Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135722
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.722, "Chavarría, Mauricio Daniel s/ Queja en causa n° 98.295 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
De las copias digitalizadas obrantes surge que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de marzo de 2021, rechazó los recursos interpuestos contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que, mediante procedimiento de juicio abreviado, había condenado a Mauricio Daniel Chavarría a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego; y a Ariel Damián Álvarez a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable del delito de homicidio con arma de fuego y autor de los delitos de lesiones graves calificadas por el empleo de arma de fuego y encubrimiento, todos en concurso real entre sí.
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de Chavarría, que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio. Ello motivó la presentación de queja ante este Tribunal, finalmente admitida mediante resolución de esta Suprema Corte de fecha 9 de agosto de 2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 21-IV-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa oficial de Mauricio Daniel Chavarría denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, con la consecuente afectación del principio de razonabilidad y culpabilidad (arts. 18 y 19, Const. nac.).
Señaló que, mediante una respuesta arbitraria, se confirmó una sentencia que no había tomado en consideración la naturaleza de la acción y la extensión del daño causado, tal como lo demanda el inc. 1 del art. 41 invocado.
Recordó que el imputado convino en calificar el único hecho atribuido como constitutivo del delito de homicidio agravado por su comisión con arma de fuego y pactó la imposición de una pena de quince años de prisión, sin ponderar circunstancias atenuantes y considerando como pauta agravante la pluralidad de intervinientes.
Destacó que el coimputado de su asistido también fue condenado a quince años de prisión, pero no solo como coautor responsable del mismo hecho, sino también como autor de los delitos de lesiones graves agravadas por el empleo de arma de fuego y encubrimiento en concurso real. Asimismo, advirtió que la sentencia condenatoria individualizó al coimputado como el ejecutor del disparo mortal, mientras que Chavarría había asumido el rol de manejar la motocicleta en la que ambos se desplazaban.
De tal modo, consideró que el proceso de individualización de la pena a su defendido se realizó ignorando la circunstancia de que el delito que a él se le reprochaba significaba un injusto menor que aquel reprochado al consorte de causa.
Asimismo, sostuvo que la elección de un procedimiento de juicio abreviado no implica la renuncia a una sentencia que cumpla con todos los requisitos que cualquier sentencia penal debe cumplir; y que dicho acuerdo no importa negar la facultad del juez interviniente para determinar judicialmente la pena a imponer, pues esa sanción únicamente no debe superar la acordada, pero puede ser inferior. En consecuencia, puntualizó que no resultaba válido dejar sin sustento lógico y razonable el reclamo sobre alguna de las circunstancias sobre las que se acuerda.
Puntualizó que se omitió valorar circunstancias atenuantes de la pena y, en tales condiciones, insistió en que la determinación de la sanción penal de Chavarría y una correcta aplicación de las pautas de mensuración de la pena reguladas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, demandaba adentrarse en el análisis del quantum punitivo de forma coherente con el monto de pena pactado por el coimputado, obligando a disminuir la pena impuesta a su asistido en razón de que el injusto penal resultaba menos grave.
Por último, se agravió de la respuesta brindada por el Tribunal de Casación en cuanto afirmó que el impugnante había sustraído del conocimiento del órgano del juicio la cuestión que pretendió debatir en casación, por constituir tal argumento una indebida restricción del derecho al recurso contra la sentencia condenatoria y de los derechos de debido proceso y defensa en juicio (arts. 1, 18, 28, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h., CADH; 14.5., PIDCP y 15, Const. prov.).
Por todo ello, solicitó que se revoque la sentencia a nivel de la individualización de la pena, con una sensible reducción del monto de la sanción impuesta.
II. Coincido con la Procuración General en cuanto se pronunció por el rechazo de la vía intentada (v. dictamen digital de 21-IV-2023).
III.1. El órgano de la instancia tuvo por debidamente acreditado el "Hecho 1" en los siguientes términos: "...el día 5 de febrero de 2017, siendo aproximadamente las 18:30 hs., dos sujetos de sexo masculino y mayores de edad que se movilizaban a bordo de una motocicleta, en las calles Laprida y Trinidad de la localidad de El Jagüel, Partido de Esteban Echeverría interceptaron a Diego Matías Lazarte, efectuándole -con la intención de darle muerte- al menos un disparo de arma de fuego que impactó en su tórax, ocasionándole lesiones de tal magnitud que determinaron su muerte".
Luego de admitir el juicio abreviado, condenó a Mauricio Daniel Chavarría a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas como coautor penalmente responsable del delito de homicidio con arma de fuego (arts. 41 bis, 45 y 79, Cód. Penal).
III.2. Frente a ello, la defensa particular interpuso recurso de casación y, en lo que interesa destacar, argumentó que resultaba injusto que su asistido fuera condenado a quince años de prisión en un juicio abreviado, ya que ese monto de pena no guardaba proporcionalidad con la actividad desplegada. Recordó que Chavarría "...sólo conducía la moto y no quedó acreditado que tuviera conocimiento previo al momento del hecho..." y, en base a ello, reclamó que se le impute una participación secundaria en el homicidio simple, con una consecuente reducción de la sanción al no poseer antecedentes penales y porque -según su criterio- su acción solo consistió en una ayuda posterior.
III.3. La Sala I del Tribunal de Casación Penal -con voto del señor juez Maidana que concitó la simple adhesión del señor juez Carral- abordó el agravio anterior y lo descartó.
En ese sentido, señaló que "...no puede soslayarse que el Defensor Particular y el imputado acordaron el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, sin haber planteado la afectación de garantías constitucionales en el proceso ni invocado falta de proporcionalidad, prestaron conformidad con la calificación legal y la pena solicitada, consintiendo así el empleo de la evidencia colectada y renunciando al ejercicio de facultades propias del debate...".
Respecto al cuestionamiento formulado contra el monto de quince años de prisión impuesto por considerarlo incongruente e injusto con la actividad desplegada por Chavarría, sostuvo que "...aun cuando, al prestar su conformidad en el procedimiento especial de enjuiciamiento libremente escogido, no fue puesto a consideración del [órgano de juicio] y soslaya la función revisora del Tribunal; tampoco cuenta con el debido desarrollo pues no controvierte el hecho antes descripto que, por tal motivo, llega firme a esta sede".
Añadió que "...la circunstancia de ser el conductor de la moto en la que el coimputado se transportaba, con la que interceptaron a Diego Matías Lazarte para efectuarle un disparo y, seguidamente, darse a la fuga a bordo del mismo vehículo, no constituye sólo una ayuda posterior al hecho y, como consecuencia de ello, una participación secundaria en el ilícito, pues con ello se pone de manifiesto la realización del tipo mediante ejecución con división [d]el trabajo, pues la actividad cumplida de transportarse hasta la víctima, cortar su paso, permitir el disparo e inmediatamente huir del lugar con quien accionara el arma, constituye una función en la ejecución del hecho -no sólo posterior-, que es esencial para la realización del plan que evidencia el dominio del conjunto del acontecimiento a través de su parte, se advierte un plan común o división del trabajo, una ejecución conjunta y una contribución esencial en la fase ejecutiva".
Así, destacó que "La falta de crítica a la existencia del hecho en su realización externa, del modo en que fuera fijado en el veredicto, impide considerar el reclamo pues el comportamiento que la Jueza tuviera por comprobado no constituye sólo una prestación de ayuda, que facilite o fomente la acción del autor principal, sino una ejecución conjunta esencial".
De seguido, puntualizó que "La reducción de pena por su condición de primario y las débiles probanzas, contrasta no sólo con el acuerdo celebrado sino que tampoco acompaña de un desarrollo de la solución propuesta ni se advierte con las escasas pruebas que señala el modo en que puede redundar en la reducción del monto de pena fijado".
Concluyó señalando que "...se advierte falta de fundamentación en los planteos realizados y la genérica invocación hecha, sobre la falta de relación entre el monto de pena impuesta a los intervinientes y los diferentes roles que cumplieron, desatiende las reglas de la autoría previstas legalmente".
IV. Como ya se adelantó, la impugnación debe ser rechazada.
El planteo formulado por la defensa para justificar la infracción a los arts. 40 y 41 del Código Penal y diversos principios y garantías constitucionales, a tenor de los desarrollos plasmados en la pieza impugnativa, no puede prosperar. Ello así, en virtud de que se advierte que la parte incurrió en un viraje argumental que obsta a la procedencia de su reclamo (doctr. art. 451, CPP).
De otro lado, se desentendió de los argumentos brindados por el juzgador -más arriba transcriptos- a fin de resolver la participación esencial de su defendido en el hecho enrostrado. En rigor, sus cuestionamientos no pasan de ser una mera opinión discrepante con el criterio expuesto por el tribunal revisor opuesto a su pretensión, sin demostrar que el razonamiento seguido para confirmar el fallo apelado hubiese configurado una grosera interpretación de las pruebas del caso, al punto de llegar a establecer conclusiones insostenibles o claramente contradictorias, a la luz de las circunstancias comprobadas de la causa (conf. causas P. 92.582, sent. de 9-IV-2008; P. 98.524, sent. de 11-III-2009; P. 104.426, sent. de 22-IV-2009; P. 102.106, sent. de 5-V-2010; P. 99.250, sent. de 14-IX-2011; P. 131.546, sent. de 6-XI-2019; P. 134.545, sent. de 6-XII-2021; P. 134.417, sent. de 21-II-2022; entre tantas más).
En definitiva, teniendo en cuenta lo antes expuesto, la parte no logró evidenciar que el razonamiento seguido por el Tribunal de Casación Penal al confirmar la condena de Mauricio Daniel Chavarría resulte arbitrario o contrario a las reglas de la lógica.
Pero, además, tal como lo hizo el juzgador intermedio, no puede dejar de señalarse la contradicción con los actos propios que en aquella instancia le fue reprochada. En efecto, si la defensa entendía que la pena pautada resultaba injusta o desproporcionada, debió efectuar tales consideraciones ante el órgano de primera instancia y no ante el tribunal revisor. El no proceder del modo indicado revela una contradicción flagrante con los actos propios, pues tanto la calificación del hecho como el monto de la pena ahora atacado fueron propuestos a la señora jueza de la instancia como resultado de un acuerdo de partes.
Así, la doctrina de los actos propios -tal como lo refiere el Procurador General en su dictamen- enseña que la adopción de un temperamento discrecional importa ausencia de gravamen atendible, ya que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (conf. causas P. 125.050, sent. de 22-VI-2016; P. 135.436, sent. de 29-X-2021 y P. 135.113, sent. de 16-II-2023).
De tal modo, se advierte que el fallo atacado brindó respuesta a los reclamos de la defensa sin advertirse quiebres lógicos, siendo la revisión aparente alegada solo la expresión de su disconformidad con lo resuelto, técnica recursiva manifiestamente insuficiente (doctr. art. 495, CPP).
Todo lo hasta aquí dicho, deja sin sustento los embates vinculados con la denuncia de vulneración al debido proceso y defensa en juicio también alegados (doctr. art. cit.).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/04/2024 14:14:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/04/2024 20:38:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2024 09:11:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2024 20:00:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2024 08:24:20 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 08/04/2024 09:02:54 hs. bajo el número RS-39-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia