Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134027
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.027, "Altuve, Carlos Arturo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 97.521 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Albarenque Vázquez, José Catalino", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria , Genoud .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 27 de febrero de 2020, rechazó el recurso de la especialidad presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de San Isidro que condenó a José Catalino Albarenque Vázquez a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima.
El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue desestimado por el Tribunal de Alzada, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 6-XI-2020, admitió la queja y concedió el carril extraordinario por estimar que las denuncias de arbitrariedad en la valoración de la prueba y en la fundamentación del fallo contaban con la suficiencia y carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor fiscal denunció arbitrariedad por falta de fundamentación y tránsito aparente ante el Tribunal de Casación Penal y tildó de parcial, fragmentada y contradictoria la valoración de la prueba.
I.1. De modo preliminar, reseñó los antecedentes del caso.
Recordó que en el recurso de casación el Ministerio Público Fiscal solicitó la subsunción de los hechos en la figura de abuso sexual con acceso carnal. Para ello, argumentó que surge del relato de la víctima -de quince años de edad-, de las lesiones sufridas por ella, de la prueba testimonial y del acta de procedimiento, entre otros elementos, que el imputado -de treinta y un años- "...tomó fuertemente a [A.S.] para evitar que opusiera resistencia y la penetró analmente sin su consentimiento".
Resaltó que el consentimiento de la niña estaba viciado no sólo por su corta edad sino también por la ingesta de alcohol y por su problema de adicción a las drogas, circunstancias todas ellas conocidas por el acusado. Asimismo, criticó que se haya rechazado la existencia de violencia de género en el caso y que no se haya valorado el plus de vulnerabilidad de la víctima por su condición de niña y su adicción a las drogas. En subsidio, solicitó que para el supuesto de no hacer lugar al cambio de calificación, se ponderasen tales circunstancias -aprovechamiento de la vulnerabilidad y violencia de género- como agravantes.
S in embargo, el Tribunal de Casación desestimó los planteos de la fiscalía. En tal sentido, afirmó que las contradicciones en el relato de la víctima impiden conmover la presunción de inocencia que ampara al imputado, y resaltó que la valoración de la prueba realizada por el tribunal de mérito se compadece con las leyes de la lógica, la psicología y el sentido común. En cuanto a las agravantes, las desechó por falta de prueba.
I.2. Sentado lo anterior, el señor fiscal alegó que la sentencia de Casación es "arbitraria, superflua, prejuiciosa y contradictoria". Sostuvo que el contundente testimonio de la víctima fue confirmado por la prueba pericial. En su apoyo, citó los casos "Fernández Ortega" y "Rosendo Cantú" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los que se desprende que en la investigación de hechos de violencia sexual "...la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental [...] que no debe ser corroborada necesariamente mediante otros elementos probatorios independientes...".
Recordó las obligaciones asumidas por el Estado argentino al ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y resaltó que en este tipo de casos existe un deber específico de investigación y sanción, así como también de adoptar procedimientos internos para no revictimizar a quienes sufrieron hechos de violencia de género. En dicho marco, manifestó que el Tribunal de Casación desestimó infundadamente la prueba producida, incumpliendo con la obligación estatal de debida diligencia frente a este tipo de delitos.
Puntualizó que las supuestas variaciones en el relato de A.S. se explican por las particulares circunstancias que rodearon al hecho y la lamentable realidad de la niña. Destacó que "...no debe perderse de vista una cuestión esencial: la joven A.S. siempre fue conteste y contundente en que esa noche fue violada y sindicó al imputado de autos como el autor del hecho".
Explicó que tales extremos se acreditaron con el acta de procedimiento incorporada por lectura y recreada en la audiencia de debate con la declaración del personal policial interviniente, Julieta Analía Silva y Jonathan Omar Partenuk, que explicaron que el día 10 de septiembre de 2017 recibieron una alerta del sistema de emergencias 911 y se constituyeron en el domicilio ubicado en Ituzaingó … de San Fernando, domicilio de M. R., donde encontraron a la víctima "...en estado de alteración y llanto, manifestando que había sido abusada sexualmente, refiriendo de esta forma y de manera espontánea delante del personal policial actuante que estando en la casa de su amiga A. M. P. había conocido a un sujeto que la había obligado a mantener relaciones sexuales".
A continuación, trajo a colación los dichos de M. R., quien vivía con la víctima y fue la primera persona que estuvo con ella luego de los hechos. R. declaró que A.S. ingresó a su casa llorando y en estado de exaltación; que le dijo que fue violada y golpeada en un hotel alojamiento, quejándose de fuertes dolores en la zona abdominal baja y en sus partes íntimas, "...y que si bien en un momento dijo que fueron entre 4 y 7 atacantes, [...] la menor aludía a que había sido José. Que divisó el sangrado en la entrepierna y marcas en el cuello y muñecas...".
A su vez, se refirió al relato de C. R. S., progenitora de la niña, quien sostuvo que "...luego de recibir una llamada telefónica de R. comunicándole el estado en el que había llegado su hija a la casa y que se dirigían al hospital, esta se apersonó en el nosocomio y [...] su hija le dijo que había sido violada y que tenía un fuerte dolor, divisando la calza rota en la entrepierna y el sangrado".
Luego, hizo alusión al testimonio de A. M. P., que tomó conocimiento de lo sucedido por M. R. y que cuando fue al domicilio de esta vio que A.S. tenía golpes y sangrado en su entrepierna, "...manifestándole la atacada que fue abordada por cuatro o siete sujetos que la violaron y golpearon".
La fiscalía agregó que, según Juan Carlos Ramos, "...la mañana del hecho se apersonaron tres mujeres en su domicilio, una de la cuales portaba un cuchillo y [...] le vociferó que su hijastro había violado a su hija, no pudiendo entablar diálogo por el grado de exaltación en el que se encontraba la misma".
Concluyó así que todas las declaraciones fueron contestes en que la mañana del día del hecho A.S. estaba en shock, exaltada, llorando, golpeada, con la ropa rota, sangrando en la entrepierna y mencionó a José como su agresor.
En otro orden, señaló que al momento de los hechos la víctima padecía un cuadro de intoxicación etílica que no solo afectó su capacidad de brindar libre consentimiento, sino que exige que las exclamaciones y vacilaciones efectuadas inmediatamente después del hecho sean valoradas en el contexto. Alegó que es indistinto si A.S. y A. M. P. estaban bebiendo fernet o champagne la noche del hecho, pues ello no constituye una divergencia sustancial que pueda afectar la credibilidad de la víctima; lo importante es que habían tomado bebidas alcohólicas, que A.S. estaba alcoholizada y que cuando se fue al hotel alojamiento con el imputado continuaron bebiendo vino espumante y champagne.
A puntó que "...estamos hablando de una víctima que al momento del hecho tenía la corta edad de quince años, con problemas de adicciones a las drogas, y que esa misma noche había ingerido bebidas alcohólicas que la llevaron a un estado de intoxicación, lo cual torna absurdo el reclamo de claridad conceptual exigido por el tribunal de instancia -y reeditado por el tribunal casatorio- en cuanto a las declaraciones vertidas por la joven la misma mañana del hecho, a pocos minutos de haber sufrido un ataque sexual".
E n suma, afirmó que de la prueba reseñada se desprende que A.S. "...arribó la mañana del hecho a su morada con golpes, sangrado en la entrepierna, llorando y en gran estado de exaltación diciendo que había sido violada y si bien es cierto que en algún momento [...] relató que los atacantes fueron varios, en todo momento sindicó a José como el autor del hecho", extremos que surgen de lo narrado por la joven en el debate, de lo declarado por los agentes policiales, del testimonio de M. R., del de la madre de la víctima, y hasta de lo manifestado por el padrastro del imputado.
Frente a ello, sostuvo que el tribunal de mérito y luego el de Casación se apartaron infundadamente del plexo probatorio con base en las supuestas contradicciones en el relato de la víctima, quien encontrándose en estado de intoxicación alcohólica luego de padecer un abuso sexual, además de nombrar a "José" como autor del hecho, dijo que fue atacada por varios sujetos más.
De seguido, criticó la decisión de restar credibilidad a los dichos de la víctima porque no declaró durante la IPP (conf. art. 102 bis, CPP) sino recién en el juicio. Los sentenciantes, en un intento de socavar su credibilidad, hicieron hincapié en que la niña dijo -para excusarse de brindar testimonio- que temía sufrir represalias, y notaron que no sufrió ninguna, ni del imputado ni de su familia. Pues bien, la fiscalía tildó tal razonamiento de inconcebible, pues "El solo padecimiento y ataque sufrido por la menor la coloca sin lugar a dudas en una posición de vulnerabilidad y temor de lo que el acusado le pueda llegar a hacer. Exigir que además, para justificar los miedos padecidos, la joven o su familia hayan tenido que sufrir efectivamente amenazas o nuevos ataques por el encausado es irracional y cruel, colocando a la víctima en una posición de revictimización".
En consecuencia, afirmó que las supuestas inconsistencias en el relato de A.S. luego de haber sufrido tan aberrante hecho, y el temor que dijo sentir y le impidió declarar durante la etapa de la investigación preparatoria, no constituyen elementos suficientes para conmover el tramo de su declaración que sindica a José Catalino Albarenque Vázquez como autor de los ataques sexuales en el hotel alojamiento al que ingresaron conjuntamente.
Por otra parte, tachó de arbitraria e infundada la afirmación del tribunal revisor de que con los informes médicos no se pudo probar el acceso carnal vía anal, en tanto según la doctora Solange Masso "...'el eritema vaginal que presentaba la joven podía ser causa del estado hormonal que cursaba, es decir, la menstruación'". El recurrente sostuvo que dicha prueba se ponderó de manera parcial. En primer lugar, refirió que "La doctora Masso en ningún momento declaró -sea en el informe médico efectuado el día del hecho, o a instancia del debate oral- que el sangrado de la entrepierna de la menor se debiera al período menstrual". Puntualizó que del examen ginecológico surge "'...Vestíbulo: edematizado y eritema...'", y que el día del juicio la médica explicó la definición de los términos "edematizado" y "eritema", "...los cuales hacen alusión a un proceso inflamatorio, aclarando que no puede determinarse con exactitud la causa de los mismos, pudiendo ser ésta una relación sexual, un proceso infeccioso, o el estado hormonal femenino" (el destacado figura en el original). Pero de modo alguno -siguió la fiscalía- ello puede ser interpretado por el Tribunal de Casación como contrario a los dichos de la niña, quien negó estar cursando el período menstrual; antes bien, el órgano revisor debió descartar esa posible causal, apuntalando así la afirmación de la víctima de que el sangrado se debió a la violencia padecida en la relación sexual no consentida, sobre todo porque un tramo del informe médico constató "...'lesión contusa anal en hora 11 y esfínter hipertónico'". Adunó que de tal informe surge también que ese traumatismo "...podría ser compatible con penetración digital y/u objeto de bordes romos (no punzante), duro como un pene humano en erección y/o similar, y que tanto en la zona anal, vaginal y bucal los hisopados dieron positivo en sangre...", todo lo cual vendría a corroborar el relato de A.S.
Rememoró los dichos de la víctima y consideró que no hay razón para no creerle en tanto dijo que "...estaban teniendo relaciones sexuales consentidas, pero que en un momento Albarenque quiso penetrarla analmente, a lo que ella se resistió. Que la agarró de las manos y la penetró. Que cuando regresó a la morada donde estaba alojada transitoriamente tenía un fuerte dolor en la zona baja del abdomen, la calza rota en la entrepierna y un fuerte sangrado en dicha zona 'pero que no se debía a su período menstrual por no encontrarse en dichas jornadas'" (el destacado figura en el original). Resaltó que los golpes, la ropa rasgada y el sangrado fueron advertidos por su progenitora, por M. R. y por A. M. P..
También cuestionó la afirmación del Tribunal de Casación referida a que la propia víctima le manifestó a la doctora Masso haber mantenido relaciones sexuales con otro sujeto doce horas antes del hecho investigado. Alegó que la vida privada de la víctima no se puede ponderar para mejorar la situación del imputado cuando A.S. fue contundente al decir que José Catalino Albarenque Vázquez fue el autor del ataque sexual padecido, sin que exista motivo alguno para no creerle.
Insistió en que la joven fue observada con golpes, sangrado en la entrepierna y rotura en la ropas minutos después del hecho investigado, al abandonar el hotel alojamiento; en razón de ello, que haya mantenido relaciones sexuales consentidas con otro sujeto doce horas antes no aporta nada a la cuestión a decidir.
Citó nuevamente el informe de la doctora Masso, del cual surge "'EXAMEN ANAL: Esfínter lesión contusa equimosis en región de hora 11 [...] Región anal lesión equimosis en hora 2 (menor a 24 hs) las que podrían ser compatibles con la penetración digital y/o un objeto con bordes romos, duro como pene en erección y/o similar...'". A su entender, de ello se evidencia "...la arbitraria interpretación que efectuara el [Tribunal de Casación Penal] al solo efecto de desacreditar el testimonio de la denunciante de autos. No es lo mismo afirmar que una lesión tiene una antigüedad menor de 24 horas, que decir que la misma tiene 24 horas de antigüedad. Esta última excluiría la posibilidad de que Albarenque haya sido quien le ocasionara la lesión, pero la primera afirmación, que es la que realmente efectuara la Dra. Masso, coincide con el relato de A.S. en cuanto a que Albarenque la penetró analmente contra su voluntad la mañana del hecho que se denuncia".
En función de todo lo expuesto, la fiscalía afirmó que se probó debidamente que "A.S., a su corta edad de 15 años, teniendo problemas familiares por su adicción a las drogas, y encontrándose en un estado de intoxicación por la ingesta de bebidas alcohólicas fue abusada sexualmente por un sujeto masculino dieciséis años más grande que ella, quien la penetró vía anal sin su consentimiento". Sostuvo que Albarenque debió ser condenado por estos hechos; no obstante, la Casación efectuó una arbitraria y parcial valoración de la prueba y socavó infundadamente la credibilidad del testimonio de la víctima, incumpliendo con la obligación asumida por el Estado de garantizar la investigación y sanción de los responsables de delitos de violencia de género.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso.
Coincido con lo dictaminado.
III. La tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba es procedente pues el Tribunal de Casación Penal realizó un análisis parcializado y fragmentado de los elementos de convicción y no respetó los estándares específicos para la ponderación del testimonio de A.S. en razón de su calidad de niña víctima de abuso sexual, defectos que se estructuraron sobre la base de estereotipos de género, tal como a continuación se demostrará (conf., mutatis mutandi , causas P. 130.562, sent. de 20-II-2019; P. 130.506, sent. de 10-IV-2019; P. 122.143, sent. de 24-IV-2019; P. 130.488, sent. de 21-XII-2020; art. 496, CPP).
Veamos.
IV. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto del juez Maidana al que adhirió el juez Carral, rechazó el recurso fiscal y confirmó la condena de primera instancia.
IV.1. En primer lugar, recordó el hecho que se tuvo por probado: "El 10 de septiembre de 2017, siendo aproximadamente las 7:00 horas, una vez finiquitado el cumpleaños que tuvo lugar en la residencia sita en la arteria [...] un masculino que dobl[aba] en edad a A.S. de 15 años, se retiró del lugar en compañía de la menor, dirigiéndose a pie por ocho cuadras al hotel alojamiento 'Micos', emplazado en la calle [...] donde mantuvieron relaciones sexuales, prima facie consentidas. Promediando las 10:00 horas, la femenina en un repentino abandono de la habitación asignada, intentó retirarse del albergue transitorio, siendo denegado por el conserje, quien le hizo saber que lo debía realizar de manera conjunta con su acompañante, lo que realizaron de manera conjunta aproximadamente a las 10:26 horas".
Sentado ello, luego de efectuar consideraciones respecto al modo de valorar la prueba y a las limitaciones derivadas de la inmediación, afirmó que el tribunal de mérito ponderó los elementos de convicción de manera adecuada y pormenorizada para luego concluir que se acreditó la materialidad ilícita y la autoría penalmente responsable respecto del delito previsto en el art. 120 del Código Penal.
Puntualizó que a tal fin se tomaron en consideración los dichos de la víctima A.S., de Sonia Oettel, C. R. S., A. M. P., M. R., Solange Masso, Julieta Silva, Jonathan Partenuk, Leonardo Raimundo, Andrea Choffi y Juan Carlos Ramos, y que no se percibió en ninguno de ellos un interés especial, afecto o animadversión, salvo en la víctima "...cuando [...] refirió haber tomado conocimiento en Facebook de una violación por parte del imputado a una menor de 12 años, pero sin poder recordar al usuario o aportar evidencia alguna al respecto...", sumado a su negativa a declarar en Cámara Gesell durante la etapa de instrucción por miedo a sufrir represalias, pese a que no recibió ninguna del imputado o de su familia, "...ni siquiera en la actualidad"; asimismo, resaltó que hubo una contradicción en su relato con lo dictaminado por la médica que la revisó en un primer momento, Solange Masso.
Evaluó lo dicho por la licenciada Sonia Oettel, que tuvo contacto con la niña en el Hospital de San Fernando y sostuvo que en la primera entrevista que mantuvo con ella dijo haber sido atacada por entre cuatro y siete personas, mientras que en el debate "varió sustancialmente su versión" pues solo responsabilizó al acusado.
Expuso que también se ponderaron los dichos de la madre de A.S., C. R. S., quien concurrió al hospital y encontró a
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