un encendedor, pues contrariamente tal comportamiento parece antes bien una actuación bruta y temeraria, que incluso podría haberle traído consecuencias a su propia persona (v. fs. cit.).
Sentado lo anterior, sostuvo que más allá de que descartar dicha agravante incide sobre el monto de la pena, recordó que -conforme la doctrina de la Corte nacional- no es obligatorio partir siempre del mínimo de la escala penal. En su apoyo, citó precedentes de esta Suprema Corte (v. fs. 216 vta.).
Pues, no es posible transformar los juicios valorativos en cantidades numéricas de modo que, salvo supuestos excepcionales de notoria desproporción o irracionalidad, que no advirtió en el presente caso, resulta improcedente el recurso casatorio (v. fs. cit.).
Adunó que de igual manera, en un precedente del Tribunal de Casación Penal, se afirmó que los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad deben operar como límites en la determinación judicial de la condena, tarea en la cual el mínimo y el máximo de la escala penal "...deben ser tomadas como indicadores del valor proporcional de la norma en cuestión toda vez, a diferencia de lo que ocurría con los antecedentes legislativos nacionales -Código Tejedor, Códigos de 1886, ley 4189 de 1906- que prescribían la imposición de una pena media para aquellos supuestos en los que se verificara la existencia de agravantes y/o atenuantes [...] en nuestro sistema no está previsto procedimiento o criterio formal alguno en el sentido indicado precedentemente" (fs. 217 vta.).
IV. De la reseña se advierte que la decisión en crisis revisó de manera amplia la pena impuesta, sin limitaciones formales que evidencien una afectación al derecho al recurso y la readecuó con sustento en fundamentos suficientes (conf. arts. 40 y 41 del Código Penal) dejando a salvo el fallo de la tacha de arbitrariedad intentada (art. 495, cit.).
En efecto, la Casación, luego de confirmar los hechos, la calificación legal, dos de las agravantes (extensión del daño causado y antecedentes condenatorios) y de descartar la relativa a la "experticia en el manejo del fuego", redujo la pena oportunamente impuesta (catorce años de prisión), fijándola en doce años y seis meses de prisión. Además, a la luz de la jurisprudencia de esta Suprema Corte y del Máximo Tribunal nacional, aclaró que en nuestro sistema no es obligatorio partir del mínimo de la escala penal ni asignar un específico valor numérico a las pautas agravantes.
Frente a ello, en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa oficial se limitó a formular consideraciones dogmáticas y genéricas que, como tales, no resultan eficaces para cambiar la suerte de lo decidido. En tal sentido, por un lado, se agravia de que ninguno de los dos fallos expuso la escala penal sobre la cual se determinó la pena cuando, en puridad, la conformación de las escalas penales en supuestos de concurso real o ideal de delitos -conforme se calificaron los hechos en el presente- es algo que está expresamente estipulado por ley (conf. arts. 54 -sistema de absorción-, 55 -sistema de suma aritmética limitada-, 56 y concs. con relación a los arts. 80 incs. 1 y 11, 42, 44, 164 y 186 inc. 4, todos del Código Penal), sin que quede margen alguno a la discrecionalidad judicial. De ahí que no se advierte cuál sería el perjuicio concreto sobre el punto (conf. art. 481, CPP).
También resulta dogmática y totalmente desconectada de las constancias de la causa la alegación de la parte de que conforme las "atenuantes y agravantes" valoradas (v. fs. 253 vta. in fine ) se impuso una pena notoriamente superior al mínimo legal. En primer lugar, en el caso no se ponderó ninguna atenuante y la defensa tampoco se agravio de ello (v. punto III.1.); como segundo punto, la parte tampoco se hizo cargo de controvertir ninguna de las agravantes confirmadas por la Casación; finalmente nada dijo respecto de las particularidades del hecho que se tuvieron por acreditadas que dan cuenta del contexto de violencia de género en que se desarrollaron.
De ahí que la arbitrariedad por falta de fundamentación en cuanto a la determinación "cuantitativa" de la sanción, sin hacerse cargo de conmover las agravantes, sin alegar pautas atenuantes, ni hacer ninguna consideración sobre las particularidades de los hechos que -conforme llega incontrovertido a esta instancia- se desarrollaron en el marco de un contexto de violencia de género respecto de una víctima mujer que, además de ser ex pareja del imputado, era la madre de una niña en común; todo ello, da cuenta de que los agravios están completamente desconectados de las particularidades del caso.
En definitiva, el vicio que la defensa le reprocha al pronunciamiento en crisis viene indemostrado. En particular, la afirmación vinculada a que la pena impuesta (doce años y seis meses de prisión) se alejó "notoriamente" del mínimo de la escala penal, cuando el correspondiente a los delitos concursados es de diez años de prisión. Más aún cuando la escala penal -a la que la parte de manera insistente y dogmática hizo referencia- tiene un máximo de veintiún años de prisión, producto de la sumatoria de los máximos de la escala penal de los delitos que concursaron realmente entre sí (conf. arts. 80 incs. 1 y 11 con relación al 44 -en concurso ideal con el art. 186 inc. 4-, en concurso real con el art. 164, todos del Código Penal).
En suma, la sentencia fijó la pena con base en los siguientes elementos: a) la calificación legal de los hechos que dan cuenta de un concurso ideal y real de delitos de los cuales surge una escala penal -a la que la parte insistentemente hizo referencia de modo completamente dogmático- que indica que la pena impuesta a P. está mucho más próxima del mínimo (diez años de prisión) que del máximo (veintiún años de prisión); b) la ausencia de circunstancias atenuantes; c) la existencia de dos pautas agravantes de pena, una vinculada a los hechos (extensión de daño causado; conf. art. 41 inc. 1, Cód. Penal) y la otra referida a las particularidades de P. (antecedente condenatorio, conf. art. 41 inc. 2, Cód. cit.).
Insisto, ninguno de tales extremos fue controvertido por la defensa que centró su crítica en consideraciones genéricas, que no repararon en las particularidades del caso y, además, pretendieron conmover lo fallado con alegaciones contrarias a reiterada jurisprudencia de esta Suprema Corte y de la Corte nacional respecto al punto de ingreso a la escala penal y al modo de ponderar las pautas de mensura.
Es que -tal como lo advirtió el Tribunal intermedio- el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la cuantificación punitiva, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad, en función de los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf., entre otras, causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013 y P. 133.919, sent. de 13-IV-2022).
También luce dogmática e infructuosa la cita de los precedentes "Ruiz", "Miara" y "Squilario", pues la parte se limitó a transcribir parcelas de dichos pronunciamientos sin relacionarlos con las concretas circunstancias de esta causa de manera de demostrar por qué resultarían aplicables al presente a pesar de las notorias diferencias fácticas existentes entre aquellos y éste (art. 495, CPP).
En función de lo expuesto, se advierte que el fallo en crisis, además de garantizar debidamente el derecho al recurso contra el fallo de condena, cuenta con fundamentación suficiente que lo deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada (conf. art. 495, cit.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (conf. art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:07:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 11:23:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 11:44:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2022 22:55:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante:
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.