Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135450
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.450, "M., C. E. s/ queja en causa n° 96.898 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Soria , Kogan , Genoud .
De las copias digitalizadas del legajo casatorio, así como también del expediente principal remitido en formato papel, surge que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, con fecha 18 de junio de 2020, rechazó el recurso de la especialidad deducido por la defensa oficial de C. E. M. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes que lo condenó a la pena de nueve años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por tratarse la víctima de una persona menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente.
Frente a lo así decidido, la defensa oficial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, el 15 de abril de 2021, fue desestimado por inadmisible, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, el 25 de noviembre de 2021, declaró procedente la vía directa y admitió la impugnación en lo que respecta a las denuncias de afectación al debido proceso y al derecho de defensa (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.2. "f" y "h", CADH; 14.3. "e", PIDCP).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, denunció la violación del debido proceso y del derecho de defensa en juicio (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.2. "f" y "h", CADH; 14.3. "e", PIDCP).
En primer lugar, recordó que en el recurso de casación la defensa de la instancia se agravió porque la falta de declaración de la víctima en Cámara Gesell trajo aparejada una descripción "genérica" de los hechos que impidió saber con precisión dónde estaban los demás integrantes de la familia cuando estos ocurrían, la actitud anterior y posterior de C. M. y de la presunta víctima, entre otros "datos relevantes".
Manifestó que en el recurso de casación también se criticó la falta de notificación del peritaje psicológico de Y.M. Con relación a ello, afirmó que "...si bien no se desconoce la preclusión del acto procesal, lo cierto es que no puede olvidarse que no se pudo controlar siquiera mínimamente la producción del testimonio".
Insistió en que la falta de realización de la Cámara Gesell impidió que Y.M. declarara, lo cual trajo aparejado una descripción genérica de los hechos "...sin la más mínima determinación temporal y fáctica".
Agregó que ello frustró el control de la prueba más importante del caso: los dichos de la damnificada, que -reiteró- no declaró ni en Cámara Gesell ni durante el juicio, de modo que se accedió a sus manifestaciones a través del relato de terceras personas, lo cual -según dijo- restringió el derecho de defensa.
Afirmó que la condena se confirmó con sustento en prueba "endeble" conformada por testimonios de oídas. Y que el eje central del recurso de casación lo había constituido la denunciada violación al derecho de defensa y no los motivos o circunstancias que impidieron a la joven asistir a la Cámara Gesell, que fue en lo único que reparó el órgano revisor.
En su apoyo, citó el caso "Benítez" (Fallos: 329:5556) de la Corte nacional, entre otros.
Por último, destacó que debe declararse la nulidad, aún de oficio, cuando se trata de resguardar una de las garantías básicas de nuestro sistema constitucional como es la del debido proceso.
Por todo lo expuesto, solicitó se haga lugar al recurso y se reenvíe el caso al Tribunal de Casación para que, debidamente integrado, dicte una nueva decisión conforme a derecho.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación.
Coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso es manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Veamos.
III.1. Inicialmente, la Sala III del Tribunal de Casación Penal recordó el hecho que se tuvo por debidamente acreditado en la instancia de juicio:
"[E]ntre fines de 2017 y la primera quincena [de marzo] de 2018 un hombre abusó sexualmente en reiteradas ocasiones de su hija Y.M. -nacida el 24 de noviembre de 2004-. Los actos consistieron en colocarla sobre la cama boca arriba, desnudarla, besarla en el cuello, efectuarle tocamientos inverecundos (en pechos y vagina), tocarle la vagina y el ano con el pene, eyaculando encima de ella, siempre amenazándola de muerte si lo revelaba. Los sucesos se produjeron en las viviendas que compartían en calle … … número … y en dos oportunidades en la calle … … número …, ambos del barrio Lomas de Mariló -Moreno-".
De seguido, en lo que aquí interesa, el tribunal revisor sostuvo que las críticas de la parte tendientes a debilitar "...la sólida imputación que recae en M. por la ausencia de la víctima en el debate, puesto que no pudo darse con su paradero" eran insuficientes.
Explicó que el órgano de mérito ponderó no solo los dichos de diversos interlocutores que se entrevistaron con Y.M. sino que también tomó en consideración la firme opinión de la psicóloga interviniente, que halló indicadores de abuso sexual en la infancia.
Luego, hizo puntual referencia a los testimonios producidos durante el juicio.
N. C. C. (denunciante). Sostuvo que para el momento en que hizo la denuncia, la víctima, que era compañera de colegio de su hija E., estaba viviendo con ellas en su casa. Relató que a C. M. lo conocía porque ella vendía comida en una obra en construcción donde él trabajaba. A su vez, informó que el nombrado vivió primero en Ituzaingó, en la casa de su hija mayor -L.-, y luego se mudó junto a sus hijas Y., B. y M. a Mariló, a ocho cuadras de la casa de la denunciante.
Contó que "...Y. solía pasar mucho tiempo en su casa, no quería volver con el papá. Se quedaba semanas y luego se iba un par de días". Resaltó que el acusado era cariñoso con las hermanas de Y., pero con ella no, y que en más de una ocasión le había dicho a la testigo "...'si querés llevátela y no la traigas más'".
Puntualmente, en lo que respecta al modo en que tomó conocimiento de los hechos, recordó que "...la llamaron de la escuela para que retirara a su hija [E.] y a Y. porque se habían peleado. Concretamente, Y. le había pegado a E..." y había revelado que esta última había sufrido un ataque sexual (v. también sentencia de primera instancia).
Frente a ello, luego de retirar a las dos niñas del colegio, C. le recriminó a Y. que hubiera expuesto a E. ante toda la clase, y fue ahí que Y. "...se quebró refiriéndole que su padre abusaba sexualmente de ella".
En este contexto, C. "...lo primero que atinó [a hacer] fue ir a la escuela para ver si ellos podían efectuar la denuncia, pero le dijeron que no".
Afirmó que Y. también era víctima de maltrato físico y puso como ejemplo que una vez apareció golpeada en la escuela. Mencionó que las citaciones a su padre por este tema fueron infructuosas: quien concurrió al colegio fue su hermana L., que adujo que se había tratado de una "pelea de hermanos". Frente a ello, la testigo afirmó haber presenciado una vez que el imputado le pegó fuerte a la niña en las costillas.
De seguido, narró que "...originariamente [Y.M.] no le describió los hechos, pero en la comisaría brindó detalles. La tocaba en los pechos, le metía la mano en la parte de adelante y le hacía doler [...] algunas veces se salvaba porque aparecían sus hermanas y él se iba al baño y le decía a ella que se higienizara [...] se le metía en la cama, le bajaba la ropa, le levantaba la remera y le manoseaba los pechos. Se acordó que Y. solía aducir que le dolía la panza y los pechos, y ella suponía que se estaba desarrollando [...] en la casa de L. también se produjeron esos episodios, aprovechando algún momento en que quedaban solos". "Que según lo sostuvo Y., el último hecho fue unos días antes de la denuncia [...] después de la denuncia Y. no quería irse de su casa, [...] L. -su hermana mayor- en lugar de agradecerle, la quiso agredir, argumentando que la niña mentía para quedarse en su casa".
A continuación, mencionó que el día que Y. iba a declarar en Cámara Gesell "'L. se la llevó con una orden'. Se le preguntó si conoc[ía] el paradero de Y., refiriendo que cree que está con la madre en Misiones. En otro tramo contó que Y. siempre estaba triste y decaída y le tenía miedo al papá. Que estaba en su casa y solo iba a lo del padre cuando éste se lo pedía. Sobre la madre de la niña, narró que sólo la vio una vez, pero de lejos".
Aclaró que nunca tuvo la guarda de la niña a pesar de que ella se lo pedía porque era mucha responsabilidad.
Y, volviendo a los hechos, C. dijo que Y., en medio del llanto y abrazándola, le contó que el imputado "le metió algo adentro".
Licenciada Andrea Gallo (perita psicóloga). Mantuvo el primer contacto con la víctima un día después de formulada la denuncia y declaró en el juicio oral, donde manifestó haber entrevistado a Y. en dos oportunidades: en la primera, acompañada por N. C., y en la segunda, por su hermana mayor L.. Resaltó que C. estaba muy conmocionada por lo sucedido.
También hizo referencia a la pelea ocurrida en el colegio entre Y. y E., episodio que derivó en la revelación de los hechos investigados.
Indicó que la niña le contó que el acusado golpeaba a su mamá, razón por la cual esta intentó infructuosamente llevársela a ella y a sus hermanas de la casa, aunque también decía que no tenía mamá.
Con relación al estado de ánimo de la víctima, precisó que sentía angustia y vergüenza. "Le relató que su padre se le metía en su cama, le tocaba los pechos, la tocaba y eyaculaba encima de ella". Además, "Sentía miedo por sus hermanas, temía que sufran lo mismo".
En cuanto a la segunda entrevista, mencionó que la niña fue acompañada por su hermana L.. Refirió que en L. se notaba un cierto descreimiento de los dichos de Y. y sostuvo que había una "...actitud de no poder acompañarla emocionalmente". Se le indicó que no repreguntara a Y. sobre lo sucedido porque la confundía.
"En esa ocasión se le hizo saber que iba a declarar en cámara Gesell, pero no se pudo hacer porque para la fecha de efectivización ya no estaba con ella".
La perita afirmó que la niña se encontraba en un estado de vulnerabilidad importante y que había sufrido tanto maltrato físico como psicológico. "[E]l único referente era su padre y cometió los hechos descriptos [...] C. la contuvo mientras que L. fue reticente, se involucró muy poco, no le interesó saber si pasó".
Luego, hizo referencia a los test realizados y a los resultados que arrojaron. Con base en ello, concluyó en la existencia de un estado de alteración emocional agravado por la situación de violencia previa. Precisó que "...el desarrollo de su sexualidad se interrumpió por el abuso, la desviación en el desarrollo psico-sexual para naturalizar se adaptó, no tuvo opción".
Describió que la niña no sabía de sexualidad y que había hallado indicadores compatibles con el abuso sexual; calificó el relato como creíble, espontáneo y con cronología adecuada. No advirtió contradicción entre una entrevista y otra, tampoco indicadores de simulación ni fabulación, y sostuvo que la narración de los hechos siempre estuvo acompañada de angustia y vergüenza. Explicó que un chico que no vivió un abuso no lo puede relatar, "no puede copiar un relato", seguramente -dijo la Casación- haciendo referencia a la amiga, E.
Cabe destacar que, conforme surge del fallo de mérito, también se incorporaron por lectura los test realizados y el informe producido por la licenciada Gallo.
L. M. (hermana de Y.M. por parte del padre). Declaró que Y. nunca hizo referencia a los abusos y que recién tomó conocimiento de ellos con la citación de la justicia.
Manifestó que la niña vivió un tiempo en su casa cuando vino de Misiones. Contó que "...de la escuela fueron a verla porque las nenas no iban y hablaron del tema del abuso, con Y. presente, quien decía que no quería ver a la compañera con la que se había peleado" (por E., la hija de N. C.).
Sostuvo que la madre de la víctima se llama M. A. y vive en Misiones, y que fue ella -L.- quien le mandó a Y. los pasajes para que viniera a vivir a la Provincia de Buenos Aires. Añadió que la mamá de Y. fue avisada de la denuncia, se acercó unas dos semanas y luego se marchó, sin que haya existido más contacto.
A continuación, indicó haber vivido con su papá hasta los dieciséis años y que "...nunca sucedió nada raro. Luego se vino a Buenos Aires y formó su propia familia".
Respecto al hecho investigado, manifestó que "...no cree que su padre hiciera algo así y por eso lo va a visitar". Sobre C., sostuvo que "...no le caía bien, una vez le pidió que le comprara una bicicleta en cuotas y no le pagó".
Sentado todo ello, el Tribunal de Alzada concluyó que a L. y a Y. las une un vínculo de sangre pero no afectivo, debido a que "...crecieron por separado y recién se conocieron de grandes, cuando Y. se vino a esta provincia". De tal forma, consideró que a ese "...no lo creo capaz" de L. sobre la acusación dirigida a su padre había que ubicarlo en sus justos términos: "Ver cómo se desmorona todo, su padre detenido, hijas pequeñas con madre ausente, y una acusación de una niña a quien casi no conoce".
Destacó que "Esa actitud de descreimiento y falta de acompañamiento emocional a la niña se vio reflejado en lo informado por la trabajadora social de la escuela a la que concurría la damnificada, Elizabeth Martínez, que puso en conocimiento al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño que visitó la vivienda de L. y en esa ocasión esta le dijo que Y. quería cambiar su declaración. La niña allí presente permaneció en silencio mientras L. sostenía eso". Aludió a que cuando Y. se reincorporó a la escuela "...relató que sus hermanas mayores le pedían que cambiara sus dichos 'me dicen que mi papá va a estar mucho tiempo preso', que L. lo visita y le llevaron cartas de él. Afirm[ó] que su hermana R. le cre[ía] porque a ella le pasó. 'Se muestra segura, manifiesta no tener miedo de decir lo que le pasó [...] Refiere no querer estar con su hermana'".
Por todo lo expuesto, sostuvo que no fue la víctima quien manifestó dudas respecto de los abusos sufridos ni cambió sus dichos frente a la psicóloga o trabajadora social del colegio, sino que las dudas fueron planteadas por su hermana mayor L..
La Casación resaltó que "...Y. se vino de pequeña a esta provincia y al poco tiempo su mamá se volvió a Misiones. El único referente que tiene comete tales conductas y encuentra una figura materna en C. y prácticamente se va vivir a su casa, pidiéndole que sea su guardadora. Y. estaba triste, siempre cabizbaja -según lo expone la creíble C.-, evidentemente algo le sucedía y encontró la manera de revelarlo peleando a su amiga que justamente sufrió un ataque sexual".
Agregó que luego de la revelación, la niña "...mantuvo siempre sus dichos [...] ante cada interlocutor que tuvo ante sí, médico, psicóloga, trabajadora social y demás personal de la escuela y C.".
Respecto a las críticas formuladas por la defensa al peritaje elaborado por la licenciada Gallo, recordó que, en su oportunidad, la parte no se opuso a su incorporación por lectura. Y, por sobre todo, destacó que Gallo se sometió al contradictorio, explicando acabadamente en qué consistió su intervención y la forma en la que arribó a sus conclusiones.
En cuanto a la falta de declaración de la víctima en Cámara Gesell, sostuvo que mucho tuvo que ver la propia hermana L., que no creía en Y., no la acompañaba ni le permitía estar con C.. "En consecuencia, si para la fecha en que aquella diligencia iba a realizarse, Y. ya no estaba ni con C. ni con ella, fue por esa razón, aunque ello no invalida sus aseveraciones frente a las personas antes nombradas y por supuesto no borra los graves hechos sufridos que le marcaron para siempre su vida".
En definitiva, consideró que frente a agravios insuficientes se anteponía la prueba decisiva y seria reseñada, por lo que el recurso de la defensa no podía prosperar.
IV. Ante lo así decidido, las alegaciones genéricas de la parte relativas a la afectación del debido proceso y derecho de defensa en juicio no resultan eficaces para cambiar la suerte de lo resuelto (conf. art. 495, CPP).
IV.1. En primer lugar, las consideraciones del recurrente vinculadas a la falta de precisión temporal y espacial de los hechos por los que C. M. fue condenado lucen genéricas y descontextualizadas de la concreta descripción fáctica que -contrariamente a lo denunciado por la parte- ubica los abusos sexuales por los que el acusado fue condenado en un período de tiempo y lugar determinados, así como también describe las modalidades en que se cometieron.
En suma, el detalle que la parte reclama de manera dogmática en cuanto al tiempo y lugar no resulta eficaz para descalificar la descripción de la materialidad fáctica ni repara, en definitiva, en las particularidades propias de los abusos sexuales en la infancia reiterados en el tiempo, en los que muchas veces no es posible determinar más que períodos temporales y no días específicos (conf. art. 495 cit.).
IV.2. Igual suerte corresponde a las críticas vinculadas a la afectación del debido proceso y del derecho de defensa en juicio como consecuencia de la falta de realización de la Cámara Gesell y la ausencia de declaración de Y.M. durante la audiencia de debate.
Cabe destacar que si bien los dichos de la víctima son esenciales en todo proceso penal y especialmente en los casos de abuso sexual, donde por lo general no existen otros testigos presenciales, lo cierto que la imposibilidad fáctica de dar con el paradero de Y.M., que impidió tanto la realización de la Cámara Gesell como su comparecencia al juicio oral, no es suficiente para conmover la certeza positiva sobre la que se asentó el fallo de condena, luego confirmado por la Casación.
En efecto, como surge de la reseña de antecedentes y de la lectura de la sentencia de primera instancia, se tuvieron por debidamente acreditados los hechos de abuso sexual y la autoría penalmente responsable de C. M. con sustento en los dichos de la denunciante C., en la declaración de la licenciada Gallo, en el informe psicológico incorporado por lectura junto con los test realizados en el marco de las dos entrevistas mantenidas con la niña víctima -incorporaciones a las que la defensa no se opuso-; así como también con la restante prueba incorporada por lectura, entre la cual está el informe médico policial y el informe de la trabajadora social del colegio al que asistía Y.M.
Por otro lado, el Tribunal de Casación dio razones para explicar por qué las manifestaciones de L. M. no lograron conmover la certeza alcanzada con la mencionada prueba de cargo, haciendo alusión a la dinámica familiar y al juego de lealtades que se puede desatar en este tipo de casos -con especial referencia a la historia de vida de Y. y L.-, y reparando en que según el informe de la trabajadora social del colegio, la testigo nunca creyó en los abusos sufridos por parte de Y.M. y en que, de acuerdo con las manifestaciones de la niña en el colegio, sus hermanas mayores le habían pedido que cambie su declaración (v. fs. 138 y vta., causa principal en formato papel).
Frente a ello, las solitarias alegaciones de la defensa oficial relativas a qu
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