Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133472
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.472, "V., F. A. s/ queja en causa n° 97.900 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres , Soria , Genoud.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 24 de octubre de 2019, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, por la cual -en el marco de un proceso de juicio abreviado- se declaró la responsabilidad penal de F. A. V. por ser coautor del delito de homicidio calificado por ensañamiento, imponiendo luego de cumplido con el art. 4 de la ley 22.278 la pena de doce años de prisión (arts. 45 y 80 inc. 2, Cód. Penal; 58, ley 13.634 y 4, ley 22.278; v. fs. 71/76 vta. con relación a fs. 3/14 y 24/34).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante el tribunal referido interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 84/90), el que fue declarado inadmisible por Casación (v. fs. 91/94 vta.), lo que motivó la interposición de queja ante esta Corte (v. fs. 173/178). Por resolución del 23 de septiembre de 2020, este Tribunal la admitió, declaró mal denegado el recurso extraordinario presentado y lo concedió (v. fs. 179/182).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 188/191 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 193) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor defensor oficial tachó la sentencia recurrida de arbitraria por inobservancia de los arts. 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en el fallo "Maldonado" y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Mendoza" (v. fs. 85).
En ese sentido, se agravió del juicio sobre la necesidad de imponer pena como también de la cuantificación del castigo, dado que -a su juicio- no se señaló el criterio adoptado para medir el fracaso del tratamiento previo en el menor, o qué pautas se tuvieron en cuenta para considerar desaconsejable la permanencia del derecho a la libertad o cuál tratamiento o rehabilitación debía recibir durante la privación de su libertad (v. fs. 85/86).
Con cita de la Convención sobre los Derechos del Niño, expuso que la privación de la libertad debería ser el último recurso y por el tiempo más breve posible para promover la reintegración del niño constructivamente en la sociedad (v. fs. 86).
En ese discurrir, también trajo a colación las Reglas de Beijing, y en concreto, destacó que el Tribunal intermedio no consideró la posibilidad de determinar la innecesariedad de pena, ni la veracidad de la crítica defensista a la arbitraria valoración de los informes del menor, los que -a su criterio- arrojaban un resultado neutro del tratamiento tutelar (v. fs. 86 vta.).
Concluyó en que se incurrió en arbitrariedad al descartar la absolución, o en su caso, la imposición de una pena sensiblemente menor con posibilidad de seguimiento y revisión periódica posterior (v. fs. 87).
I.2. En segundo lugar, volvió a denunciar la arbitrariedad de la sentencia por contener afirmaciones dogmáticas que no permitieron abastecer el requisito de fundamentación de los pronunciamientos judiciales, de conformidad a la doctrina legal de la Corte federal y de este Tribunal (en contradicción con los arts. 18 y 33, Const. nac. y 171, Const. prov.); y alegó revisión aparente (arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 87 vta.).
Sostuvo que, pese a haberse denunciado la violación a los arts. 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño por considerar que no era necesaria la aplicación de pena, y que la sanción se había fijado por encima del límite indicado por el principio de culpabilidad, el órgano intermedio rechazó tal reclamo sin fundamento alguno (v. fs. 87 vta./89 vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 188/191 vta.), el recurso no prospera.
III. El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 de San Martín, con fecha 30 de agosto de 2017 declaró la responsabilidad penal de F. A. V. como coautor del delito de homicidio calificado por ensañamiento en los términos del art. 80 inc. 2 del Código Penal. Y -en lo que aquí es objeto de interés- a través del pronunciamiento dictado el 25 de abril de 2019, fundamentó la necesidad de imponer pena a V. en los términos de los arts. 58 de la ley 13.634 y 2 de la ley 22.278 (v. fs. 24/34 vta.).
Abocado a tratar la cuestión, en lo que importa destacar para la solución del caso, el Tribunal sostuvo que merecían especial ponderación los informes confeccionados por los peritos del Cuerpo Técnico Auxiliar y por las instituciones a lo largo del seguimiento del tratamiento tutelar del menor.
En ese sentido, se hizo referencia al informe social y psicológico elaborado por las licenciadas Luz Bruno y Graciela Pini, quienes mantuvieron entrevista con el joven y su madre y concluyeron que "... F. encontró dificultades variadas a lo largo de su proceso. Vivió muchos traslados, se fugó de una institución, contó con sanciones disciplinarias en varios centros. Le cuesta conectarse con experiencias vividas, le cuesta lograr mayores y mejores niveles de reflexividad. Cabe preguntarse en este sentido, si estas dificultades responden únicamente a su situación individual, o si no existe además cierta dificultad familiar, comunitaria e institucional para acompañar a F. con su proceso. Pues los avances y crecimientos no dependen únicamente de un esfuerzo personal, en particular hablando de las personas menores de edad, sino que se vuelven indispensables las apoyaturas antes mencionadas, que tienen una responsabilidad central en las tareas de cuidado y sostén " (fs. 28 vta./30).
Seguidamente, se analizaron los informes elaborados en los lugares de alojamiento y en particular el del Centro de recepción y cerrado de Pablo Nogués en cuanto destacó que: "... desde su ingreso a nuestra institución su conducta se caracterizó por la transgresión permanente de normas de convivencia y los recurrentes conflictos con sus pares y con los Asistentes de Minoridad [...] podemos señalar que al dirigirse de manera irrespetuosa, no solo con sus pares sino también y muy especialmente, a los adultos, no respetar las indicaciones [d]el personal a cargo de su cuidado y directamente interferir con ellos; poseer en su celda elementos no permitidos que implican la posibilidad de afectar la integridad física de otras personas [...] entre las faltas graves: diariamente promover y protagonizar desórdenes que entorpecen el normal desarrollo de las actividades del Módulo en el que está alojado, intentó evadirse de la institución en colaboración con otros jóvenes, promover y protagonizar agresiones físicas, de manera individual y grupal contra otros jóvenes, y por último promover e incitar a otros jóvenes a que cometieran desórdenes violentos y dañaran las instalaciones destinadas a su alojamiento [...] debemos señalar, por su gravedad, los acontecimientos del 24 y 25 Octubre, cuando se detectó en la requisa nocturna de las 22.00 hs., previo acueste de la población, que la malla y barrotes de la celda Nº 1, en la que estaba alojado F. V., se encontraban cortados, se procedió a requisar la celda y se encontraron varios tramos de hoja de sierra. Ante tal situación, el Instituto solicitó el urgente traslado del causante a otro dispositivo penal juvenil " (fs. 30).
Por su parte, desde el Centro de recepción y cerrado de Mar del Plata informaron que "... el joven se muestra colaborador aportando la información que le e[s] solicitada, se observa una actitud evitativa y de poco compromiso con las temáticas abordadas. Sin discurso se presenta ordenado y coherente orientado en tiempo y espacio [...] proviene del Centro Cerrado Nuevo Dique transitando por otros dos dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil ingresando hace ocho meses aproximadamente [...] F. relata acontecimientos de su historia de vida y de su cotidiano con escasa implicación en los hechos que narra, sin lograr ligar el contenido de las vivencias con el afecto correspondiente. Enumera situaciones de vida de manera desafectivizada sin mostrar mayor interés por las temáticas trabajadas en el marco de esta entrevista inicial. Se advierte una naturalización y minimización de las situaciones de riesgo en las cuales se incluirá sin anticipar las consecuencias derivadas, ni reflexionar y problematizar sobre sus acciones [...] manifiesta haber abandonado su escolaridad retomando la misma en el dispositivo en el cual se encontraba alojado previamente cursando primer año del nivel secundario de adultos [...] previo a su detención se encontraba trabajando desarrollando tareas ligadas a la construcción junto a su padre. En relación al consumo de sustancias, describe [...] consumo de marihuana y alcohol [...] de cocaína y pastillas [...] este Equipo prevé abordar con el joven [...]: incorporación en actividades recreativas y formativas [...] inclusión en proceso reflexivo [...] derivación al CPA con la finalidad de ser evaluado [...] inclusión del grupo familiar en un espacio terapéutico que permita el fortalecimiento de funciones de cuidado del joven y puesta de límites " (fs. 30 vta.).
El Centro Provincial de Atención a las Adicciones (CPA) de Mar del Plata, a su vez refirió sobre el consumo de sustancias desde los 14 años, cocaína, marihuana y que mostró voluntad para realizar tratamiento, aunque destacó dificultad para implicarse subjetivamente con relación a su problemática de consumo de sustancias psicoactivas (v. fs. 30 vta. y 31). También fue ponderado el informe del Departamento de Evaluación y Derivación de Causas Penales, el cual reportó dificultades de adaptación (v. fs. 31). Finalmente, de los informes elaborados por el Centro de recepción de Pablo Nogués, el CPA de la localidad de Tortuguitas, el institucional evolutivo confeccionado por el licenciado psicólogo Iván Giovanetti de Pablo Nogués y el del servicio educativo del Centro de recepción de Malvinas Argentinas, se dio cuenta de los problemas y avances del menor durante su tratamiento tutelar (v. fs. 31/32).
El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, decidió finalmente imponer pena no como castigo, sino como oportunidad de finalizar el tratamiento iniciado el cual -a su juicio- no había sido concluido, de allí la conveniencia de transitar muy gradualmente cualquier medida hacia la reinserción social (v. fs. 32).
Por último, con relación a la modalidad del hecho, el tribunal ponderó como pauta agravante la inusual violencia desplegada sobre la víctima, imponiendo finalmente la pena de doce años de prisión (v. fs. 33/34 vta.).
III.1. El Tribunal de Casación Penal rechazó análogos reclamos llevados por la defensa oficial de F. A. V., los que estuvieron vinculados a los motivos sobre los cuales los jueces de la instancia se apoyaron para decidir sobre la necesidad de imponer pena y mensurar el monto (v. recurso casación a fs. 37/43 vta.).
En primer lugar, el magistrado ponente, doctor Daniel Carral sostuvo que el punto cuestionado por la defensa -referido a la necesidad de aplicar una sanción punitiva de encarcelamiento- ya había tenido su abordaje en el pronunciamiento en crisis en donde se había destacado que los derechos especiales que le corresponden a los jóvenes "... constituyen un imperativo jurídico de máxima jerarquía normativa, derivado de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, en especial de la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica "; y que luego de mencionar distinta normativa internacional y doctrina relacionada con las características y los fines de la justicia penal juvenil, se ponderó la relevancia de la edad del joven V. al momento de cometer el ilícito "... considerando que la razón por la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de dieciocho años se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas atiendan preponderantemente a los fines de la resocialización " (fs. 72 vta. y 73; el destacado figura en el original).
Establecido el marco normativo, explicó que el juzgador de origen pasó a considerar el contenido de los informes confeccionados por el cuerpo técnico auxiliar departamental relativos a la evolución del joven durante el trámite del proceso (informe social y psicológico), los informes del Centro de recepción y cerrado Malvinas Argentinas de la localidad de Pablo Nogues, el informe del Centro de recepción y cerrado de Mar del Plata y el informe del CPA de la localidad de Tortuguitas; a partir de ello, el magistrado sostuvo que para considerar pertinente la imposición de una pena de prisión el juzgador había tenido en cuenta "... las características extremadamente gravosas del hecho en estudio [...] y la coautoría y responsabilidad penal del joven F. A. V., en la producción del mismo [...] , no como castigo, sino como oportunidad para finalizar el tratamiento iniciado hace aproximadamente dos años, considerando que el proceso de evolución del joven se encuentra iniciado pero aún no concluido, de allí la conveniencia de transitar muy gradualmente cualquier medida hacia su reinserción social "; finalmente hizo hincapié en el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Maldonado", transcribiendo parte de esa decisión (v. fs. 73 y vta.; el destacado figura en el original).
Luego de ello, el Tribunal de Casación sostuvo que la decisión adoptada no solo se adecuó a la propuesta de las partes documentada en la audiencia, sino que además, estuvo sustentada en elementos objetivos y concretos (medidas socioeducativas transitadas por el joven y los informes técnicos), y consideró que el pronunciamiento había sido dictado de conformidad con los fallos "Maldonado" y "Marteau" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme los cuales "...la 'necesidad de la pena' a que hace referencia el régimen de la ley 22.278 en modo alguno puede ser equiparado a 'gravedad del hecho' o a 'peligrosidad' [...] Antes bien, la razón por la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de 18 años se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención del Niño a 'la importancia de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad' (art. 40, inc. 1)" (fs. 73 vta. y 74).
Concluyó en que la necesidad de imponer pena halló su fundamento en el resultado del tratamiento socioeducativo del joven, teniendo en cuenta los distintos informes que fueron transcriptos por el juzgador y respetando los fines especiales de este tipo de procedimientos en cuanto persiguen la promoción de la reintegración social del niño y que éste asuma una función constructiva en la sociedad (art. 40.1, CDN; v. fs. 74 y vta.).
De otro lado, el tribunal intermedio también rechazó los planteos de la defensa a través de los cuales se agravió del monto de pena aplicado (inobservancia de los arts. 40 y 41, Cód. Penal; 106, CPP y 168, Const. prov.), solicitando su reducción.
En esa senda, luego de destacar que la cuantificación del monto de pena resulta ser una facultad propia de los jueces de mérito, sostuvo que en el caso la defensa no había logrado acreditar que en el proceso de dosificación hubiera existido vicio alguno o se hubiese vulnerado la normativa que rige la materia (v. fs. 74 vta.). Destacó que el monto fue impuesto de conformidad con el acordado por las partes en el marco del juicio abreviado, y que además se tuvo en consideración la extrema gravedad del hecho ilícito -un homicidio agravado por ensañamiento en carácter de coautor-; refirió también que la agravante autónoma vinculada con la violencia desplegada que había sido peticionada por la fiscalía, no fue valorada por el sentenciante de origen por cuanto se hallaba comprendida en el tipo penal agravado en el que se subsumió la conducta infraccionaría; en lo que se refiere a las pautas atenuantes, el tribunal dejó constancia en el fallo del pedido de consideración de tales circunstancias, dos de las cuales ya habían sido expresamente valoradas a lo largo de todo el pronunciamiento por tratarse de la corta edad del joven y su inmadurez, y se descartó -por falta de respaldo probatorio y por no contener entidad suficiente para demostrar el error que se le adjudicó al fallo en el proceso de mensuración de la pena- la pauta relacionada con "...haber sido compelido o motivado para realizar esta acción por una persona mayor de edad" (fs. 75 y vta.).
En definitiva, sostuvo que "...si se tiene en mira la pena prevista para el delito por el que fue encontrado responsable (prisión perpetua, arts. 55 y 80 inc. 2, Cód. Penal), con la reducción contemplada en el art. 4 de la ley 22.278 (de diez a quince años de prisión, art. 44, Cód. Penal), se advierte que la pena de doce años de prisión impuesta resulta proporcionalmente racional al grado de injusto endilgado y ajustada a los principios y fundamentos del régimen especial aplicable al caso -ley 22278-, sin advertirse la transgresión a criterios de lógica y experiencia" (fs. 75 vta.).
IV.1. De todo lo expuesto se advierte que la sentencia recurrida cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada. Las consideraciones que trajo la defensa de F. A. V. no alcanzan para controvertir el fundamento brindado por Casación, en tanto se limita a exponer una mera opinión discrepante con lo decidido, sin lograr poner en evidencia la existencia de graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado, que encajen en el elenco de supuestos de la pretoriana doctrina de la arbitrariedad (CSJN Fallos: 310:234) y ello conduce, sin más, a la insuficiencia del planteo (art. 495, CPP).
En efecto, el órgano intermedio abordó los agravios de la defensa llevados en el recurso de casación de fs. 37/43 vta. y los descartó, confirmando el fallo de origen en cuanto consideró necesario aplicar una sanción punitiva de encarcelamiento, ello con sustento en el resultado del tratamiento socioeducativo y de conformidad con los informes del cuerpo técnico auxiliar y las instituciones donde estuvo alojado el menor, por un lado, y que el monto de pena aplicado además de haber sido respetuoso de lo acordado por las partes en el marco del acuerdo de juicio abreviado, fue proporcionalmente racional al grado de injusto endilgado y ajustado a los principios y fundamentos del régimen especial aplicable al caso, por el otro.
Cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234); circunstancia que no se advierte en el caso de autos.
IV.2. Por otro lado, tampoco prosperan los argumentos de la parte con sustento en el fallo "Maldonado" (CSJN Fallos: 328:4343). En ese pronunciamiento el Alto Tribunal federal revocó una sentencia que había decidido no aplicar la reducción punitiva que de modo facultativo prevé el art. 4 de la ley 22.278; lo hizo por cuanto a su ente
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