Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133733
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.733, "Comisión Provincial por la Memoria s/ queja en causa n° 96.878 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Torres, Pettigiani, Genoud.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores, el 21 de marzo de 2019, rechazó el recurso de la especialidad presentado por el Director Provincial de Asuntos Contenciosos, dependiente de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia, doctor Maximiliano Veloso, contra la decisión del Juzgado de Garantías n° 1 que, en lo que aquí importa, hizo lugar al habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria y, entre otras medidas, hizo saber al Director Provincial de Asuntos contenciosos del Ministerio de Justicia que deberá reducir en forma gradual la cantidad de detenidos alojados en la Unidad n° 6 de Dolores, sin cercenamiento de los derechos e intereses de los mismos y con conocimiento y consentimiento previo de los jueces a cuya disposición se encuentran, hasta alcanzar el cupo de trescientos veintisiete internos, procediendo a su redistribución en dependencias habilitadas y aptas para la permanencia digna y respetuosa del plexo normativo correspondiente (v. fs. 166/176 y 224/231 vta. de copias digitalizadas adjuntas en el sistema "Augusta").
Frente a lo así decidido, el Director Provincial de Asuntos Contenciosos, doctor Maximiliano Veloso, dedujo recurso de casación en el marco del cual tachó de arbitraria la fundamentación del fallo de Cámara y denunció exceso de jurisdicción por haberse dispuesto medidas propias del poder administrador vinculadas con la reducción del cupo de internos alojados en la Unidad Penitenciaria n° 6 y con la redistribución de los mismos. Agregó que el alcance de lo resuelto afectó la garantía de juez natural de cada uno de los internos. Por último, denunció gravedad institucional y afectación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso (v. copias digitalizadas).
El señor fiscal y el señor defensor oficial, ambos ante el Tribunal de Casación Penal, solicitaron el rechazo de la impugnación (v. fs. 33/34 vta.).
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 4 de junio de 2019, hizo lugar al recurso, casó la decisión de la Cámara y ordenó el dictado de un nuevo pronunciamiento, previa articulación de ámbitos de diálogo y negociación entre el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de Asuntos Contenciosos del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, tendientes a dar solución definitiva al fondo de la cuestión, sin costas (v. fs. 43/48 vta.).
Por su parte, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Mario Luis Coriolano, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 53/63) que fue desestimado por inadmisible (v. fs. 87/89 vta.).
Interpuesta la queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 173/178), esta Corte, el 20 de julio de 2020, la admitió y concedió el recurso extraordinario incoado (v. fs. 182/184).
Oído el señor Procurador General a fs. 191/198 vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 200), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el señor defensor oficial, doctor Mario Luis Coriolano, denunció la violación de la garantía de tutela judicial efectiva, arbitrariedad y apartamiento del fallo "Verbitsky" de la Corte nacional (v. fs. 57 vta. y 58).
Recordó que la presente causa se originó como consecuencia de la constatación del agravamiento de las condiciones de detención por exceso de población carcelaria en la Unidad Penal n° 6 de Dolores (arts. 18, Const. nac. y 25, CPP -v. fs. 58 y vta.-).
Aclaró que la instancia de diálogo y negociación que ordena el Tribunal de Casación Penal como previa medida obligatoria para emitir una decisión definitiva, vacía de contenido la tutela judicial efectiva, necesaria y ágil que requiere la materia. "Ello además de desentenderse de las constancias de la causa que indican que el órgano jurisdiccional convocó al Poder Ejecutivo a audiencia, siendo el presente habeas corpus reiterativo de numerosas resoluciones anteriores [...] y de la realidad que impera en la Provincia de Buenos Aires donde pese a las numerosas instancias de diálogo [...] no se ha podido avanzar en una solución definitiva a la problemática de emergencia que vive el servicio penitenciario provincial" (fs. 58 y vta.).
Resaltó que la Corte nacional en el fallo "Verbitsky" (328:1146) reconoció la imposibilidad de llegar a una solución consensuada y adoptar medidas para la subsanación de las afectaciones constatadas por la jurisdicción (v. fs. 58 vta.).
Explicó que es propio de la función jurisdiccional controlar los actos de la Administración. Resaltó que, de lo contrario, se desnaturalizarían las funciones del juez de ejecución en el control de las condiciones de detención (conf. art. 25, CPP) así como también la acción de habeas corpus como herramienta útil para subsanar cualquier agravamiento de las mismas (arts. 43, Const. nac. y 20, Const. prov. -v. fs. 58 vta.-).
De seguido, recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos exige a los Estados parte contar con recursos judiciales idóneos y efectivos contra las violaciones de los derechos humanos. En su apoyo, citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (conf. arts. 1, 25 y concs., CADH -v. fs. 58 vta./59 vta.-).
En consecuencia, afirmó que el derecho a la protección judicial sería ilusorio si las prácticas judiciales del Estado permitieran que constatadas las violaciones legales solo existiera la herramienta del diálogo y la negociación y el Poder Judicial no pudiera exigir la subsanación efectiva, útil y pronta (conf. arts. 18, Const. nac.; 25, CADH -v. fs. 59 vta.-).
A continuación, citó textualmente los considerandos 27, 40 y 41 del fallo "Verbitsky" del Máximo Tribunal nacional y manifestó que, en el marco de la ejecución de dicho precedente, la Corte provincial (conf. causa P. 83.909) reformó el diseño de control jurisdiccional de los centros de detención, estableciendo un sistema de visitas periódicas a cargo de un Comité departamental y la creación de la Subsecretaría de Personas Privadas de la Libertad (v. fs. 60/61 vta.).
Sentado ello, consideró que ni la ley ni la jurisprudencia permiten sostener que el control de las condiciones de detención, la adopción de medidas y la ejecución de las sentencias implican injerencias indebidas del Poder Judicial cuando ello se traduce en la reparación de afectaciones constitucionales y convencionales (v. fs. 61).
Concluyó que el fallo de casación, al sostener que las medidas dispuestas por la instancia y confirmadas por la Cámara configuran una intromisión de la judicatura en cuestiones de política pública de gestión del sistema penitenciario, desconoce la normativa local, federal y convencional como así también la jurisprudencia de la Corte nacional y la provincial (v. fs. 62).
Para terminar, manifestó que las medidas adoptadas no implican exceso de jurisdicción sino que, por el contrario, pretenden garantizar el normal desarrollo de la vida intramuros ante sobrepoblación carcelaria (v. fs. 62 vta.).
Por todo lo expuesto, alegó que el fallo en crisis viola la garantía de tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de defensa en juico al dictar un pronunciamiento arbitrario que se aparta infundadamente del fallo "Verbitsky" (v. fs. 62 vta. y 63).
II. El señor Procurador General se pronunció a favor del recurso (v. fs. 191/198 vta.).
III. En coincidencia con el señor Procurador General, considero que el recurso extraordinario es procedente (art. 496, CPP).
III.1. Conforme se adelantara en los antecedentes del caso, el 4 de julio de 2019, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, hizo lugar al recurso de la especialidad deducido por el Director Provincial de Asuntos Contenciosos de la Subsecretaría de Política Penitenciaria y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento, previa articulación de ámbitos de diálogo y negociación entre el Poder Ejecutivo y la Cámara, a fin de dar solución definitiva al fondo de la cuestión (v. fs. 43/48 vta.).
El Juez Kohan a quien adhirió el Juez Natiello, para fundar la decisión transcribió textualmente lo resuelto en el marco de la causa n° 63.640 de dicho Tribunal. En tales remisiones se sostiene que la solución al complejo problema de las personas detenidas en todo el sistema penitenciario provincial "...sólo puede surgir de un esfuerzo mancomunado entre los distintos actores públicos con competencia sobre la materia, en el que cada uno, en el marco de sus atribuciones y sin exceder las mismas, tenga como finalidad la concreción del mandato constitucional" (fs. 46).
De seguido, se explicó que el control judicial no puede incluir la implementación de políticas públicas de gestión del sistema carcelario sin poner en crisis el sistema republicano de gobierno y comprometer responsabilidades inherentes a otros poderes (v. fs. 46 y vta.).
Se indicó que "...la resolución de un problema de hacinamiento, sobre la base de un traslado masivo de detenidos de un penal a otro, puede solucionar el problema del primero, pero afectará en forma indefectible al segundo o en algún caso, implicar un agravamiento de las condiciones de detención del sujeto que es trasladado" (fs. 47).
Por tales motivos, se resaltó que la articulación de ámbitos de diálogo y negociación entre el poder administrador (garante del cumplimiento de las Reglas Mínimas para el tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas y del mandato constitucional de que las cárceles sean limpias y sanas) y el Poder Judicial (encargado del control de la pena) es una necesidad ineludible a cualquier decisión jurisdiccional (v. fs. cit.).
Concluyó que "La obligación de los jueces de dar respuesta a la pretensión esgrimida en el habeas corpus y lograr que cesen aquellas políticas que afectan los derechos de los detenidos, no implica necesariamente que sean competentes para el diseño o modificación de los programas de políticas penitenciarias en curso" (fs. cit.).
Luego de terminar con la transcripción textual del citado fallo, afirmó que "Lo expuesto es aplicable mutatis mutandi al caso de autos, lo que determina la suerte del remedio en trato" (fs. 47).
III.2. La decisión impugnada es, efectivamente, arbitraria (conf. P. 131.864 y P. 132.331, sents. de 11-IX-2020, mutatis mutandi).
Resulta patente que el Tribunal de Casación Penal fundó la sentencia mediante la cita de un precedente en el cual se habría dispuesto -según la transcripción efectuada por al a quo- un traslado masivo de detenidos de un penal a otro para solucionar el problema de hacinamiento del primero.
Si esa fue la situación en el precedente invocado, entonces no se asemeja a lo ocurrido en este proceso en el que el Juzgado de Garantías, luego confirmado por la Cámara, lo que decidió fue la reubicación gradual de los internos y la prohibición de ingreso de otros para respetar el cupo estimado por el propio Servicio Penitenciario en trescientos veintisiete.
Por consiguiente, debido a su arbitrariedad tanto por el desapego de las circunstancias particulares del caso -por la indebida analogía con un supuesto de traslado masivo de internos- como por la privación de eficacia de la garantía constitucional del habeas corpus -dejando pendiente la decisión de fondo de instancias previas de negociación y diálogo por tiempo indefinido- el fallo del Tribunal de Casación debe ser dejado sin efecto, de manera que corresponde estar al pronunciamiento del Juzgado de Garantías confirmado por la Cámara de Apelación y Garantías, con las modulaciones que se referirán más adelante.
III.3. También es arbitraria la decisión del a quo que ordenó la articulación de ámbitos de diálogo y negociación entre el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de Asuntos Contenciosos del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de la Cámara, tendientes a dar solución definitiva al fondo de la cuestión.
III.3.a. Como se sostuvo en la resolución de admisibilidad emitida por esta Suprema Corte en el presente proceso (v. fs. 182/184), al supeditarse el dictado de un nuevo pronunciamiento a la previa articulación de ámbitos de diálogo y negociación se deja pendiente, sine die, el dictado de una sentencia que resuelva sobre los derechos invocados.
No es óbice para decidir sobre el fondo del asunto la circunstancia de que esta Suprema Corte -por mayoría- haya dispuesto, el 22 de noviembre de 2018, la conformación de un espacio interinstitucional a cargo del Tribunal de Casación Penal para el abordaje de la problemática del encierro en términos generales (resolución 2.301-18, en actuaciones de superintendencia 3001-22553-2018).
En efecto, no puede interpretarse que tal mecanismo de diálogo impida la operatividad de la herramienta del habeas corpus para enfrentar la cuestión en casos particulares -sean litigios colectivos o no-.
III.3.b. Pero, además, este caso presenta particularidades que hacen especialmente irrazonable el criterio del a quo pues no reparó en que dichas instancias fueron efectivamente llevadas a cabo tanto en el Juzgado de Garantías como en la Cámara previo a resolver (v. fs. 125/127 y 120/122 de copias digitalizadas).
Ahora bien, cabe destacar que esta Corte, previo a resolver solicitó la remisión de copias digitalizadas de la totalidad del expediente (v. fs. 203) en tanto las piezas del legajo casatorio resultan manifiestamente insuficientes para conocer debidamente las particularidades del caso (el expediente no cuenta con copias del pronunciamiento del Juzgado de Garantías que hizo lugar al habeas corpus, entre otras piezas de relevancia, entre ellas, las audiencias realizadas durante la tramitación de la presente).
La evidente falta de información suficiente con la que contó el Tribunal de Casación Penal al momento de fallar provocó que incurriera en un supuesto de arbitrariedad fáctica por resolver sin atender a las particularidades de los hechos, constituyendoéstos la premisa particular ineludible en el razonamiento lógico del sentenciante. Fiel reflejo de eso, fue disponer de manera dogmática la realización de ámbitos de diálogo sin reparar en que éstos ya habían sido realizados en diversas oportunidades.
III.3.c. Lo hasta aquí expuesto demuestra que la exigencia impuesta por el a quo de llevar adelante instancias de diálogo y negociación con carácter previo resulta arbitraria en tanto no es una derivación razonada del derecho vigente ni encuentra correlato con una interpretación integral de las constancias de la causa (CSJN Fallos: 297:100; 311:948 y 2402; causas C. 525. XLIII, "Recurso de hecho, C., D. V. y otros s/ denuncia -Las Palomitas- Cabeza de Buey", sent. de 17-X-2007, cons. 6°; P. 96.437, sent. de 13-VIII-2008 y también, P. 121.318, sent. de 9-XII-2015; P. 117.708, sent. de 4-XI-2015; P. 125.564, sent. de 21-VI-2018 y P. 129.545, sent. 13-III-2019; P. 126.897, ob. cit.; e.o.).
III.4. Por otro lado, el argumento sobre un exceso en la jurisdicción -como acertadamente lo puso de manifiesto el recurrente- también resulta arbitrario por apartamiento de lo resuelto en el fallo "Verbitsky" de la Corte nacional y su progenie (conf. arts. 18, 43, 75 inc. 22, Const. nac.; 20 inc. 1, Const. prov.; ley 23.098; 17, 19, 37 y concs., CDN; 19 y concs., CADH; "Defensor Oficial s/ interpone acción del art. 43 de la Constitución nacional", sent. de 23-XII-2004; "Rivera Vaca, Marco Antonio y otros s/ habeas corpus", sent. de 16-XI-2009; "Gutiérrez, Alejandro s/ causa n° 11.960", sent. de 19-II-2015; "Cejas Meliare, Ariel s/ habeas corpus", sent. de 5-IV-2016; "Detenidos en el Complejo Penitenciario Federal III NOA s/ legajo de casación", sent. de 12-XII-2019; "Internas de la Unidad n° 31 SPF y otros s/ habeas corpus", sent. de 11-II-2020, mutatis mutandi).
Si bien el diseño y la aplicación de políticas públicas en la Unidad n° 6 es materia reservada a la Administración, ello no impide que las mismas puedan ser fiscalizadas -a pedido de parte interesada- por el Poder Judicial, en el marco de criterios de razonabilidad y proporcionalidad que tiendan a asegurar la vigencia de los derechos fundamentales de las personas alojadas en dicha institución.
En razón de ello, se puede afirmar que las medidas dispuestas fueron adoptadas en el ámbito de la competencia jurisdiccional, con la prudencia debida (previa celebración de audiencias con las partes, visitas a la unidad, producción de prueba, entre otras; v. copias digitalizadas) y tuvieron por objetivo tutelar los derechos básicos de los internos.
En tal sentido, la Corte nacional tiene dicho que "...a diferencia de la evaluación de políticas, cuestión claramente no judiciable, corresponde sin duda alguna al Poder Judicial [...] garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que éstos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y decidir las controversias. Ambas materias se superponen parcialmente cuando una política es lesiva de derechos, por lo cual siempre se argumenta en contra de la jurisdicción, alegando que en tales supuestos media una injerencia indebida del Poder Judicial en la política, cuando en realidad, lo único que hace el Poder Judicial, en su respectivo ámbito de competencia y con la prudencia debida en cada caso, es tutelar los derechos e invalidar esa política sólo en la medida en que los lesiona. Las políticas tienen un marco constitucional que no pueden exceder, que son las garantías que señala la Constitución y que amparan a todos los habitantes de la Nación; es verdad que los jueces limitan y valoran la política, pero sólo en la medida en que excede ese marco y como parte del deber específico del Poder Judicial. Desconocer esta premisa sería equivalente a neutralizar cualquier eficacia del control de constitucionalidad. No se trata de evaluar qué política sería más conveniente para la mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de las que clara y decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución, y, en el presente caso, se trata nada menos que del derecho a la vida y a la integridad física de las personas" (CSJN, "Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus", cons. 27, sent. de 3-V-2005; en igual sentido, "Defensor Oficial s/ interpone acción del art. 43 de la Constitución nacional", sent. de 23-XII-2004; "Rivera Vaca, Marco Antonio y otros s/ habeas corpus", sent. de 16-XI-2009; "Gutiérrez, Alejandro s/ causa n° 11.960", sent. de 19-II-2015; "Cejas Meliare, Ariel s/ habeas corpus", sent. de 5-IV-2016, mutatis mutandi).
El a quo neutralizó la eficacia del control de constitucionalidad realizado por los órganos inferiores en el marco de la acción de habeas corpus, dirigido a evitar la puesta en peligro y la lesión de bienes jurídicos fundamentales de los internos de la citada unidad.
Resulta pertinente destacar que "...es tarea de los jueces [...] velar porque el encarcelamiento se cumpla en forma acorde con los parámetros que establecen las leyes y las normas constitucionales, y ordenar, dado el caso, el cese de los actos y omisiones de la autoridad pública que [...] impliquen agravar ilegítimamente la forma y las condiciones de ejecución
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.