Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134730
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.730, "Vallejos, Facundo Damián. Queja en causa n° 99.346 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres .
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de junio de 2020, por mayoría, hizo lugar al recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Facundo Damián Vallejos contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Dolores que lo había condenado -mediante el procedimiento de juicio abreviado- a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor responsable de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada en grado de tentativa (Hecho I) y lesiones graves en concurso real con robo simple (Hecho II), en concurso real entre sí. En consecuencia, casó el fallo de origen en cuanto no disminuyó la pena acordada en el juicio abreviado en función de la calificación más beneficiosa atribuida al Hecho II y, finalmente, lo condenó a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, exceptuando las de esa instancia, por considerarlo autor responsable de los delitos antes mencionados -conforme arts. 42, 44, 45, 55, 90, 164 y 166 inc. 2 tercer párrafo del Código Penal-.
Frente a lo así decidido, la señora defensora oficial adjunta ante la citada instancia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado inadmisible por la Sala recurrida. Es por ello que la parte dedujo queja ante esta Corte, siendo admitida la misma por resolución de 7 de diciembre de 2021 y concedida la vía impugnativa extraordinaria promovida a favor del imputado (v. fs. 8/11 del sistema de gestión de expedientes Augusta; conf. resol. n° 1536, de 4-XII-2021, cit.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 22/27), presentada la memoria por parte de la señora defensora oficial adjunta ante la instancia intermedia, doctora Ana Julia Biasotti (v. fs. 31/33), dictada la providencia de autos (v. fs. 28) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa oficial del imputado formuló los siguientes agravios:
I.1. En primer lugar, denunció la afectación al derecho de defensa, el debido proceso legal y la doble instancia -arts. 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial; 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-.
Aseveró que el fallo en revisión no observó las formas sustanciales del juicio referidas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por jueces naturales, las aplicables al juicio abreviado -arts. 395/403 y concordantes del Código Procesal Penal-, como así también el derecho a la revisión amplia del pronunciamiento de condena -art. 8.2.h., citado-.
Explicó, en ese marco normativo, que frente a la decisión del tribunal casatorio de considerar que asistía razón al planteo de la defensa por el que había señalado que la calificación legal asignada al Hecho II por el juzgador de origen resultaba más beneficiosa para el imputado Vallejos que la pautada en el acuerdo de juicio abreviado y de fijar -asumiendo para ello competencia positiva- el monto de la nueva pena respecto del encausado en cuatro años y seis meses de prisión, dejó inmotivado el agravio relativo al apartamiento del mínimo legal correspondiente al concurso de delitos que había sido pactado por las partes en el aludido acuerdo abreviado y que, a tenor del nuevo encuadre normativo resuelto por la Casación, asciende a un año y seis meses de prisión.
Entendió que, ante el cambio producido en la significación jurídica del Hecho II, el órgano revisor debió hacer lugar al reclamo de la defensa y reenviar la causa a la instancia anterior a fin de dar oportunidad a las partes de debatir ampliamente sobre la penalidad a imponer, a la luz de la novedosa calificación legal del concurso material de delitos que surgió de la sentencia de primera condena.
Enfatizó que el órgano intermedio incurrió en la misma falta de motivación adjudicada al sentenciante de grado decidiendo "caprichosamente" mermar la sanción en seis meses de prisión sin fundamento alguno, lo que implicó no solo desconocer lo convenido por las partes en torno al mínimo legal imponible a los ilícitos enrostrados, sino también -como ya se mencionó- privarlas de la posibilidad de debatir sobre la pena en base a la nueva calificación más beneficiosa y del pleno ejercicio del derecho a la doble instancia en el marco de la revisión amplia del fallo de condena. Citó en apoyo de su postura los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal" -CSJN Fallos: 328:3399- y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Herrera Ulloa vs. Costa Rica y Castillo Petruzzi y otros vs. Perú .
Indicó que a partir de la errónea actuación del tribunal intermedio deberán ser subsanadas las garantías constitucionales y convencionales de mención mediante el dictado de una nueva decisión que defina el reenvío de las actuaciones a la instancia para que, luego de un amplio debate, se fije la sanción que corresponda a su asistido respetando para ello el mínimo legal imponible al concurso de delitos pactado entre las partes al firmar el juicio abreviado o, a todo evento, para que se determine la nueva sanción previa audiencia con el imputado conforme los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las penas.
I.2. En segundo término y en subsidio, para el supuesto de que se considere acertada la asunción de competencia positiva para la fijación de la nueva sanción respecto de Vallejos por parte del tribunal casatorio, denunció la transgresión a los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la pena, puesto que al casar la decisión de primera instancia debió aplicar -a su criterio- el mínimo legal imponible para el concurso real de los delitos juzgados, conforme lo habían pactado las partes en el acuerdo de juicio abreviado, además de fundarlo expresa y debidamente en las constancias de la causa, ajustándose a los parámetros antedichos y al cambio de calificación legal más benigna del Hecho II resuelto en el fallo de primera condena.
Precisó que con el nuevo encuadre normativo correspondiente al evento n° II, el mínimo de la escala legal aplicable al caso se reduce a un año y seis meses de prisión, razón por la cual "...los parámetros para la imposición de una pena de cuatro años y seis meses de prisión como la resuelta por la casación, no se ajustan a los criterios de mesura y razonabilidad".
Afirmó que el pronunciamiento impugnado resulta arbitrario en cuanto hace a la fijación de la sanción penal por apartamiento de los aludidos principios de razonabilidad y proporcionalidad y solicitó, por ello, se case el fallo y se reenvíen las actuaciones al tribunal casatorio a fin de que, previa audiencia, imponga una sanción respetuosa de las garantías constitucionales que fueron objeto de mención.
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso (v. fs. 22/27), postura con la cual coincido.
III. Preliminarmente efectuaré un breve derrotero de la causa.
III.1. Las partes mediante un acuerdo de juicio abreviado que fuera presentado ante el tribunal de la instancia el 2 de julio de 2019 convinieron que los sucesos imputados a Facundo Damián Vallejos en calidad de autor responsable debían calificarse del siguiente modo: robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada en grado de tentativa -conforme arts. 42 y 166 inc. 2 último párrafo del Código Penal- (Hecho I); robo doblemente agravado por lesiones y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada -art. 166 incs. 1 y 2 último párrafo del Código Penal- (Hecho II) y robo simple -art. 164 del Código Penal- (Hecho III), todos en concurso real entre sí -ver especialmente primera cuestión de la sentencia-, así como que la pena a imponer al nombrado no debía ser superior a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, con costas.
III.2. El tribunal de la instancia departamental, con integración unipersonal, mediante el pronunciamiento dictado el 17 de julio de 2019, declaró la admisibilidad formal del acuerdo en trato y describió en primer término los ilícitos que se tuvieron por acreditados en los siguientes términos:
" HECHO I ) Que siendo aproximadamente las 07.55 horas del día 26 días del mes de Junio del 2018, Facundo Damián Vallejos en circunstancias en que circulaba con una motocicleta Gilera modelo Smash de 110 cc., de color gris, al haber llegado a la intersección del Paseo 106 y Avenida 21 de Villa Gesell, se puso a la par del vehículo Suzuki Fun Dominio ELX-474, que era conducido por Roberto Luciano Álvarez y con claras intenciones de apoderarse ilegítimamente del teléfono celular del nombrado, lo intimidó con un arma de fuego que blandía mientras le decía 'DAME EL CELULAR' no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad, al haber la víctima impactado con el automotor la motocicleta en la que circulaba el [sujeto] activo, circunstancia que originó que el masculino emprendiera la fuga".
" HECHO II: Escasos minutos después del hecho I, en circunstancias en que el sujeto activo del mentado hecho -Facundo Damián Vallejos-, circulaba por el Paseo 106 entre Avenida Circunvalación y 15 de Villa Gesell fue interceptado por Roberto Luciano Álvarez. En dicha ocasión, el primero de los nombrados extrajo un arma de fuego, le propinó un golpe con la misma a Álvarez lo que originó que este cayera al suelo, oportunidad en que le pegó patadas en el rostro. Producto de dicha agresión, la víctima sufrió lesiones de carácter grave. Luego de ello el sujeto activo en compañía de otro varón -no sometido a este proceso-, se apoderaron ilegítimamente del automóvil Susuki Fun propiedad de Roberto Luciano Álvarez, como así también de un stereo [SIC] marca Alpine modelo CDA 9886 -al que le cortaron los cables para sustraerlo-[,] un celular marca Samsung modelo J1, documentación del vehículo, llaves del rodado y un pendrive" -el destacado figura en el original- (v. cuestión segunda de la sentencia).
Entendió que los acontecimientos inherentes al Hecho I y las lesiones graves del Hecho II debían ser atribuidos a Vallejos en calidad de autor responsable, mientras que consideró aplicables las normas de la coautoría a los fines de encuadrar la conducta del acusado en el robo del Hecho II (v. segunda cuestión de la sentencia).
Resolvió, asimismo, que el Hecho I debía ser calificado legalmente como robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada en grado de tentativa -conforme arts. 42 y 166 inc. 2 tercer párrafo del Código Penal- y el Hecho II como lesiones graves y robo simple en concurso real -conforme arts. 55, 92 [ rectius : 90] y 164 del Código Penal-, todos ellos enlazados materialmente entre sí -art. 55, citado- (v. esp. cuarta cuestión de la sentencia).
Explicó, seguidamente, que se apartó de la calificación normativa que propusieron las partes en torno a los hechos identificados en el referido acuerdo como II y III y, en función de cómo sucedieron los mismos, consideró que las materialidades allí descriptas debían quedar captadas en un solo suceso (Hecho II).
Dejó expuesto, finalmente, que no se invocaron eximentes, ni se valoraron circunstancias atenuantes ni agravantes, por lo que entendió justo imponer al procesado Vallejos la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas (v. cuarta cuestión, cit.).
III.3. La defensa oficial de Vallejos planteó en el recurso de casación la inobservancia de los arts. 40 y 41 del Código Penal al momento de ser individualizado el monto de pena establecido a su defendido -cinco años de prisión-. Así, adujo que la sentencia cuestionada fijó un monto sancionatorio "...elevado e injustificado" dado que subsumió la conducta reprochada en una calificación legal más beneficiosa respecto de la prevista en el acuerdo de juicio abreviado y que, no obstante ello, esta modificación favorable no repercutió en el dictado de la sanción fijada, violando de tal modo el principio de razonabilidad de las decisiones judiciales. Solicitó, por las razones dadas, se aplique el mínimo legal de la nueva escala penal escogida por el juzgador de origen correspondiente a los ilícitos reprochados en concurso real, esto es un año y seis meses de prisión -el mínimo mayor-.
III.4. En respuesta a ello, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, por mayoría -a tenor del sufragio vertido por la doctora Budiño que concitó la adhesión simple del doctor Natiello-, otorgó razón a la defensa en cuanto señaló que la calificación legal atribuida al caso en juzgamiento por el tribunal originario resultaba más beneficiosa para el imputado Vallejos que la pautada en el acuerdo de juicio abreviado, toda vez que entendió que el suceso individualizado como Hecho II configuraba el delito de lesiones graves en concurso real con robo simple y no un robo agravado doblemente por las lesiones provocadas y por el uso de un arma cuya aptitud para el disparo no había podido tenerse por acreditada como se encontraba previsto en el referido acuerdo.
Consideró que si el sentenciante creyó justo mantener el monto de la pena propuesto por las partes, por encontrarlo acorde al grado de culpabilidad que a su parecer le cupo al imputado, debió motivar su decisión, expresando cuáles eran los fundamentos que lo llevaron a sostener que en el caso concreto el cambio de calificación no debía materializarse en una disminución del monto de pena.
Por lo cual advirtió que no existiendo tal fundamentación, el segmento del fallo relativo a la pena a imponer resultaba arbitrario, correspondiendo en consecuencia hacer lugar al recurso casatorio y disminuir la penalidad correspondiente al encausado Facundo Damián Vallejos, fijándola en cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas -con exclusión de ellas en esa instancia intermedia-, por resultar autor responsable de los delitos de robo calificado por empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada en grado de tentativa (Hecho I) y lesiones graves en concurso real con robo simple (Hecho II), todos ellos en concurso material entre sí -conforme arts. 40, 41, 42, 55, 90, 164 y 166 inc. 2 tercer párrafo del Código Penal-.
IV. Como lo adelantara, el recurso no prospera.
IV.1. En primer lugar, el planteo del recurrente a través del cual denunció la transgresión de las garantías constitucionales vinculadas con la violación al debido proceso legal, la defensa en juicio y la doble instancia, en la medida que el Tribunal de Casación luego de hacer lugar -por mayoría- al recurso deducido por la defensa fijó pena sin reenvío a la instancia anterior, no es de recibo.
Es que, de lo expuesto en el acápite III.4. de la presente donde surge que el órgano revisor mantuvo la misma calificación legal de los hechos escogida por el tribunal de la instancia con integración unipersonal y, sobre esa plataforma, manifestó que -en el caso concreto- correspondía materializarse una disminución de la penalidad impuesta al encartado Vallejos, no se advierte vulneración alguna a la garantía de la doble instancia ni a la revisión amplia emprendida por el fallo en crisis; ello, en virtud de que la parte expresa su discrepancia con lo resuelto, mas no se ocupa de controvertir los argumentos que sustentaron el razonamiento elaborado en el sufragio mayoritario emitido por el tribunal a quo a partir del cual edificó su decisión de reducir la pena impuesta en la sede originaria (art. 495, CPP).
En efecto, la recurrente no se hace cargo de lo efectivamente debatido y resuelto en el caso que nos ocupa, cuestionando lo decidido desde la óptica de una opinión personal acerca del alcance que correspondería asignarle a la garantía de la revisión amplia del pronunciamiento.
Tampoco ha logrado evidenciar que la inspección efectuada por el Tribunal de Casación adolezca de alguna restricción cognoscitiva que pudiera considerarse incompatible con el estándar establecido al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Casal" (CSJN Fallos: 328:3399 y su progenie).
Por otro lado, no puede considerarse afectado el debido proceso legal toda vez que ninguna norma del Código Procesal Penal prevé un reenvío a la instancia anterior ante una mutación en la calificación legal -en el supuesto de autos, el encuadre normativo de los ilícitos en juzgamiento se mantuvo inalterable durante su paso por la instancia intermedia-, a efectos de que se imponga un nuevo monto de pena.
Cabe precisar que nuestro Código adjetivo en sus arts. 460 y 461 regulan puntualmente en qué casos el Tribunal de Casación, luego de casar una sentencia, debe disponer el reenvío a la instancia de origen o en su defecto, puede readecuar el pronunciamiento recurrido, asumiendo competencia positiva sin que el recurrente se haya ocupado de asignar alguna otra inteligencia a las normas que gobiernan ese trámite. Media, entonces, insuficiencia (art. 495, cit.; doctr. causas P. 126.664, sent. de 5-IV-2017; P. 120.231, sent. de 7-III-2018; P. 122.421, sent. de 11-IV-2018; P. 120.234, sent. de 29-VIII-2018; P. 131.375, sent. de 4-XII-2020; P. 132.756, sent. de 21-XII-2020; e.o.).
En razón de lo expuesto, no se han demostrado las vulneraciones a las garantías constitucionales denunciadas (art. 495, CPP).
IV.2. El agravio subsidiario tampoco progresa.
Tal como se reseñó en el apartado III.4. el órgano casatorio -por mayoría- mantuvo la calificación legal de los sucesos objeto de investigación (Hechos I y II) que fue escogida por su antecesor y, dándole razón al planteo de la defensa, procedió a reducir la sanción correspondiente al imputado Vallejos, por estimar que resultaba arbitraria la parcela de la sentencia condenatoria dictada por el tribunal de origen vinculada con la pena a imponer, toda vez que consideró que no existió la fundamentación exigible en torno a la decisión de no disminuir la penalidad en función del encuadre legal más beneficioso atribuido al Hecho II por el que resultó condenado Vallejos junto a otro ilícito (Hecho I), en concurso real. De ello emerge que -más allá de que pueda o no compartirse el criterio allí ponderado- la recurrente no demuestra, ni se advierte de su lectura, que la sentencia carezca de fundamentos suficientes, lo cual la pone a salvo del vicio atribuido y torna indemostrada, también, la alegada violación de garantías constitucionales (art. 495, cit.).
Cabe destacar que es doctrina de esta Suprema Corte de Justicia, que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. doctr. causas P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 127.457, sent. de 11-IV-2018; P. 131.375, sent. de 4-XII-2020; P. 133.244, sent. de 28-XII-2021; P. 133.808, sent. de 4-IV-2022; P. 134.211, sent. de 22-IX-2022; e.o.).
Así entonces, dado que la sanción debe
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