Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136525
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto a favor de Ceferino Raúl Gorordo, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.525, "Gorordo, Raúl Ceferino S/ Queja en causa N° 98.785 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 1 de junio de 2021, rechazó sendos recursos interpuestos por las defensas y el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que -en lo que importa destacar para el caso-, condenó a Ceferino Raúl Gorordo a la pena de ocho años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena para tener armas de fuego, por resultar coautor de los delitos de asociación ilícita en su rol de integrante, extorsión, exacciones ilegales agravadas, falsificación de instrumento público y autor del delito de tenencia ilegal de arma de guerra, en concurso real.
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia intermedia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi-, articuló el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; el tribunal revisor lo declaró inadmisible por resolución del 7 de abril de 2022, denegatoria que motivó la queja pertinente la cual fue concedida por esta Suprema Corte a efectos de examinar las cuestiones federales allí planteadas (v. resol. de 7-IX-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 13-IV-2023), dictada la providencia de autos el 13 de abril de 2023, presentada la memoria por parte de la defensa oficial el 19 de abril de 2023, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial denunció que la sentencia dictada por el tribunal intermedio resultó arbitraria por autocontradicción y fundamentos aparentes en su tarea revisora del fallo de condena -calificación legal puntualmente del hecho identificado como III-; y la consecuente violación del derecho al recurso (arts. 1, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2 y 8.2 "h", CADH; 14.2 y 14.5, PIDCP).
Con ese marco, cuestionó el voto del juez Borinsky (al que adhirió el juez Violini), en el que se indicó que la calificación legal de exacciones ilegales respecto del hecho "III" era incorrecta, pero que no se modificaba la figura reprochada por cuanto no había recurso de la parte acusadora.
Destacó que ello era demostrativo de una manifiesta autocontradicción, pues si la calificación era incorrecta, debió modificarse la sentencia para hacerla coherente sobre el punto.
Calificó como meramente aparente al motivo esgrimido por el revisor para no corregir el error advertido (la alegada ausencia de recurso fiscal).
Al respecto consideró que ello no era obstáculo para mejorar la situación procesal de Gorordo según una interpretación armónica de los arts. 1, 434 y 435 del Código Procesal Penal, excluyendo de la imputación el delito de exacciones ilegales y readecuando la pena.
En resumidas cuentas, sostuvo que con el pretexto de respetar el límite de la reformatio in pejus se afectaron las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa en juicio -con invocación de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-.
Agregó que en el caso se vislumbra como evidente la arbitrariedad por autocontradicción y la afectación a las garantías mencionadas, ya que, al reconocer la existencia del error, pero no subsanarlo, la sentencia impugnada se presenta como un acto judicial "ininteligible" (con cita de Fallos: 261:263, CSJN), y la parte dispositiva no refleja los fundamentos esbozados al emitir opinión.
Finalmente consideró que el tribunal intermedio cercenó de manera inadecuada el derecho al recurso, por lo que solicitó se declare la arbitrariedad del fallo y se reenvíen los autos para el dictado de un pronunciamiento conforme a derecho (art. 496, CPP).
II. El señor Procurador General al emitir su dictamen, aconsejó se rechace el recurso interpuesto.
III. Por su parte, la señora defensora oficial adjunta ante la instancia intermedia, doctora Ana Julia Biasotti, presentó el memorial del art. 487 del Código Procesal Penal, y confirmó cada uno de los argumentos desarrollados en el recurso extraordinario.
IV. Estimo al igual que el señor Procurador General que el recurso debe ser rechazado.
IV.1. En lo que importa destacar para la solución del caso, el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca, tuvo por acreditado que "... desde fecha no establecida, pero dentro del período comprendido entre principios del mes de enero y el día 3 de abril del año 2017, en el marco de las actividades funcionales que realizaban en la prevención e investigación de delitos rurales, el teniente Daniel Alberto Gutiérrez -cumpliendo funciones en la Coordinación Zonal Seguridad Rural Bahía Blanca-, el Sargento Raúl Ceferino Gorordo -numerario del Comando de Prevención Rural Villarino-, el Subcomisario Patricio Fernando Detlefsen -quien cumplía funciones como Jefe del Comando de Prevención Rural Villarino-, y el oficial Maximiliano Walter Valdebenito -numerario de la Coordinación Zonal Seguridad Rural Bahía Blanca-, conformaron una asociación ilícita, cuyo objeto era exigir y percibir de manera indebida dinero y/o animales de productores rurales y otras personas, a cambio de omitir los procedimientos establecidos respecto de faltas e infracciones a la Ley 10081 (Código Rural) y a la Ley 10.891" .
Se agregó que, "Para perpetrar dichos planes delictivos, la asociación ilícita se organizó bajo la dirección y jefatura de Daniel Alberto Gutiérrez, quien desde su posición funcional, dirigía la organización delictiva, la cual no sólo se valió de la infraestructura y medios de las dependencias policiales mencionadas, sino también, del manejo de datos técnicos e instrumentos jurídicos vinculados a la actividad funcional que deban desempeñar" . "Por su parte, los restantes miembros de la asociación ilícita, cumplieron diversos roles, como ser la coordinación e intervención en las etapas preparatorias de los delitos a realizarse, participando activamente en los procedimientos que culminaran con la constatación de faltas y, en algunos casos, la elaboración de instrumentos que luego eran utilizados como elementos intimidatorios para exigir sumas de dinero o bienes al presunto infractor. En particular Raúl Ceferino Gorordo, era quien se contactaba con las víctimas para coordinar la entrega de las espurias exigencias y con autores de múltiples conductas ilícitas -comprendidas en distintas infracciones a la Ley 10081 (Código Rural) y a la Ley 10.891 (Guía única de Traslado de Ganado), y autorizaba las mismas, requiriendo luego la entrega de dinero y/o ganado como contraprestación" (hecho I).
En el marco de la asociación ilícita antes reseñada, el tribunal del juicio también tuvo por probado -en lo que interesa para el caso- que "...el día 11 de enero del año 2017, el teniente Daniel Alberto Gutiérrez -quien cumplía funciones en la Coordinación Zonal Seguridad Rural Bahía Blanca- exigió al señor Osvaldo Pedro Bettinelli la entrega de cien mil pesos ($ 100.000) en concepto de multa por la infracción al artículo 148 de la Ley 10081 (Código Rural), intimidando al nombrado a quien refirió que la falta era grave y que si no abonaba la suma indicada, podría perder el establecimiento rural de su propiedad (denominado ‘San Pedro’, ubicado en la Ruta Nacional Nro. 3 Sur, Kilometro 729, de la zona rural de Argerich, Partido de Villarino).
Ante la imposibilidad de abonar la suma de cien mil pesos ($ 100.000), cuyo pago le fue exigido por Gutiérrez, en la creencia de que estaba ante un procedimiento regular, el Señor Bettinelli le manifestó al funcionario policial que le hará entrega de los animales que supuestamente estaban en infracción"; "La infracción aludida, consistente en la carencia de marca en 23 vacas y 7 vaquillonas propiedad de Bettinelli, fue constatada por el citado funcionario policial, por el Sargento Raúl Ceferino Gorordo -numerario del Comando de Prevención Rural Villarino-, el oficial Maximiliano Walter Valdebenito -numerario de la Coordinación Zonal Seguridad Rural Bahía Blanca- y otro efectivo policial aún no identificado, los días 10 y 11 de enero de 2017, al momento de practicar un rodeo en el citado establecimiento rural de Bettinelli, en el marco de la I.P.P. 02-00-000559-17/00"; "Como consecuencia de dicho procedimiento fue elaborada un acta de rodeo en donde los funcionarios policiales omitieron, deliberada y dolosamente, hacer constar la carencia de marcas en los treinta animales propiedad de Bettinelli, y de esta forma incumplieron el procedimiento establecido ante faltas agrarias por el decreto ley 8785/77"; "Dicho acta de rodeo, elaborada por el oficial de policía Walter Maximiliano Valdebenito, quien suscribió la misma, junto con los efectivos policiales Raúl Ceferino Gorordo y Daniel Alberto Gutiérrez, fue luego incorporada por los funcionarios preventores como elemento de prueba en la I.P.P. 02-00-000559-17/00.
La entrega de los animales, se concretó aproximadamente una semana después de practicado el rodeo, por el señor Osvaldo Pedro Bettinelli, en el citado establecimiento rural de su propiedad ubicado en la zona rural de Argerich, a los señores Martín Facundo Padín y Claudio Daniel Masson quienes, luego de arribar al lugar, alegaron actuar en nombre del personal policial y procedieron a separar los animales sin marcar, los que se llevaron en un camión, realizando para ello dos viajes de quince animales cada uno que cargaron en un camión perteneciente a Padín" (hecho III) -el destacado me pertenece-.
Al momento de calificar los hechos, el tribunal del juicio consideró como coautores penalmente responsables del suceso I antes descripto a los imputados Daniel Alberto Gutiérrez, Raúl Ceferino Gorordo, Walter Maximiliano Valdebenito y Patricio Fernando Detlefsen. También se encontró probado en carácter de coautores por el hecho III a Daniel Alberto Gutiérrez, Raúl Ceferino Gorordo y Walter Maximiliano Valdebenito. Los sucesos fueron calificados como asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas y falsificación de instrumento público.
IV.2. Contra ello, interpuso recurso de casación la defensa de Raúl Ceferino Gorordo que -en lo que importa destacar para la solución del caso-, denunció la errónea aplicación del art. 266 con relación al art. 42 ambos del Código Penal, por entender que el delito de exacciones ilegales había quedado en carácter de conato.
IV.3. El Tribunal de Casación Penal, abordó de manera particular en el punto "Octavo" de su sentencia la crítica llevada por la defensa de Gorordo y destacó que la calificación de exacciones ilegales respecto del hecho III era incorrecta. Sin embargo, omitió su modificación por la que estimó correcta (extorsión agravada) dado que no había un recurso de la acusación que lo habilitara.
Se explicó que los acusados estaban facultados para comprobar infracciones al Código Rural pero no revestían autoridad para percibir las multas establecidas en el decreto ley 8.785/77 (de faltas agrarias).
De manera que, en el caso, no se había verificado el "abuso del cargo" que exige la figura del art. 266 sino la "simulación" de una autoridad que no poseían, elemento típico de la extorsión.
Justamente se dijo que dicha circunstancia (la simulación de autoridad) había llevado a la víctima a temer que, de no entregar la suma requerida (reemplazada luego con la entrega de ganado), sufriría los perjuicios anunciados por los acusados, a quienes aquella atribuyó -por desconocimiento- facultades que en realidad no tenían, pero que bien podía suponer que les eran propias por la calidad de funcionarios policiales que revestían y que habían aprovechado para realizar el irregular procedimiento que terminó con la imputación de una contravención que no era tal. Por último, el revisor trajo a colación doctrina de autor (Soler -Derecho Penal Argentino, Ed. Tea, Buenos Aires, Tomo 2, 5ª ed., 1987, pág. 255-).
Sentado todo lo anterior, se concluyó que los motivos desarrollados por la defensa por los que se pretendía que ese hecho se recalificara como exacciones ilegales en grado de tentativa, no prosperaba porque hubo una recepción espuria de los animales entregados por la víctima que no fueron recuperados y que la defensa omitía considerar en su planteo.
V. La denuncia de sentencia arbitraria por autocontradictoria y fundamentos aparentes, como la consecuente violación del derecho al recurso (conf. arts. 1, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2 y 8.2 "h", CADH; 14.2 y 14.5, PIDCP), no es de recibo.
V.1. En primer lugar, cabe destacar que el hecho III -tanto en su materialidad ilícita como la coautoría-, llegó incontrovertido por la defensa de Gorordo, quien sobre el punto ante la instancia revisora solo había reclamado la variación en el grado de consumación, es decir, que las exacciones ilegales quedaran en grado de tentativa.
Ahora bien, de la reseña efectuada podemos advertir que el tribunal revisor abordó el concreto planteo y lo descartó, pues más allá de que consideró que la calificación legal de exacciones ilegales atribuida al hecho III era "incorrecta", afirmó que en definitiva la consumación se había concretado puesto que los animales habían sido efectivamente entregados por la víctima y nunca se recuperaron.
En definitiva, el Tribunal de Casación abordó y rechazó el agravio llevado por la defensa; brindó las razones por las cuales consideró que el delito debía tenerse por consumado, descartando así la pretensión de la defensa de afirmar dicha tipicidad como incompleta (tentada).
Tampoco se advierte que en la decisión exista un supuesto de autocontradicción.
V.2. De igual modo no es de recibo la fundamentación aparente invocada por el recurrente, pues tal y como lo sostiene el señor Procurador General, el Tribunal casatorio entendió -cabe aclarar que sobre la base de una cita parcial de Soler- que la calificación legal del hecho III no era la de exacciones ilegales sino la de extorsión agravada, por haber existido -en parte- una simulación de una autoridad que no poseían, en lugar de un completo "abuso de cargo" en términos del art. 266 que se afirmara en la sentencia de primera instancia.
En este punto, es notorio que la extorsión agravada presenta una escala más amplia que la estipulada para las exacciones ilegales, por tanto, aplicar esa mutación hubiera significado afectar la defensa en juicio al poner al imputado en una situación más gravosa frente a la inexistencia de recurso fiscal. Es así que, en resguardo de la garantía de la reformatio in pejus (conf. Fallos: 300:671; 307:2236 y 329:1447), el Tribunal casatorio entendió que, aun tenido por probado el hecho más grave, no era posible variar la calificación -en lo que, desde su punto de vista era la correcta- puesto que llevaba a una situación ostensiblemente más perjudicial para el imputado al decantar en un eventual aumento de la pena.
V.3. La reseña efectuada es demostrativa de que la función revisora del tribunal intermedio en modo alguno fue indebidamente restringida y, por el contrario, se ajusta al deber que imponen los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en este punto.
Se advierte que el tribunal revisor dio respuesta a los reclamos de la defensa, brindó las razones que lo llevaron a mantener la calificación del delito con debida fundamentación de lo resuelto, sin que se advierta en ello un supuesto de arbitrariedad tal como alega la defensa de Gorordo.
Es que, en rigor, el impugnante embate contra ciertas apreciaciones que en definitiva son accesorias al fallo. Por lo demás, advertido por el tribunal intermedio un presunto error de derecho que habría influido en favor del imputado (art. 462, CPP), la defensa, no logra -más allá de invocar los arts. 434 y 435 del Código Procesal Penal- justificar legalmente la solución que pretende, esto es, que ante ese escenario el Tribunal de Casación debió directamente suprimir el ilícito en cuestión con la consecuente disminución de la penalidad. Media pues insuficiencia (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto a favor de Ceferino Raúl Gorordo, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/04/2024 15:08:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2024 08:08:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2024 09:20:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/04/2024 12:08:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2024 12:12:56 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/04/2024 13:51:01 hs. bajo el número RS-49-2024 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia