Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135073
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.073, "Ugarte Zanabria, Pablo Emanuel y Barraza, Daniel Elías s/ Queja en causa n° 98.863 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
De las presentes actuaciones y de las partes digitalizadas se desprende que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de junio de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Pablo Emanuel Ugarte Zanabria y Daniel Elías Barraza contra el veredicto de culpabilidad dictado por el Tribunal de Jurados y la sentencia pronunciada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Morón que los condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por haber sido hallados coautores penalmente responsables de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y homicidio criminis causae , todos ellos en concurso real entre sí.
Contra ello, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por inadmisible, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 1/7).
Esta Suprema Corte, el 8 de febrero de 2022, hizo lugar a la presentación directa y admitió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por estimar que las denuncias de arbitrariedad y vulneración del derecho a la doble instancia contaban con la suficiencia y carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad (v. fs. 12/15 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 42/45), dictada la providencia de autos (v. fs. 47) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. De conformidad con la resolución de esta Corte que admitió la queja, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue concedido a los fines de abordar las cuestiones de índole federal vinculadas con la arbitrariedad de la sentencia y la vulneración a la garantía de la doble instancia (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP).
El señor defensor oficial adjunto cuestiona la sentencia del tribunal intermedio en cuanto rechazó el reclamo de esa parte que postuló la declaración de inconstitucionalidad de las penas de prisión perpetua impuestas a Pablo Emanuel Ugarte Zanabria y Daniel Elías Barraza (v. fs. 193 de las copias digitalizadas).
I.1. Con relación a la arbitrariedad denunciada, argumenta que el sentenciante ha invocado para negar el tratamiento de ese tópico uno de los límites propios del recurso extraordinario federal, concerniente al "planteamiento oportuno" de la cuestión involucrada con ese cariz, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 326:3939; 331:36; v. fs. 193 vta.). Estima que lo así resuelto no cuenta con base legal suficiente (CSJN Fallos: 297:462), importando una restricción indebida de una vía apta para su examen (v. fs. 193 y vta.).
I.2. En cuanto a la afectación a la garantía de la doble instancia, destaca que "...un límite tal como el antepuesto por la sentencia en crisis para negar su jurisdicción como tribunal de alzada, no puede ser aplicable al recurso destinado a garantizar el derecho previsto en el art. 8.2.h de la CADH" (fs. 193 vta.). Cita en aval diversos extractos de los precedentes "Giroldi" y "Tabarez" de la Corte federal, y Herrera Ulloa vs. Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 193 vta./194 vta.).
Para concluir, afirma que la decisión impugnada importó una restricción indebida de la vía recursiva por medio de la cual se debe asegurar el derecho a obtener una revisión amplia de la sentencia condenatoria por parte de un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica (v. fs. 194 vta. cit.).
Por lo expuesto, peticiona que esta Corte revoque la sentencia en crisis en cuanto rechazó el agravio relativo a la declaración de inconstitucionalidad de las penas de prisión perpetua impuestas y dicte o mande dictar un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.
II. El señor Procurador General propició el acogimiento del reclamo (v. fs. 42/45).
III. En mi opinión, el recurso debe ser rechazado.
Para comenzar, es necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en las instancias previas en la medida que resulte necesario.
III.1. De la lectura de la audiencia de cesura del juicio, celebrada el 20 de mayo de 2019, surge que el representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Sotelo, solicitó que se condene a Pablo Emanuel Ugarte Zanabria y a Daniel Elías Barraza a las penas de prisión perpetua, accesorias legales y costas para cada uno de ellos por resultar coautores penalmente responsables de los delitos calificados anteriormente (en referencia a los de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, robo simple y homicidio criminis causae , todos en concurso real entre sí), con más la declaración de reincidencia respecto del nombrado en primer lugar. Asimismo, la patrocinante de los particulares damnificados, doctora Terrizzano, adhirió a lo manifestado por el fiscal acerca de la subsunción jurídica y pedido de pena respecto al hecho del que resultara víctima Sergio Daniel Sueldo. Cedida la palabra al señor defensor oficial, el doctor Carpaneto expresó con relación a la calificación legal, que el hecho del que resultara víctima el referido Sueldo debía quedar atrapado por la figura del homicidio simple (art. 79, Cód. Penal), sin objeciones sobre los restantes hechos calificados por la fiscalía. En lo tocante a las circunstancias atenuantes, consideró que debía valorarse para Barraza la ausencia de condenas penales previas y la corta edad al momento de los hechos; y respecto de las agravantes, que no debía valorarse la condena anterior de Ugarte Zanabria como pauta aumentativa de pena, explicando también las razones por las que deben descartarse las agravantes de pluralidad de sujetos activos y nocturnidad. Finalmente, se les cedió la palabra a los imputados para que expresen lo que consideren menester para su defensa, prefiriendo no hacer uso de ese derecho. A las 13:45 hs. el señor juez dio por cerrada la audiencia y convocó a las partes para el día 28 de mayo a las 12:00 hs. para la lectura de la sentencia que se dicte (v. fs. 62/64 vta.).
III.2. Llegamos así a la sentencia de condena dictada en el día de mentas por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Morón, reseñada en los antecedentes, por la que se condenó a los nombrados Ugarte Zanabria y Barraza a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por haber sido hallados coautores penalmente responsables de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y homicidio criminis causae , todos ellos en concurso real entre sí (arts. 5, 29 inc. 3, 40, 41, 42, 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 párrafo segundo y 189 bis inc. 2 párrafo tercero, Cód. Penal; 375, 530 y 531, CPP; v. fs. 67/95).
III.3. Al interponer el recurso de casación, el señor defensor oficial invocó -en lo que aquí interesa- como planteo subsidiario "b" la inconstitucionalidad de las penas de prisión perpetua impuestas por considerarlas contrarias al principio de resocialización (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 5.6., CADH y 10.3., PIDCP), y por tratarse de un castigo prohibido, por inhumano, cruel e inusitado, contrario a los principios de humanidad, razonabilidad, proporcionalidad y culpabilidad (v. fs. 113/120).
III.4.a. A su turno, el juzgador intermedio recordó que la fiscalía acusó a los imputados por los siguientes hechos: "' Hecho Nro. 1.: que el día 23 de marzo del año 2017, siendo aproximadamente la hora 21 de ese mismo día los señores Ugarte y Barraza intentaron apoderarse de manera ilegítima de una moto marca Zanella modelo RX 125, la cual se encontraba en el domicilio de Jorge Pascual Rodríguez y su grupo familiar, sito en la calle Carrasco Esq. Necochea de la localidad de Pontevedra, Pdo. de Merlo, Pcia. de Bs. As., para lo cual efectuaron varios disparos (6) utilizando para ello una escopeta y un revólver que portaban sin permiso alguno contra la vivienda mencionada, no logrando sustraer la moto en cuestión por razones ajenas a su voluntad, ya que un vecino, Elidoro Acosta Sánchez, advirtió lo que estaba sucediendo recibiendo a causa de ello golpes y amenazas por parte de los acusados quienes a raíz de esta circunstancia se fugaron del lugar' (cfr. fs. 21 vta./22)".
Y "' Hecho Nro. 2.: Los señores Ugarte y Barraza han sido acusados formalmente de haber matado a Sergio Daniel Sueldo el día 24 de marzo alrededor de las 2.00 hs en el mismo predio ubicado en las calles Carrasco y Necochea de la Localidad de Pontevedra Partido de Merlo, atándolo de pies y manos y asfixiarlo, ello con el fin de lograr la impunidad ya que desapoderaron ilegítimamente de una máquina mezcladora de albañil, una garrafa, una cocina y un balde albañil propiedad de la víctima con las que se escaparon del lugar' (cfr. fs. 25/vta.)".
III.4.b. En lo que resulta de interés, descartó el planteo de la defensa relativo a la inconstitucionalidad de las penas perpetuas aplicadas fundado en que no había sido articulado oportunamente en el proceso.
Al respecto sostuvo: "Tampoco prosperará el planteo de inconstitucionalidad de la pena perpetua prevista para el homicidio agravado (art. 80 inc. 7° del CP), ya que más allá de la posición del suscripto a favor de su constitucionalidad [...] la cuestión federal alegada en el recurso no ha sido interpuesta oportunamente en el proceso, ya que en la audiencia de cesura de juicio la fiscalía solicitó su aplicación, de modo tal que tras ello y en el mismo marco la defensa debió hacer el planteo, a los efectos de que sea resuelto por el juez de la instancia (Fallos: 326:3939; 331:36, entre otros)" (fs. 173 y vta.).
IV. Ahora bien, frente a lo así decidido, las denuncias de arbitrariedad y afectación a la garantía de doble conforme resultan insuficientes (conf. art. 495, CPP).
IV.1. El recurrente esgrime ausencia de base legal y arbitrariedad por parte del órgano revisor que, con apoyo en la doctrina del Alto Tribunal federal que establece que las cuestiones constitucionales deben plantearse en la primera oportunidad posible en el curso del proceso, dio respuesta a la postulada inconstitucionalidad de las penas perpetuas.
En esa dirección, la defensa no discute la afirmación relativa a la falta de planteo oportuno del caso constitucional: es decir, durante la audiencia de cesura del juicio cuando el fiscal solicitó la pena de prisión perpetua para los imputados, sino que afirma -dogmáticamente- que el requisito del "planteamiento oportuno" señalado por el sentenciante es un límite propio del recurso extraordinario federal, y que no puede ser extendido a un recurso local destinado a garantizar la doble instancia.
Sin embargo, tales afirmaciones por parte del recurrente se muestran como una opinión discrepante, carentes de una crítica razonada y concreta con aptitud para evidenciar aquello que intentó denunciar (art. 495, CPP).
El temperamento adoptado por el órgano revisor se ve alcanzado por la arraigada doctrina de esta Corte en cuanto a que los agravios de índole constitucional deben introducirse en la primera oportunidad propicia -en el caso, la aludida audiencia de cesura del juicio- y que el pretendido cariz federal de los cuestionamientos no puede excepcionar tal exigencia formal (conf. causas P. 124.156, resol. de 21-XII-2016; P. 113.553, resol. de 31-VII-2013; P. 108.456, resol. de 19-III-2014; P. 122.063, resol. de 13-V-2015; entre muchas otras de esta Corte; CSJN Fallos: 334:365, sent. de 12-IV-2011, por remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal).
En el marco de las especificidades del juicio por jurados, pronunciado el veredicto de culpabilidad por los delitos por los que fuera enjuiciado y, luego, en la audiencia de cesura, ante la calificación legal actuada y la pena solicitada por el señor fiscal acorde al estrecho margen legal posible (pena a perpetuidad, con diversa modalidad: prisión o reclusión), solicitando el acusador la aplicación de la especie menos severa, la parte no pudo desconocer que era más que previsible que el juzgador resolviera de ese modo por aplicación de las normas en juego, por lo que debió formular la cuestión en esa ocasión a efectos de que el tribunal del juicio pudiera expedirse acerca del caso constitucional, con adecuado debate entre los interesados, de modo de habilitar al de Casación a la revisión de lo decidido a efectos de garantizar el doble conforme (CSJN Fallos: 340:839; 334:365, cit.; doctr. de esta Corte en P. 135.113, sent. de 16-II-2023).
De allí que el recurrente no logró demostrar que el criterio adoptado por el sentenciante haya configurado una errónea aplicación de la doctrina legal sobre el punto, ni tampoco la presencia de algún vicio de excepción que permita sortear aquella inabordabilidad.
En conclusión, los cuestionamientos de la parte no pasan de ser una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por el órgano revisor y opuesto a su pretensión. Y como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014 y P. 134.713, sent. de 13-IV-2022).
IV.2. Finalmente, a la dogmática invocación de la defensa de no hallarse abastecida la garantía que contempla el art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se contrapone el examen realizado por la Casación de los agravios de esa parte formulados en tiempo y forma respecto del fallo de condena, sin cortapisas formales ni restricción cognoscitiva alguna, contando lo resuelto con fundamentación suficiente para su validación judicial (doctr. art. 495, CPP).
En consecuencia, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres , Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/04/2023 15:46:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2023 11:57:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2023 14:24:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2023 01:50:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2023 08:06:42 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/04/2023 10:38:46 hs. bajo el número RS-39-2023 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia