Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134227
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.227, "Piris, Diego Alejandro s/ Queja en causa n° 98.875 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Martín condenó, con fecha 14 de junio de 2019 y en el marco de un juicio abreviado, a Diego Alejandro Piris a la pena de tres años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas procesales, con más su declaración de reincidencia, por encontrarlo coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse (v. fs. 2/4 vta.).
A su turno, el 28 de noviembre de 2019, la Sala I del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial del nombrado (v. fs. 25/30 vta.).
En consecuencia, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 39/47), el que fue declarado inadmisible a fs. 48/50 vta. Presentada la queja pertinente (v. fs. 64/70), fue admitida por esta Corte (v. fs. 74/76 vta.).
A fs. 86/89 vta. dictaminó el señor Procurador General. Dictada la providencia de autos (v. fs. 91) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial denunció la revisión aparente de la sentencia, infracción a la garantía de la doble instancia, arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa y afectación al derecho a ser oído, de conformidad con los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 42 vta.).
Expuso que oportunamente recurrió al Tribunal de Casación a efectos de denunciar la arbitrariedad de la sentencia de mérito por su falta de motivación en el extremo relativo a la determinación de la pena, dado que en el caso no se había brindado ningún fundamento que permitiera explicar el proceso lógico de su individualización (v. fs. cit.).
Refirió que, ante la queja esgrimida, los magistrados omitieron ocuparse de su real contenido, ya que sus agravios no se dirigían a denunciar la infracción al principio de culpabilidad por la desproporción que podría existir entre la intensidad del reproche y el grado de injusto y las pautas valoradas, como parecieron interpretar a tenor de la respuesta brindada (v. fs. cit. y 43).
Aseguró que la facultad del juez de fijar la pena dentro de la escala legal, valorando atenuantes y agravantes, no lo relevan de fundar su decisión y explicar por qué decidió imponer un monto de pena y no otro; pues, de no ser así, se privaría a la defensa de cuestionar la logicidad y razonabilidad de la sentencia en cuestión, vulnerando con ello el derecho a la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.) y provocando que el imputado quede a merced de la discrecionalidad del juzgador (v. fs. 43 y vta.).
En apoyo de su postura, citó los precedentes "Laportilla" y "Ruiz" de esta Suprema Corte de Justicia, y "Castillo", "Ramírez" y "Romano" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 44/45).
Insistió en que lo decidido por la Casación vulneró el derecho a la doble instancia, e indicó que la Corte federal ha tenido por configurada tal infracción cuando media un apartamiento de las constancias de la causa, asegurando -según su criterio- que ello sucedió en este caso dado que el órgano revisor prescindió del contenido del recurso. Para sustentar su razonamiento, citó los fallos "Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina c. Laboratorios Alex S.A." y "Descole, Alicia N. y otros c. Empresa Ferrocarriles Argentinos" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 45 y vta.).
Alegó, además, que el referido apartamiento de las constancias de la causa equivale a una infracción al derecho a ser oído, que es derivación del derecho de defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 8.1, CADH y 14.1, PIDCP), ello por cuanto el otorgamiento del derecho al recurso consiste en reconocerle a la parte que se dice agraviada el ser oída por el revisor a través de la vía del recurso (v. fs. 45 vta. y 46).
En igual dirección, sostuvo que, si tal violación se configura en la etapa recursiva destinada a satisfacer el derecho al doble conforme, como es el caso del recurso de casación intentado, entonces el tránsito por ante el órgano encargado de satisfacerla ha sido aparente, frustrando así el derecho convencionalmente reconocido orientado a la protección contra arbitrariedades en los pronunciamientos judiciales. En este punto, invocó el caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los fallos "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte federal y otro precedente de esta Suprema Corte de Justicia (v. fs. 46 y vta.).
Concluyó expresando que el derecho a la revisión amplia tiene por objeto el control de la sentencia de mérito y que, cuando ello no se cumple, la garantía se pierde y se violentan los derechos hasta aquí mencionados (v. fs. 46 vta.).
Finalmente, en base a todas las infracciones denunciadas, solicitó que se anule la sentencia impugnada y se dicte un nuevo pronunciamiento acorde a derecho (v. fs. 47).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 86/89 vta.), el recurso no prospera.
III.1. En el recurso de casación, la defensa de Piris cuestionó el monto punitivo impuesto por ausencia de motivación al momento de individualizarlo, pues consideró que la remisión a las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, la calificación legal y la pena pactada no permitía controlar la legalidad ni refutar la determinación de la pena fijada, máxime cuando no se habían valorado circunstancias agravantes ni atenuantes. Asimismo, indicó que la pena debe estar fundada aun cuando fuera pactada en el marco de un juicio abreviado, como sucediera en este caso (v. fs. 10 y vta.).
III.2. Frente a ello, el tribunal intermedio inicialmente recordó que el imputado y su defensa acordaron el trámite de juicio abreviado y, en consecuencia, consintieron la calificación legal y la pena impuesta, por lo que, mediante la elección de ese procedimiento especial de enjuiciamiento, se sustrajo de la consideración del juez de primera instancia el cuestionamiento que ahora formulaba, y que además no expresaba fundamentos novedosos que respaldaran su pretensión (v. fs. 28 y vta.).
Luego, refirió que, a partir de la lectura de la resolución impugnada, no advertía "una desproporción en el monto de la sanción, ni ausencia de fundamentación al respecto"; e indicó que en el caso no se habían valorado circunstancias atenuantes ni agravantes (v. fs. 29 vta.).
Manifestó que "...el sistema general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal Argentino -de penas relativas-, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, sólo permite evaluar si las reglas seguidas cumplen con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico-racional del proceso de decisión", y afirmó que no existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena (v. fs. cit.).
Invocó doctrina de esta Suprema Corte donde se dijo que la asignación de un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, no es un método que se encuentre impuesto por norma alguna (v. fs. cit. y 30).
Finalmente, concluyó expresando que la pena debía mantenerse tal como había sido establecida en la instancia y conforme a lo pactado, ya que, "...partiendo del hecho y su calificación legal, así como el grado de participación que le cupo al imputado...", el monto impuesto se ajustaba a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad, constituyendo la medida de la culpabilidad de los actos atribuidos (v. fs. 30).
IV. De todo lo expuesto surge que, frente al planteo llevado por el recurrente cuestionando el monto de pena impuesto, el órgano intermedio lo desestimó y esgrimió las razones por las que coincidía con lo resuelto en la instancia de origen, por lo que en tales términos no se advierte -ni el recurrente ha logrado evidenciar- la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que citó.
En definitiva, como la Casación abordó y se expidió sobre el monto de pena cuestionado -motivo de agravio llevado a su conocimiento-, la afirmación de un tránsito aparente por la instancia revisora queda indemostrada (art. 495, CPP).
Por otra parte, el recurrente no ha reparado en lo resuelto por el juzgador, oponiendo -en cambio- su propio criterio discrepante que se sustenta solo en una visión diferente sobre el modo en que debió efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, circunstancia que constituye un mecanismo inidóneo de disenso, ineficaz para conmover lo decidido (art. 495 cit.).
Tampoco se advierte, ni demuestra la defensa, la arbitrariedad que alega de modo genérico frente al abordaje brindado por el Tribunal de Casación Penal al agravio llevado en el recurso. Cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN, Fallos: 310:234); siendo doctrina consolidada que no configura esa hipótesis de excepción la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento impugnado, sino que atiende a omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que, a causa de ellos, produce que las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (CSJN, Fallos: 250:348).
Bajo ese entendimiento, y en base a las consideraciones expuestas, el impugnante lejos está de revelar la existencia de algún supuesto que, excepcionalmente, pudiera conducir a su descalificación como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.).
Por lo expuesto, no se observa en la decisión atacada la revisión aparente del fallo en lo relativo a la dosificación de la sanción penal (conf. arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP), ni tampoco demuestra el recurrente el vicio de arbitrariedad que invoca. Media, entonces, insuficiencia (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2022 14:03:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2022 15:13:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2022 20:15:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:14:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:15:45 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/07/2022 11:08:18 hs. bajo el número RS-80-2022 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia