Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133916
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.916-Q, "O., C. A. s/ Queja en causa n° 96.509 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 de Dolores condenó a C. A. O. a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración, agravado por ser cometido contra una menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, vía vaginal y oral, agravado por ser cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, imponiéndole pena única de quince años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la presente y de la pena de un año de prisión de ejecución condicional, impuesta por el Juzgado en lo Correccional n° 3 en el marco de la causa n° 208/16 (conf. arts. 119, segundo y tercer párrafo -con remisión al cuarto párrafo inc. "f"-, 45, 55, 58 y concs., Cód Penal; v. fs. 19/34 vta. y 71/88).
La defensa interpuso un recurso de casación y la Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 21 de agosto de 2019, lo rechazó, confirmando la sentencia.
Frente a ello, el señor defensor oficial, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 95/105 vta.) que fue desestimado por inadmisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 109/112).
Ante tal situación, la defensa oficial presentó queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, mediante resolución del 1 de diciembre de 2020, declaró procedente la queja y concedió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley por considerar que el planteo de afectación al principio de congruencia, derivado del derecho de defensa en juicio, y la tacha de arbitrariedad, se plantearon con la suficiencia y cargas técnicas necesarias para superar la etapa de admisibilidad (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.2. -apdos. "b", "c" y "h"-, CADH; 14.3. -apdos. "a" y "b"- y 14.5., PIDCP; v. fs. 134/137).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 161/166 vta.); dictada la providencia de autos (v. fs. 168), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial, doctor José María Hernández, denunció infracción al derecho de defensa por afectación del principio de congruencia y arbitrariedad, al entender que el fallo de primera instancia modificó la plataforma fáctica por la que había acusado el señor fiscal al finalizar el juicio.
En tal sentido, y tras transcribir la descripción fáctica realizada por el Ministerio Público Fiscal, alegó que de la misma se desprendía una sucesión de hechos acaecidos a lo largo del período de 2013 a 2017, que fueron escalando en su gravedad, iniciando como tocamientos en las partes íntimas de la víctima y culminado con accesos carnales vía vaginal, que no pudieron individualizarse ni precisarse la fecha exacta de ninguna de las conductas atribuidas.
Destacó que el hecho se mantuvo inalterado a lo largo del debate y el señor fiscal lo encuadró en la figura de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haberse cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, citando en su apoyo los arts. 45 y 119 -apartados segundo, tercero y cuarto inc. "f"- del Código Penal.
Aclaró que si bien es cierto -conforme lo puso de manifiesto el Tribunal de Casación Penal- que el señor fiscal citó de manera novedosa el art. 55 del Código Penal en el alegato de cierre del juicio oral, no dio explicaciones ni precisiones suficientes sobre el punto en cuestión.
Por otra parte, resaltó que el tribunal de mérito modificó el hecho con relación a las acciones atribuidas y al ámbito espacial de la imputación, a la vez que definió con precisión distintos aspectos temporales de las conductas imputadas para afirmar que se cometieron ataques sexuales independientes y diferenciables en el tiempo y espacio, subsumibles bajo dos calificaciones legales distintas (abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal) en concurso real (v. fs. 100).
De esta manera, afirmó que el sentenciante agregó al suceso histórico hechos diversos que no habían sido objeto de acusación, puntualmente el haber el imputado ejecutado los abusos sexuales cuando se encontraba en el domicilio a solas con la víctima; haber empleado amenazas como medio de comisión de los abusos; haber accedido a la víctima carnalmente vía oral cuando ésta tenía doce años de edad; haberla accedido carnalmente vía vaginal cuando ésta tenía doce años de edad y haber cometido también los hechos en "lugares descampados" (v. fs. 100 vta.).
Consideró que con la afirmación del tribunal casatorio, consistente en que los hechos no variaron y sólo se modificó el encuadre legal, se incurrió en el vicio de arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa (art. 18, Const. nac.; v. fs. 101/102).
A continuación, alegó que el pronunciamiento condenatorio no se ajustó a los hechos que constituían la materia del juicio y que el tribunal de juicio modificó aspectos esenciales del hecho mismo (v. fs. 102 y vta.), modificación que catalogó de sorpresiva y perjudicial para el derecho de defensa (afectó el principio de congruencia), la imparcialidad del juzgador y el debido proceso (v. fs. 102 vta.).
En función de lo expuesto, alegó que ni O. ni su defensor pudieron defenderse de extremos de la acusación que eran desconocidos, al ser introducidos de manera novedosa por el juzgador al momento de dictar condena, apartándose de manera notoria del acontecimiento histórico imputado (v. fs. 103).
Aseveró, que la modificación no sólo del encuadre legal sino de los hechos afectó el derecho de defensa en juicio, al imposibilitar conocer, confrontar, discutir y presentar prueba sobre los aspectos esenciales de los hechos sobre los que recayó el pronunciamiento (conf. arts. 18 y 33, Const. nac.; 8.1. y 8.2. -apdos. "b" y "c"-, CADH; 14.1. y 14.3. -apdos. "a" y "b"-, PIDCP; v. fs. 103).
En su apoyo, trajo a colación el voto de Petracchi en el precedente "Arancibia Clavel" que, con remisión a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afirmó que la acusación debe ser lo más precisa y detallada posible para no impedir el ejercicio de la defensa. Asimismo, citó el precedente "Sircovich" en cuanto se afirma que el hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que el que fue objeto de imputación y debate en el proceso (v. fs. 104).
Concluyó, que la alteración en la plataforma fáctica efectuada por el sentenciante, en tanto modificó "...la sucesión de hechos descripta por la acusación bajo una unidad delictiva -delito continuado- al distinguir distintos hechos independientes entre sí e introduciendo una nueva descripción de hechos (acceso carnal vía oral, uso de amenazas como medio para cometer el abuso, introducción de un nuevo escenario en donde también se habrían cometido los hechos, resulta revelador de que la defensa no tuvo una efectiva oportunidad de conocer, confrontar y producir prueba sobre esos nuevos aspectos -esenciales- de la plataforma infraccionaria, con anterioridad a que se dictara el veredicto, condición ineludible de un proceso respetuoso de la garantía constitucional de defensa en juicio)" (fs. 104 vta.).
Por todo lo expuesto, insistió en que se incurrió en un supuesto de arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa que derivó en la afectación del derecho al recurso, al calificar el tránsito por el Tribunal de Casación Penal, como "meramente aparente" (conf. art. 8.2."h"., CADH; v. fs. 104 vta. y 105).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del reclamo (v. fs. 161/167 vta.).
Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es improcedente (conf. art. 496, CPP).
Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta imprescindible hacer una reseña de lo sucedido en el expediente.
III.1. De la lectura del acta de debate, se desprende que en las líneas de apertura y cierre, el Ministerio Público Fiscal describió el hecho del siguiente modo: "En la ciudad de Chascomús, partido del mismo nombre, sin poder precisar la fecha exacta pero entre los años 2013 y 2017, un sujeto de sexo masculino mayor de edad abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de la menor [P. M. S.], nacida el día 4 de marzo de 2003, en general en el interior de una de las habitaciones del domicilio sito en calle … … n° …, donde convivía con la víctima y su grupo familiar, situación que comenzó con manoseos en sus partes íntimas, más precisamente en la vagina y pechos, para culminar con más acceso carnal vía vaginal, circunstancias en las que hacía uso de amenazas para que la niña no contara lo sucedido".
Durante la apertura del juicio, solicitó su calificación en las figuras de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por haberse cometido contra una menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, conforme lo establecen los arts. 45 y 119 -segundo, tercero y cuarto párrafo inc. "f"- del Código Penal.
En los alegatos de cierre, el señor fiscal afirmó que dicha plataforma fáctica debía calificarse como "abuso sexual gravemente ultrajante por su duración con acceso carnal agravado por haberse cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente, previsto y reprimido por el art. 119 segundo, tercero y cuarto párrafo, inc. 'f' y 55 del Código Penal" (fs. 8/17 vta.).
Frente a ello, la estrategia de la defensa, consistió en negar la existencia de los hechos de abuso sexual. Para ello, descalificó los dichos de la víctima por mendaces y contradictorios y se basó en la versión de los hechos brindada por el imputado quien negó de manera categórica haber abusado de la niña.
III.2. Por su parte, el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Dolores tuvo por acreditado que "En la ciudad de Chascomús, partido del mismo nombre, sin poder precisar la fecha exacta pero entre los años 2013 y 2017, un sujeto de sexo masculino mayor de edad, en el interior de la vivienda de calle … … n° … de la ciudad de Chascomús, abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de la niña P.M.S., nacida el día 4 de marzo de 2003, hija de su pareja, aprovechando la circunstancia de convivencia preexistente con la misma, cuando se encontraban solos y mediante amenazas, efectuándole tocamientos inverecundos en la vagina y en sus pechos. Para luego, cuando tenía alrededor de doce años accederla carnalmente vía oral, al hacerle practicar sexo oral y tiempo después cuando tenía catorce años, accederla carnalmente, vía vaginal, en la vivienda en que se viene haciendo mención y en lugares descampados".
En cuanto a la calificación legal, resolvió que los hechos debían subsumirse en las figuras de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración, agravado por ser cometido contra una menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente; en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, vía vaginal y oral, agravado por ser cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente (conf. arts. 119, segundo y tercer párrafo -ambos en función del cuarto párrafo inc. "f"-, 45 y 55, Cód. Penal; v. fs. 32 vta.).
Puntualizó que los ataques sexuales fueron separados en el tiempo, nacieron de decisiones individuales e independientes del sujeto activo, tomadas en distintos momentos contra una misma víctima.
En su apoyo, trajo a colación jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal en la que se puso de manifiesto que los delitos contra la libertad sexual afectan bienes jurídicos de naturaleza eminentemente personal por lo que cada vez que el autor renueva su agresión realiza hechos independientes pues la estimación unitaria del delito es incongruente con la realidad relatada que muestra actos diferenciables en el tiempo (v. fs. 33).
III.3. Contra lo fallado, la defensa oficial dedujo recurso de casación en el que desarrolló tres agravios independientes (v. fs. 40/57 vta.).
III.3.a. En primer lugar, como embate principal, tachó de arbitraria la valoración de la prueba por considerar que no se había acreditado "la autoría" de su asistido quien oportunamente había negado todos los hechos. Tildó de mendaz la declaración de la víctima y señaló contradicciones que -a su entender- existían con los restantes elementos de prueba. Luego de analizar los elementos de convicción producidos durante el juicio, concluyó en que la versión de su asistido fue ratificada por diversos testigos y que no existía prueba suficiente para tener por demostrado "...hechos de abuso sexual" (fs. 53 vta. y 54).
III.3.b. Como segundo agravio, alegó que "...se agrava la figura por la cual fue juzgado el imputado imponiendo un concurso real de delitos". Recordó que, en el requerimiento de elevación a juicio, los hechos se calificaron como "...'Abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por haberse cometido contra una menor [de dieciocho] años aprovechando la situación de convivencia preexistente' (arts. 119 segundo, tercer y cuarto párrafo inc. 'f' del Cód. Penal)". Pero que sin embargo, "...la sentencia [...] los [encuadró] como 'Abuso sexual gravemente ultrajante por su duración, agravado [...] por ser cometido contra una menor de [dieciocho} años aprovechando la situación de convivencia preexistente' en concurso real con 'abuso sexual con acceso carnal, vía vaginal y oral, agravado por ser cometido contra una menor [dieciocho] años aprovechando la situación de convivencia preexistente'" (arts. 55 y 119 -párrafos segundo, tercero y cuarto inc. "f"-, Cód. Penal; fs. 54 vta.).
Cuestionó "...dicha calificación, al no haber sido puesta en su conocimiento con la debida antelación, afectó el derecho de defensa" (v. fs. cit.).
Puntualizó que al aplicar el art. 55 del Código Penal, se causó un claro perjuicio a su asistido al tener una pena en expectativa mucho mayor que la calificación por la que se lo acusó durante todo el proceso (declaración conforme art. 308, CPP y requisitoria de elevación; alegato final de cierre del juicio oral; v. fs. 54 vta. y 55).
Concluyó que siendo que el Ministerio Público Fiscal no amplió la acusación durante el juicio, no es posible "...agravar la calificación imponiendo un concurso real".
En definitiva, solicitó que, eventualmente, se lo condene por un único hecho de abuso sexual y se le reduzca la pena (v. fs. 55).
III.3.c. Finalmente, denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 55/57).
III.4. Por su parte, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación, doctor José María Hernández, mantuvo el recurso de casación -sin hacer consideraciones adicionales- y desistió de la audiencia del art. 458 del Código Procesal Penal (v. fs. 66 y vta.).
III.5. Frente a ello, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto del juez Maidana al que adhirió simplemente el juez Carral, desestimó por improcedentes la totalidad de los planteos (v. fs. 71/88).
III.5.a. En lo que aquí importa, en cuanto a la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba, analizó los dichos de la víctima y consideró que eran creíbles y contestes con los restantes elementos de convicción ponderados por el órgano de mérito. De igual manera, consideró que los dichos del imputado se analizaron y descartaron conforme las reglas de la sana crítica razonada (v. fs. 72/81 vta.).
III.5.b. En particular, en lo que atañe al planteo de violación del derecho de defensa en juicio, originado en el cambio de calificación legal -de un delito continuado a un concurso real de delitos- recordó que el encuadre típico puede ser modificado por la acusación o por el juzgador sin que ello afecte el derecho de defensa salvo que se produzca un viraje brusco en el significado legal que derive en situaciones de indefensión, lo que no advirtió en el caso (v. fs. 81 vta.).
Concluyó que "...no puede alegarse perjuicio alguno a los intereses del imputado pues a lo largo de la audiencia pudo, mediante su defensor, controlar [y] refutar los términos de la acusación, encontrándose garantizado el efectivo ejercicio de su derecho" de defensa en juicio (v. fs. 84).
III.5.c. Finalmente, descartó las críticas referidas a la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 84/88).
IV. Tal como se adelantara, la denuncia de violación al principio de congruencia, derivado del derecho de defensa en juicio, es improcedente (conf. art. 496, CPP).
IV.1. Como primer punto, conforme surge de la reseña efectuada en el punto III, se advierte un viraje argumental en la fundamentación del agravio oportunamente planteado por el señor defensor oficial de la instancia con relación al ahora formulado en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. art. 451, CPP).
En efecto, en el recurso de casación el señor defensor oficial de la instancia, únicamente criticó el cambio de calificación legal de delito continuado a concurso real de delitos de abuso sexual (art. 55, Cód. Penal). En dicha oportunidad, no hizo ninguna consideración respecto a la modificación de la plataforma fáctica. Ello tampoco fue argumentado en la oportunidad prevista en el art. 458 del Código Procesal Penal (v. puntos III.3.b. y III.4.; conf. arts. 451, 458 y concs., CPP).
Por tales motivos, no se hará ninguna manifestación respecto a las críticas que se incorporaron novedosamente en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley en cuanto a la supuesta variación de las siguientes circunstancias: "...acceso carnal vía oral, uso de amenazas como medio para cometer el abuso, introducción de un nuevo escenario en donde también se habrían cometido los hechos".
En función de lo expuesto, únicamente se analizará la denuncia de afectación del principio de congruencia en lo que respecta, a "...la individualización de distintos hechos independientes de acuerdo a la edad que tenía la víctima de los mismos en el período de años delimitados por la acusación". Si bien este argumento tampoco fue planteado de manera explícita en el recurso de casación ni en la memoria, lo cierto es que está directamente vinculado al agravio de violación al derecho de defensa originado en el cambio de calificación legal de delito continuado a concurso real de hechos independientes.
IV.2. Ahora bien, el planteo de afectación al principio de congruencia, derivado del derecho de defensa en juicio (conf. art. 18, Const. nac.), no procede en tanto la defensa oficial no demostró que la ubicación temporal de los distintos hechos independientes de abuso sexual realizada por el sentenciante -dentro del mismo marco temporal fijado por la acusación fiscal- haya configurado una variación esencial y sorpresiva de los hechos, así como tampoco explicó cuáles habrían sido los obstáculos para ejercer el derecho de defensa (conf. art. 18, Const. nac.).
Cabe destacar que la ubicación temporal de los hechos de abuso sexual realizada por el sentenciante se sustentó en los dichos de la víctima, prueba especialmente conocida y controvertida ampliamente por la defensa oficial -durante la audiencia de debate como en el recurso de casación-. Para más, en la impugnación casatoria y en la memoria no se alegó sorpresa alguna ni impedimento en el ejercicio del derecho de defensa; por el contrario, la
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