Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136535
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de L. E. T. T., con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.535, "T. T., L. E. S/ Queja en causa N° 98.558 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Genoud , Torres.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Mercedes el 3 de junio del año 2019 condenó -por mayoría- a L. E. T. T. a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales, sin costas, por resultar autor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía, por ser criminis causae y por la utilización de arma de fuego, en concurso real entre sí (arts. 40, 41, 41 bis, 42, 44, 45, 55, 80 incs. 2, 6 y 7 y 166 inc. 2 párrafo segundo, Cód. Penal).
La señora defensora oficial de T. T., interpuso un recurso de casación y la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de mayo de 2020, lo rechazó por improcedente.
Consecuentemente, el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el cual fue declarado inadmisible por el órgano casatorio (v. archivo digital "segundaparte.pdf", en rec. queja de 20-IV-2022).
Presentada la queja pertinente, fue admitida por resolución de esta Corte el 13 de septiembre de 2022, y concedido el recurso de inaplicabilidad de ley deducido (v. resol. digital).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 6-III-2023), dictada la providencia de autos en igual fecha, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso de inaplicabilidad de ley fue concedido únicamente para abordar la denuncia de violación al plazo razonable de duración del proceso planteada por la defensa de T. T..
II. Al desarrollar este agravio (apdo. V de la impugnación), el señor defensor sostuvo que esa parte había cuestionado -ya en el recurso de casación- el excesivo tiempo transcurrido del proceso penal juvenil, y la imposibilidad del joven T. de transitar, a su debido tiempo, su proceso.
Refirió que esa pretensión fue rechazada por el tribunal revisor a través de un pronunciamiento que -a su juicio- estuvo alejado del debido estándar de razonabilidad. Éste habría configurado un acto jurisdiccional arbitrario, al no corresponderse con las constancias comprobadas de la causa por prescindir de ciertas actuaciones y realizar un análisis parcial de otras.
Razonó que, de ese modo, se habría frustrado la garantía a ser juzgado en un plazo razonable y el derecho de defensa en la instancia recursiva.
Afirmó que el agravio portaba el pedido de extinción de la acción penal por entender que la tramitación de la causa había excedido el ya aludido plazo razonable al que hace referencia la normativa internacional (art. 8.1, CADH), toda vez que los hechos datan de marzo y abril de 2007.
Agregó que lo más grave fue que el fallo cargó en cabeza del joven la responsabilidad sobre el impulso de la investigación y reiteró que su pupilo era fácilmente ubicable por las autoridades, lo cual no ocurrió por la desidia de quienes tenían el deber de actuar. En sustento de su postura citó el fallo "Espíndola" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sostuvo que en el caso se consumieron doce años como consecuencia de dilaciones injustificadas que obedecieron exclusivamente a la negligencia de los funcionarios intervinientes, cuyo comportamiento frenó la buena marcha del trámite de la causa, y el plazo en la etapa investigativa resultó irrazonable (conf. CSJN fallo "Santander, Moira y otro", sent. de 28-X-2008 y "Barra" Fallos: 327:327; caso Genie Lacayo , CIDH).
Concluyó en que el tiempo insumido sin complejidad de la causa, sin maniobras dilatorias del imputado, y sin la debida diligencia de las autoridades, superó ampliamente lo que debe entenderse por plazo razonable del proceso. Solicitó el dictado de un pronunciamiento que reconozca la mentada garantía y declare la extinción de la acción penal.
III. Coincido con el dictamen de la Procuración General en que el recurso no es procedente ya que el agravio en cuestión es marcadamente insuficiente (doctr. art. 495, CPP).
IV.1. Para empezar -en lo que interesa destacar para la solución del caso- la defensa de T., en el recurso de casación, se explayó en torno al presente agravio cuando argumentó que su asistido no había estado prófugo y sin arraigo. En el mismo planteo destacó que T. no pudo transitar el proceso penal juvenil a su debido tiempo y en plazo razonable (art. 40 inc. 2, pto. "b" III, CDN), sino que se lo sometió a un procedimiento que no evaluó la posibilidad concreta de -en el caso de hallarlo culpable- someterlo a un tratamiento socio-educativo.
IV.2. Por su parte, el tribunal intermedio abordó esa cuestión en el punto "b" de su sentencia y la descartó.
Para así decidir, luego de hacer alusión sobre que los tribunales de persecución penal no pueden mantener procesos abiertos sin plazo o fecha determinados, pues atentaría contra garantías elementales del imputado; se refirió al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y citó normativa internacional y del ámbito local (conf. arts. 8.1, CADH; 25, DADH; 14.3 "c", PIDCP; precedentes P. 89.727, de 23-XI-2005 de esta Corte y fallo "Al Kassar Monzer", CSJN).
Sentado lo anterior, sostuvo que así planteada la situación, compartía la apreciación efectuada por el voto mayoritario del tribunal de mérito, al resolver similar planteo realizado por la defensa en la primera instancia, donde se rechazó el razonamiento consistente en afirmar negligencia por parte de los auxiliares de la justicia por no extremar las medidas para lograr ubicar al imputado.
En torno a ello, refirió que, de la prueba testimonial escuchada en el debate oral y las constancias documentales, se había acreditado que T., sabiendo que era buscado por la justicia, se profugó de su domicilio.
El Tribunal de Casación estimó que tanto la complejidad de la investigación como los años que T. permaneció fugitivo de la justicia, sumado a que tampoco se habían demostrado otras circunstancias que configuraran una infracción a la garantía aludida, impedían atender el reclamo, por lo que confirmó la respuesta del órgano de juicio.
V. En virtud de lo anterior, queda en evidencia que la defensa del aquí acusado viene insistiendo con la misma pretensión desde la primera instancia: que se declare vulnerada la garantía en cuestión. Sin embargo, en el pronunciamiento que es objeto de impugnación se leen argumentos lógicos y razonables, que no logran ser rebatidos en términos que exige la doctrina de la arbitrariedad de sentencias que el recurrente invoca y le endilga a la respuesta en examen.
En efecto, el órgano casatorio, tras referirse a las condiciones y al contexto del caso, trajo a colación normativa convencional y doctrina elaborada sobre el punto, para finalizar compartiendo la misma conclusión que el tribunal de mérito: que de la prueba rendida en el debate era indiscutible que L. E. T. conocía que la justicia lo buscaba en Chivilcoy -donde residía hasta el momento del hecho-, no solo por los allanamientos realizados en su domicilio, sino también porque su propia hermana F. T. resultó detenida en la misma investigación por la que se lo requería. En tales condiciones es que, a su vez, el tribunal revisor adicionó la complejidad de la causa.
Frente a lo decidido, el recurrente insiste con análogos argumentos a los llevados a la instancia intermedia sobre la aludida garantía al plazo razonable de duración del proceso -la cual acompañó con abundante cita de precedentes jurisprudenciales-, pero no logra conmover los motivos brindados por las anteriores instancias. En particular, el vinculado a que T., en ocasión de saberse requerido por la justicia, en lugar de ponerse a disposición, abandonó su residencia habitual. Media pues insuficiencia (art. 495, CPP).
Para finalizar, resulta oportuno recordar que nuestro ordenamiento jurídico no tiene una regla preceptiva de un límite temporal exacto para la duración del proceso penal, por lo que debe acudirse a la llamada "teoría de la ponderación".
De ese modo lo han interpretado en materia de derecho supranacional los organismos de aplicación interamericanos quienes, tomando como fuente las decisiones de los órganos europeos de derechos humanos, han considerado que el plazo razonable no puede fijarse en abstracto, sino que requiere un examen de las circunstancias particulares del caso.
Sobre tal base, y con invocación de precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha sostenido en el caso Suárez Rosero (sent. de 12-XI-1997, con cita de los casos del Tribunal Europeo: TEDH Motta, 19-II-1991 y Ruiz Mateos, 23-VI-1993), que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso debe tomarse en cuenta la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, aunque también corresponde reparar en el perjuicio o afectación actual que la alongación del juicio implica para la situación jurídica del individuo, así como la gravedad del suceso atribuido (conf. causas P. 70.200, sent. de 27-VIII-2008; P. 88.303, sent. de 25-III-2009; P. 132.553, sent. de 24-II-2021; P. 135.381, sent. de 15-VI-2022; e.o.).
Así entonces, se advierte que el recurrente se limitó a señalar de modo abstracto el tiempo insumido en este juicio y a acompañar citas jurisprudenciales, sin hacer referencia concreta a las particularidades del expediente que justifiquen la concurrencia del conjunto de circunstancias que se impone valorar a los fines de fallar sobre la infracción de la garantía del plazo razonable en la tramitación del proceso, conforme la doctrina que emerge de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal Supremo provincial.
La referencia a la mora de los tribunales jurisdiccionales quienes según el recurrente exhibieron desidia en su deber de actuar, no alcanza para demostrar la violación a la mentada garantía sin considerar en toda su dimensión la existencia de diversas particularidades que no pueden soslayarse al momento de analizar ese aspecto del tópico, tales como las que fueran detalladas precedentemente.
En cuanto a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocados por el recurrente, cabe señalar que ningún intento ha sido efectuado para justificar que la solución allí adoptada pudiera ser trasladable a este caso a pesar de las particularidades que los diferencian.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó la necesidad de hacer un análisis de razonabilidad evaluando la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia (CIDH caso Valle Jaramillo , sent. de 27-XI-2008) lo que constituye el cuarto elemento que debe tomarse en cuenta para valorar globalmente la razonabilidad cronológica (CIDH caso Kawas , sent. de 3-IV-2009, párrs. 112 y 115).
Este último elemento en particular, como acertadamente lo señala la Procuración General en su dictamen en alusión al requisito de la "gravedad del suceso" (conf. doctr. causa P. 131.933, sent. de 29-XII-2020; e.o.), ha sido ignorado de modo absoluto por la defensa y ello se erige en un impedimento serio para la declaración de la extinción de la acción penal por vulneración del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. En efecto, la entidad del delito es una variable relevante que no puede dejar de ser tomada en cuenta a los fines de resolver la insubsistencia de la acción por transgresión de dicha garantía, conforme resulta de diversos pronunciamientos de la Corte federal en los cuales -con el mismo objetivo que ahora nos ocupa- examinó los montos de las escalas penales respectivas y/o el pedido de pena efectuado por la fiscalía (cons. V del caso "Acerbo, Néstor Horacio s/contrabando causa nº 51.221", al compartir el dictamen de la Procuración, sent. de 21-VIII-2007 y cons. 21° del voto de la minoría conformada por los jueces Petracchi y Boggiano en el caso "Kipperband", Fallos: 322:360).
Por lo tanto, la índole del hecho juzgado en estas actuaciones -robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía, por ser criminis causae y por la utilización de arma de fuego, en concurso real entre sí- constituye un obstáculo, para propiciar la extinción de la acción por la causal en estudio e impide tener por configurados los presupuestos excepcionales que deben conjugarse para aplicar la jurisprudencia establecida por la Corte de la Nación a partir de los precedentes "Mattei" (Fallos: 272:188); "Mozzatti" (Fallos: 300:1102); "Moyal" (sent. de 23-X-2007) y los que le siguieron (conf. en lo pertinente causas P. 131.186, sent. de 2-IX-2020; P. 131.933, cit.; e.o.).
Por lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de L. E. T. T., con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/08/2023 13:10:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/08/2023 14:11:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2023 08:41:45 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2023 10:03:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2023 10:42:09 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/08/2023 12:06:38 hs. bajo el número RS-103-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia