Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135044
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de F. I. B. o B., con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.044, "B., F. I. o B., F. I. s/ Queja en causa n° 99.412 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de febrero de 2020, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia unificatoria dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza que, en el marco de la causa n° 5.583, impuso a F. I. B. o B. la pena única de veinte años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, omnicomprensiva de la sentencia firme dictada con fecha 23 de octubre de 2018 por el Tribunal en lo Criminal n° 5 departamental, en el marco de la causa n° 875-2018 de ese registro; la dictada el día 23 de octubre de 2018, por el Tribunal Oral de Menores n° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de las causas n° 9.502 y n° 9.256 de ese registro; y la dictada el día 5 de febrero de 2019, en el marco de la causa n° 5.583 del registro del mencionado Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental (v. fs. 80/83 vta.).
El señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 91/96) que fue declarado inadmisible por el tribunal a quo (v. fs. 98/100 vta.), lo que derivó en la presentación de una queja ante esta Suprema Corte (v. fs. 121/125) que, por resolución del 24 de agosto de 2021, la admitió, declaró mal denegado el recurso y concedió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 127/129 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 143/145 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 147) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor oficial denunció que el Tribunal de Casación realizó una revisión aparente de la sentencia de condena que frustró el derecho de su asistido al doble conforme, en infracción a los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 93 vta.).
Afirmó, en concreto, que el vicio señalado se verificó en razón de haber acudido dicha parte a la instancia intermedia en procura de revisión de los fundamentos por los cuales el tribunal de origen consideró adecuada la imposición de la pena única fijada en veinte años de prisión al nombrado B. o B. (v. fs. cit.).
Expresó, luego de efectuar un repaso de lo decidido por la instancia revisora, que la Casación en ningún momento se adentró a analizar el argumento central llevado a su conocimiento ni brindó las razones que dieron sustento a la desestimación de la queja de la defensa, en virtud de la cual procuró poner en evidencia la ausencia de fundamentación de la sanción impuesta al encausado mediante la unificación de condenas al no haberse elaborado -a su criterio- una nueva escala penal, ni establecido el quantum de la sanción única que debía fijarse a partir de las circunstancias atenuantes y agravantes eventualmente verificadas (v. fs. 93 vta. y 94).
Insistió en que tampoco surge del contenido de las sentencias dictadas en las instancias anteriores cómo se llegó a determinar el monto punitivo único impuesto a B. o B., en tanto no advierte de ellas cuál ha sido la escala penal elaborada ni su proceso de formación para el caso concreto, de manera tal que esa falta de conocimiento acerca de su construcción jurídica le habría impedido -en ejercicio de una adecuada defensa en juicio- controlar si la misma resultó razonable y ajustada a derecho (v. fs. 94 y vta.).
Enfatizó que -a su entender- es fundamental conocer el iter determinativo de la pena -única- y la manera en que esta se conectó en abstracto con la persona de su defendido (v. fs. 95).
Remarcó que la prescindencia por parte del tribunal intermedio del contenido de los agravios sin analizar debidamente los fundamentos centrales traídos a discusión, torna al fallo en arbitrario, e indicó que la Corte federal en los casos "Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina c. Laboratorios Alex S.A.", sentencia de 27-III-1979 y "Descole, Alicia N. y otros c. Empresa Ferrocarriles Argentinos", sentencia de 2-IV-1998, ha tenido por configurada tal infracción al deber de fundamentación cuando media un apartamiento de las constancias de la causa, lo cual habría acontecido en este caso -según su criterio- dado que el órgano revisor prescindió del contenido del recurso (v. fs. 95 y vta.).
Requirió, finalmente, por los motivos expuestos que se revoque el fallo impugnado y se remitan las actuaciones a la instancia anterior para el dictado de una nueva decisión a los fines del cumplimiento de la garantía a la revisión integral y eficaz de la sentencia de condena que le asiste a su defendido (v. fs. cit. vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 143/145 vta.) en cuanto a que el recurso no prospera.
III.1. La decisión del tribunal a quo que fuera reseñada en los antecedentes, confirmatoria del fallo de unificación dictado por el juzgador de origen, aparece respetuosa de la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales y de los estándares emergentes del precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 328:3399), como así también de las normas nacionales y supranacionales involucradas, en tanto abordó y se expidió debidamente sobre los motivos de queja llevados a su conocimiento (v. fs. 80/83 vta.).
III.2. En efecto, corresponde considerar que en el recurso de casación la defensa denunció -en lo medular- un aumento injustificado en la imposición de la pena única, siendo que no se encontraba reflejado en el fallo de origen el método adoptado a esos fines y en el entendimiento de que el art. 58 del Código Penal contempla que el monto de la sanción punitiva se puede determinar por composición jurídica y no atendiendo exclusivamente a la suma aritmética (v. fs. 50 vta. y 51).
Indicó que, en el marco del derecho sustancial aplicable, no se encuentra impuesto uno u otro sistema para la unificación de penas, pero que el sentenciante siempre debe apostar a la recuperación del procesado y no a su castigo (v. fs. 51). Además, cuestionó que la ausencia de pautas atenuantes y la doble valoración de los hechos que ya fueron juzgados no resultaron suficientes a fin de justificar la pena única que le fuera impuesta a su asistido, vulnerando de tal modo el principio ne bis in idem que impide la doble valoración de conductas ya reprochadas, y manifestó que no se consideraron como paliativas de la pena global las características propias de su defendido (v. fs. 51/59).
III.3. Frente a esos reclamos, la Sala IV del órgano revisor -mediante el sufragio vertido por el doctor Natiello, que concitó la adhesión simple del doctor Kohan- sostuvo inicialmente que concordaba en un todo con el análisis que hiciera en su memorial el representante del Ministerio Público Fiscal, en cuanto a que la decisión recurrida aparecía ajustada a derecho, puesto que sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en los fallos en los que se impusieran las penas que se unifican, adecuó la sanción a las circunstancias de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 81 vta.).
A fin de dotar de mayores fundamentos a su respuesta, la Casación sostuvo que "...para sentenciar el Tribunal [de la instancia originaria] tuvo en cuenta los argumentos expuestos por las partes, las valoraciones de eximentes, atenuantes y agravantes hechas en las sentencias unificadas y, utilizando el sistema de suma composicional [...], condenó al [imputado] aquí juzgado a una pena [única] que no aparece irracional o desproporcionada, ni mucho menos contrasta con la naturaleza de los ilícitos comprendidos en la pena única" (fs. 81), y trajo a colación doctrina del tribunal casatorio al consignar que " Nada se opone en el Derecho penal patrio a que el cálculo de la sanción resultante de la unificación de condenas se realice por composición o por operación de suma aritmética, dependiendo la elección de factores como la personalidad del condenado y las modalidades de los hechos " -el destacado figura en el original- (v. fs. 81 vta. y 82).
Afirmó que no se apreciaban fisuras lógicas en el razonamiento del juez de origen que descalifiquen al acto jurisdiccional como tal y que la conclusión a la que arribó para llegar a la pena única aplicada debía ser considerada como "...el fruto del análisis racional de las circunstancias vertidas en los pronunciamientos en cuestión", valoración que -en principio- estimó ajena a la intervención del órgano casatorio al no darse el caso de absurdo o arbitrariedad (v. fs. 82).
Concluyó, entonces, que "...el sentenciante [que intervino en la instancia originaria] componiendo la pena impuesta en causas n° 9502 y 9256 del Registro del Tribunal Oral de Menores [n° 1] de la Capital Federal de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, con la pena de nueve (9) años de prisión impuesta en causa n° 875-2018 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 [ rectius : n° 5] del Departamento Judicial La Matanza y la de diez (10) años de prisión impuesta en el presente, consideró ajustado a derecho condenar al imputado de marras a la pena única de veinte (20) años de prisión, accesorias legales y costas, remitiendo a las atenuantes y agravantes considerados en los mismos y escogiendo un monto de pena que no parece irracional o desproporcionado ni contrasta con el número y naturaleza de los ilícitos comprendidos en la condena única" (fs. cit.).
Explicó, además, que el laudo unificador no podía apartarse de las conclusiones sobre autoría, culpabilidad, ni alterar las circunstancias atenuantes o agravantes cuya existencia fue fundada al momento de individualizar la pena en los arts. 40 y 41 del Código Penal, toda vez que se estaría violando el principio de cosa juzgada y, en función de tales consideraciones, estimó que "...la sentencia unificadora, sólo tiene una revisi[ón] limitada atento que llega a es[a] Sede con un valladar infranqueable: la firmeza adquirida por dichos pronunciamientos para proceder a la unificación", lo cual -conforme lo expuso- sellaba la suerte adversa del reclamo de la defensa por la no ponderación de pautas atenuantes solicitada al momento de unificar, pues entendió que "No corresponde realizar una nueva valoración de las circunstancias atenuantes y agravantes ya mentadas oportunamente y tenidas en consideración para tabular cada una de las penas impuestas" (fs. 82 vta.).
Y, para más, recordó el criterio enarbolado por esa Sala IV del tribunal intermedio -en sentido concordante con la doctrina de esta Suprema Corte- referido a que en materia de la individualización de la pena "...ha descartado expresamente la obligación de partir siempre del mínimo legal de la escala penal, y sostenido, que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal [...], como asimismo que no existe punto de ingreso a la escala penal" (fs. cit. vta.).
IV. El fallo casatorio reseñado dio cabal respuesta a los reclamos que la defensa llevó ante la instancia revisora y de su lectura resulta que, lejos de haber limitado su competencia como se denunció, abordó la queja otorgando debido tratamiento a los agravios planteados en el recurso de casación. Ello así, en tanto convalidó el razonamiento efectuado en su fallo por el tribunal de origen en la medida que este tuvo especialmente en cuenta, a los fines de dosificar el monto de la sanción única fijada, los argumentos vertidos por las partes, las valoraciones de las circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes llevadas a cabo en las sentencias unificadas -firmes- y el empleo, en el caso, del sistema de suma composicional, por lo que concluyó -como corolario de los fundamentos que han sido mencionados- que el quantum fijado no resultaba irracional o desproporcionado, ni contrastaba con el número y la entidad de los ilícitos involucrados en la condena única (v. esp. fs. 81 vta./83).
Por lo que, frente a lo resuelto en el pronunciamiento en revisión en sentido contrario al pretendido, conforme resulta de la reseña de los agravios traídos a esta instancia, se advierte que el impugnante no ha reparado en los fundamentos expuestos en el fallo en crisis y que su presentación contiene tan solo la enunciación de un criterio discrepante, circunstancia que constituye un mecanismo ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
Con sustento en todo lo antes transcripto, cabe destacar que el órgano recurrido desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras de ese cometido, desde que abordó los argumentos de la parte y los descartó proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte -ni el recurrente ha logrado evidenciar- la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que citó en su impugnación (art. 495, cit.).
La afirmación de la defensa en torno a que, en dicho escrutinio, la Casación en ningún momento se adentró a analizar la ausencia de fundamentación de la sanción -única- impuesta mediante la unificación de condenas y que el tránsito por esa instancia resultó "aparente", ha sido expuesta huérfana de todo sustento argumental y, por tanto, indemostrada.
En consecuencia, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe la sentencia en crisis, se advierte que abastece la exigencia establecida en los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme los estándares asignados por la Corte nacional a partir del citado precedente "Casal".
Al respecto, cabe recordar que "El objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consiguió poner en evidencia vicios de tal magnitud.
Bajo ese entendimiento, y en base a las consideraciones expuestas, el impugnante lejos está de revelar la existencia de algún supuesto que, excepcionalmente, pudiera conducir a su descalificación como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.).
En definitiva, no se observa en la decisión atacada la revisión aparente del fallo en lo relativo a la dosificación de la sanción penal única (conf. arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP), ni tampoco demuestra el recurrente el vicio de arbitrariedad que invoca. Media, entonces, insuficiencia (art. 495, CPP).
Por lo demás, la denuncia de afectación de la garantía constitucional a la defensa en juicio se formalizó de manera genérica al no referirse concretamente a las constancias de la causa y sin demostrarse su conexión con la situación juzgada en estas actuaciones.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de F. I. B. o B., con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2023 12:42:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:00:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:48:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2023 10:11:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2023 10:21:38 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/12/2023 10:33:50 hs. bajo el número RS-184-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia