Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136241
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.241, "D'Gregorio, María Laura -fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Queja en causa n° 99.186 del Tribunal de Casación Penal, Sala V, seguida a Gil, Ángel Roberto", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan, Maidana .
Conforme surge del expediente que se radicó electrónicamente, la Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 4 de marzo de 2021 (conf. compulsa MEV), por mayoría, hizo lugar a la queja y declaró procedente el recurso de casación presentado por la defensa oficial de Ángel Roberto Gil contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes que había revocado el sobreseimiento dispuesto por el Juzgado de Garantías n° 3 respecto del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En consecuencia, casó la decisión impugnada y restableció el sobreseimiento dispuesto por el órgano de mérito.
El entonces señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Jorge Armando Roldán, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue desestimado por el Tribunal de Alzada, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 24 de agosto de 2022, admitió la queja y concedió el carril extraordinario por estimar que la tacha de arbitrariedad del fallo casatorio (por errónea interpretación del texto legal, apartamiento de la solución normativa aplicable al caso y de las constancias de la causa), las denuncias de gravedad institucional y el dictado de una decisión contraria a la doctrina del tribunal (respecto de la necesidad de que exista certeza negativa para sobreseer) se plantearon con la suficiencia y carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, presentada la memoria y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El entonces señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Jorge Armando Roldán, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denuncia arbitrariedad por inobservancia de los arts. 77 del Código Penal y 40 de la ley 23.737, por exigir para la configuración del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización del art. 5 inc. "c" de la citada ley la pureza de la sustancia incautada, pese a que las normas no contemplan tal elemento.
Asimismo, postula que existió un apartamiento de la doctrina de esta Suprema Corte referida a que el sobreseimiento exige certeza negativa, extremo que, a su entender, no se alcanzó en el caso. En su apoyo, cita la causa P. 124.987.
Agrega que dicha arbitrariedad guarda relación directa con el resultado del litigio pues "...de no haber incurrido los sentenciantes en los vicios referidos, no se habría concluido erróneamente que el material secuestrado en poder del encartado no resultaba estupefaciente".
Explica que el art. 77 del Código Penal, para considerar que una sustancia reúne la calidad de "estupefaciente", no exige otro requisito más que su inclusión en los listados elaborados por el Poder Ejecutivo nacional, presumiendo de antemano que produce los efectos por ella requeridos sin que eso pueda estar condicionado a si el material secuestrado alcanza o no una dosis umbral; en su opinión, tal criterio delimitador "...solo se refiere a la cantidad mas no a la calidad de la sustancia, cuya condición de estupefaciente -por definición legal- no se discute, y así ha sido acreditado en autos pericialmente".
Sostiene que exigir la comprobación de un poder psicoactivo y la concreta nocividad de la sustancia incautada implica imponer un requisito no contemplado en la norma. Cita el precedente "Scotta" de la Corte nacional (Fallos: 304:539).
Manifiesta que la peligrosidad de la sustancia ya fue valorada por el legislador, por lo que agregar el requisito de la capacidad de la sustancia secuestrada para generar dependencia física y psíquica "...supondría convertir el delito de peligro abstracto en un delito de peligro concreto", vulnerando de esa manera la naturaleza jurídica atribuida por la ley a la figura analizada, con los riesgos de inseguridad jurídica que ello acarrearía. En tal sentido, dice que "...el comercio de sustancias estupefacientes no es un delito contra la salud individual del adquirente, un delito de lesiones, por ello aunque la cantidad de droga sea inocua para producir un perjuicio a la salud individual, igualmente constituye delito al afectar al bien jurídico de la salud pública que en este supuesto consiste en la finalidad perseguida por el legislador en impedir una práctica social peligrosa para la comunidad por el deterioro que puede causar en ella".
Apunta que, si el peritaje constató la presencia de cocaína, por más que sea en escasa cantidad por la presencia de sustancias de corte, ya se configuró el tipo objetivo de la figura aplicada.
De seguido, insiste con que "...no es posible extraer del texto legal la necesidad de peritar [el] grado de pureza [del material secuestrado]..." como arbitrariamente interpretó el señor juez Natiello.
Concluye que lo decidido por la Casación configura un caso de gravedad institucional, pues afecta la función propia del Ministerio Público, que es la de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (art. 120, Const. nac.); afirma que el pronunciamiento impugnado avanzó sobre la competencia del Poder Legislativo y podría tener implicancias en una gran cantidad de casos sobre comercialización de drogas.
II. La defensa oficial, en la memoria, solicita el rechazo del recurso por entender que, tal como lo afirmó la Casación, para que una sustancia sea considerada estupefaciente debe reunir dos requisitos: a) estar prevista en los listados actualizados elaborados por el Poder Ejecutivo nacional y b) producir dependencia física o psíquica (conf. arts. 77, Cód. Penal y 40, ley 23.737).
Sostiene que dicha interpretación es respetuosa del principio de lesividad y pro persona (arts. 19, Const. nac.; 5, PIDCP y 29, CADH).
III. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso.
Coincido parcialmente con lo dictaminado.
IV. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley procede en tanto el Tribunal de Casación incurrió en arbitrariedad al confirmar el sobreseimiento dictado durante la etapa intermedia del proceso penal sin que exista certeza negativa para el cierre definitivo de la causa antes del juicio oral (conf. art. 496, CPP; mutatis mutandis , causas P. 124.987, sent. de 27-XII-2017; P. 132.913, sent. de 10-II-2021; e.o.).
V. Previo ingresar al fondo del reclamo resulta necesario realizar una reseña de lo acontecido en el caso.
V.1. La sentencia de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes
El 27 de junio de 2019, la Cámara, por mayoría, hizo lugar al recurso fiscal contra el pronunciamiento del juzgado de garantías que desestimó el pedido de elevación a juicio formulado por la fiscalía y sobreseyó a Ángel Roberto Gil respecto del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por haberse cometido en las inmediaciones de un lugar de diversión pública (conf. arts. 5 inc. "c" y 11 inc. "e", ley 23.737).
En primer lugar, se reseñaron los antecedentes del caso. En tal sentido, se trajo a colación la descripción fáctica de los hechos formulada por el Ministerio Público Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio: "...el día 11 de enero de 2018, Ángel Roberto Gil tuvo en su poder estupefacientes, más precisamente 80 envoltorios de nylon negro conteniendo cocaína (20 g), con el fin de ser comercializados en la modalidad comúnmente denominada al menudeo, es decir fraccionados en dosis destinadas directamente a los consumidores en el domicilio sito en la calle [...] de la localidad de Mercedes, el cual se encuentra frente a una plaza pública...".
En segundo término, se puntualizó que el juzgado de garantías sobreseyó al acusado con fundamento en que del peritaje químico "...'surge que ninguno de los «bagullos» tomados como muestras alcanzan los valores mínimos de clorhidrato de cocaína necesarios para ser considerados «dosis umbral» [por lo] que el imputado en consecuencia no tenía en su poder sustancias en concentración tal que puedan considerarse como estupefacientes, ya que el contenido de las 80 bolsitas incautadas en el domicilio de Gil, no eran más que bicarbonato y azúcar (materiales de corte con los que «estafaba» a sus potenciales clientes) con mínimas concentraciones (en torno al 2,24 y al 3,63% [debió decir: 3,23%]) de clorhidrato de cocaína [...que] no califican como la sustancia alucinógena cuya posesión resulta penada por la ley...'. En base a lo expuesto, [el juez de grado] concluyó que [no] podía tener por acreditado que el encartado haya efectivamente tenido en su poder sustancias prohibidas en cantidad y pureza tal que amerite la reacción penal...".
Sentado lo anterior, el voto en mayoría de la Cámara aclaró que quedó incontrovertido que "...los 80 envoltorios incautados bajo la esfera de custodia del encartado [...] contenían clorhidrato de cocaína, sustancia incluida en el listado elaborado mediante decreto n° 69/2017 conforme lo establecido en art. 77 del Código Penal como estupefaciente".
De seguido, sostuvo que el término "estupefacientes" del art. 77 del Código Penal no hace referencia a una dosis determinada sino a una sustancia que sea susceptible de producir dependencia física o psíquica. Agregó que el art. 5 inc. "c" de la ley 23.737 tampoco exige una cantidad determinada de la sustancia, sino que lo importante es su naturaleza y calidad.
A su vez, notó que en el caso no es posible predicar que nos encontremos frente a una sustancia "...carente de efectos psicotrópicos, que no influye en la salud de las personas, o que no genere dependencia física o psíquica. Ello no se desprende de la pericia química, la cual no descarta dichos efectos, sino que, en todo caso, los reduce en el tiempo [...]. Tampoco dice que lo que [estaba] comercializando el imputado no [era] cocaína, sino que estaba fraccionada de modo que ningún envoltorio de los muestreados, teníaínsito en él una dosis umbral. Vale rescatar que para la instancia del proceso en que nos encontramos, quedaron 72 envoltorios más sin periciar".
"Por el contrario, la única conclusión a la que llega el informe de mención es que nos hallamos, efectivamente, con una sustancia estupefaciente (clorhidrato de cocaína), pero en una cantidad inferior en cada una de las dosis peritadas, la que podría producir en un individuo promedio, una experiencia de estimulación o efecto tóxico, de aproximadamente 20 minutos; de lo cual se puede inferir, justamente, la posibilidad [de] que igualmente dicha sustancia, aunque en una menor proporción, genere efectos en la salud de la persona y dependencia física o psíquica".
Concluyó que sostener la postura contraria puede sentar un criterio jurisprudencial de comercialización o packaging , que habilitaría la venta de drogas siempre que la fracción no contenga una dosis umbral. "Por ejemplo, en lugar de colocar una 'dosis umbral' en cada dosis comercializable, pongo la mitad de la primera y cobro también la mitad de la segunda, o divido ambas por tres o por cuatro...".
Finalmente, resaltó que "...el imputado tenía 80 dosis comercializables y no sabemos cuántas dosis debía vender para lograr una dosis umbral, y si así lo hacía; aunque sí sabemos que en la totalidad de las muestras periciadas había estupefacientes". En función de ello, consideró que no se configuró el grado de certeza necesario para dictar el sobreseimiento en esa instancia y que, por el contrario, había motivos suficientes para elevar la causa a juicio.
La defensa dedujo recurso de casación.
V.2. La sentencia de la Sala V del Tribunal de Casación Penal
La Casación, el 4 de marzo de 2021, por mayoría, hizo lugar al recurso de la especialidad.
V.2.a. Mediante el voto del señor juez Natiello, a quien adhirió el señor juez Kohan, recordó la definición de "estupefacientes" contenida en el art. 77 del Código Penal y afirmó que el bien jurídico tutelado es la salud pública. Explicó que la citada norma exige dos requisitos: la sustancia debe estar en las listas elaboradas por el Poder Ejecutivo y debe tener poder toxicológico para crear dependencia física o psíquica en las personas, poder "...del cual sólo se tendrá certeza si las pruebas de laboratorio acreditan perfectamente la aptitud toxicomanígena de las sustancias".
Añadió que en caso de existir peritajes y arrojar estos como resultado una "dosis umbral cero", ello importa la ausencia del efecto toxicológico que requiere la norma.
Puntualizó que, en el caso, conforme lo explica la resolución cuestionada, "...personal policial procedió al secuestro de una bolsa de nylon de color blanca, conteniendo 80 envoltorios de color negro [con] una sustancia cuyo test orientativo indicó un resultado positivo para cocaína, con un peso total de 20 gramos. Se extrae también que la peritación química efectuada con posterioridad por el Primer Alférez Eduardo Daniel Gómez de Gendarmería Nacional sobre 8 muestras tomadas al azar concluyó que presentaban clorhidrato de cocaína, carbonato/bicarbonato y azúcar reductor, siendo estas dos últimas sustancias de corte, sin alcanzar ninguna de ellas una dosis umbral".
Así, concluyó que la sustancia hallada en poder del imputado carece de aptitud estupefaciente en los términos exigidos por el art. 77 del Código Penal, y que por lo tanto la conducta es atípica.
V.2.b. Por su parte, el voto en minoría de la señora jueza Budiño coincidió con el voto mayoritario de la Cámara en que el término "estupefaciente" del art. 77 del Código Penal hace referencia a una sustancia o cualidad y no a la cantidad.
Asimismo, sostuvo que no se puede predicar que la sustancia incautada no influya en la salud de las personas, o que no genere dependencia física o psíquica. Argumentó que el peritaje químico efectuado sobre el material estupefaciente concluyó "...que ningún envoltorio de los muestreados [...] teníaínsito en él una dosis umbral, lo que no permite concluir otra cosa que nos hallamos frente a una sustancia estupefaciente pero en una cantidad inferior, en cada una de las dosis, que aunque en menor proporción, puede generar efectos en la salud de las personas y dependencia física o psíquica" (el destacado figura en el original).
Por último, insistió en que el estudio químico se realizó sobre un muestreo del material estupefaciente incautado, y que quedó un saldo de setenta y dos envoltorios sin peritar; por lo que no encontró abastecida la certeza negativa exigida para el dictado de un sobreseimiento.
VI. Ahora bien, hay dos cuestiones que evidencian la arbitrariedad del fallo en crisis: por un lado, no existe prueba suficiente para afirmar la existencia de certeza negativa en torno a la configuración del elemento típico "estupefacientes" ; por otra parte, la etapa procesal en la que se encuentra el caso, sumada a la falta de certeza negativa, demuestran que el sobreseimiento dictado es prematuro .
VI.1. En primer lugar, cabe recordar que la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -una de las figuras típicas que conforman el tráfico de estupefacientes- es un delito de peligro que tiene por finalidad proteger la salud pública.
La acción típica consiste en poseer sustancias estupefacientes con la ultrafinalidad de comercializarlas (elemento subjetivo distinto del dolo). Este delito configura "...un estadio previo al acto de comercio en sí que el legislador sancionó, en miras de abarcar todas las acciones que componen la cadena de tráfico. Podríamos decir que constituye un acto preparatorio expresamente sancionado" (Cisnero, Patricia L. e Iglesias, Diego A., "Comentario al art. 5 de la ley 23.737. Tráfico de estupefacientes" en Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio Raúl [dirección], Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial , Tomo 14A , Hammurabi, Buenos Aires, 2014, pág. 351).
Por tales motivos, "...no es relevante la cantidad de estupefaciente tenida, sino las circunstancias y elementos vinculados con esa tenencia que puedan importar el ingreso a la cadena de tráfico" (Martínez Astorino, R. Daniel, "Modificaciones de la Ley de Estupefacientes [ley 26.052]", TR La Ley AR/DOC/29694/2011).
Así las cosas, coincido con la Casación en que la interpretación constitucional del elemento típico "estupefacientes", definido por el legislador en los arts. 77 del Código Penal y 40 de la ley 23.737, exige la acreditación de dos extremos independientes entre sí: a) que la sustancia está incluida dentro de las listas elaboradas por la autoridad competente; b) que posee la aptitud para crear dependencia psíquica o física en las personas (conf., mutatis mutandis , causa P. 135.535, sent. de 24-V-2023 y CFCP, Sala II, causa n° 14.460, "Álvarez, Albero del Valle s/ recurso de casación", sent. de 20-XI-2012, votos de la señora jueza Ledesma y del señor juez Slokar. V. también Caparelli, Facundo L., "El objeto del delito" en Baigún-Zaffaroni, ob. cit., pág. 246).
De ello se desprende que no es posible afirmar la configuración del elemento típico "estupefacientes" respecto de las sustancias que no obstante su adecuación formal en los decretos elaborados por el Poder Ejecutivo nacional, no generan un riesgo típicamente relevante.
Por tales motivos, la denuncia de arbitrariedad en la aplicación de los arts. 77 del Código Penal y 40 de la ley 23.737 no procede pues el recurrente, en definitiva, asienta su reclamo en una interpretación extensiva in malam partem de las citadas normas que deja inoperante uno de los requisitos legales (que la sustancia sea susceptible de generar dependencia física o psíquica).
En suma, el elemento típico "estupefacientes" exige que además del requisito cualitativo (calidad de la sustancia -cocaína-), exista una mínima cantidad (al menos una dosis umbral, que en el caso de la cocaína está fijada en 0,1 g., conforme estudios científicos).
VI.2. Lo hasta aquí expuesto deja sin sustento argumental la denuncia de gravedad institucional pues, precisamente, la interpretación que efectuó el voto mayoritario del Tribunal de Casación del alcance que se le debe dar al elemento típico "estupefacientes" es respetuosa de los principios constitucionales de estricta legalidad en la interpretación de la ley y del principio de lesividad.
Para más, cabe recordar que dicho extremo está íntimamente relacionado -en grado de dependencia- con la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no observándose en el caso un supuesto de tales características. En esta línea de pensamiento, se ha resuelto que no cabe hacer lugar a aquella, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de modo indudable la concurrencia de tal circunstancia (conf. causas P. 123.374, resol. de 27-IX-2017; P. 122.825, resol. de 29-XI-2017; P. 129.941, resol. de 11-IV-2018; P. 127.003, resol. de 3-X-2018; P. 132.229, resol. de 27-XI-2019; P. 132.813, sent. de 13-IV-2021; CSJN Fallos: 303:221; e.o.).
VI.3. Sin perjuicio de lo resuelto en los puntos anteriores, lo cierto es que en el caso no existe certeza negativa para afirmar que la sustancia secuestrada a Ángel Roberto Gil no cumple con los dos requisitos exigidos p
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