Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136074
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de J. L. N., con costas (conf. art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.074-Q, "N., J. L. s/ Queja en causa n° 99.301 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, integrada con el señor juez Natiello y la señora jueza Budiño, el 6 de octubre de 2020, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de J. L. N. contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca que, en el marco de un procedimiento de juicio abreviado, lo condenó a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por juzgarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con la víctima y abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con la víctima en concurso real, cometidos entre los años 2006 y 2008 (el primero) y entre 2008 y 2012 (el segundo) en perjuicio de la menor B. A. N..
Contra lo así decidido, el señor defensor oficial, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue desestimado, lo que derivó en la presentación de una queja ante este Tribunal en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 24 de junio de 2022, declaró procedente la queja y admitió el carril extraordinario por estimar que las denuncias de revisión aparente y afectación del derecho de defensa en juicio -a ser oído-, debido proceso, culpabilidad, humanidad y proporcionalidad de la pena, se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesaria para sortear la etapa de admisibilidad.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor denunció que resultó arbitraria la pena impuesta a su defendido, solicitó se le imponga el mínimo de la escala penal (conf. arts. 18, Const. nac. y 40 y 41, Cód. Penal).
Afirmó que se afectaron los principios de culpabilidad, humanidad, razonabilidad, intervención penal mínima y proporcionalidad en miras a lograr el fin de resocialización de las penas (conf. arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 10.3., PIDCP; 5.6., CADH y 1, ley 24.660).
A su entender, la respuesta del a quo quebrantó la garantía de revisión amplia (conf. arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP), al confirmar sin debida fundamentación una pena por encima del mínimo de la escala penal.
Puntualizó que los reclamos llevados en el recurso de casación en torno a la falta de ponderación de las atenuantes vinculadas a la ausencia de antecedentes penales y al buen concepto vecinal presunto fueron descartados con el argumento de no haber sido planteadas en el acuerdo de juicio abreviado, y que el tribunal revisor expresó que -en definitiva- se impuso a N. una condena "...'muy por debajo del término de la escala'". Frente a ello, consideró que se incurrió en un excesivo rigor formal al haberse desestimado la valoración de las citadas atenuantes.
Alegó que al momento de determinarse la pena se debe asignar preeminencia al mínimo de la escala penal, por lo que solicitó la readecuación de la sanción en ocho años de prisión.
Por último, reiteró que el a quo realizó una revisión aparente del fallo de condena en tanto se apartó del contenido del recurso, lo que derivó -dijo- en la afectación del derecho a ser oído, como derivación del derecho de defensa en juicio (arts. 18, cit. y 8.2.h., cit.; doctr. "Casal", CSJN y "Herrera Ulloa", CIDH).
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación. Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
III.1. El Tribunal de Casación Penal, en lo que aquí interesa, frente a idéntico planteo descartó la existencia de arbitrariedad o desproporción en la individualización de la condena en tanto estimó que el órgano de mérito se limitó "...a imponer la pena pactada por las partes (trece años de prisión), valorando una pauta agravante (el contexto de violencia de género al haber propinado golpes a la víctima a fin de consumar los abusos) y ninguna atenuante".
De seguido, señaló que considerando la calificación legal de los hechos objeto del juicio (abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con la víctima en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por el vínculo y la convivencia), la escala penal abstracta correspondiente es de ocho a cuarenta años de prisión por lo que la pena impuesta, además de ser la pactada por las partes, se encuentra muy por debajo del término medio de la escala y acorde a las circunstancias agravatorias del injusto y la culpabilidad del acusado.
Finalmente, indicó que las atenuantes reclamadas (falta de antecedentes y buen concepto presunto) no fueron oportunamente requeridas en el acuerdo de juicio abreviado a lo que agregó que el tribunal de grado consideró que "no se presentaban en la causa circunstancias de atenuación de la pena, sin que se evidenci[e] que en tal decisión haya existido un vicio o defecto que la desmerezca como pronunciamiento judicial válido".
III.2. Como anticipara, la impugnación es insuficiente, en tanto bajo la denuncia de errónea revisión del monto de pena impuesta, la parte no se hizo cargo de los sólidos argumentos que le dieron sustento al fallo en crisis (conf. art. 495, CPP).
En efecto, contrariamente a lo denunciado por el recurrente, el a quo revisó de manera amplia el embate referido a la determinación judicial de pena y lo hizo sin limitaciones formales que evidencien una afectación al derecho al recurso, brindando fundamentos suficientes para confirmar la decisión de mérito, los que dotan el fallo de debida fundamentación (conf. arts. 40 y 41, Cód. Penal; 395, 396, 495 y concs., CPP).
Frente a ello, la defensa oficial se limitó a formular consideraciones dogmáticas en torno a la falta de ponderación de atenuantes que introdujo de manera sorpresiva recién en la etapa recursiva. De este modo, no se hizo cargo de lo expuesto en el fallo en crisis en cuanto a las particularidades del especial trámite procesal imprimido a las presentes actuaciones (juicio abreviado) en el marco del cual, como lo expresó el órgano revisor, se respetó la pena pactada entre las partes, así como también las pautas mensurativas acordadas (no pactaron atenuantes y como agravantes se indicó el contexto de violencia de género).
A ello se agrega que la defensa oficial dejó completamente incontrovertido el tramo del fallo que hizo referencia a la valoración de la pauta agravante "contexto de violencia de género" -que sí formó parte del pacto-, y que resaltó que la pena a trece años de prisión se ajustó a la gravedad del injusto cometido, máxime teniendo en consideración la escala penal conformada por el concurso real de delitos por los que N. fue condenado -cuyo máximo asciende a cuarenta años de prisión-.
En definitiva, la defensa oficial centró su crítica en consideraciones genéricas que ponen en evidencia un criterio divergente con lo decidido en el caso, pero sin lograr demostrar en qué aspectos el tribunal revisor habría limitado el examen amplio del fallo de condena.
IV. Para más, las consideraciones del recurrente vinculadas a la necesidad de fijar la pena partiendo del mínimo de la escala penal se contraponen a la reiterada jurisprudencia de esta Suprema Corte y de la Corte nacional respecto al punto de ingreso a la escala penal y al modo de ponderar las pautas de mensura.
Cabe recordar que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la cuantificación punitiva, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad, en función de los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf., entre otras, causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013 y P. 133.919, sent. de 13-IV-2022).
V. En función de lo expuesto, se advierte que el fallo en crisis, además de garantizar debidamente el derecho al recurso contra el fallo de condena, cuenta con fundamentación suficiente que lo deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
Finalmente, las denuncias de violación a los principios de culpabilidad, humanidad, razonabilidad, intervención penal mínima y proporcionalidad de las penas, fueron planteadas en directa vinculación con lo anteriormente desestimado y quedaron, por lo tanto, huérfanas de sustento argumental (conf. art. 495, cit.).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de J. L. N., con costas (conf. art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 18:48:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 09:00:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:52:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:17:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:22:15 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/04/2024 13:42:23 hs. bajo el número RS-71-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia