Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135666
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.666, "M., J. L. s/ Queja en causa n° 99.001 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan , Soria , Torres .
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 19 de noviembre de 2020, rechazó el recurso interpuesto por el señor defensor oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Dolores que condenó a J. L. M. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por haber sido cometidos contra una menor de dieciocho años de edad y aprovechamiento de la convivencia preexistente reiterados, en concurso real con corrupción de menores.
Frente a lo así decidido, la señora defensora oficial adjunta ante la citada instancia, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado inadmisible por la mencionada Sala por resolución del 15 de julio de 2021 y provocó la deducción del recurso de queja por parte de la defensa.
El 18 de abril de 2022, esta Suprema Corte admitió parcialmente la queja deducida y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley con el alcance fijado en dicha resolución.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen en archivo adjunto de fecha 15-XI-2022), dictada la providencia de autos con fecha 23 de noviembre de 2022 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. En atención al alcance en que fue admitida la impugnación deducida, solo corresponde analizar los planteos relativos a la inobservancia de la ley sustantiva y errónea revisión en cuanto a la alegada ausencia de fundamentación en la determinación del monto de pena y, con esos lindes, serán abordados los agravios (conf. citada resol. de 18-IV-2022, v. especialmente apdos. III.2. y IV).
I.2. La señora defensora denunció la violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, la errónea revisión en cuanto a la denunciada falta de fundamentación del monto de la pena (conf. arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP) y la inobservancia de los arts. 106 y 210 del Código Procesal Penal y 171 de la Constitución provincial.
En primer lugar, cuestionó la ponderación de las circunstancias agravantes relativas al prolongado tiempo de duración de los hechos y al grave daño psicológico producido a la víctima.
Tras reseñar la respuesta brindada por el tribunal intermedio a idéntico agravio llevado a su revisión, sostuvo que el sometimiento gravemente ultrajante del sujeto pasivo del delito se perfecciona, entre otras circunstancias, por su duración, lo que denotaría que el fundamento que sostiene la tipicidad agravada del abuso es el tiempo que transcurre entre su comienzo y su final, y si ese tiempo ha sido tenido en cuenta para el encuadre legal más gravoso de abuso sexual (segundo párrafo del art. 119, Cód. Penal), mal puede considerarse nuevamente en perjuicio del autor para incrementar la pena por su mayor culpabilidad.
En cuanto a la agravante relativa al grave daño psicológico producido, expresó que no pudo ser tenida en cuenta, por un lado, porque no ha sido debidamente fundamentada y, por otro, por hallarse comprendida dentro de la calificación legal aplicada, dado que no se han mencionado -ni acreditado- circunstancias excepcionales que ameriten su ponderación también en la mensuración de la pena.
Concluyó afirmando que las circunstancias consideradas válidas para el encuadre legal no pueden duplicarse a la hora de la graduación de la pena sin incurrir en la transgresión al principio constitucional del ne bis in idem .
Por último, expresó que la respuesta dada por el órgano revisor al agravio sobre la carencia de fundamentos que justificasen la aplicación de una pena tan por encima del mínimo previsto nada aclaró acerca de cómo y por qué los magistrados arribaron a esa conclusión, en tanto no habrían elaborado análisis alguno sobre la escala ni el modo en que las circunstancias concretas del caso impactaron en la determinación final.
Adujo que tal modo de resolver infringió el deber de revisión amplia del fallo condenatorio y que se ha afectado la imparcialidad de juzgador, pues el a quo se colocó en una única postura, la de confirmar la labor efectuada por el tribunal de mérito, y que, entonces, se violentaron los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En sustento de su argumentación citó los precedentes "Ruiz", "Miara" y "Squilario" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y "Ruiz" de este Superior Tribunal.
Por todo ello, solicitó que se case la sentencia recurrida y se reenvíe el caso al tribunal intermedio para que -debidamente integrado- pronuncie una nueva decisión conforme a derecho.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General: el recurso no prospera.
III. El órgano revisor se abocó al análisis de las críticas dirigidas contra las circunstancias agravantes valoradas y sobre el proceso de determinación de la pena, de idéntico tenor a las aquí traídas, y juzgó que no podían tener favorable acogida.
Consideró que tales significaciones aumentativas tuvieron apoyo para el sentenciante originario a partir de considerar que el prolongado período temporal de concreción de los hechos (desde los cinco hasta los doce años de la víctima) implicó un proceso de victimización sexual y que el grave daño psicológico había persistido en el tiempo, sin advertir en lo decidido que haya existido una doble valoración prohibida.
Con relación a la evaluación de la primera de las pautas cuestionadas precisó que si bien el párrafo segundo del art. 119 del Código Penal establece la pena de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso, por su duración o circunstancias de realización, hubiere configurado un sometimiento gravemente ultrajante, en el caso, los abusos sexuales perpetrados por M., fueron múltiples y desarrollados por un extenso período de tiempo (de siete a ocho años aproximadamente) "...datos que ponen de relieve un sometimiento gravemente ultrajante y en el particular, además, la posibilidad de considerar su excesiva prolongación temporal y frecuencia como justificante de un mayor reproche derivado de la mayor culpabilidad [...] Entonces, la reiteración de las conductas vejatorias del imputado en un período extendido de tiempo -y en cuanto adquiere entidad independiente y superadora de la previsión típica-, pueden evaluarse en el sentido efectuado por el a quo, sin que se vea afectado el principio de non bis in ídem " .
Juzgó que tampoco conculcaba la mencionada garantía la valoración de las consecuencias generadas en la salud psíquica causada a la víctima dado que, como lo resolvió el tribunal de origen (esto es, que las secuelas persistían pese al tratamiento psicológico instrumentado, en la cuestión cuarta del veredicto), dicha afectación psicológica presentó una especial significación y de carácter grave, denotando con ello una relevancia pasible de ponderación como extensión del daño causado.
Por último, estimó que la sanción impuesta en el caso, considerando las conductas atribuidas, las pautas ponderadas y la escala legal a aplicar de conformidad con los tipos penales configurados y su modo de concursar, no resultaba arbitraria ni desproporcionada, lo que daba cuenta de su adecuada fundamentación.
IV. De lo así resulto se advierte que el tribunal revisor abordó los planteos llevados en el recurso de casación, respondió a los agravios específicos sobre las pautas agravantes valoradas, para luego avalar la determinación de la pena efectuada por el a quo dentro de la escala legal prevista en función de la subsunción legal reprochada, confirmándola. En la impugnación traída a esta instancia la parte no reparó en lo allí resuelto, oponiendo -en cambio- su propio criterio discrepante, lo que constituye un mecanismo ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
En efecto, conforme se reseñó, del fallo casatorio resulta que, más allá de alguna consideración que pudo ser innecesaria en el caso ante la decisión que en definitiva se adoptó, lo cierto es que concretamente estableció que la reiteración de las conductas vejatorias de M. adquirió una entidad independiente y superadora de la previsión típica y que, entonces, podía evaluarse en el sentido cuestionado porque no resultaba violatorio del principio que prohíbe la doble valoración de una misma circunstancia.
Frente a ello, la defensa se limitó a reeditar los agravios que portaba la impugnación anterior sin lograr evidenciar que en lo resuelto se haya incurrido en la alegada indebida valoración al mantenerse la referida agravante por estimarla de entidad autónoma con relación a los delitos que fueron atribuidos al imputado. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
En definitiva, la recurrente no demostró que la decisión del tribunal revisor escape a lo que tiene dicho esta Corte acerca de que "...si bien es cierto que no corresponde valorar nuevamente en la medición de la pena las circunstancias que ya fueron tomadas en cuenta por el legislador al determinar el alcance del tipo penal: 'prohibición de doble valoración' [...], pues al establecer aquél una escala penal ha contemplado los diversos grados posibles de gravedad que puede presentar el delito en su concreción; también lo es que la forma o el modo en que se ha manifestado el hecho (v.gr., que en el abuso sexual con una duración perturbadora para la víctima, lo acaecido haya sido significativamente prolongado en el tiempo), no resulta indiferente para determinar la mayor o menor gravedad del ilícito y, por ende, el reproche de culpabilidad que corresponde formular a su ejecutor" (causas P. 128.070, sent. de 21-XI-2018; P. 130.821, sent. de 28-VIII-2019 y P. 135.876, sent. de 9-II-2023).
Por otra parte, el Tribunal casatorio se ocupó del agravio sobre la restante agravante y se refirió a las "consecuencias generadas en [la] salud psíquica [de la niña], en orden a que -como el propio a quo resalta- presentó una especial significación y carácter grave, y con ello una relevancia pasible de ponderación como extensión del daño causado (arts. 40, 41 y ccdtes. del CP)".
Ante esa decisión la impugnante tan solo alegó que se trata de una circunstancia comprendida en la calificación legal aplicada y que "...no se han mencionado -ni acreditado- circunstancias excepcionales que ameriten su consideración en el capítulo de las pautas de mensuración de la pena", sin reparar que el tribunal intermedio destacó la "especial significación y carácter grave" de las consecuencias que los hechos tuvieron en la "salud psíquica" de la niña, tal como resaltó el tribunal de mérito. Al respecto resulta oportuno destacar que el sentenciante originario aludió a que "...en la actualidad persisten las secuelas, pese al tratamiento psicológico instrumentado. Así lo ha expuesto la víctima, su madre y la Psicóloga Sachella".
Todo ello evidencia, una vez más, que la defensa se ha limitado a exponer los mismos reclamos que presentó en la impugnación anterior, sin controvertir las razones que el revisor desarrolló para desestimarlos (art. 495, CPP).
A todo evento, resulta oportuno recordar que la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño causado previstos en el citado art. 41 "...son claras referencias al grado del injusto, por lo que constituyen el punto de partida para su graduación" (conf. D’Alessio, Andrés José; "Código Penal", Comentado y Anotado, Parte General [arts. 1 a 78 bis], La Ley, Buenos Aires, 2005, págs. 427/428), debiendo computarse en estos rubros las circunstancias que implican un matiz diferencial de ejecución idóneo para poner de relieve un accionar más o menos grave.
V. En lo relacionado a que la pena se estableció muy por encima del mínimo legal y a la supuesta ausencia de fundamentación, conforme surge de la reseña efectuada en el punto III, el órgano intermedio abordó el agravio sobre la fijación del monto de pena y confirmó el juicio efectuado por la instancia de origen, además de brindar fundamentos propios en sustento de su postura.
Ahora, en rigor, en la articulación en examen la defensa desarrolló su reclamo exponiendo un mero disenso con el grado de incidencia que las circunstancias atenuantes y agravantes valoradas por el juzgador habrían tenido sobre la pena impuesta y la manera en que -a su criterio- debería efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, sin hacerse cargo que el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.326, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 125.842, sent. de 17-VIII-2016; P. 127.780, sent. de 18-X-2017; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; P. 132.795, sent. de 13-VIII-2020; P. 132.280, sent. de 13-IV-2021; P. 134.260, sent. de 14-IV-2021; P. 131.934, sent. de 10-VIII-2021; e.o.).
Por otra parte, tiene dicho esta Corte que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 126.319, sent. de 23-XI-2016; P. 128.324, sent. de 29-VIII-2017; P. 126.901, sent. de 27-XII-2017; P. 120.231, sent. de 7-III-2018; P. 126.117, sent. de 3-V-2018; P. 125.831, sent. de 10-VIII-2018; P. 131.481, sent. de 14-X-2020; P. 133.122, sent. de 3-VIII-2021; e.o.).
Respecto de la doctrina establecida en el precedente P. 83.260, "Ruiz", la parte no se ha encargado de demostrar que la ratio decidendi de ese caso resulte trasladable al presente. Ciertamente no efectuó desarrollo alguno tendiente a denotar que aquella doctrina -entre otras que citó- resulte aplicable aquí teniendo en consideración las diferencias que los casos presentan, en su lugar trajo a colación fragmentos de distintos pronunciamientos sin una adecuada vinculación con lo debatido y decidido en este expediente, en un escenario en el que tampoco surge mínimamente demostrado que la revisión de la sentencia condenatoria en lo referido al monto de pena haya estado sometida a algún tipo de cortapisa frustratoria dirimente.
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/03/2024 11:27:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 19:52:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2024 11:58:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2024 09:01:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2024 09:35:36 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/03/2024 12:16:24 hs. bajo el número RS-35-2024 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia