Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135118
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.118, "Roldán, Jorge Armando -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires- s/ queja en causa n° 97.715 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a S., P. J.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Genoud, Kogan .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de diciembre de 2020, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad presentado por la defensa particular de P. J. S. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Morón que lo condenó a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, los que concurren idealmente con corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de trece años de edad. En consecuencia, lo absolvió únicamente del delito de corrupción de menores y readecuó la pena en doce años de prisión, accesorias legales y costas.
En lo que aquí importa, el Ministerio Público Fiscal presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por inadmisible, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, el 25 de noviembre de 2021, declaró procedente la queja y concedió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo que respecta a las denuncias de errónea aplicación del art. 125 del Código Penal y arbitrariedad.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Del expediente digital surge que el Fiscal ante el Tribunal de Casación, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia la inobservancia del art. 125 del Código Penal, absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba.
En primer lugar, recuerda la descripción de los hechos calificados como abuso sexual simple (ocurrido entre el 1 de noviembre de 2012 y el 31 de marzo de 2013) en concurso real con acceso carnal (entre el 6 de septiembre de 2012 y el 6 de septiembre de 2013), cuando la víctima tenía diez años de edad y el imputado, que era su tío, tenía treinta y ocho años.
Considera que "...las conductas llevadas a cabo por S. (con el único fin de ver satisfechos sus más bajos instintos sexuales), debido a su naturaleza, a las circunstancias de su realización y a la corta edad de la menor, fueron lo suficientemente idóneas para desviar su normal desarrollo sexual, y -por lo tanto- facilitar y promover la corrupción".
Sostiene que el modo en que se ejecutaron los abusos, lo prematuro de los mismos y la aptitud de las conductas imputadas, fueron por demás suficientes para desviar el ejercicio libre y pleno de la sexualidad de la damnificada.
"Así los episodios vivenciados por A. han provocado una huella profunda en su psiquismo torciendo el sentido natural biológico y sano de la sexualidad". En tal sentido, hace referencia a los dichos de la madre de la niña quien relató que nunca tuvo problemas en el colegio hasta luego de haber sufrido los abusos sexuales, lo que provocó que repitiera primer año, se acomplejara con su cuerpo y tuviera su autoestima muy baja. Agrega que en iguales términos declaró el padre de la víctima.
De igual manera, refiere que la "angustia" y la "vergüenza" a la que hicieron referencia las "...profesionales intervinientes" y las autolesiones son claros indicios de los hechos traumáticos sufridos. En tal sentido, cita la declaración de la perito psicóloga del fuero de responsabilidad penal juvenil, licenciada Gabriela Do Curral, que dijo que del relato de la niña víctima se desprendían elementos propios de abuso sexual infantil, asimetría de poder, vulnerabilidad, temor ante el develamiento, inseguridad y angustia. Asimismo, menciona lo expuesto por la licenciada Noelia Gazzano, psicóloga del Ministerio Público.
Alega que los hechos de abuso sexual tuvieron consecuencias en aspectos fundamentales de la vida de la damnificada y que no resulta acertado afirmar, tal como lo hace el a quo, una insuficiencia probatoria respecto del delito en cuestión.
Resalta que "...los actos con neto contenido sexual llevados a cabo por S. en perjuicio de la menor de diez años de edad, resultaron ser -por lo demás- un medio válido para corromperla, al atacar su normal desarrollo sexual en razón de la inmadurez [...] circunstancia que provocara -entre muchas otras cosas- angustia y vergüenza".
Aclara que la figura del art. 125 del Código Penal no exige un ánimo corruptor en el sujeto activo ni tampoco que la corrupción haya efectivamente acontecido. En su apoyo, menciona precedentes de esta Suprema Corte.
Aduna que el bien jurídico protegido es el normal desarrollo de la sexualidad. "En efecto, S. (quien contaba con treinta y ocho años de edad al momento de los hechos) era conocedor de la edad de la víctima (diez años), y desplegó conductas reiteradas de contenido sexual (con plena conciencia de estar ejecutando actos con amplitud para corromper), es decir, para afectar el libre desarrollo de la sexualidad de A.".
Por tales motivos, entiende que el Tribunal de Casación Penal se apartó de las constancias de la causa y descontextualizó los hechos. Frente a ello, entiende que el fallo de primera instancia indicó los actos de contenido sexual realizados contra la niña y la entidad corruptora de estos, por su forma prematura, perversa, excesiva e inapropiada en el curso natural y libre de su sexualidad.
Manifiesta que la corta edad de la niña y la disparidad de poder respecto al autor, puso en evidencia su doble condición de vulnerabilidad en cuanto niña y mujer.
De seguido, sostiene "No puede señalarse [...] que el acusado no comprendiera el alcance de su conducta ni de su criminalidad, lo cual resulta suficiente para comprobar la exigencia del aspecto subjetivo que el tipo delictivo requiere. En efecto, -en lo que respecta a la faz cognoscitiva del dolo- debe decirse que pertenece al conocimiento normal, de conformidad con el sentido más llano del acontecer ordinario de las cosas, el dato a partir del cual promover esta clase de prácticas sexuales con una menor que contaba con apenas diez años de edad, supone una capacidad de conocimiento en el natural desarrollo de su sexualidad por resultar prematuro y excesivo [...] no existen circunstancias que permitan afirmar que el sujeto aquí juzgado no fuera consciente de las consecuencias que su obrar podía acarrear a la niña víctima".
En su apoyo, cita jurisprudencia de esta Suprema Corte en cuanto a que las acciones típicas y el contenido que debe darse al verbo típico "promover" (comenzar, iniciar, empezar) y reitera que no es necesario que efectivamente se corrompa a la víctima, sino que se requiere que "...el autor inicie (comience, empiece, dé principio, mueva, lleve hacia adelante) actos suficientemente idóneos tendientes a desviar el normal desarrollo psicosexual el sujeto pasivo".
Luego, indica el contenido de la acción típica "facilitar" que significa crear las condiciones para que algo sea posible o pueda hacerse. En razón de lo expuesto, asevera que las consideraciones "...introducidas por el Tribunal de Casación penal sobre la exigencia de una voluntad corruptora y la comprobación efectiva del daño en la psiquis de la joven (amén de estar por demás acreditadas) resultan inadmisibles".
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General pues el recurso es procedente.
III. En lo que aquí importa, el tribunal de mérito, en primer lugar, tuvo por debidamente acreditados los siguientes hechos:
Hecho I: "A partir de una fecha indeterminada, pero que es dable establecer entre el 1 de noviembre de 2012 y el 31 de marzo de 2013, esto es cuando M.A.S. contaba con 10 años de edad, dado que la joven nació el día 6 de septiembre de 2002, en el interior de la finca sita en la calle [...] partido de Merlo, provincia de Buenos Aires -domicilio de la víctima-, en horas de la noche, su tío P. J. S., aprovechando la situación de indefensión de la niña debido a la inmadurez propia de su corta edad abusó sexualmente de la menor, practicándole tocamientos inverecundos en sus pechos y en la zona genital".
Hecho II: "También en fecha indeterminada pero que es dable establecer entre el 06 de septiembre de 2012 y el 06 de septiembre de 2013, este mismo individuo, en el interior de la finca sita en la calle [...] partido de Merlo, provincia de Buenos Aires -domicilio del imputado de autos-, aprovechándose de las circunstancias apuntadas ut supra , nuevamente abusó sexualmente de su sobrina M.A.S., quien contaba con 10 años de edad, pero en esta ocasión mediante acceso carnal vía vaginal. Las conductas descriptas, llevadas a cabo por S. con el único fin de ver satisfechos sus más bajos instintos sexuales, debido a su naturaleza, a las circunstancias de su realización, al autor de ellas y a la corta edad de la menor fueron lo suficientemente idóneas como para desviar su normal desarrollo sexual y por lo tanto facilitar y promover la corrupción".
Sentado ello, en lo que aquí importa, por mayoría, sostuvo que se acreditó la configuración del delito previsto en el art. 125 del Código Penal.
Explicó el alcance de los verbos típicos "promover" y "facilitar" y afirmó que el delito de corrupción de menores es un delito formal y de peligro, siendo la acción reprimida la de "promover o facilitar" la corrupción de un menor de edad, no requiriendo la efectiva corrupción.
En cuanto a los indicadores a tomar en consideración, sostuvo que se deben analizar "...las características del acto, su duración, su reiteración, las condiciones personales de la víctima y su relación con el autor [...] la reiteración o duración de la conducta puede darse o no, ya que un acto por su intensidad puede tener entidad corruptora".
Con dicho marco, consideró que "...los actos con neto contenido sexual llevados a cabo por el imputado P. S. en perjuicio de la menor (A. S.), si bien tuvieron en mira la propia satisfacción sexual, resultaron ser un medio válido para corromperla, al atacar su normal desarrollo sexual en razón de la inmadurez sexual de la víctima. En tal sentido, [recordó] que la víctima padeció la penetración (vaginal) por parte de su tío, adelantando [...] el normal desarrollo sexual".
"Además a preguntas concretas tanto de la Fiscalía como de la defensa, las licenciadas Do Curral y Gazzano, coincidieron en cuanto a que los actos abusivos del imputado fueron idóneos para alterar la normal sexualidad de la víctima, siendo que además la entidad corruptora de la acción, se vio reflejada a partir de los cambios de su personalidad que sufrió la menor incluso llegando a repetir el año escolar".
Por tales motivos, concluyó que "...la prueba invocada resulta objetivamente idónea para irrumpir en forma prematura en aspectos de la sexualidad de la menor víctima, precipitando de esta forma el normal desarrollo de su sexualidad acorde a su corta edad. Y esto también lo extr[ajo] a tenor de la pluralidad de hechos que por su continuidad en el tiempo e intensidad (intrínseca) de los mismo abastecen adecuadamente el riesgo potencial del núcleo basal de la norma en trato".
IV. Por su parte, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto del juez Maidana al que adhirió el juez Carral, hizo lugar al recurso de la defensa y dejó sin efecto la aplicación de la figura prevista en el art. 125 del Código Penal.
Para así decidir sostuvo que "...todo ataque a la integridad sexual trae aparejado como insoslayable consecuencia una afectación en la psiquis de la víctima, pero para que tales actos constituyan corrupción es razonable exigir -al menos desde un juicio potencial- la posibilidad de que tales actos marquen una huella profunda en el psiquismo del sujeto pasivo, con aptitud para torcer el sentido natural, biológico y sano de la sexualidad, lo que no se verificó en el caso".
Refirió que "La Corte Suprema de Justicia ha entendido que '...El resultado corruptor debe estar contenido en la intención del agente, siendo imprescindible el dolo directo, esto es, que el agente no sólo busca satisfacer sus propios deseos, sino que además piensa obtener satisfacción de la posterior actividad corrompida de la víctima. El verbo «promover» indica la existencia de una actividad destinada a lograr la efectiva corrupción, aunque la misma no se concrete...' (Causa Contini, L.L. 02-206)".
A continuación, resaltó que de la descripción de los hechos no surge el carácter corruptor reclamado por el tipo. Agregó que "...si bien los sentenciantes refuerzan su decisión en los informes psicológicos incorporados por lectura al debate y en las declaraciones testimoniales de las licenciadas Gabriela Do Curral y Noelia Carolina Gazzano, sin embargo sólo hacen referencia al estado emocional de la menor (angustia y vergüenza). Por otro lado, el acta de debate no da cuenta de las preguntas formuladas por las partes a las licenciadas sobre 'la entidad corruptora de la acción' y el Tribunal no explica cuáles fueron los motivos dados por las peritos durante el debate para arribar a tal afirmación, con lo que imposibilitan la revisión y menoscaban las posibilidades de defensa".
Estimó que los elementos probatorios no resultan suficientes para tener por acreditado que los hechos aquí analizados "dejaron un rastro en el psiquismo de la víctima cuyo impacto fuera deformante o pervertidor de su salud sexual". En definitiva, no tuvo por configurados los presupuestos de la figura del art. 125 del Código Penal, pues no se desprende que los hechos reprochados posean idoneidad y plena potencialidad para alcanzar el concepto de corruptivos, tanto desde el aspecto objetivo como subjetivo.
V. Como se anticipara, la denuncia de inobservancia del art. 125 del Código Penal procede (conf. art. 496, CPP).
En cuanto a los presupuestos del delito, cabe recordar que según doctrina legal de esta Corte (causas P. 34.247, sent. de 17-II-1987; P. 35.115, sent. de 26-IV-1988; P. 37.610, sent. de 15-XI-1988; P. 42.893, sent. de 7-XII-1993; P. 48.544, sent. de 28-XII-1995; P. 60.359, sent. de 12-VII-2000; reiterada en P. 66.349, sent. de 2-XI-2005; P. 126.328, sent. de 11-IV-2018; P. 128.666, sent. de 20-III-2019; P. 133.661, sent. de 12-VII-2021 y P. 134.873, sent. de 12-XI-2021) el delito de corrupción de menores no tiene por núcleo de referencia a quien corrompiere, sino a quien "promoviere" o "facilitare" la corrupción, por lo cual el tipo no requiere que se produzca efectivamente la concreta corrupción.
Se trata de un delito que pretende reprimir esencialmente la comisión de actos de contenido sexual con aptitud suficiente para adelantar el normal desarrollo de la sexualidad de la víctima.
En lo que hace a las acciones típicas, "promover" significa "iniciar", "comenzar", "empezar", "dar principio a una cosa", "adelantar" algo "procurando su logro", "mover", "llevar hacia delante". Por lo tanto, para que se perfeccione este supuesto no es necesario que se concrete la corrupción como resultado lesivo, sino que se requiere que el autor inicie (comience, empiece, dé principio, mueva, lleve hacia delante) actos suficientemente idóneos tendientes a desviar el normal desarrollo psicosexual del sujeto pasivo. Por su parte, "facilitar" significa crear las condiciones para que algo sea posible o pueda hacerse "sin mucho trabajo" o pueda "suceder con mucha probabilidad".
En lo que concierne a la tipicidad subjetiva, se trata de un delito doloso en el que el autor debe conocer la edad de la víctima y el contenido potencialmente corruptor de su conducta, idónea a esos fines.
VI. Con dicho marco, en el caso, tal como lo puso de manifiesto oportunamente el órgano de mérito y conforme lo sostiene el fiscal ante esta instancia, cabe estimar configurados los elementos del tipo objetivo y subjetivo del delito de corrupción de menores.
VI.1. En lo que respecta al tipo objetivo, contrariamente a lo señalado por el Tribunal de Casación Penal, de la descripción de los hechos de abuso sexual y del contexto en el que estos sucedieron se desprende un contenido suficientemente idóneo para desviar el normal desarrollo de la sexualidad de la niña víctima, de tan solo diez años de edad.
La repetición de diversos hechos de abuso sexual que en el tiempo fueron incrementando su gravedad -en un primer momento mediante tocamientos por debajo de la ropa de la niña y luego mediante acceso carnal-; la relación de parentesco entre imputado y víctima -tío y sobrina-; la notoria diferencia de edad entre ambos -treinta y ocho años el acusado y diez años la niña-; el lugar donde estos se cometieron -primero en el domicilio de la niña y luego en la casa del imputado- demuestran que las características objetivas de las acciones realizadas por S., conjugadas con el grado de inmadurez sexual de la víctima permite afirmar con certeza positiva el potencial suficiente para interferir negativamente en el libre desarrollo sexual de la niña.
Resulta pertinente aclarar que la discusión en torno a si efectivamente la víctima de autos sufrió una real alteración en el libre desarrollo de su sexualidad -circunstancia afirmada positivamente por el tribunal de mérito y negada por el Tribunal de Casación Penal- no resulta dirimente para la solución del caso, pues el delito en cuestión no lo exige, sino que tratándose de un delito de peligro, es suficiente la realización de actos que, en función de su contenido sexual y del contexto en el que son realizados, sean idóneos para interferir negativamente en el libre desarrollo sexual.
De ahí que las controversias en torno a la efectiva afectación o no del derecho de la niña a su libre desarrollo sexual, conforme el diverso alcance que se le dio a los cambios en su personalidad luego de los hechos (bajo rendimiento escolar, sentimientos de angustia y vergüenza, autolesiones, entre otras) coadyuvan a la apreciación del caso, pero no resultan dirimentes en tanto la configuración del delito de corrupción de menores no exige el efectivo daño sino la mera puesta en peligro.
También resulta de interés aclarar que la afirmación del Tribunal de Casación Penal consistente en que no surge del acta de debate que a las licenciadas en psicología Do Curral y Gazzano se les haya preguntado respecto a "la entidad corruptora" de los hechos reprochados, así como tampoco que estas lo hayan afirmado, no parece un argumento eficaz para conmover el fallo de mérito. En primer lugar, la circunstancia de que no haya quedado constancia en actas de tales manifestaciones, no resulta por sí mismo un elemento suficiente para que no se tenga por cierta la afirmación del órgano de mérito en tal sentido, más aún cuando no surge un planteo de la defensa que niegue categóricamente la veracidad de la afirmación del sentenciante (conf. art. 369 y concs., CPP). A su vez, más allá de lo que las expertas puedan haber declarado sobre el punto, lo cierto es que la "corrupción" a que alude el art. 125 del Código Penal es un elemento normativo cuyo contenido en el caso concreto debe ser determinado por el órgano jurisdiccional, tal como aconteció en el fallo de mérito, sin que ello sea competencia de los auxiliares de la justicia. En otras palabras, es el juzgador el que debe determinar la entidad corruptora de los hechos de contenido sexual, atendiendo a las condiciones objetivas de la materialidad ilícita y al grado de madurez sexual de la víctima.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.