Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135451
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de M. A. G., con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.451-Q, "G., M. A. s/ Queja en causa n° 99.319 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria .
De las presentes actuaciones y de las partes digitalizadas se desprende que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de octubre de 2020, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de M. A. G. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata que lo condenó a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y por las circunstancias de su realización en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, agravados por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una persona menor de dieciocho años de edad, en los términos del art. 119, párrafos segundo, tercero y cuarto, incs. "b" y "f" del Código Penal. En consecuencia, casó la sentencia en el rubro correspondiente a las agravantes de la sanción, descartó la relativa a "la relación paterno filial existente entre la víctima y victimario" y, asumiendo competencia positiva -por mayoría-, redujo el monto de pena impuesto, el que fijó en diez años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas.
Contra esa decisión, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que, al ser declarado inadmisible por el tribunal intermedio, motivó la deducción de un recurso de queja. Esta Suprema Corte hizo lugar a la vía directa y, en consecuencia, concedió la impugnación extraordinaria (v. fs. 6/8).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 16/18), dictada la providencia de autos (v. fs. 23) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial tachó de arbitrario el fallo impugnado por falta de fundamentación en la determinación de la pena, con menoscabo al debido proceso y la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.).
Tras realizar una transcripción de la parte pertinente de la decisión atacada, adujo que el tribunal intermedio resolvió mensurar la nueva pena, pero sin justificación alguna sobre cómo arribó al monto sancionatorio, quebrantando de ese modo la normativa y doctrina legal sobre la obligación de los jueces de fundar las sanciones que imponen. Citó lo fallado al respecto por esta Suprema Corte en la causa P. 81.527 (sent. de 9-X-2003).
Agregó que esa falta de justificación no se suple con el descarte de una circunstancia agravante si no se explica su impacto en la medida de la pena, y menos todavía si la decisión adoptada carece de una fundamentación autónoma sobre el monto y el alejamiento significativo del mínimo legal.
Destacó que, aun con la reducción de la pena impuesta, el órgano intermedio omitió toda consideración sobre la graduación de la sanción, conforme lo prescriben los arts. 40 y 41 del Código Penal. Mencionó, asimismo, lo resuelto por este Tribunal en la causa P. 113.858, "Lencina" (resol. de 19-X-2016) y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Aranda" (causa A. 957.XLVII.RHE, sent. de 10-XII-2013), este último para resaltar la importancia y tempestividad del agravio.
Concluyó que, operada la casación (aunque sea parcial e imponga una pena menor), el fallo recurrido queda sin efecto, ocupando su lugar la nueva decisión; lo que, reiteró, torna aplicable las exigencias de fundamentación de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
II. El señor Procurador General dictaminó por el rechazo del recurso, postura con la cual coincido.
II.1. Como se reseñó en los antecedentes, el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata condenó a M. A. G. a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y por las circunstancias de su realización en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, agravados por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una persona menor de dieciocho años (art. 119, párrafos segundo, tercero y cuarto, incs. "b" y "f", Cód. Penal). Lo consideró autor de la siguiente materialidad ilícita: "...una persona del sexo masculino que convivía con la menor C.E.G. dado que resulta[ba] ser pareja de su progenitora M. F. A., en el domicilio que compartían en calle [...] de la localidad de Saladillo, y mientras la madre de la menor se ausentaba, abusó sexualmente de la menor desde que tenía 11 años de edad mediante tocamientos inverecundos con la ropa puesta, y luego desde los 13 años comenzó a penetrarla vaginalmente, amenazándola con matarla si contaba lo sucedido, lo que aconteció hasta febrero de 2015".
En el veredicto, el órgano de juicio ponderó, entre otras pruebas, el testimonio de C.E.G., quien describió que los abusos comenzaron cuando tenía once años; expresó que a partir del primer episodio, ocurrido una mañana que su mamá había salido, en el que G. la despertó, la obligó a acostarse en la cama con él y la manoseó con la ropa puesta, "...cada [vez] que mi mamá salía se repetía la historia, yo estaba durmiendo, él me despertaba [...] siempre por la mañana. Ya después empezó a sacarme la ropa, después de seis o siete veces. Lo que pasaba sucedía dos o tres veces por semana. Continuó así hasta que yo tuve 13 años. En ese momento él empezó a más, digamos. A la violación, a penetrar por vía vaginal, y más adelante por vía anal. Fue durante los 13 años. Seguía siendo dos o tres veces por semana, por la mañana, cuando mi mamá no estaba. Decía que no diga nada porque me iba a matar, pasó durante cuatro años. La última vez, no recuerdo fecha exacta, fue cuando yo estaba por cumplir los 16".
También valoró los testimonios de la secretaria María Antonieta Sarlo, la orientadora vocacional Patricia Alejandra Carballeda, y la orientadora social Viviana Eugenia Savone, quienes prestaban funciones en la escuela secundaria a la que asistía C.E.G., y que manifestaron que la niña les había contado que su padrastro abusaba de ella desde los once años, obligándola a tener relaciones sexuales. En igual sentido estimó la exposición de María Eugenia Orvis, psicóloga que trató a C. por el lapso de tres meses, y de la progenitora de la niña, M. F. A., a quien C. le pudo contar, tras haber iniciado el tratamiento terapéutico, "Que M. abusaba de ella, que más o menos a los 11 años empezó a tocarla y a los 13 a abusarla".
Y trajo a colación el reconocimiento médico realizado por la doctora Sara Verónica Bobadilla Inchausti, donde se consignó, en el acápite "Relato de los hechos", las palabras textuales de la víctima al momento del examen: "...me pasó siempre. Tenía 11 años, yo, la primera vez. La última fue en marzo de este año [2015]. Pasaba en mi casa. Él era mi padrastro, M. G.. Primero fueron manoseos, todo el cuerpo, me sacaba todo. Me obligaba a todo. Si no lo hacía me amagaba a pegarme, me gritaba, me amenazaba para que no hablara. Me violó. Fue por delante, por atrás y por la boca".
El tribunal llegó a la conclusión de que "...C., a la corta edad de 11 años, comenzó a ser víctima de abuso sexual infantil intrafamiliar. Estos hechos se prolongaron a lo largo de los años".
Los jueces evaluaron como circunstancias atenuantes de la pena la ausencia de condenas anteriores del imputado -conforme los informes del Ministerio de Seguridad Provincial y del Registro Nacional de Reincidencia-, "...el ser un hombre de trabajo" y el buen concepto del que gozaba y, como agravante, la "...relación paterno filial existente entre víctima y victimario", dado que G. era el padrastro de C.E.G. desde que esta tenía seis años.
En la sentencia, al expedirse sobre la calificación legal, el tribunal coincidió con el encuadre propiciado por la fiscalía. Explicó que en un primer tramo de las conductas de las que fue víctima C. no medió acceso carnal, lapso que se prolongó por alrededor de dos años, con una frecuencia de dos o tres veces por semana; posteriormente, a partir de los trece años sí hubo acceso carnal. Dijo que, al tratarse de dos tipos delictivos distintos, que a su vez comprendían varios hechos que concurrían bajo la modalidad de delito continuado, y dado que ambos tramos delictivos eran independientes entre sí, mediaba entre ellos un concurso material (art. 55, Cód. Penal).
En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las características de los hechos juzgados, su adecuación legal y las circunstancias atenuantes y agravantes sopesadas, decidió imponer a M. A. G. la pena de once años de prisión.
II.2. Frente a ello, la defensa oficial interpuso recurso de casación en el cual se agravió de la falta de motivación en el monto de la pena impuesta.
En lo que aquí interesa, reclamó la improcedencia de valorar la "...relación paterno filial entre la víctima y victimario" por vulnerar los principios de culpabilidad por el hecho, de legalidad, y la prohibición de doble valoración. Entendió que tal circunstancia agravante ya estaba comprendida a nivel típico, a partir de la aplicación en el caso de los incs. "b" y "f", cuarto párrafo del art. 119 del Código Penal. Explicó que mientras el inc. "b" se vincula con el aprovechamiento de una calidad del sujeto activo -en este caso de guardador- para cometer el hecho, violando no solo la integridad sexual de la víctima sino también el deber de protección asumido, el inc. "f" se fundamenta en el aprovechamiento del sujeto activo de la facilidad que otorga la cercanía con la víctima, y de la confianza que aquella pudiera dispensarle en razón de la convivencia, es decir que aparece vinculada con un modo especial para cometer el hecho.
En definitiva, reclamó que se descarte la agravante referida a la "...relación paterno filial entre la víctima y victimario", por resultar un baremo ya incluido en el tipo penal enrostrado.
II.3. A su turno, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a través del voto del señor juez Violini, hizo lugar parcialmente al recurso y casó la sentencia al nivel de la individualización de la pena.
Para así decidir, estimó que la ponderación de la pauta agravante vinculada con la relación existente entre el imputado y la víctima "...descansa en una motivación idéntica a la que sostiene la incriminación, y por lo tanto, ya ha sido objeto de análisis en el contexto de la tipicidad objetiva -artículo 119, cuarto párrafo, inciso 'b'-...", por lo que su valoración a efectos de incrementar la pena impuesta violaba el principio de ne bis in idem .
Sumó a ello que "Tampoco surge claro de la fundamentación que trae la sentencia para su valoración, el motivo por el cual el disvalor de la acción reprochada supera los márgenes de aquel ya contemplado en la descripción típica, aludiendo a una diferenciación que enuncia pero no detalla y que, por ello, resulta aparente"; concluyó que dicha agravante debería ceder.
En consecuencia, propuso declarar parcialmente procedente el recurso y casar la sentencia impugnada en el nivel de la pena.
A continuación, expresó que según su opinión correspondía devolver jurisdicción al tribunal de origen a efectos de la determinación de la sanción a imponer a partir de lo decidido, pero, enterado en el acuerdo de la posición mantenida por sus colegas, propuso condenar a M. A. G. a la pena de diez años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, por la autoría de los hechos delictivos que la sentencia tuvo por probados y que llegaron firmes a esa instancia.
Por su parte, el señor juez Borinsky abrió disidencia en punto al reenvío antes aludido y mantuvo el unánime criterio de esa Sala de asumir competencia positiva a fin de evitar dilaciones indebidas; con esa diferencia, adhirió en lo demás a lo expresado por el doctor Violini, incluyendo la individualización de la pena que propuso.
Por último, el señor juez Maidana, atento a la disidencia planteada, adhirió a la solución propuesta por el doctor Borinsky en su voto, por compartir sus fundamentos.
III. Ahora bien, no se observa en la decisión atacada el vicio que invoca la defensa ni la falta de fundamentación, dado que la graduación de pena llevada a cabo por la Casación se hizo, en definitiva, a partir del acogimiento del reclamo de la defensa sobre la ponderación como única pauta agravante de la relación existente entre el imputado y la víctima, habida cuenta que la misma ya había sido objeto de análisis en el contexto de la tipicidad objetiva, contando la decisión puesta en crisis, en este aspecto, con la fundamentación suficiente que la pone a salvo de la tacha de arbitrariedad por supuesto déficit motivacional (doctr. art. 495, CPP).
De tal modo, la reducción estuvo fundada en la eliminación de la agravante mencionada, con las circunstancias para la determinación de la pena de la instancia que no habían sido cuestionadas.
La parte reclama que la sanción es infundada y que no se explicó el alejamiento significativo del mínimo legal sin tomar en consideración que también modularon la definitivamente impuesta, con cariz aumentativo: las especiales características de la materialidad ilícita acreditada, en particular, que existieron dos tramos abusivos que concursaron materialmente entre sí, que cada tramo incluyó abusos perpetrados en reiteradas oportunidades y que los hechos se extendieron por el lapso de cinco años; y la concurrencia de dos agravantes a nivel típico.
En definitiva, se advierte que la decisión en crisis halla adecuada motivación en las circunstancias comprobadas del caso, mientras que la defensa se limita a manifestar su propio parecer y esgrimir su disconformidad con el fallo recurrido, sin reparar en todas las particularidades puestas de relieve.
Cabe recordar que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 130.188, sent. de 6-XI-2019; P. 131.375, sent. de 4-XII-2020; P. 132.280, sent. de 13-IV-2021; e.o.) y que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el monto de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (causas, por muchas, P. 64.969, sent. de 12-III-2003 y P. 73.338, sent. de 25-VI-2003).
Luego, el Tribunal de Casación, haciendo lugar parcialmente a uno de los agravios llevados a su conocimiento en los términos ya reseñados, asumió competencia positiva y, a la luz de las determinaciones que llegaron firmes a esa instancia, redujo la pena. De manera que no hizo más que acoger la pretensión defensista.
Por lo expuesto, tampoco se han demostrado las vulneraciones a las garantías constitucionales denunciadas (art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de M. A. G., con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/09/2023 09:13:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 10:21:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/09/2023 15:10:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2023 19:03:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/10/2023 08:05:05 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/10/2023 09:15:19 hs. bajo el número RS-122-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia