Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137117
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.117, "Ozón, Aníbal s/ Queja en causa n° 96.950 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de mayo de 2022, y en cumplimiento de lo dispuesto por esta Suprema Corte en la causa P. 133.541-Q (v. resol. de 21-V-2021), rechazó -por improcedente- el recurso de la especialidad articulado por los señores defensores particulares de Aníbal Mauricio Ozón -doctores Pablo Gabriel De Fazio y Cristian Emilio De Fazio-, contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que había confirmado la resolución del Tribunal Criminal n° 6 departamental en cuanto no hizo lugar al pedido de prescripción por exceso del plazo razonable interpuesto a favor del nombrado Ozón.
Contra lo así decidido, los citados defensores particulares dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. resol. de 15-VII-2022).
Ante ello, presentaron una queja y esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 15 de agosto de 2023, admitió la vía directa y concedió el carril extraordinario.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 14-II-2024), dictada la providencia de autos el día 15 de febrero de 2024, presentada la memoria por parte de la defensa particular (v. escrito digital de 21-II-2024) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Los doctores Pablo Gabriel De Fazio y Cristian Emilio De Fazio (defensores particulares de Ozón) en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciaron la arbitrariedad del pronunciamiento impugnado por falta de fundamentación suficiente y por apartarse infundadamente de preceptos legales, acerca de los planteos de extinción de la acción penal por violación del plazo razonable de duración del proceso.
En tal sentido, reclamaron que la resolución dictada por el órgano revisor -merced al reenvío ordenado por esta Corte de 21 de mayo de 2021-, nuevamente careció de fundamentación pues reprodujo las constancias respecto al trámite de la competencia y el hecho atribuido en la requisitoria de elevación a juicio que data de 2012, y luego citó jurisprudencia en su apoyo.
Indicaron que el Tribunal de Casación, al pretender sostener los elementos que configuran el plazo razonable, los afirmó dogmáticamente y sin apoyo en las constancias de autos.
Negaron complejidad en la causa, destacando que en un año y medio se completó la instrucción y se dispuso la elevación a juicio, sin imputados detenidos.
Se preguntaron de qué modo pudieron incidir en la demora del trámite de la causa las referencias hechas por Casación respecto a la prueba colectada, la pluralidad de sujetos o la gravedad de la imputación formulada. En tal sentido, destacaron que las menciones de las distintas circunstancias no fueron suficientemente fundadas ni explicadas, así como también destacaron que no hubo fundamentación legal y una mera cita de jurisprudencia.
Con relación al argumento relativo a la complejidad de la causa, insistieron en que no podía inferirse tal circunstancia tratándose de un hecho acaecido en abril de 2011, cuyo pase a juicio se solicitó en octubre de 2012, por lo que, afirmaron, el derrotero judicial posterior a dicho acto procesal no podría integrar la aludida "complejidad" del caso.
Consideraron falso el argumento relativo a la pluralidad de intervinientes, dado que solo se imputaron a dos sujetos. Asimismo, resaltaron la ausencia de valoración de la actividad procesal del justiciable y de las autoridades jurisdiccionales, señalando que Ozón no incurrió en ninguna actividad que retrasara injustificadamente el proceso.
Cuestionaron que no se haya responsabilizado a los órganos jurisdiccionales por el retraso del trámite, sin perjuicio de que se hiciese referencia como "eje de la demora" a la cuestión de competencia.
Luego de efectuar un repaso de las contingencias procesales de la causa, reiteraron que la demora resultó ajena al imputado y destacaron que lo resuelto por el tribunal intermedio robusteció la pretensión de esa parte, dado que el trámite del expediente nada tuvo que ver con incidencias de la defensa, o planteos dilatorios, ni tampoco con el hecho investigado.
Adujeron que en el análisis de la violación de la garantía del plazo razonable no debe ceñirse a la pena en expectativa y, por ende, tacharon de arbitraria a la respuesta del tribunal intermedio.
Para concluir, en sustento de su postura, trajeron a colación doctrina de autores y jurisprudencia vinculadas con la garantía a ser juzgado en un plazo razonable y con el deber de fundamentación de los pronunciamientos judiciales.
II. El señor Procurador General estimó que el fallo impugnado incumplió con los lineamientos trazados por esta Suprema Corte en la resolución de causa P. 133.541-Q (resol. de 21-V-2021; v. dictamen digital de 14-II-2024).
III. Por su parte, al presentar el memorial que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal, los defensores particulares señalaron que lo dictaminado por la Procuración General desatiende la circunstancia por la cual se ordenó el reenvío, referida a que el Tribunal de Casación no se había expedido sobre el fondo del asunto, sino que se expidió sobre el plazo razonable de la prisión preventiva.
Explicaron que, si bien el órgano revisor se valió de meras afirmaciones dogmáticas y por ello no respondió los reclamos de esa parte, se expidió acerca de la garantía del plazo razonable, y concluyeron que anular nuevamente el fallo para ordenar el reenvío redundaría en un agravamiento de la violación de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.
IV. Considero que el recurso no prospera.
IV.1. Tal como surge de los antecedentes, esta Suprema Corte, en el marco de la causa P. 133.541-Q, el día 21 de mayo de 2021, declaró procedente la queja e hizo lugar a la vía extraordinaria por aplicación del art. 31 bis de la ley 5.827.
En dicha ocasión, este Tribunal sostuvo -en lo medular- que tal como lo postulaba el quejoso, los argumentos expuestos por Casación , por un lado, se vinculaban incorrectamente a la excesiva duración de la prisión preventiva y, por otro, se mostraban meramente dogmáticos e impedían comprender cuáles fueron las razones que llevaron a adoptar dicha decisión más allá de la voluntad de los jueces que la emitieron. De tal forma, se estimó que la sentencia impugnada había importado un supuesto de arbitrariedad por fundamentación aparente que permitía invalidar lo resuelto como acto jurisdiccional válido.
IV.2. En cumplimiento de lo anterior, el Tribunal de Casación, se pronunció el día 11 de mayo de 2022 en la sentencia que ahora se impugna, rechazando el recurso de la defensa.
Para así decidir, luego de efectuar un repaso del trámite procesal de la causa, el sentenciante destacó como eje principal de la demora, los planteos de competencia; primero entre el fuero federal y el fuero ordinario, y luego en el ámbito de este último, entre los tribunales de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora y Quilmes. Consideró que era necesario que tales contiendas se resolviesen con anterioridad a cualquier trámite para evitar eventuales planteos anulatorios a futuro.
También se hizo hincapié en el hecho objeto de juicio, por el cual se afirma que Aníbal Mauricio Ozón y Pablo Emanuel Villavicencio participaron el 17 de abril de 2011 -junto a otras dos personas no identificadas- en la sustracción, retención y ocultamiento de Fernando Adaleta. Este hecho se habría iniciado aproximadamente a las 00:10 hs., cuando Adaleta fue interceptado por -al menos- dos personas en el momento en que llegaba a la casa de un amigo en la localidad de Sarandí. Mediante intimidación con un arma de fuego estos sujetos le sustrajeron la billetera y lo obligaron a ascender al asiento trasero de un vehículo en el cual se marcharon. Durante el viaje le quitaron el teléfono celular, y a través del mismo le exigieron a su madre la suma de cincuenta mil pesos ($50.000) a cambio de su liberación. Pactado el rescate en ocho mil dólares estadounidenses (U$$8.000), el pago se concretó en una calle paralela a la Avenida Calchaquí en inmediaciones del "triángulo de Bernal", en donde, aproximadamente a las 00:50 de ese mismo día, se lo liberó.
Asimismo, se le atribuyó a Aníbal Mauricio Ozón en dicha requisitoria, la tenencia sin autorización de un revolver -arma de uso civil- sin proyectiles, incautado el día 16 de mayo de 2011, en su domicilio de Wilde, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Por su parte, se le atribuyó a Pablo Emanuel Villavicencio la tenencia sin autorización, de un revolver -arma de fuego de uso civil-, incautado el día 16 de mayo de 2011, en su casa de San Francisco Solano, partido de Quilmes.
El órgano casatorio juzgó que se trataba de una causa que reviste gravedad, con una pena probable muy alta, donde intervinieron una pluralidad de sujetos y una pluralidad de elementos de prueba. Citó un precedente de esa Sala que estimó corroborado con los arts. 8.1. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 25 de la Declaración Americana de Derechos Humanos y 14.3.c. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Luego de repasar diversas fórmulas vinculadas con la garantía del imputado a ser juzgado en un plazo razonable, concluyó que todas tienen similares alcances consistentes en asegurarle al imputado un derecho constitucional por el cual su situación frente a la ley debe finalizar definitivamente dentro de un plazo que asegure un enjuiciamiento expeditivo. Trajo a colación jurisprudencia de la Corte nacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de la Comisión Europea de Derechos Humanos (CSJN causas "Bramajo, Hernán Javier" y "Trusso"; CIDH casos "Genie Lacayo" y "Suárez Rosero", y CEDH "Wemhoff").
Concluyó señalando que, de acuerdo con la gravedad de los hechos imputados, la magnitud de la pena probable, la pluralidad de intervinientes, y las cuestiones de competencia que debieron previamente resolverse, debía confirmarse el rechazo del planteo efectuado por el juez de primera instancia, sin perjuicio de lo cual estimó que el órgano de juicio debía arbitrar los medios -incluyendo los telemáticos- para lograr la realización del juicio (anteriormente suspendido) a la mayor brevedad.
V. Frente a lo resuelto, la defensa particular de Ozón insiste en que el fallo del Tribunal de Casación incurre nuevamente en arbitrariedad (al igual que el anteriormente dictado el 5 de noviembre de 2019 por la Sala IV del Tribunal de Casación -al cual me remito para ser breve-, y que había sido casado por esta Suprema Corte de Justicia).
Sin embargo, la impugnación es insuficiente para revertir lo decidido, pues la arbitrariedad que declama carece de un desarrollo argumental suficiente, al tiempo que omite demostrar que en el caso estén cumplidos todos los requisitos que demanda la excepcional solución extintiva que persigue esa parte (conf. art. 495, CPP).
Ello así, dado que para la aplicabilidad de la extraordinaria solución requerida, se exige una labor que implica examinar ciertos parámetros relevantes merced a los cuales el juzgador pueda valorar las diversas circunstancias que rodean el caso, tal como enseña la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; entre otros: la complejidad del asunto, el comportamiento de los demandantes y el de las autoridades judiciales (TEDH Eckle v. Alemania, n° 1982/4, 15-VII-1982; Kemmache v. Francia, serie A núm. 218, pág. 27, apdo. 60, 27-XI-1991; Pélissier y Sassi v. Francia, n° 25444/94, apdo. 67, CEDH 1999-II, [10]; Jetzen v. Luxemburgo, n° 2008/16, 4-III-2008; entre muchos).
En igual sentido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha fijado estándares para la determinación de la razonabilidad del plazo insumido, debiendo considerarse cuatro elementos, a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales (CIDH casos Genie Lacayo vs. Nicaragua, párr. 77; Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, párr. 164; Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas, sent. de 3-IV-2009, Serie C No. 196, párr. 112; Bayarri vs. Argentina. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sent. de 30-X-2008, Serie C No. 187, párr. 107; Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas, sent. de 4-VII-2007, Serie C No. 165, párr. 26 y Heliodoro Portugal vs. Panamá, párr. 149), y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada (CIDH casos Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, párr. 155 y Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, párr. 164).
V.1. Corresponde entonces realizar un análisis de los pasos procesales que tuvo este expediente.
V.2. De las actuaciones digitalizadas obrantes en el sistema informático Augusta se desprende que el hecho aquí investigado data del 17 de abril de 2011, momento en el cual se produjo la denuncia.
V.3. La investigación judicial tramitó en el ámbito de la justicia federal que, con fecha 24 de octubre de 2012 requirió el pase a juicio del expediente, adecuando típicamente el hecho imputado a Aníbal Mauricio Ozón y a Pablo Emanuel Villavicencio, como constitutivo de los delitos de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado su propósito, en concurso ideal con robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, todos ellos en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, en los términos de los arts. 170, primer párrafo, 166 inc. 2, segundo párrafo, en función del art. 164 y 189 bis inc. 2, todos del Código Penal.
V.4. Una vez radicado en el Tribunal Oral Criminal Federal n° 2 de La Plata (29 de agosto del año 2013) comenzó una contienda de competencia entre el fuero federal y la administración de justicia local que conllevó al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2015 (30 de junio) que asignó finalmente competencia a la justicia provincial.
V.5. A partir de allí una nueva contienda de competencia se gestó entre el Tribunal en lo Criminal n° 4 de Quilmes y el Tribunal en lo Criminal n° 6 de Lomas de Zamora, que culminó con la decisión del Tribunal de Casación de definir la competencia en este último órgano (resolución de fecha 23 de agosto del año 2016).
Es decir que, desde el año 2012 al 2016 se presentó un bache temporal sustentado en la tensión entre el principio de validez de los actos procesales correctamente cumplidos, y la necesidad de asegurar una correcta determinación de la competencia que evite futuros planteos de nulidad por violación del principio de juez natural.
Este punto ha sido advertido por el intermedio cuando lo define como el "eje de la demora". Sin embargo, la defensa, se desentiende de estas particularidades y solo afirma dogmáticamente que "no hubo complejidad alguna", sin atender a la doble problemática que reflejó el caso: la vinculada con la materia federal u ordinaria del secuestro extorsivo investigado y aquella emergente de la comisión de acciones delictivas que, dada su naturaleza (entre otros, el delito permanente), traspasaron los límites de diferentes departamentos judiciales.
Por lo demás, cabe señalar que, durante esta incidencia, el imputado Ozón se encontraba en libertad.
V.6. Ahora bien, el 6 de octubre del 2016, el Tribunal en lo Criminal n° 6 de Lomas de Zamora citó a juicio a las partes. Luego, en oportunidad de resolverse las cuestiones preliminares al debate, la defensa particular del nombrado, planteó allí la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo razonable de la investigación y, en consecuencia, solicitó el sobreseimiento de su asistido.
V.7. El Tribunal en lo Criminal n° 6 departamental, el 31 de julio de 2017 -en lo que aquí es objeto de interés- rechazó la aludida solicitud de prescripción por vencimiento del plazo razonable en la investigación, y fijó fecha de juicio oral y público para el día 20 de septiembre del año 2017.
V.8. Interpuesto recurso de apelación por la defensa de Ozón, la Cámara departamental, rechazó la impugnación por improcedente, con sustento en que la decisión no resultaba impugnable mediante la vía recursiva intentada, conforme lo estatuido por el art. 338, decimoprimer párrafo, del código procesal (v. resolución de 28-IX-2017). Ello, en línea con el principio establecido en el art. 429 del Código de Procedimiento Penal.
V.9. A pesar de lo resuelto, la defensa interpuso un recurso de casación, y habiéndose declarado inadmisible, articuló queja en los términos del art. 433 del Código Procesal Penal.
V.10. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de noviembre de 2019, declaró admisible la queja, y rechazó -por improcedente- el aludido recurso de casación, decisión que fue impugnada y derivó en la resolución de esta Corte que ordenó el dictado de un nuevo fallo, el que es aquí objeto de análisis.
VI. Frente al tránsito que tuvo el expediente, corresponde focalizarse en algunos aspectos que son dirimentes para el rechazo del remedio.
VI.1. En primer lugar, se advierte que, una vez radicada en el Tribunal en lo Criminal n° 6 y resueltas las cuestiones preliminares (art. 338, CPP), se designó fecha de debate para el día 20 de septiembre del año 2017, la propia defensa solicitó la suspensión del juicio.
Es decir, sorteados los avatares de las contiendas de competencia, y encontrándose el caso en condiciones de ser decidido en un juicio oral y público, la parte aquí impugnante renunció a la efectiva posibilidad de que el procesado Ozón goce de un juicio sin demoras.
El Tribunal de juicio -a mi entender equivocadamente- accedió -por mayoría- al pedido de la parte, bajo el fundamento de que se encontraba pendiente de resolución la apelación contra la denegatoria de la extinción de la acción penal por vulneración del plazo razonable. Es que, en línea con el voto en minoría -del doctor Vandemberg- y tal como luego lo decidiera la Cámara departamental, la incidencia planteada por la defensa de Ozón no impedía la prosecución del trámite procesal de la causa y la realización del debate. En efecto, durante la etapa de juicio la regla es la inimpugnabilidad directa de las decisiones previas a la sentencia definitiva. Bajo la lógica de que el pleito se encuentra en fase de definición, el legislador estableció un sistema impugnativo acotado para las partes, pues lo contrario generaría una elasticidad del proceso intolerable para la garantía a un juicio rápido y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas.
A su vez, los plazos de la vigencia de la acción penal también podrían ser puestos en jaque a través del instituto de la prescripción.
Es por ello entonces que, en la etapa de juicio, el sistema procesal propende hacia la impugnación directa únicamente respecto de la decisión final, mientras que las restantes decisiones que previamente se toman en el marco de esta etapa, podrán ser revisadas en relación, esto es, siempre que se justifique la existencia de un perjuicio en relación directa con el fallo final. Esto es consecuencia del juego armónico de los arts. 338 última parte y 429 del Código de Proced
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.