Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135750
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.750, "Isa, Cristian Javier s/ Queja en causa n° 97.693 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, condenó a Cristian Javier Isa -en trámite de juicio abreviado- a la pena de seis años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo y autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegal de arma de guerra (v. sent. de fecha 15-IV-2019).
La defensa oficial de Isa interpuso recurso de casación y la Sala V de ese Tribunal, mediante el pronunciamiento dictado el día 24 de septiembre de 2020, lo rechazó por improcedente.
Frente a dicha decisión, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal -doctor Daniel Aníbal Sureda- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado inadmisible por la Sala V mencionada (v. resol. de fecha 4-VI-2021) y, queja mediante, admitido por esta Suprema Corte (v. resol. de fecha 6-VII-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 13 de marzo de 2023), dictada la providencia de autos el día 15 de marzo de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto denunció arbitrariedad de la sentencia por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del Superior Tribunal federal, afectación de la defensa en juicio -derecho a ser oído-, del debido proceso legal, de los principios de inocencia e in dubio pro reo y del derecho al recurso (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171, Const. prov.).
Sostuvo que el fallo impugnado constituyó un tránsito aparente por la instancia revisora que frustró el derecho al doble conforme de su asistido, pues habiéndose acudido en procura de la revisión del modo en que se calificó el hecho, el tratamiento dispensado no satisfizo la garantía.
Recordó el alcance que la Corte federal atribuyó al derecho al recurso con cita de lo fallado en la causa "Casal", y señaló que el pronunciamiento recurrido no cumplió con ese rol, en tanto se limitó a descartar los planteos esgrimidos por considerar que no se verificaban extremos de arbitrariedad manifiesta, sin fundamento alguno.
Agregó que, más allá de pretender brindar argumentos propios, en rigor reedita las circunstancias analizadas por el tribunal de origen sin realizar una valoración crítica de las mismas, respondiendo de manera genérica a modo de "homologación" del acuerdo de juicio abreviado, sin vinculación al supuesto analizado y juzgado en la especie.
A su entender, contrariamente a lo afirmado por el revisor, los argumentos esgrimidos por su parte permitían sostener la falta de certeza sobre la consumación del robo o al menos aplicar la regla del in dubio pro reo. Señaló que la presentación de un acuerdo de juicio abreviado no implica que la defensa renuncie a la posibilidad de un análisis de las constancias de la causa; que el Tribunal de Casación dictó una sentencia arbitraria y alteró principios y garantías constitucionales y que, por ello, debe readecuarse la calificación en el sentido más favorable del imputado y esta sería conforme lo previsto en el art. 42 del Código Penal.
Citó jurisprudencia vinculada a la temática, entre otros, los casos "Descole" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Herrera Ulloa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso. Coincido en que el agravio, en los términos planteados, resulta insuficiente para el fin perseguido (art. 495, CPP).
III. De las constancias digitales surge que, oportunamente, las partes imprimieron el procedimiento abreviado y acordaron la pena en seis años y ocho meses de prisión (v. acta de fecha 8 de noviembre de 2018), la calificación de los hechos como constitutivos de robo calificado por el uso de arma en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego en calidad de coautor y autor -respectivamente- en los términos de los arts. 166 inc. 2 segundo párrafo y 189 bis inc. 2 segundo párrafo del Código Penal y la consideración de la ausencia de antecedentes condenatorios como circunstancia atenuante. No se tuvieron en cuenta agravantes ni eximentes.
El tribunal de origen tras valorar los elementos convictivos que fueron obtenidos por la fiscalía durante la investigación penal preparatoria, dictó el veredicto y sentencia en forma oral, coincidiendo con la calificación y la pena acordadas (v. sent. de fecha 15-IV-2019).
Sin embargo, la defensa del imputado articuló un recurso de casación en el que manifestó que, según las constancias del legajo investigativo, el robo no había logrado consumarse.
Como ya fuera dicho, el Tribunal de Casación rechazó el recurso. En su respuesta argumentó que la defensa debió, en el mismo acuerdo de juicio abreviado, introducir todas las cuestiones que consideraba pertinentes a los efectos de que el tribunal de juicio las examinara. Dado que nada dijo respecto al grado de consumación del robo, consideró que sustrajo voluntariamente esa cuestión esencial a los jueces de la causa, de modo que, su planteo ante esa instancia, incurría en una contradicción con su anterior conducta procesal.
Agregó que "...este tipo de procedimiento implica que se juzgará al imputado con base en los elementos de la investigación preliminar, el acuerdo para su realización supone conformidad [...] por lo que en caso de no ser así, resulta exigible, como mínimo, que tal disconformidad se explicite en forma concreta la cuestión sea sometida a la decisión del 'a quo'...".
Insistió en que resultaba indispensable el planteo previo ante el inferior a lo que adunó que los agravios no demostraban arbitrariedad ya que se basaban en la crítica a uno de los elementos de prueba, pero se desentendía del restante plexo probatorio valorado en la sentencia.
Por último, en respuesta al memorial presentado por la defensa oficial de la instancia revisora, afirmó que en virtud de que la condena había sido en función de lo pactado, no existían consecuencias más gravosas y que la pena no era arbitraria ni desproporcionada.
IV. Esta Corte ha explicado que el hecho de que la sentencia de condena derive de un juicio abreviado no autoriza a aligerar el recaudo de debida fundamentación de los presupuestos de la imputación, entre ellos también los relacionados con la medición de la pena. Pues, justamente las implicancias de la prescindencia del debate reglado por el procedimiento ordinario, demandan mayor severidad en el control del juzgador a fin de establecer que lo consensuado por las partes se adecua a las evidencias obrantes en la causa; todo lo cual aventa la posibilidad de que dicha sentencia se constituya en un mero acto homologatorio de lo convenido por el imputado, su defensa y el señor representante fiscal. Por ende, tampoco puede entonces predicarse a su respecto la ausencia de revisión ante un tribunal superior, sustrayendo al imputado del acceso a la doble instancia (conf. doctr. causas P. 90.327, cit.; P. 90.262, sent. de 28-XI-2007; e.o.).
Dicho esto, de la respuesta brindada por el tribunal casatorio se advierte que, en primer lugar, se objetó a la defensa no haber sometido ante el tribunal de origen -pudiendo hacerlo incluso mediante la vía abreviada- el planteo sobre la divergente valoración de la prueba que -según la tesis defensista- llevaba a concluir en la falta de consumación del robo y, por ende, en la calificación en términos de tentativa para el delito contra la propiedad.
Más allá del acierto o error de esta aseveración del órgano revisor, el recurrente no se encargó de rebatirla (art. 495, CPP).
Por otro lado, y en segundo lugar, lo concreto es que el tribunal casatorio, frente al agravio puntual referido a la comprobación del grado de consumación del robo a partir del planteo de una propuesta valorativa divergente de un elemento convictivo, sostuvo que la crítica se centraba en uno solo de los elementos de prueba pero se desentendía del restante plexo valorado. De igual modo rechazó la crítica a la pena por no considerarla arbitraria o desproporcionada.
En consecuencia, y más allá de los términos en que el revisor expresó su respuesta, el reclamo fue examinado, y -aun parcamente- rechazado, concordando con la medida de la pena establecida por el inferior. En consecuencia, a la luz de lo expresado, la propia técnica impugnativa atenta contra el progreso del agravio, ya sea porque no ataca concretamente una de las respuestas otorgadas, como así también por no demostrar que se trató de una revisión aparente. Media, entonces, insuficiencia (art. 495, CPP; conf. en lo pertinente mis votos en causas P. 135.113, sent. de 16-II-2023 y P. 135.352, sent. de 24-X-2023; voto del doctor Soria en causa P. 128.094, sent. de 15-VIII-2018 y voto del doctor Torres en causa P. 134.227, sent. de 15-VII-2022).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/12/2023 12:50:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/12/2023 07:48:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 10:16:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 12:35:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 12:46:59 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/12/2023 13:18:38 hs. bajo el número RS-168-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia