Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134220
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.220-Q, "Escobar, Raúl Emanuel s/ Queja en causa n° 97.184 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Genoud .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de octubre de 2019, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora -con integración unipersonal-, que condenó a Raúl Emanuel Escobar a la pena de seis años de prisión, con accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por resultar autor responsable del delito de robo calificado por el empleo de arma -dos hechos en concurso real- (arts. 55 y 166 inc. 2, Cód. Penal; v. fs. 43/51 y 613).
El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 62/72), que fue concedido por esta Suprema Corte en virtud de la queja presentada ante la denegación del a quo (v. fs. 101/103).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 113/116 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 118), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa alega supuestas infracciones constitucionales por las cuales se habilitó excepcionalmente la vía extraordinaria ante esta Corte.
Denuncia que la revisión ante la instancia intermedia de la imputación relativa a la autoría de Escobar en el hecho I que se le atribuye importó un tránsito aparente, con frustración al derecho al doble conforme. A la par que se incurrió en arbitrariedad y transgresión del principio in dubio pro reo (v. fs. 66 vta.).
La parte llega a esta conclusión al comparar los elementos de prueba que justificaron dicha imputación en el fallo de origen con los que la sostuvieron en la instancia intermedia. Señala que la revisión se ajustó a los parámetros del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al desecharse la valoración del reconocimiento efectuado por la damnificada Pezoa en el debate; pero, a partir de allí, se abandonó el camino revisor por cuanto la Casación construyó su propio razonamiento originario y no realizó un control del formulado por el órgano de origen.
También califica de falso tal razonamiento por fundarse en afirmaciones carentes de sustento. Según lo entiende, de ese modo se trastoca el derecho a la doble instancia por formularse un juicio de mérito distinto del que se debía controlar (v. fs. 68 y vta.).
Incluso, la defensa encuentra reprochable que el a quo no se haya expedido sobre dos de los indicios empleados en el veredicto: los de la similitud de la persona y el arma empleada en ambos hechos (v. fs. 68 vta. y 69).
Además, discute que haya existido proximidad temporo-espacial entre los hechos I y II, con lo cual impugna el indicio que de allí se derivó; y valora que las restantes presunciones empleadas por el tribunal del recurso carecen de la relevancia que se les atribuye, transgrediéndose el in dubio pro reo y, en definitiva, incurriéndose en arbitrariedad (v. fs. 69 vta. y 70).
II. El Tribunal en lo Criminal -con integración unipersonal- consideró probados dos hechos atribuidos al acusado Raúl Emanuel Escobar.
Hecho I: "el día 23 de junio de 2018, siendo aproximadamente las 11:20 horas en las inmediaciones de las calles Villegas y Vilcapugio de la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown, un sujeto del sexo masculino mayor de edad identificado, intercept[ó] a Milagros Soledad PEZOA y mediante intimidación ejercida con un cuchillo, le sustrajo un celular marca Samsung J7 de color blanco [...] para luego darse a la fuga con el fruto del injusto" (fs. 7).
Hecho II: "... el mismo día, siendo aproximadamente la[s] 15:45 hs. en inmediaciones de la intersección de las calles José Ignacio Gorriti y Santiago del Estero, de la localidad de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, un sujeto del sexo masculino mayor de edad identificado intercept[ó] a Carla Antonella SILVA y mediante intimidación ejercida con un cuchillo, logró apoderarse de una billetera de color beige con tachas de la marca Pierre Cardín, que contenía documentación y dinero en efectivo perteneciente a la víctima de autos, para luego de ello darse a la fuga con el fruto del ilícito" (ibíd.).
Como cuestión previa la magistrada que falló el caso desestimó un pedido de nulidad que la defensa sustentó en que a Milagros Pezoa le había sido exhibida en la comisaría una fotografía de Escobar. La jueza argumentó que no obstante haber narrado la testigo en el debate tal circunstancia, también en dicha audiencia identificó -sin que el defensor se opusiera- al imputado, "... previo aportar las características físicas, con total espontaneidad y seguridad...", de modo que resultaba "... inalterable la valoración del testimonio brindado por la damnificada" (fs. 6 y vta.).
Para la acreditación de la autoría se consignó en el veredicto que ambas víctimas describieron de manera coincidente al agresor; que lo identificaron durante el debate -sin objeción de las partes-; que se encontraron en su poder los elementos sustraídos a raíz de una persecución iniciada por Carla Silva hasta que, en su presencia, fue aprehendido por la policía; que fue secuestrado en esa misma ocasión el cuchillo empleado; la escasa distancia entre los lugares en que se produjeron los hechos y el modus operandi (v. fs. 9 vta./10 vta.).
III. En el recurso de casación el señor defensor oficial planteó -en lo que aquí interesa- que el testimonio brindado en el debate por Pezoa se encontraba viciado de nulidad porque la policía había exhibido a la víctima una fotografía de Emanuel Escobar, y que tal nulidad debía extenderse a los actos concatenados (v. fs. 23 vta. y 24), razón por la cual pidió la absolución en el hecho I. Sin perjuicio de ello, además alegó que en ambos ilícitos se trataba, eventualmente, de un robo simple pues el cuchillo no fue empleado para intimidar (v. fs. 24 vta./26), ya que en ambos eventos solo habría sido exhibido al levantarse el sujeto la remera, y como lo llevaba en el pantalón únicamente pudo verse el mango del cuchillo, pero no la hoja (v. fs. 24 vta.).
IV. El Tribunal de Casación no hizo lugar al planteo de nulidad dado que la defensa expresamente había manifestado no oponerse a la identificación del acusado por la víctima Pezoa en el debate. No obstante, el a quo entendió que la pretensión de nulidad "... se dirigió fundamentalmente, contra un acto de la etapa preparatoria que no fue incorporado por lectura al debate [...], pero que se encuentra indisolublemente ligado al testimonio mencionado, esto es, el reconocimiento por fotografías". Por lo tanto, consideró que se imponía una valoración distinta del testimonio ya que la actuación policial fue en contra de todas las reglas procesales referidas al reconocimiento de personas y la presentación de una fotografía a la damnificada constituyó un hecho contaminante de la memoria, "... cuyos efectos indudablemente deben extenderse a los posteriores señalamientos realizados en sede judicial". Sentado ello, concluyó que la fuerza probatoria del testimonio de identificación durante el debate se había perdido (v. fs. 46/47 vta.).
De todos modos, el revisor apreció que aun suprimiendo del complejo probatorio el reconocimiento efectuado durante el debate, surgían otros elementos que demostraban la autoría de Escobar en el hecho I: la aprehensión aproximadamente cuatro horas después teniendo en su poder el teléfono celular de la damnificada; que aquella se produjo minutos después de que el imputado abordara a Silva, "... a quien también desapoderó de sus pertenencias, con la misma metodología sufrida por Pezoa, esto es, exhibiéndoles a ambas un cuchillo que llevaba en su pantalón, objeto que le fue incautado y que fue reconocido por las dos damnificadas...". En síntesis, "... la cercanía temporo-espacial entre ambos acontecimientos, la similitud en la modalidad de abordaje a las víctimas por parte del sujeto activo, y el secuestro del teléfono de la víctima Pezoa en poder del imputado...", conformaron un cuadro probatorio mediante el cual el órgano intermedio confirmó la atribución de autoría en el hecho en cuestión (v. fs. 48 y vta.).
Por último, el a quo mantuvo la calificación legal establecida en la sentencia de origen (v. fs. 48 vta./50).
V. Coincido con el dictamen de la Procuración General en que el recurso no prospera, por las siguientes razones (art. 495, CPP).
V.1. En rigor, el defensor plantea agravios de corte procesal concernientes a la interpretación y alcance del art. 460 del Código Procesal Penal, que regula la facultad del órgano intermedio de, en el marco de la materia sujeta a fiscalización, readecuar el pronunciamiento recurrido, asumiendo competencia positiva. Y sobre el tema, ha resuelto esta Corte que, en principio, la interpretación de tales preceptos, que determinan la esfera de actuación del órgano revisor, escapa al ámbito de conocimiento de este Tribunal por medio de la vía de inaplicabilidad de ley. De cualquier modo, la recurrente se ha desentendido de las normas rituales que rigen la situación (véase, en lo pertinente, causas P. 126.435, sent. de 16-VIII-2017 y P. 126.664, sent. de 5-IV-2017).
Por lo demás, el Tribunal de Casación efectuó un amplio examen de los hechos y la prueba (causa P. 126.151, sent. de 13-XII-2017) y la defensa no ha demostrado que las disposiciones legales y constitucionales que rigen el caso restrinjan la labor del a quo del modo en que lo propone.
El derecho a obtener la revisión integral de la sentencia de condena fue ejercido mediante el recurso de casación y en la instancia intermedia la parte obtuvo el progreso de uno de sus planteos, lo que abrió la competencia para examinar, como se hizo en estos autos, si las restantes probanzas bastaban para sustentar la imputación penal. Esa tarea integra la potestad revisora y el recurso no demuestra lo contrario (art. 460, CPP; mutatis mutandi , causa P. 125.464, sent. de 22-XII-2015).
V.2. En consecuencia, en contra de lo que se sostiene en la impugnación, no hay razones que impusieran a la Casación ocuparse de los indicios de cargo que no utilizó. Por lo demás, aunque el recurrente no lo advierte, como lo señala el dictamen de la Procuración General, se ponderó el concerniente al reconocimiento del cuchillo por las víctimas en ambos hechos (v. fs. 49 vta. y 50).
V.3. En cuanto a las objeciones acerca del mérito de la prueba escapan por regla a la competencia de esta Corte y, en el caso, quedaron marginadas del juicio de admisibilidad.
V.4. Por consiguiente, la invocación del principio in dubio pro reo y la denuncia de arbitrariedad carecen de todo sustento.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/04/2022 13:27:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2022 23:58:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2022 09:15:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/04/2022 14:54:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2022 08:56:38 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/04/2022 12:35:44 hs. bajo el número RS-41-2022 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia