Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136138
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.138-Q, "Asat, Jonatan Emanuel o Asat, Jonathan Emanuel y Narvaja, Diego Leonel s/ Queja en causa n° 99.420 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el 6 de abril de 2021, rechazó el recurso de la especialidad deducido por la defensa particular de Jonathan Emanuel Asat y Diego Leonel Narvaja contra el veredicto de culpabilidad -dictado por unanimidad en el marco de un juicio por jurados- y la posterior sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que los había condenado a la pena de prisión perpetua por resultar coautores del delito de homicidio calificado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas, y por su comisión con arma de fuego (arts. 41 bis, 45, 80 incs. 2 y 6, Cód. Penal; v. sentencia digital).
Contra lo así decidido, los doctores Germán Raúl Oviedo y Ariel Jorge Dorr, defensores particulares de Jonathan Emanuel Asat y Diego Leonel Narvaja, presentaron recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, que fueron desestimados por inadmisibles por el órgano recurrido (v. resol. de 21-XII-2021).
Frente a ello, la defensa particular articuló sendas quejas en virtud de las vías extraordinarias denegadas (causas P-136.138-Q y P-136.138-1). Esta Suprema Corte, por resolución de fecha 3 de abril de 2023, admitió las presentaciones directas y declaró mal denegadas ambas vías deducidas (art. 486 bis, CPP), habilitando su concesión (arts. 491 y 494, Cód. cit.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de nulidad, los defensores denunciaron omisión de tratamiento de cuestiones esenciales sometidas a conocimiento del órgano revisor, en contravención de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
Puntualmente, remarcaron que la Casación omitió tratar las siguientes cuestiones planteadas por esa parte:
1. La falsedad del documento a través del cual se había ingresado ilegítimamente a la investigación penal preparatoria el CD que contenía los videos de la cámara de seguridad de la vivienda de Guillermo Brown.
Indicaron que los argumentos brindados por los jueces basados en el testimonio de Brown no desplazaban lo planteado, ya que no se habían pronunciado sobre cómo "...se ingresó el CD con los videos a la investigación penal preparatoria ni tampoco sobre el instrumento público [...] que documentaba que la grabación por un teléfono celular, traspasó a un CD y [la] entrega del mismo había sido realizada por el policía Obregoso".
2. La nulidad por falta de idoneidad técnica de la recolección de los videos, que quitaba a la prueba confiabilidad y credibilidad. A su entender, esa cuestión era independiente a la nulidad procesal, ya que se situaba en una etapa previa a ella.
Explicaron que la nulidad había sido llevada en el memorial previsto en el art. 458 del Código Procesal Penal de manera motivada y fundada; e insistieron en que los argumentos brindados basados en los testimonios de Guillermo Brown y el policía Leonardo Obregoso no desplazaban ese planteo.
3. La inexistencia de cadena de custodia, es decir, del conjunto de medidas que debían adoptarse a fin de preservar la identidad e integridad de los objetos o muestras que pueden ser fuente de prueba de hechos criminales.
Asimismo, plantearon la nulidad de la sentencia impugnada por afectación del debido proceso y el derecho de defensa al incorporar la prueba pese a que no se había identificado al funcionario que la recolectó e incorporó al proceso, resultando imposible -según su criterio- controlar la integridad y originalidad de los videos en el debate. Apuntaron que, en base a una arbitraria e incongruente por fragmentaria y descontextualizada valoración de la prueba, se desoyó completamente el planteo de la defensa y se afectó el derecho de defensa dado que las falencias apuntadas impidieron el debido control de la prueba que resultó dirimente para sostener la autoría y culpabilidad de los imputados.
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no puede prosperar (conf. art. 493, CPP).
III. Veamos.
III.1. En el recurso de casación, la defensa impugnó las decisiones de la señora jueza técnica que denegaron sus pedidos de exclusión probatoria y el veredicto de culpabilidad dictado por el Tribunal de Jurados. En punto al primero de los agravios, planteó la nulidad de la incorporación al debate del CD que contenía filmaciones de una cámara de seguridad del domicilio particular de Guillermo Brown, debido a la ausencia de constancias documentales que permitieran conocer de qué manera se habían obtenido tales registros.
En consecuencia, estimó que el veredicto de culpabilidad era nulo, ya que la filmación contenida en el CD aludido había sido la prueba dirimente que llevó al convencimiento del jurado a dictar ese veredicto. Señaló que ninguno de los testigos que habían declarado en el debate involucró a los acusados Asat y Narvaja en el hecho, y que solamente los familiares de la víctima se esforzaron por atribuirles responsabilidad. Especificó que la filmación en cuestión no permitía visualizar los rostros o características físicas de las personas que allí se observaban.
III.2.a. En lo que interesa, el Tribunal de Casación Penal, luego de exponer sucintamente los agravios llevados a su conocimiento, señaló que el Tribunal de Jurados debió determinar si el Ministerio Público logró acreditar los hechos que fueron relatados de la siguiente manera: " [...] que el día 9 de septiembre de 2016, siendo alrededor de las 21:00 horas, en las cercanías del cruce de las arterias San Salvador de Jujuy y Rosales de la ciudad de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, oportunidad en la cual los señores Carlos Pastor Orsi, Diego Leonel Narvaja, Jonatan Emanuel Asat y Axel Yoel Villagra, de manera premeditada mediante un acuerdo en común, aprovechando que el compañero de ellos Jorge Ramón Gómez se encontraba desprevenido, en estado de indefensión, mientras conducía la camioneta marca Toyota modelo Hilux de color gris dominio colocado PDU 866, en la cual viajaban todos ellos, a fin de causar su muerte, actuando a traición y sobre seguro, le efectuaron disparos con armas de fuego, ocasionando su fallecimiento... ".
En punto a la incorporación al debate como material probatorio de la filmación de la cámara de seguridad de la vivienda particular de Guillermo Brown, relevó diferentes constancias del legajo.
Explicó que, en oportunidad de realizarse la audiencia prevista en el art. 338 del Código Procesal Penal, las defensas de los acusados se opusieron a la incorporación al debate de la filmación, denunciando la afectación de garantías constitucionales y el incumplimiento del art. 117 del ritual. Tal reclamo fue rechazado por la jueza, para lo cual tuvo en cuenta las declaraciones testificales que habían prestado durante la investigación preparatoria el dueño de la finca donde estaba la cámara de seguridad que obtuvo la filmación (Guillermo Brown) y el oficial que adjuntó el CD (capitán Leonardo Mario Obregoso), como así también las constancias documentales sobre la cadena de custodia instrumentada por el fiscal a cargo de la etapa preparatoria luego de recibido el material fílmico cuestionado.
Trajo a colación la conclusión de la magistrada en cuanto a que "...el efecto en cuestión [...] ha sido ingresado debidamente y en los términos previstos por el legislador en el artículo 265 bis del CPP., no encontrando en el accionar policial transgresión legal y/o constitucional alguna, sin perjuicio de encomendar al Ministerio Público Fiscal que antes de su exhibición en el debate a los Jueces integrantes del Jurado, y de acuerdo a lo previsto por el artículo 342 bis inciso 5, deberá interrogar y eventualmente exhibir el material en cuestión a los testigos Obregoso y Brown, ello a fin de permitir el contraexamen de éstos por parte de la Defensa particular y garantizar así el respecto al debido proceso y al derecho de defensa en juicio".
De seguido, se refirió a la declaración brindada por Guillermo Raúl Brown, quien recordó que personal policial le había pedido ver las filmaciones de sus cámaras de seguridad a raíz de un hecho ilícito que había ocurrido ese mismo día a poca distancia de su vivienda; y que no pudo precisar de qué manera el personal policial se llevó una copia de esas imágenes, si fue con un "pen drive" o en otro dispositivo.
Agregó que el capitán Leonardo Mario Obregoso explicó que la noche de los hechos tuvo oportunidad de ver las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de Guillermo Brown, en las que se podía observar el paso de personas corriendo, alejándose del sitio donde se encontró la camioneta con la víctima fallecida en su interior. Explicó que, a raíz de las características técnicas del programa utilizado por la empresa que proveía el servicio de las cámaras de seguridad, no fue posible obtener en ese momento una copia de la filmación, y tampoco había un técnico de la empresa disponible. Por ese motivo, esa noche sacó fotografías con su teléfono celular de lo que se veía en el monitor instalado en la casa de Guillermo Brown y, en los días siguientes, fue entregada una copia de la filmación, entendiendo que había sido recibida por un compañero de la dependencia, desconociendo de quién se trataba.
Una vez finalizadas las declaraciones de los dos testigos mencionados, y ante el pedido de la fiscalía de exhibirles el material fílmico en cuestión, las defensas insistieron con su oposición por entender que no estaba garantizada la cadena de custodia.
Frente a ello, la señora jueza resolvió que era precisamente el marco del juicio el que iba a permitir resolver tal cuestión, y coincidió con la señora fiscal en que no se advertía afectación de garantías constitucionales.
En consecuencia, la filmación contenida en el CD fue exhibida en la audiencia al testigo Guillermo Brown, quien en las imágenes identificó su casa y su camioneta, expresando que se trataba de la misma filmación que había visto junto al personal policial que aquella noche se hizo presente en su domicilio. Resaltó que lo mismo ocurrió con el capitán Obregoso, quien reconoció las imágenes contenidas en la filmación.
III.2.b. Seguidamente, el señor juez doctor Carral -que concitó la adhesión simple de su colega el doctor Maidana-, en lo que importa, indicó que no encontraba las falencias denunciadas por las defensas en el proceso de acreditación de la prueba material cuestionada.
Especificó que "...antes de la exhibición del material fílmico en el debate, la fiscalía pudo demostrar que la noche del evento en cuestión, personal policial se constituyó en el domicilio de Guillermo Brown, distante a unos cien o doscientos metros del sitio en el que fue encontrada la víctima fallecida, y compulsó las filmaciones de las cámaras de seguridad, detectando imágenes que estimaron de interés para la investigación, en tanto se veía el paso de la camioneta donde fue hallada la víctima, y minutos después el regreso desde ese lugar de cuatro personas, algunas de ellas corriendo".
Adicionó que tanto Guillermo Brown como el capitán Obregoso dieron cuenta de tales circunstancias y que "...ambos testigos en la audiencia, identificaron las imágenes contenidas en el CD como las que vieron en la casa de Brown, la noche del 9 de septiembre de 2016".
A fin de descartar el reclamo de la defensa referente a que no se había determinado quién acercó la copia de las imágenes a la dependencia policial, apoyado en que el dueño de la casa dijo no recordar cómo se hizo el procedimiento de copia mientras que Leonardo Obregoso negó haber sido el receptor de ese material y desconoció quién de sus compañeros lo obtuvo, el revisor expresó que no quedaban dudas en cuanto al origen del material probatorio, ya que Guillermo Brown había identificado las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que el personal policial se constituyó en su domicilio, compulsó las filmaciones y obtuvo una copia de las mismas.
Aclaró que, más allá de no haber recordado las características del procedimiento técnico por el que se grabaron en un CD las imágenes captadas por su cámara de seguridad, el testigo ratificó que los funcionarios policiales obtuvieron ese material.
En esa senda, señaló que Brown fue preguntado en el debate si podía sostener que las imágenes que se le exhibieron habían sido grabadas por las cámaras de seguridad de su casa, a lo que respondió: "Sí, que es la imagen seguro" , aclarando nuevamente que no recordaba cómo se había hecho la copia, "...pero esa imagen es de ese día seguro" .
Destacó que no se habían planteado dudas sobre la credibilidad del testigo Brown, en tanto no conocía ni a la víctima ni a los acusados, ni había presenciado el hecho atribuido a estos últimos, ni tampoco se advertían motivos para dudar del compromiso del nombrado con la verdad de sus manifestaciones. Por ello, entendió que fue sincero al expresar que las imágenes que se le exhibieron en el debate eran las que captaron las cámaras de seguridad de su vivienda.
Indicó que, por su parte, el oficial Obregoso ratificó que la filmación grabada en el CD contenía las imágenes que había visto aquella noche en la vivienda de Guillermo Brown.
Sumó que tampoco surgieron inconsistencias en punto a la fidelidad del material fílmico exhibido en el debate, pues, aun cuando el testigo Brown no recordaba el contenido con precisión, sí lo hizo el capitán Obregoso, quien en la audiencia, y antes de iniciarse la reproducción del CD, recordó qué era lo que había visto aquella noche en el monitor de las cámaras de seguridad de Brown, narración que coincidió plenamente con las imágenes que luego vio y señaló ante la exhibición en el debate.
Puntualizó que Obregoso dijo que recordaba haber visto en las imágenes, "...el paso de la camioneta y luego la gente corriendo" ; que seguidamente, observando las imágenes, identificó el minuto en el que se observaba el paso de la camioneta Toyota Hilux (21:35), el minuto en el que se veía el paso de las dos primeras personas corriendo (21:37), y segundos después el paso de los dos restantes (21:39).
Mencionó que ambos testigos también coincidieron en afirmar que la calidad de las imágenes no era buena, lo cual era verificable con la compulsa del material.
En definitiva, concluyó que "...el material probatorio en cuestión contiene las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la vivienda de Guillermo Brown, que el personal policial compulsó aquella noche a las pocas horas de ocurrido el suceso, en las que se puede apreciar el paso de una camioneta Toyota Hilux, y luego el paso de cuatro personas corriendo, en sentido inverso al vehículo señalado".
Descartó las dudas de la defensa sobre la integridad del material, pues "El material grabado en el archivo identificado con el número 9206, comienza en el minuto 21:35, observándose inmediatamente el paso de la camioneta Toyota Hilux; en el minuto 21:37:45 aparecen dos personas corriendo; y segundos después (21:37:50) otras dos personas, también corriendo. Luego existe otro archivo, identificado con el número 9207, en el que las imágenes no se corresponden con el anterior, pues allí no se ven ni la camioneta Toyota Hilux ni las cuatro personas corriendo, no obstante lo cual la referencia temporal es anterior, pues va del minuto 21:25 al 21:27, con lo cual es lógico que en este archivo no se vea lo mismo que en el mencionado en el párrafo precedente. Por último, el archivo 9208 se trata de una grabación que también posee imágenes distintas, pues sólo se ve el paso de una camioneta de diferentes características a la Toyota Hilux, y en un sentido distinto al que tomó este último vehículo. Es cierto que en uno de los archivos, concretamente el 9207, se escucha una voz que parece decir 'esa es la primera' , pero de esa circunstancia no es posible inferir ninguna alteración en la integridad de las imágenes grabadas en el CD en cuestión, pues sólo se trata de un registro de audio que bien pudo haber sido captado en el momento en el que se obtuvo la copia del material audiovisual".
Por tales motivos, aseveró que el ingreso del CD en cuestión al debate como prueba material había sido correcto, respetándose el procedimiento regulado en el art. 342 inc. 5 del Código Procesal Penal, sin observarse afectación a las garantías constitucionales de los acusados.
IV. Conforme lo expuesto, se advierte que el órgano intermedio abordó las cuestiones llevadas a su conocimiento referentes a la arbitrariedad en la incorporación del CD cuestionado.
No obstante, cabe recordar, en lo que concierne a la vía intentada, que el tribunal no está obligado a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solo los que estime pertinentes para la resolución del tema (conf. causas P. 93.646, sent. de 14-VI-2006; P. 115.530, resol. de 9-IV-2014; P. 129.304, sent. de 19-IX-2018; e.o.), correspondiendo en su caso a quien recurre demostrar la incidencia que en el resultado del proceso podría haber tenido el elemento supuestamente preterido (conf. causa citada P. 129.304, sent. de 19-IX-2018 y sus citas).
Debe destacarse que la condena de los imputados no se fundó únicamente en la filmación obtenida de la cámara de seguridad referida por la defensa, sino que se tuvieron en consideración una variedad de declaraciones testimoniales como elementos de prueba.
En definitiva, si bien la defensa denunció la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, tales críticas, en rigor, se vinculan al modo en que el órgano revisor valoró la prueba y al acierto jurídico de lo decidido, todo lo cual resulta ajeno a la competencia del Tribunal en el acotado ámbito de la vía emprendida (conf. P. 124.038, sent. de 27-IX-2017; P. 126.886, sent. de 6-VI-2018; P. 130.363, sent. de 20-III-2019; e.o.).
Por otro lado, tal como lo señala el señor Procurador General en su dictamen y lo admite la propia parte, la crítica en torno a la nulidad por falta de idoneidad técnica de la recolección de videos fue llevada durante el trámite del legajo casatorio, y no así en el recurso respectivo ante el Tribunal de Casación Penal. Es decir que recién fue alegada en una etapa procesal posterior, en el marco del memorial que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal y, en consecuencia, dicho órgano jurisdiccional no estaba obligado a su tratamiento (art. 451 tercer párrafo, CPP; conf. arraigada doctrina de esta Corte, causas P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 125.891, sent. de 23-XI-2016; P. 132.304, sent. de 1-XII-2020; P. 133.697, sent. de 21-XII-2020; P. 134.740, sent. de 18-IV-2022; P. 135.567, sent. de 3-XI-2023; e.o.).
En efecto, el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del Código Procesal Penal marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término, "...el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos".
Las posteriores ocasiones procesales a las que aluden los impugnantes están contempladas para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal d
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