Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135249
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.249, "Palacio, Leandro Tomás s/ queja en causa n° 98.450 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
De la presente causa como de las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de diciembre de 2020, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, que condenó a Leandro Tomás Palacio a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por haber sido cometido mediante efracción de lugar habitado, en concurso real con homicidio agravado criminis causae , ambos con la agravante genérica de la participación de menores de dieciocho años de edad (arts. 41 quater , 45, 55, 79, 80 inc. 7 y 167 inc. 3, Cód. Penal; v. sent. digital en archivo adjunto en oficio recibido de 14-XII-2021).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante la Casación -doctor Nicolás Agustín Blanco- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue desestimado por el tribunal recurrido el 28 de mayo de 2021 (v. archivo digital adjunto en queja de 16-VI-2021). Presentada la queja pertinente (v. fs. 1/5 del expediente), fue acogida por esta Suprema Corte mediante la resolución del 7 de diciembre de 2021. En consecuencia, concedió el carril extraordinario incoado (v. fs. 10/13 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 26/34), dictada la providencia de autos (v. fs. 36) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Los agravios del recurrente versan acerca de la infracción a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo (arts. 18, Const. nac.; 8.2., CADH y 14.2., PIDCP), la errónea revisión de la sentencia de condena, la violación a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana (art. 1, Const. nac.) y el derecho de defensa (art. 18 y concs., Const. nac.). De resultas, tacha la sentencia con sustento en la doctrina de la arbitrariedad.
Sostiene que en el recurso de casación esa defensa cuestionó la absurda y arbitraria valoración probatoria a fin de tener por acreditada la participación de Palacio en los hechos. No obstante, la respuesta dada por el tribunal intermedio consistió en una reiteración de las razones dadas por el de origen, desprovista de la revisión integral y eficaz del fallo de condena que reclama la garantía a la doble instancia. Denuncia, que se trató de un mero tránsito aparente por el Tribunal de Casación.
Con sustento en lo decidido por la Corte nacional en el precedente "Casal", efectúa diversas consideraciones en torno a esa tarea y observa que, en el caso, esa garantía fue infringida.
Detalla los puntos que sopesa esenciales y que, llevados a la instancia intermedia, habrían quedado con ese abordaje que estima deficiente, a saber: a) que el tribunal de juicio basó la responsabilidad de Palacio en los dichos vertidos por el menor coimputado a los funcionarios policiales en el momento de su aprehensión, los cuales no fueron ratificados en sede judicial. Antes bien, afirma que no solo desvinculó a su asistido de la comisión de los hechos, sino que el joven se autoincriminó dando detalles de su comisión corroborados por otros medios de prueba, sindicando a un hermano de Leandro Tomás Palacio de nombre E. como coautor; b) que respecto al secuestro de ropa con manchas en el domicilio de Palacio, destaca que no solo no se llevó a cabo prueba de ADN, sino que tampoco se determinó el tiempo de producidas, a la vez que en dicho domicilio también vivía el referido hermano del imputado, de nombre E.; c) que el testigo Marcelo Marino declaró que el hermano del imputado fue quien le vendió un televisor y una plancha, objetos sustraídos a la víctima; d) que Daiana y Lucas Nicolás Palacio -hermanos del imputado y de Ezequiel Palacio-, ubicaron al imputado en el domicilio de la primera al momento del hecho juzgado, y que de las imágenes de las cámaras de seguridad se advierte que uno de los sujetos vinculados al hecho que usaba "gorrita" era similar a la que suele vestir Ezequiel; e) que el menor coimputado R. D., efectuó un relato similar corroborando lo declarado en sede judicial por F.; f) que en su declaración el imputado de autos negó su participación en el hecho.
Luego de apuntar lo dicho por el tribunal intermedio, destaca que no solo no dio respuesta a los agravios de esa defensa, sino que ni siquiera los argumentos dados son útiles para concluir en la coautoría de Leandro Tomás Palacio en los hechos juzgados. Pues, "...no se efectuó en el pronunciamiento del TCP la más absoluta referencia o análisis de ninguno de los argumentos de los agravios expresados en el recurso de casación que fueran sucintamente reseñados al comienzo de este apartado".
A juicio del recurrente, la cuestión no era menor pues "...el valor asignado a los escasos elementos de cargo tenidos en consideración por el órgano de juicio para fundar la condena [...] (declaración espontánea del menor F., secuestro de ropa con manchas hemáticas que no se sabe a quién pertenece -ni la ropa ni la sangre- y que el menor coimputado no haya mencionado un encuentro con Palacio el día del hecho a las seis horas), fueron minuciosa y fundadamente cuestionados y rebatidos por la defensa, razón por la cual, debieron extremarse los esfuerzos en el análisis conforme a las leyes de la lógica, de la psicología y de la experiencia común, para poder confirmarse que, con ese material probatorio del que dispuso el tribunal de juicio, analizado [...] a la luz de los agravios portados en el recurso de casación, pudo arribarse, con la certeza constitucionalmente exigida, al dictado de un fallo condenatorio".
Concretamente, le reprocha al tribunal revisor el incumplimiento de la garantía de la revisión amplia, al no verificar la aplicación del método histórico con el límite normativo que a este impone el principio in dubio pro reo .
En apoyo de su reclamo, cita los fallos Herrera Ulloa vs. Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mencionado "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como lo resuelto en las causas P. 99.084 y P. 89.939 de este Tribunal.
Solicita, en definitiva, que se anule la sentencia en crisis y se reenvíe para el dictado de un nuevo pronunciamiento que -revisando la decisión de origen- acoja o responda de manera eficaz las críticas formuladas a través del recurso de casación.
II. Coincido con la Procuración General en cuanto dictamina que el recurso debe ser rechazado (v. fs. 26/34).
III. La decisión del a quo respecto del pronunciamiento de la instancia, conforme se verá, cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia (arts. 8.2., CADH; 14.5., PIDCP y CSJN Fallo "Casal"), en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravios llevados a su conocimiento.
Veamos.
IV. En cuanto al hecho de las presentes actuaciones, las instancias previas tuvieron por debidamente acreditado que: "El día 17 de Abril de 2018, en el horario comprendido entre las 03:00 y las 07:00 hs. de la mañana, en el domicilio sito en la calle Tomas Valle Nro. 5.741 de la localidad de González Catán, Partido de La Matanza, al menos tres sujetos de sexo masculino, dos de ellos menores de edad y uno mayor, previo cortar la parte inferior de una reja ubicada en uno de los ventanales -situados visto de frente, en el lateral derecho de la finca-, y una vez dentro del domicilio se apoderaron ilegítimamente de un televisor, una máquina de coser, un equipo de audio y un teléfono celular propiedad de Gerardo Medina, para seguidamente y con el fin de facilitar su accionar y procurar su impunidad, golpear al mismo en la cabeza, atándolo por detrás, con prendas de vestir y ropa de cama que se encontraban ocasionalmente en la casa, de los pies y manos como así también estrangularlo del cuello en forma manual, provocándole con este accionar traumatismos graves y asfixia que desencadenó posteriormente en su muerte..." (el destacado figura en el original).
IV.1. Al interponer el recurso de casación, la defensa oficial denunció -en lo que importa destacar para la solución del caso- la errónea apreciación de la prueba y la transgresión a la sana crítica y el debido proceso, en lo referente a la acreditación de la autoría responsable de Leandro Tomás Palacio en los hechos por los cuales fuera condenado; por lo que solicitó su absolución o que, en su defecto, se imponga una sanción menos gravosa en los términos de los arts. 165 y 167 inc. 3 del Código Penal.
IV.2. El Tribunal de Casación sostuvo en torno a ese planteo que el suceso enrostrado al imputado había sido acreditado acorde a las normas que rigen la valoración probatoria (conf. arts. 1, 209, 210, 373 y concs., CPP); y la prueba colectada había sido razonadamente ponderada.
A continuación, hizo un repaso de la materialidad ilícita antes reseñada para luego abordar el análisis de los diversos elementos de prueba que fueron ponderados por el sentenciante de origen a fin de acreditar la participación en el hecho del imputado Palacio.
a) En primer lugar, indicó que justipreciaron lo declarado por Nadia Gisela Segovia, personal policial del gabinete de homicidios de la DDI, quien fuera la encargada de hacer un relevamiento de las cámaras de seguridad próximas al lugar, siendo que encontró una de ellas de interés cerca del domicilio de la víctima Medina; en la misma se pudo observar a las 03:00 hs. a dos sujetos de sexo masculino en dirección a la casa de Medina, que uno de ellos portaba un arma blanca, y que a las 06:00 hs., observó a tres sujetos de sexo masculino caminando por el lugar teniendo uno de ellos algo cuadrado y tapado, dándose cuenta luego de que se trataba de un televisor y otro con una bolsa clara o blanca; dicha filmación fue observada por personal de la comisaría de González Catán y por un señor de apellido Villa, quien pudo reconocer a uno de los tres sujetos apodado "M.".
b) Luego valoraron lo declarado por Jorge Daniel Cardozo, personal de la DDI, quien expuso que la noche del hecho se constituyeron en González Catán a los fines de recabar datos, dando con un sujeto apodado "M." y con su lugar de residencia, certificaron su domicilio y el de su novia, mientras el gabinete de homicidios trabajaba sobre el video de una cámara de seguridad pudiendo establecer la fisonomía del nombrado, al cual luego de tareas de localización pudieron aprehenderlo, momento en el cual el mencionado "M." espontáneamente refirió que no tenía nada que ver con el hecho, sindicando a un sujeto apodado "Tomy" como uno de los autores y a otro que vivía en el km. 35, dando precisiones respecto del televisor sustraído y del comprador; luego de recuperado el aparato, el comprador manifestó que se lo había vendido un muchacho llamado "L.", quien residía a la vuelta de la casa de "M."; con los datos aportados, se pudo establecer la dirección y el nombre de "Tomy" quien resultó ser Tomás Palacio, y respecto del sujeto del km. 35 se estableció que lo apodaban "ñ." y era menor de edad; en el allanamiento realizado en el domicilio de Tomás se secuestró ropa con manchas hemáticas.
c) También se ponderó el testimonio de Noemí Luján Ardiles, personal policial que participó del allanamiento en el domicilio de "M." y su posterior aprehensión, refiriendo que cuando lo detuvieron surgió el nombre de "Tomy", quien vivía en González Catán y el de otro chico menor que vivía en Virrey del Pino como los sujetos que participaron del hecho; destacó que la ropa secuestrada se correspondía con la contextura física de "Tomy", allanamiento del cual participaron dos testigos de actuación, Héctor Serrano y Clemente Antonio Crescente, quienes en el debate dieron testimonio ratificando lo secuestrado en la casa de Palacio.
d) Valoraron también la declaración prestada por Alejandra Lidia Caferata, bioquímica con especialidad en toxicología, quien se desempeña como perito química legal en el Departamento Judicial de La Matanza, la cual manifestó que recibió dos sobres color marrón, uno con una remera de color negra rotulado y sellado, la que tenía manchas pardas; el otro sobre rotulado, contenía un pantalón tipo jogging con manchas pardas, determinando luego que ambas manchas eran de sangre humana, dejando asentado que la cadena de custodia se había hecho en forma regular.
e) Se ponderó lo testimoniado por Daiana Jaquelin Palacio (hermana del imputado), que en lo sustancial declaró que el día del hecho tuvo un altercado con su pareja y por eso lo echó de su casa, y como temía por su integridad física le pidió a Tomy que se quede. Es así que este se quedó en su casa con su otro hermano Nicolás, ella se fue a dormir a las 00:00 hs. y sus hermanos se quedaron mirando películas, luego se despertó a las 04:00 hs. para darle la medicación a su hija y les pidió que si se iban que cierren con llave. Luego a las 06:00 hs. su hermano Nicolás le dijo que se iba a trabajar al mercado y Tomy le golpeó la ventana y le ofreció un grabador que estaba vendiendo "M.", aclarando que no vio el grabador, solo escuchó el ofrecimiento de su hermano Tomás. Señaló, que ella cree que fue "Lalo" su otro hermano el autor y no Tomás, que no puede saber quién entra o sale de las casas porque tienen entradas independientes. En consonancia con lo anterior, declaró Lucas Nicolás Palacio, quien agregó que se fumaron dos porros con su hermano Tomás y tomaron cerveza, hasta que a las 06:00 hs. se fue a trabajar y su hermano a dormir.
f) Finalmente se valoró lo declarado por el imputado de autos Leandro Tomás Palacio, quien amplió lo relatado durante la instrucción, manifestando que a las 06:00 hs. cuando su hermano se fue a trabajar, él se fue a dar una vuelta, ahí se lo cruzó a M. y este le ofreció un grabador en venta por mil pesos, por lo que fue hasta la casa de su hermana tipo 06:30 hs. y se lo ofreció, como no lo quiso regresó y no encontró a ninguno de sus amigos, por lo que se fue a dormir, despertando luego a las 11:00 hs. y viendo en el noticiero que pasaban la noticia de este hecho, por lo que le comentó a su hermano Lalo.
A continuación, el a quo se ocupó de las manifestaciones que de manera espontánea había realizado el menor E. F. al momento de ser aprehendido por personal policial, el cual sindicó al imputado Palacio como uno de los coautores del hecho. A su vez, destacó que los funcionarios policiales (Cardozo y Ardiles) ratificaron sus testimonios sobre lo dicho por aquel, sin existir en el caso constancia alguna de que F. hubiese sido obligado a declarar del modo como lo hizo. Es decir, el personal policial se limitó a transmitir lo que le había manifestado el joven, sin que se le haya recibido ninguna declaración al menor.
Sobre este punto se explayó el tribunal revisor citando doctrina referida a la validez de las referencias testimoniales por parte del personal policial, y consideró que nada existió como para cuestionar las aseveraciones lanzadas por los uniformados. Dicha prueba -según dijo- estuvo embebida de todas las formalidades previstas para su producción lo cual la lleva a tenerla como plenamente válida y a ponderar libremente su contenido.
A modo de síntesis, el Tribunal de Casación volvió a destacar que, en el caso, se valoraron las manifestaciones espontáneas del menor F., quien involucró directamente al imputado Palacio como uno de los coautores del hecho; que también se tuvieron en cuenta indicios directos como el secuestro de ropa con sangre de la vivienda en la que residía el encartado; el intento de vender a su hermana el grabador sustraído; el reconocimiento por parte de Tomás Palacio de haber estado esa madrugada del día 17 de abril a las 06:00 hs. con el apodado "M." F.; la circunstancia de que al momento de su detención dio una identidad falsa; a su vez, en la declaración prestada por el menor en los términos del art. 317 del Código de rito, desligó al imputado del hecho y manifestó que quienes lo cometieron fueron su hermano "Lolo" junto a él y otro menor de edad llamado L. o L., quien vivía en el km. 35, resultando ser P. L. R. D..
Según el tribunal revisor, de su relato se desprende que intentó mejorar la situación procesal de todos los imputados, ya que puso en manos del sujeto mayor prófugo (Lolo Palacio), la ejecución del hecho, pero no relató el encuentro fortuito con el aquí imputado, cuando le ofreciera el grabador robado para su venta. Resaltó, también, que mientras que el otro menor R. D. reconoció haber participado del hecho delictivo, lo hizo bajo amenazas de muerte propiciadas por F., y que él se llevó el televisor, F. la máquina de coser y el otro mayor de edad, que no conocía, se llevó los equipos de audio.
Estima, además, que el juzgador de mérito tuvo por corroborado que fue Tomás Palacio quien se llevó el equipo de audio de la casa, y que el encuentro que dijo Palacio haber tenido con F. nunca sucedió, ya que este último siquiera lo mencionó en su relato.
Valoró finalmente, en lo tocante a la ropa encontrada en el domicilio de Palacio, la cual se encontraba manchada con sangre, que no pudo acreditarse que fuera de propiedad del apodado "Lolo" Palacio ni por la defensa ni por los hermanos del imputado, cuando de otro lado su talle se correspondía con la contextura física del aquí imputado.
En consecuencia, el tribunal intermedio concluyó que "...la apreciación de la prueba testimonial es tarea propia de los jueces de los hechos. Y en el marco de esa particular soberanía, sólo revisable en esta Sede en el supuesto de mediar absurdo en las conclusiones, el Tribunal de grado, luego de tomar nota 'de visu' y 'de auditu' acerca del talante, actitud, poder de persuasión, estado anímico y memoria de cada testigo, resolvió asignar pleno valor a las declaraciones vertidas durante la audiencia de debate, otorgándoles primacía sobre cualquier expresión juramentada anterior". Sentado ello, compartió lo decidido en la instancia anterior respecto a la validez de los elementos probatorios que llevaron a la condena de Tomás Palacio.
V.1. De la reseña efectuada se aprecia que -como se anticipó- la Casación desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los reclamos de la parte, los descartó y proporcionó las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio en coincidencia con el tribunal de origen.
Así las cosas, el recurrente no ha logrado evidenciar en modo alguno la restricción cognoscitiva denunciada en función de la doctrina y jurisprudencia que cita vinculada con la supuesta afectación al derecho al recurso (conf. arts. 8.2., CADH y 14.5., PIDCP).
A tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis para arribar a la confirmación del fallo de condena, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal", que incluyó una reseña de la materialidad ilícita acreditada, de las constancias probatorias, las cuales individualizó y analizó el valor de convicción asignado por los jueces de mérito, para finalmente efectuar un juicio crítico sobre todo ello, convalidando la decisión adoptada para arribar al reproche del suceso en cabeza de Leandro Tomás
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.