Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134772
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.772, "Montiel, Néstor Maximiliano s/ Queja en causa n° 96.727 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Genoud .
El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón el día 15 de marzo de 2019 condenó a Néstor Maximiliano Montiel a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio doblemente agravado -por femicidio y alevosía-. Además, lo declaró reincidente y le impuso la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas, comprensiva de la anterior y de la de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas dictada en la causa n° 831 del Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental (arts. 40, 41, 45, 50, 55, 58 y 80 incs. 2 y 11, Cód. Penal; v. fs. 515/541).
El señor defensor oficial de Montiel interpuso un recurso de casación que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 17 de diciembre de 2019, rechazó por improcedente.
El señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia, doctor José María Hernández, dedujo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 550/572) que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 573/580 vta.), lo que motivó la interposición de queja ante esta Corte (v. fs. 593/605 vta.).
Por resolución del día 2 de junio de 2021, este Superior Tribunal admitió la vía directa, declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y lo concedió (v. fs. 608/612).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 618/625 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 627) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. En primer lugar, el señor defensor oficial denunció arbitrariedad por revisión aparente de la sentencia de condena respecto a la autoría responsable de su asistido en el hecho y la infracción del principio de in dubio pro reo (arts. 8.2 apdo. "h", CADH; 14.5, PIDCP y 18, Const. nac.; v. fs. 554 vta.).
Adujo que el Tribunal de Casación se limitó a negar la insuficiencia probatoria alegada por esa parte mediante argumentos dogmáticos y genéricos sobre el rendimiento de la prueba indiciaria (v. fs. 554 vta./556).
En dicha senda sostuvo que ningún testigo pudo observar a Maximiliano Montiel en la escena antes, durante ni después de acaecido el crimen, y la autoría responsable que se le atribuyó se construyó con pruebas circunstanciales que no arrojaron certeza sino meras probabilidades (v. fs. 556).
I.2. En segundo lugar, se refirió al rechazo por parte del tribunal intermedio de los agravios relativos a la denuncia de errónea aplicación de la agravante de alevosía (art. 80 inc. 2, Cód. Penal; v. fs. 559).
I.2.a. En ese marco, postuló la violación del principio de congruencia ya que consideró que el Ministerio Público Fiscal, en su alegato, mutó la calificación que venía sosteniendo, afectando de ese modo el debido proceso y la defensa en juicio (arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2 apdos. "b" y "c", CADH; 14.3 apdos. "a" y "b", PIDCP y 15, Const. prov.; v. fs. cit. y vta.).
Aseveró que en el juicio Montiel se defendió de la agravante prevista en el inc. 11 del art. 80 del Código Penal, y no respecto de la contenida en el inc. 2 del citado cuerpo legal; además de que la modalidad "alevosa" no surgía de la descripción de la materialidad ilícita que le fuera intimada (v. fs. 560/561 vta.).
I.2.b. En forma subsidiaria a la parcela anterior del agravio, alegó la arbitraria y errónea aplicación del art. 80 inc. 2 del Código Penal y la inobservancia del art. 79 del mismo cuerpo legal (v. fs. 561 vta.).
Luego de repasar la prueba, afirmó que solo en infracción de las reglas de la sana crítica y del in dubio pro reo era posible concluir -como lo hizo el Tribunal de Casación- que el imputado mató a la víctima cuando ya estaba inmovilizada (v. fs. 561 vta./562 vta.).
I.3. En tercer término, invocó la arbitraria y errónea aplicación de la agravante "femicidio" contenida en el art. 80 inc. 11 del Código Penal (v. fs. 562 vta.).
Sostuvo que el argumento, dado por el Tribunal de Casación, consistente en que la inexistencia de una relación previa entre el acusado y la víctima no excluía la agravante del art. 80 inc. 11 del Código Penal, resultó arbitrario pues prescindió de todo fundamento normativo e infringió los derechos de defensa en juicio y debido proceso (conf. cita, CSJN Fallos: 279:357; 259:55 y 262:144; v. fs. 564 vta.).
Asimismo, indicó que el tribunal revisor tuvo por acreditada la violencia de género a través de meras conjeturas, haciendo una valoración arbitraria de la prueba a través de datos que consideró inverificables y por lo tanto incapaces de sostener una condena.
I.4. Por último, reclamó la inconstitucionalidad y la anticonvencionalidad de la pena de prisión perpetua con reincidencia (v. fs. 566).
Luego de realizar un repaso del agravio llevado ante la instancia intermedia, refirió que la decisión sobre el punto fue defectuosa al negarle la calidad de "perpetua" a la pena en virtud de permitir el derecho a la libertad condicional, circunstancia que -según dijo- no resulta ser la del caso en juzgamiento. Agregó que ese modo de resolver dejó indeterminada la "extensión temporal" cuando no existe posibilidad de acceder a la libertad condicional por mediar la restricción del art. 14 del Código Penal (v. fs. 566 vta. y 567).
Por otro lado, refirió que la decisión de considerar que el planteo no era "un agravio actual", ofende los derechos a la defensa en juicio y el debido proceso, e importó la negativa a fallar el fondo de la cuestión para diferir la discusión sobre la constitucionalidad de la pena perpetua para momentos en los cuales esa determinación será ineludiblemente tardía, con afectación del irreparable derecho a la libertad del penado (v. fs. 567 vta.).
Consideró que la sentencia era arbitraria porque no indicó qué interpretación de la ley vigente se realizó con relación a los arts. 13 y 14 del Código Penal, por ser normas contrarias a lo dispuesto en los arts. 10 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5 inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En apoyo de su postura citó el fallo "Descole" de la Corte nacional (v. fs. 567 vta./568 vta.).
Sumó a lo expuesto que en el caso también se vulneró el derecho a ser oído de su pupilo como derivación del de defensa en juicio (arts. 18, Const. nac. y 8.1, CADH; v. fs. 568 vta. y 569).
También argumentó que el agravio nada tenía de prematuro, pues el reclamo de inconstitucionalidad de la pena perpetua se dirige contra la sentencia que impuso esa pena y que en el futuro sería irrevisable cuando ella pase en autoridad de cosa juzgada.
Finalmente, expuso las diversas alternativas e interpretaciones que podrían realizarse para que el imputado acceda al medio libre, y afirmó que esa circunstancia evidenciaba la incertidumbre que deberá sufrir el condenado generando un perjuicio de insusceptible reparación ulterior que recaerá sobre su derecho a la integridad psíquica (v. fs. 570 y vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación (v. dictamen, fs. 618/625 vta.).
III. Para dar respuesta a los agravios reseñados, en primer lugar describiré la materialidad ilícita que se tuvo por debidamente acreditada en los exactos términos expuestos en el fallo de la instancia: "...el día 1 de marzo de 2018, a eso de las 12 y 45, el ahora acusado, ingresó al comercio [...] atendido por Nadia Yanina Arrieta; aprovechando la relación desigual de poder del varón sobre la mujer [...] y que ésta se encontraba sola en el local, la acometió, maniatándola al dorso y amordazándola, reduciendo y neutralizando así toda posibilidad de defensa de la atacada, a la vez que [...] la dejó en ropa interior, y aprovechándose de esta situación de indefensión actuando con seguridad y sin riesgo para sí, mediante un instrumento filocortante, la degüella -herida punzo cortante de unos 16,5 centímetros que abarca región anterior y lateral derecho del cuello- logrando así su propósito mortal" (fs. 519 vta.).
IV.1. En cuanto al primer agravio relativo a la revisión aparente respecto del extremo de la autoría de Néstor Maximiliano Montiel (conf. arts. 8.2 apdo. "h", CADH; 14.5, PIDCP y 18, Const. nac.), cabe señalar que un planteo análogo fue llevado en el recurso de casación (v. al respecto fs. 411/491 vta.).
El tribunal intermedio, al dar respuesta, sostuvo que, si bien la parte había tildado de absurda la valoración probatoria tenida en cuenta para acreditar la autoría responsable de Néstor Maximiliano Montiel, no había realizado una crítica puntual de los argumentos brindados por el sentenciante de origen respecto de las razones emergentes de las pruebas que sustentaron el camino recorrido para llegar al fallo adoptado.
Agregó que la prueba había permitido reconstruir el extremo de la autoría del imputado (v. fs. 525 y vta.), destacando la trascendencia de las declaraciones del personal policial interviniente (Miranda, Giménez, Aparicio y Agudo).
En esa tarea, expuso que Camilo César Miranda -comisario- describió el estado en el que había sido hallado el cuerpo de la víctima, y detalló las medidas investigativas llevadas a cabo (el levantamiento de huellas, el secuestro de un almanaque en el que figuraba un número telefónico, la obtención de imágenes de las cámaras de seguridad de los comercios cercanos y de la Municipalidad, los allanamientos en los cuales se procedió al secuestro de objetos relacionados con el hecho y la intervención del teléfono del imputado).
A su vez, indicó que las cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto masculino que portaba una mochila en la espalda ingresó al local y que, luego del ingreso de dicho agente, solamente entró al negocio una mujer que permaneció por poco tiempo, no visualizando la entrada de ninguna otra persona (v. fs. 525 vta. y 526).
Aclaró que el tribunal de mérito también había contemplado las declaraciones testimoniales de Luisa Beatriz Flores, Paola Vanesa Suárez, Osvaldo Santander Valdez y Hugo Gabriel Vázquez, a partir de las cuales se logró acotar el marco temporal en que aconteció el hecho, y de esa forma, a través de las grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad, identificar al autor.
En ese sentido, Valdez y Vázquez -que fueron los primeros en arribar al lugar del hecho y dar aviso a la policía-, explicaron que mientras se encontraban almorzando en el taller contiguo al local donde aconteció el evento, Vázquez fue quien escuchó golpes provenientes del negocio. En consecuencia, se dirigieron al comercio donde escucharon un susurro y al ingresar encontraron a Nadia Yanina Arrieta con la boca encintada, semidesnuda -en ropa interior, sin pantalones- y con los brazos maniatados (v. fs. 526 y vta.).
Por su parte, Luisa Beatriz Flores -madre de la víctima-, afirmó que el día del hecho se había comunicado con su hija vía telefónica entre las 12:30 y 12:45 hs., y le refirió que cerraría el local y almorzarían juntas (v. fs. 526 vta.).
Por último, el Tribunal de Casación se refirió en su valoración al testimonio de Paola Vanesa Suárez -clienta- quien concordó con lo declarado por el comisario Miranda en cuanto manifestó que cuando entró al local para retirar unos vinilos (entre las 12:10 y 12:20 hs.), había una persona, específicamente un hombre que tenía una mochila en el hombro y un bolso entre las piernas (v. fs. cit.).
El testimonio brindado por el comisario Miranda, también precisó que en el lugar de los hechos hallaron una huella que permitió identificar al acusado debido a que registraba antecedentes penales; en el mismo sentido, se expidieron los testigos Jonathan Aparicio -oficial subinspector- y Miguel Ángel Agudo -comisario inspector- (v. fs. 527).
Sumó a lo anterior la valoración de los informes policiales y de la Superintendencia de Policía Científica incorporados por lectura al debate, los cuales corroboraron que a partir de los rastros de origen dactilar ingresados al sistema automatizado de identificación de huellas digitales, se logró identificar al ciudadano Montiel; dichos rastros se hallaron impresos en un recipiente situado en un lugar alejado de todo posible contacto con el público, tratándose de una lata que era utilizada para guardar dinero como bien lo había resaltado la progenitora de la víctima (v. fs. cit.).
Además, indicó que se pudo determinar que las videofilmaciones de las cámaras de seguridad de los comercios de la zona, registraron lo acontecido dentro del marco horario indicado por los testigos, lo que posibilitó observar la salida de un sujeto de características fisonómicas semejantes a las del imputado, con una mochila en la espalda y una bolsa color turquesa (v. fs. 527 vta.); a su vez, en los allanamientos ordenados, se secuestraron elementos relacionados con el ilícito investigado (una mochila, un termo, un cuchillo y llaves); también se valoró el testimonio de Luisa Beatriz Flores, quien afirmó que "...en el local faltaron los celulares de Nadia, un termo con la imagen de Frida Kahlo, una azucarera que tenía la cara de Mickey, las llaves del local, una bolsa de color turquesa y dinero", elementos que la madre de la víctima reconoció entre los secuestrados (v. fs. 527 vta. y 528).
Se resaltó que el teléfono de Montiel se encontraba intervenido y que fue secuestrado al momento de su detención, y que la anotación que se halló en el almanaque coincidía con el número de teléfono del imputado -dato corroborado por la progenitora de la víctima-.
El tribunal intermedio afirmó que lo expuesto por el comisario Miranda fue corroborado por el teniente Miguel Ángel Giménez quien aseveró que observaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, constataron la anotación de un número de teléfono en el almanaque, obtuvieron huellas dactilares de la escena del crimen, secuestraron una bolsa turquesa, un equipo de mate, un celular y un cuchillo; además de haberse contemplado las transcripciones de los registros de las escuchas telefónicas obtenidas (v. fs. 528).
En definitiva, el revisor concluyó rechazando el embate de la defensa sobre este extremo puesto que la autoría tenía sustento en una serie de indicios que al ser valorados en forma conjunta proporcionaban el grado de convicción necesario para dictar una condena (v. fs. 529).
IV.2. La defensa insiste en señalar que el Tribunal de Casación omitió el análisis de los argumentos de la parte respecto al extremo de la autoría, pero ello no fue así. Del resumen expuesto se evidencia que el tribunal revisor cumplió justamente con el cometido que la parte exige como satisfacción de la garantía puesta en entredicho: hizo un juicio sobre la sentencia -en lo que es materia de agravio, sobre el desarrollo sustentado en evidencias respecto de la autoría de Montiel- y confirmó el derrotero lógico basado en todos los indicios que en su conjunto acreditan la autoría del acusado.
Es claro que la defensa discrepa con ese extremo del fallo e insiste en su impugnación poniendo de relieve la ausencia de prueba directa respecto de la presencia de Montiel en el lugar de los hechos en la fecha y hora del homicidio de Nadia Arrieta, y reitera sus quejas respecto a la construcción de la autoría en base a prueba circunstancial. Sin embargo, con ese proceder no demuestra la afectación de la garantía que denuncia pues el Tribunal de Casación, efectivamente, realizó un examen detallado y puntual de las evidencias reunidas y ponderadas por el juzgador.
El esquema revisor desplegado -que me encargué de describir en los puntos anteriores- refleja el cumplimiento de la exigencia establecida en los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme el alcance asignado a los mismos por la Corte nacional a partir del precedente "Casal".
La disconformidad de la parte con la solución adoptada por el Tribunal de Casación no alcanza para demostrar la violación del derecho al recurso con los alcances que la Corte nacional le otorgó a partir del fallo "Casal".
En cuanto al principio in dubio pro reo también invocado como vulnerado, en atención a su eventual raigambre federal, cabe señalar que el reclamo se encuentra desprovisto de desarrollos argumentales que le den sustento.
El conjunto de indicios presentaron un escenario contundente para la hipótesis de cargo que no se ven debilitados por las críticas de la parte: las cámaras de seguridad captaron el ingreso a la hora en que se cometió el homicidio de una persona con características físicas similares a las del imputado; se encontró la huella dactilar del acusado en la escena del crimen; se constató que el número de celular del acusado había sido anotado en un almanaque encontrado en el comercio; se incautó en la casa de la novia del imputado una bolsa de friselina, similar a la que entregaba la víctima y muy parecida a la que se observa en las cámaras de seguridad que lleva el sujeto -que ya se dijo, era de similares características al imputado- que sale del local en el horario en que se cometió el homicidio.
Además, en dicha bolsa se encontró un termo forrado con la imagen de Frida Kahlo, una azucarera haciendo juego y otros elementos similares a los que vendía la víctima. También en esa mochila se encontró un cuchillo -compatible con el que se usó para matar a la víctima-, unas llaves, un guante de látex, un celular, precintos y una cinta de color celeste.
La información de estos indicios se vio complementada a su vez por los testimonios, en particular el de la madre de la víctima que confirmó que las llaves incautadas eran las del local comercial de su hija, que la bolsa y los objetos hallados en la mochila de Montiel (termo, mate, azucarera) eran los que ella vendía y que faltaban del comercio, lo mismo respecto al celular.
En resumen, todos los indicios y presunciones señalados en ambas sentencias confirman la hipótesis de cargo. Recordemos que en el caso hubo una única hipótesis en juego: la de la Fiscalía, dado que el imputado -en uso de su derecho- no declaró, ni su defensa propuso una versión alternativa. En tal sentido, los elementos de prueba convergentes explican razonablemente los hechos descriptos en la hipótesis acusatoria que fuera tomada por el tribunal de juicio y confirmada por Casación. Y frente a ello el recurrente no demuestra ninguna infracción de las reglas de valoración de la prueba: la condena se asentó en una versión incriminatoria pluralmente confirmada sin que haya existido una sola contraprueba eficaz que la objete.
En consecuencia, la labor impugnatoria se exhibe desacertada desde que intenta rebatir por separado cada uno de los indicios invocados por Casación, cuando es doctrina antigua de esta Corte que estos "...deben ser ponderados en conjunto, relacionados los unos con los otros o todos entre sí" ("Acuerdos y Sentencias" 1972-111, pág. 670, entre muchos).
V.1. El agravio vinculado con la afectación del principio de congruencia y la agravante "alevosía" (v. acápites I.2.a. y I.2.b. de la presente), tampoco prosperan.
V.2. El quebrantamiento del principio de congruencia constituye una típica cuestión procesal que -según la regla general- resulta ajena a la competencia extraordinaria de este Tribunal, a tenor de la doctrina del art. 494 del Código Procesal Penal.
Solo en razón de que el punto involucra una cuestión federal, y a fin de que e
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