Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133988
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.988, "Gavilán, Sebastián María y Leguizamón, Juan José s/ queja en causa n° 97.782 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud, Budiño.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea el 22 de abril de 2019 condenó a Sebastián María Gavilán a la pena de tres años de prisión y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo doblemente agravado por su comisión en poblado y banda y por la participación de una persona menor de edad, en grado de tentativa (causa n° 5.569), y coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por efracción (causa n° 5.870). También condenó a Juan José Leguizamón a la pena de tres años de prisión y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por efracción -causa n° 5.870- (v. fs. 29/32).
La defensa de ambos interpuso un recurso de casación que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 15 de octubre de 2019, rechazó por improcedente.
Contra ese fallo, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 75/84 vta.), el que declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 85/87 vta.) motivó la deducción del recurso de queja (v. fs. 102/111). Esta Suprema Corte se pronunció a favor de su admisión y, en consecuencia, concedió el medio extraordinario de revisión (v. fs. 113/116).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 131/134 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 136) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial denunció revisión aparente del fallo en transgresión a la doble instancia. Tachó la sentencia de arbitraria por apartamiento de las constancias de la causa e infracción al derecho a ser oído (arts. 18, Const. nac.; 8.2. "h", CADH y 14.5., PIDCP; v. fs. 79 vta.).
En su desarrollo, sostuvo que el Tribunal de Casación se limitó a ratificar la convicción del tribunal de origen sobre determinadas declaraciones testimoniales, pero omitió expedirse sobre el planteo introducido por esa parte, referido a la imposibilidad de contradecir los dichos en que se fundó la reconstrucción de los hechos y la participación de los imputados (v. fs. 80).
Añadió que el revisor tampoco tuvo en cuenta el agravio consistente en la violación de las reglas de la sana crítica, confirmando la autoría de sus asistidos sobre la base de relatos que consideró indirectos, contradictorios e imprecisos (v. fs. 80 vta.).
Como segundo agravio, denunció que el fallo violó el derecho de los imputados a confrontar a los testigos de cargo (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2. "f", CADH y 14.3. "e", PIDCP), derivado de la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.; v. fs. 81).
Indicó que la defensa no pudo interrogar a la víctima (Bicarelli) ni a los testigos de cargo (Goñi y Aloe) durante la instrucción, aspecto que se reeditó en el juicio, en tanto que todos ellos no concurrieron al debate.
Postuló que tanto la denuncia de la víctima como la declaración de Goñi fueron recibidas en sede policial sin vista previa de la defensa, y que tampoco fueron ratificadas en sede judicial.
Relató que ante la ausencia de los testigos y al no haberse incorporado por lectura sus testimonios, el Tribunal de origen tuvo por acreditada tanto la materialidad ilícita como la autoría de sus asistidos a través de los dichos de los funcionarios policiales que previnieron y sólo refirieron lo que Goñi y Bicarelli les habrían manifestado en el lugar del hecho.
Afirmó que las declaraciones del personal policial que sustentaron la condena, sólo pudieron dar cuenta de lo sucedido con posterioridad al hecho ilícito, pues no presenciaron ni observaron a los autores; por lo que sus dichos no podrían erigirse en prueba de cargo a fin de habilitar el juicio de certeza respecto a la autoría de Gavilán y Leguizamón (v. fs. 82).
Alegó inexistencia de prueba sobre la participación de los imputados, pues los datos incriminantes (número y características de los sujetos, cómo se desplazaban y la suma de dinero sustraída) a su entender no alcanzaron para establecer la identidad, a lo que agregó que ninguno fue sometido a reconocimiento por parte de la única testigo que los había visualizado (v. fs. cit. y vta.).
Expresó que no se contrastaron las versiones discordantes de los cónyuges Goñi y Aloe ni se interrogó a la denunciante sobre los objetos del desapoderamiento, como para evaluar la credibilidad de las únicas fuentes de información dirimentes de lo ocurrido (v. fs. 82 vta.).
Citó en su apoyo el precedente "Benítez, Aníbal Leonel" de la Corte federal y casos de la Corte Europea de Derechos Humanos (v. fs. 82 vta. cit./83 vta.).
II. La Procuración General aconsejó hacer lugar parcialmente al remedio extraordinario en su denuncia de revisión aparente (v. fs. 131/134 vta.).
III. Desde mi punto de vista el recurso es insuficiente para revertir lo resuelto (conf. art. 495, CPP).
III.1. Al presentar la impugnación contra la condena de primera instancia, la defensa se agravió con relación al modo en que el tribunal criminal tuvo por acreditado el hecho y la participación de los imputados en la causa n° 5.870. Puntualmente criticó y remarcó la circunstancia de que la sentencia se hubiera basado "exclusivamente" en los testimonios de los policías que recrearon los dichos de la damnificada Bicarelli y la testigo Goñi, ambas ausentes en el debate.
Bajo tal argumentación sostuvo la tesis de que se vedó a los imputados el derecho de obtener un pronunciamiento fundado y se les impidió la posibilidad de confrontar a los testigos de cargo que los vincularan con el hecho, conculcándose así el derecho de defensa (arts. 18 y 8.2, CADH y 14.3. "e", PIDCP; v. fs. 43).
Por ello adujo que no pudo desvirtuarse el estado de inocencia de sus asistidos, y culminó solicitando la absolución por aplicación del principio in dubio pro reo respecto del hecho descripto en causa n° 5.870 (v. fs. 38/43 vta.).
III.2. Frente a ello, la Sala I del Tribunal de Casación a través del voto del juez Daniel Carral -a quien adhirió el doctor Ricardo Maidana-, señaló que el hecho que se tuvo por probado en la causa n° 5.870, consistió en que a las 21:35 hs. aproximadamente del 26 de diciembre de 2017, Sebastián María Gavilán y Juan José Leguizamón, previo violentar con una barreta de hierro la puerta de la vivienda de la señora Mariana Daniela Bicarelli, ingresaron al domicilio y sustrajeron la suma aproximada de mil pesos (v. fs. 58 y vta.).
Para arribar a esa coincidencia con el tribunal de juicio, el magistrado ponente señaló que las críticas de la defensa en rigor reeditaban planteos hechos en el juicio, se desentendían de los elementos probatorios que los jueces de la instancia habían tomado en consideración, e insistían en señalar la ausencia de testigos de cargo al debate -demostrativa según esa parte, de un desinterés de la víctima en el proceso judicial-.
A su vez, reseñó el argumento de la defensa referido a la falta de certeza respecto de la cantidad de dinero que habrían tomado Gavilán y Leguizamón de la vivienda de la señora Bicarelli.
Observó que en el fallo de la instancia, el juez Mario Juliano -a quien adhirieran sus colegas los doctores Giménez y Rau- tomó en cuenta el testimonio del oficial de policía, Facundo Nahuel Ortega, quien expuso, que en horas de la noche del día de los hechos -a la altura de las calles 42 y 111- vio a dos personas paradas junto a una moto, a quienes identificó, y al no existir impedimento, los dejó continuar su camino; que uno de ellos era alto y delgado, llevaba puesto un buzo rojo, mientras que el otro, más bajo y robusto, vestía ropa oscura. Explicó que instantes después, recibió alerta por un robo en las inmediaciones, advirtiendo que las características informadas respecto de quienes habrían sido los autores, coincidían con las personas que había interceptado momentos antes, por lo que salió a buscarlos y al detectarlos nuevamente los interceptó, secuestrando en su poder dinero en efectivo que se hallaba en el interior de una billetera, una linterna, un par de guantes y una barreta que se encontraba en el interior de la moto (v. fs. 59 vta. y 60).
Se refirió también a la declaración juramentada prestada por la oficial Karen Magalí Pitoco, quien se constituyó en el domicilio damnificado, oportunidad en la que se entrevistó con una vecina -Magdalena Goñi- quien le proporcionó las características físicas y de vestimenta de las personas que habría visto retirarse del lugar, las que transmitió vía alerta radial.
Por último, referenció los dichos del oficial inspector Oscar Abel Casais, quien acompañaba en el móvil policial al sargento Ortega, y ratificó sus dichos (v. fs. 60 y vta.).
Señaló que también declararon en el juicio, los oficiales Sebastián Moreno y Karina Vanesa Velázquez quienes explicaron que el día del hecho se entrevistaron con la vecina -Goñi- y con la damnificada -Mariana Daniela Bicarelli- que manifestó que le faltaban $900 de su habitación. Por su parte, Alfredo Pedro Labataglia -testigo del procedimiento- dijo que la intercepción de Gavilán y Leguizamón se produjo frente a su domicilio (v. fs. 60 vta.).
Adunó que las piezas incorporadas por lectura al juicio (denuncia efectuada por la damnificada Mariana Bicarelli, acta de inspección ocular y croquis del lugar, placa fotográfica y descripción del examen de visu ) contribuyen para corroborar los relatos referidos (v. fs. 61 y vta.).
Tomó en cuenta que les secuestraron a los imputados al momento de su detención, elementos compatibles con los hechos, tales como, una barreta -que pudo haber sido utilizada para forzar la puerta de ingreso- los guantes para evitar dejar rastros, una linterna para moverse en la oscuridad y no llamar la atención y una suma de dinero coincidente con la que había sido sustraída (v. fs. 61 vta. y 62).
Finalmente se consideró la oportunidad de tiempo y lugar, ya que los imputados fueron identificados en un primer momento a pocas cuadras del lugar de los hechos y luego aprehendidos a escasa distancia del sitio donde se efectivizó el suceso, ratificando el descarte de la versión brindada por los imputados que formulara el tribunal de juicio (horario incompatible con las labores y un recorrido poco razonable en base al lugar de donde decían venir y hacia donde se dirigían).
Aseveró que los testigos examinados en la audiencia les resultaron a los jueces creíbles y concordantes entre sí, no advirtiéndose fisura alguna en sus afirmaciones ni intención de perjudicar a los imputados. De otro lado, afirmó que su condición de funcionarios policiales no autorizaba, por sí misma, a descalificar sus testimonios (v. fs. 62 vta. y 63).
Descartó el reclamo del principio in dubio pro reo por carecer de fundamento y coligió que se dictó un pronunciamiento ajustado a derecho, fundando y acreditando la responsabilidad de los legitimados pasivamente en el injusto con prueba reunida sin menoscabar garantías fundamentales (v. fs. 63 vta.).
IV. De lo reseñado se advierte que el órgano intermedio analizó el cuadro probatorio con el que contó el inferior durante el juicio y, pese a que ni la damnificada Bicarelli ni los testigos Goñi y Aloe comparecieron a juicio (y tampoco sus declaraciones se incorporaron por lectura), consideró que aquel era suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados.
Se colige así que, de modo indirecto, el tribunal revisor rechazó el planteo relativo a la imposibilidad de control de la prueba aludida por la defensa.
En definitiva, la discrepancia del recurrente aparece dirigida -en rigor- al criterio adoptado por el tribunal de mérito y avalado por el tribunal revisor, a través del cual se tuvo por abastecido, con la prueba producida en el juicio -más la incorporada al debate-, el estándar de suficiencia probatoria para acreditar la imputación más allá de toda duda razonable, aun sin la presencia en el juicio de la víctima (Bicarelli) ni de los testigos (Goñi y Aloe).
En ese sentido cabe agregar que del examen del caso se desprende que la condena del tribunal se sustentó en las declaraciones de los policías actuantes y el testigo de procedimiento, conjuntamente con una serie de indicios, todos elementos respecto de los cuales la propia defensa y sus asistidos pudieron efectivamente ejercer el control.
En consecuencia, aun cuando pueda o no compartirse el examen global brindado al plexo probatorio, el impugnante no logra demostrar que la condena se haya sustentado en testimonios que los imputados o su defensa no hayan podido controlar, en los términos de la doctrina y fallos citados ("Benítez", CSJN; "Castillo Petruzzi vs. Perú", CIDH y "P.S. v. Alemania", de la Corte Europea de Derechos Humanos).
De este modo, el agravio elaborado a partir de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias por revisión aparente por un lado, y afectación al derecho de defensa por imposibilidad de interrogar a los testigos de cargo -por el otro- queda sin un sustento sólido (art. 495 CPP).
Por lo demás, el recurrente no demuestra que lo decidido sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia.
Cabe recordar que esta instancia "no puede convertirse en una tercera que vuelva a valorar el acierto o error de lo decidido en las instancias previas por parte de los tribunales ordinarios a los que se les ha asignado ese cometido" (conf. voto del doctor Soria en P. 121.303, sent. de 31-VIII-2016).
Por lo expuesto, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En consonancia con el dictamen de la Procuración General, considero que el recurso de inaplicabilidad de ley bajo estudio debe prosperar.
II. En prieta síntesis, la defensa de los imputados -en relación con el hecho de la causa n° 5.870, por la que vienen condenados- expresó los siguientes agravios.
II.1. Denunció revisión aparente del fallo en transgresión a la doble instancia y arbitrariedad de la sentencia por apartamiento de las constancias de la causa (arts. 18, Const. nac.; 8.2. "h", CADH y 14.5, PIDCP), al limitarse el a quo a ratificar la convicción del tribunal de mérito, sin atender las concretas objeciones formuladas sobre la materialidad ilícita y la autoría de sus asistidos, en cuanto a la "...imposibilidad de la defensa de contradecir los dichos" en que se funda la reconstrucción del hecho y la participación de aquellos y "...la violación de las reglas de la sana crítica", siendo que la autoría sólo reposa en relatos indirectos, contradictorios e imprecisos (v. fs. 79 vta./80 vta.).
II.2. Violación del derecho de los imputados a confrontarse con los testigos de cargo en causa penal (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2. "f", CADH y 14.3. "e", PIDCP), derivado de la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.), ya que su parte no pudo interrogar a la víctima (Bicarelli) ni a los testigos del hecho (Goñi y Aloe), quienes declararon únicamente en sede policial, sin ratificación judicial durante la instrucción, ni concurrieron al debate. De resultas, el tribunal de origen tuvo por acreditados los extremos cuestionados a través de los dichos de los funcionarios policiales que previnieron y refirieron lo que supuestamente aquellos testigos les habrían manifestado en el lugar del hecho. Con este cuadro, sostiene el recurrente, la condena se sustenta solamente en las declaraciones del personal policial y sobre aspectos concernientes a lo sucedido con posterioridad al hecho ilícito, por lo que esos dichos no pueden erigirse en prueba de cargo a fin de habilitar el juicio de certeza respecto de la autoría de Gavilán y Leguizamón, cuando -además, pudiendo hacerlo- tampoco fueron sometidos a reconocimiento alguno por parte de la única testigo que los había visualizado. Cita en su apoyo el precedente "Benítez, Aníbal Leonel" de la Corte federal y casos de la Corte Europea de Derechos Humanos (v. fs. 81/83 vta.).
III. Le asiste razón.
III.1. En efecto, en el recurso de casación la parte se agravió de los aspectos recién destacados acerca del hecho y la participación de los imputados en la causa n° 5.870.
Remarcó que, dado que la condena se sustenta exclusivamente en los dichos policiales que recrean lo que habrían oído de la damnificada y la testigo de cargo, se ha vedado a los imputados el derecho a obtener un pronunciamiento debidamente fundado, en tanto se les impidió la posibilidad de confrontar esos testimonios que los vinculan con la ejecución de los hechos, conculcándose así el derecho de defensa (arts. 18 y 8.2., CADH y 14.3. "e", PIDCP; v. fs. 38 vta.).
Si bien tales testigos tampoco concurrieron al debate, ni la fiscalía requirió la incorporación por lectura de las declaraciones recibidas en sede policial -lo que habría sido en contradicción de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Benítez" (Fallos: 329:5556)-, al tener por probado el tribunal de juicio el desapoderamiento y la participación de Gavilán y Leguizamón con las meras referencias de los preventores acerca de lo que Bicarelli y Goñi les habrían manifestado en el lugar de los hechos, insisten, sin contralor de su parte, se ponderan como prueba de cargo, pese a la afectación constitucional que invocan (v. fs. 41 vta.). Pese a que dichas fuentes de información resultaban dirimentes y al no haber podido la defensa a lo largo de todo el proceso confrontar sus dichos, resultó imposible despejar las inexactitudes y las contradicciones entre sí en torno a aspectos centrales de la imputación.
En ese orden, señaló que en modo alguno existía coincidencia entre la descripción -física y de vestimenta- de la única persona que fue vista por Goñi alejándose del lugar caminando, con el número y las características propias de los dos sujetos aprehendidos. A estas discrepancias sumó el hecho de que los imputados se movilizaban en una motocicleta y no a pie como habría referido en su deposición. Asimismo, destacó que, si bien la testigo habría mencionado la presencia de un segundo sujeto en la escena, lo hizo a instancias de los dichos de su esposo Aloe Santiago. Sin embargo, éste había declarado en la instrucción que no logró divisar nada extraño, y sus dichos no fueron citados en el debate por el personal policial cuando desmentían los de Goñi. También apuntó que la suma denunciada por Bicarelli como sustraída no coincidía con la secuestrada en poder de uno de los imputados. Se quejó de la imposibilidad de ejercer adecuadamente su función en el proceso, toda vez que sólo pudo interrogar al personal policial, que en definitiva no fueron testigos directos de los hechos, los que se limitaron a sostener que recordaban ciertos aspectos de los dichos de Bicarelli y Goñi los cuales presentaban las deficiencias señaladas. Adujo que el juicio había resultado una ficción y bajo el entendimiento de que no pudo desvirtuarse el estado de inocencia de sus asistidos, solicitó se resuelva conforme al principio in dubio pro reo declarando la absolución de sus asistidos respecto del hecho descripto en causa n° 5.870 (v. fs. 38/43 vta.).
III.2. Frente a ello el tribunal revisor señaló que se dio por probado en lo que atañe a ese hecho "...que siendo aproximadamente las 21.35 horas
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