Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134253
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.253, "B., R. A. s/ Queja en causa n° 99.434 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de marzo de 2018 condenó a R. A. B. a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable del delito de abuso sexual simple reiterado (arts. 55 y 119 primer párrafo, Cód. Penal).
Frente a ello la defensa oficial y la señora agente fiscal presentaron sendos recursos de casación.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, por sentencia del 7 de noviembre de 2018 (legajo n° 90.466), rechazó el recurso de la defensa oficial e hizo lugar al deducido por la señora agente fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio n° 14 departamental, casó la sentencia dictada por el órgano referido a nivel de la calificación legal, condenó a R. A. B. por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante (art. 119 segundo párrafo, Cód. Penal), disponiendo el reenvío de las actuaciones para la evaluación y determinación de la pena a imponer, previa audiencia de cesura de juicio.
Reingresados los autos, y luego de celebrada la audiencia referida (v. fs. 1/4 vta.), el tribunal de juicio con fecha 17 de julio de 2019, condenó al nombrado ut supra , a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante (v. fs. 5/12).
Contra dicho decisorio, la defensa oficial interpuso recurso de casación en el que denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, ausencia de fundamentación y arbitrariedad del fallo e infracción al principio que prohíbe la doble valoración (v. fs. 16/23), el que fue rechazado por la Sala I del Tribunal de Casación Penal el 12 de diciembre de 2019, confirmando la pena impuesta (v. fs. 48/53).
En consecuencia, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 63/75 vta.), el que fue declarado inadmisible a fs. 78/81. Presentada la queja pertinente (v. fs. 94/101 vta.), fue admitida por esta Corte (v. fs. 103/106).
A fs. 114/118 dictaminó el señor Procurador General. Dictada la providencia de autos (v. fs. 120) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial denuncia arbitrariedad del fallo por incumplimiento de la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales e infracción al derecho a ser oído (arts. 1 y 18, Const. nac.; v. fs. 63 vta.).
Afirma que el tribunal intermedio casó la sentencia de mérito de manera infundada, haciendo lugar al recurso del Ministerio Público pese a que no se expresaron los motivos para considerar que las conductas que se tuvieron por acreditadas resultan -desde el plano puramente objetivo- desproporcionadas respecto de los hechos que pueden ser subsumibles en la figura básica de abuso sexual, en sus distintas gravedades, en función de los requisitos típicos del primer y segundo párrafo del art. 119 del Código Penal.
Denuncia, asimismo, infracción a los principios constitucionales de defensa en juicio, debido proceso y el sistema republicano de gobierno, dado que -según sostiene- el a quo no expuso cuál es el límite que deslinda el tipo básico del delito de abuso sexual del de gravemente ultrajante.
Señala que ello adquiere importancia por las dificultades interpretativas que existen y la posible afectación del principio de taxatividad legal que trae aparejado el tipo penal previsto en el art. 119 segundo párrafo del Código Penal en orden al concepto de "sometimiento gravemente ultrajante".
Luego de efectuar un repaso de lo decidido por el tribunal de juicio y los argumentos expuestos para aplicar la figura básica, aduce que los hechos consistieron en tocamientos en la zona de la vagina de una niña de catorce años, por encima y por debajo de la ropa, sin introducción de dedos, y que estos se repitieron en cinco ocasiones.
Rememora que al contestar la vista del recurso de casación interpuesto por la fiscalía (art. 458, CPP), la defensa adujo que la reiteración de las conductas no era suficiente para configurar el tipo agravado del art. 119 segunda parte del Código de fondo, sino que esa multiplicidad de conductas durante un considerable período de tiempo debe importar la cosificación de la víctima para constituir el ultraje grave distinto de la figura básica.
Afirma que el órgano revisor tampoco pudo diferenciar los alcances de una figura y otra, así como no especificó qué nivel de gravedad requiere la figura para encuadrarla en el tipo calificado (v. fs. 70 vta. y 71).
Con cita de doctrina aduce que el tipo agravado requiere que se produzca en la víctima un grado de humillación que va más allá de lo que normalmente se verifica con el abuso en sí o que las conductas tengan un significado similar a los requeridos por la norma, como que el acto sea realizado con trascendencia pública o ante la propia familia o que haya introducción de objetos corpóreos o inanimados en el ano o en la vagina como sucedáneos al pene, entre otros (v. fs. 71 vta./72 vta.).
Trae a colación situaciones que fueron consideradas como gravemente ultrajantes en la doctrina del Tribunal de Casación (v. fs. 72 vta. y 73).
Estima que nada de lo mencionado en esas oportunidades -tanto por la doctrina como por la jurisprudencia- se asemejan al hecho aquí ventilado por lo que la sentencia resulta arbitraria pues encuentra la sola voluntad del juez en la forma que se resolvió. Cita jurisprudencia de este Superior Tribunal y de la Corte federal sobre la temática (v. fs. 74/75 vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 114/118), el recurso no prospera.
III.1. El órgano de juicio tuvo por acreditado que "...en fecha no precisada con exactitud pero que puede fijarse en el lapso de tiempo que transcurre entre diciembre de 2013 y enero de 2014, A. A. I. [...], por entonces de 14 años de edad (nació el 13 de agosto de 1999) fue sometida a abuso sexual por parte de la (entonces) pareja de su madre en el interior del inmueble en que vivía con su progenitora [...] de Carmen de Patagones. Que estos abusos se llevaron a cabo en circunstancias de estar la víctima durmiendo en su cama, su madre ausente de la casa o bien ocupada en tareas y consistieron en tocamientos -cinco oportunidades- por arriba y por debajo de la bombacha en la zona vaginal".
Encontró a R. A. B. autor responsable del delito de abuso sexual simple reiterado (arts. 55 y 119 primer párrafo, Cód. Penal) y lo condenó a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas.
En ocasión de establecer la calificación legal, los jueces consideraron que los hechos implicaron tocamientos inverecundos propios del abuso sexual simple, descartando la subsunción legal pretendida por el acusador. Y, por mayoría, reputaron que esos hechos -en cinco oportunidades- concurrían realmente entre sí (arts. 119 primer párrafo y 55, Cód. Penal).
Ante Casación la defensa objetó la falta de debida acreditación de la materialidad ilícita y de la autoría de su asistido, en tanto se sustentaba primordialmente en la declaración de la víctima. Y, de otra parte, lo concerniente a la determinación de la pena impuesta.
La fiscalía también articuló recurso de casación objetando la calificación legal actuada a tenor de los hechos comprobados del caso, con necesaria incidencia, de prosperar, en la individualización de la pena.
III.2. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, por sentencia del 7 de noviembre de 2018, rechazó el remedio presentado por la defensa oficial e hizo lugar al deducido por la señora agente fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio n° 14 departamental, casó la sentencia dictada por el órgano referido a nivel de la calificación legal, condenó a R. A. B. por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante (art. 119 segundo párrafo, Cód. Penal), disponiendo el reenvío de las actuaciones para la evaluación y determinación de la pena a imponer, previa audiencia de cesura de juicio.
En primer lugar, abordó el recurso de la defensa, efectuó una revisión amplia del fallo de condena, tanto de los aspectos fácticos y de la prueba en función de los cuestionamientos de esa parte a la materialidad infraccionaria y la autoría responsable de B..
Seguidamente acordó con la fiscalía que la calificación legal que correspondía establecer era aquella por la cual venía intimado, ya que tanto en razón de las circunstancias de su realización como por la modalidad de su prolongación en el tiempo (en cinco oportunidades en el lapso referido) encuadraba en la de abuso sexual gravemente ultrajante del art. 119 segundo párrafo del Código Penal.
Explicó que sobre el primer extremo se comprobó que el imputado tocó la vagina de la menor A. A. I. por arriba y por debajo de la bombacha, cuando se encontraba durmiendo en su habitación. Que el nombrado era pareja de su madre y aprovechó la ausencia de la adulta o su distracción para consumar los abusos.
Coincidió con la acusación que estas conductas apreciadas objetivamente tienen una desproporción con el tipo básico del art. 119 del Código Penal y permiten concluir que implicaron una carga de degradación y humillación mayor para la víctima que la normalmente producida por un abuso sexual simple.
Resaltó que el sentenciante acreditó que la misma modalidad de tocamientos por encima y por debajo de la ropa interior, en la zona vaginal fue repetida en cinco ocasiones distintas entre diciembre de 2013 y enero de 2014, lapso en el cual se extendió la humillación y degradación que tuvo que tolerar la menor como consecuencia de las conductas desplegadas por B. sobre su cuerpo.
Con cita de doctrina, estimó verificada objetivamente la otra de las modalidades agravadas del abuso sexual contenido en el tipo penal del segundo párrafo del art. 119 del Código Penal.
III.3. Ante tal reenvío, el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Bahía Blanca le impuso a B. la pena de cuatro años y seis meses de prisión.
Frente a ello, la defensa presentó recurso de casación, que fue rechazado por la Sala I del órgano casatorio mediante decisorio del 12 de diciembre de 2019.
Para así decidir descartó la errónea aplicación del art. 41 del Código Penal en cuanto el tribunal de la instancia consideró como una pauta agravante de la sanción "...la circunstancia de que B. fuera la pareja de la madre de la menor -más allá de haber sido valorada oportunamente en la sentencia de primera instancia- propició una relación de confianza que favoreció la comisión del hecho" (fs. 50 vta. y 51).
Explicó que surge del fallo que no se ha tenido en cuenta la relación entre el acusado y la madre de la niña, en sí misma, como una pauta agravante a considerar en la pena, sino la forma en que ese vínculo fue utilizado por el imputado para generar una relación de confianza con la víctima y así llevar a cabo la conducta que se le atribuye.
También descartó la infracción al principio invocado por la defensa, que prohíbe la doble valoración.
Reseñó que de los términos del pronunciamiento dictado por esa Sala I (causa n° 90.466, de fecha 7 de noviembre de 2018), se desprende que las circunstancias que se tuvieron en cuenta para tener por comprobadas las exigencias típicas del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, no tuvieron que ver con la relación de pareja que existía entre el acusado y la madre de la víctima, sino con la modalidad de las conductas abusivas (tocamientos en la vagina de la menor, por arriba y por debajo de la bombacha, cuando se encontraba durmiendo en su habitación) y con la prolongación en el tiempo (en cinco oportunidades, entre diciembre de 2013 y enero de 2014) -ver fs. 51 y vuelta-.
Especificó que la referencia que se hizo al vínculo entre B. y la progenitora de la menor, estuvo relacionada "...con las posibilidades fácticas que le otorgó al nombrado para abordar a la niña en un ámbito de intimidad, sin que ninguna otra persona lo advirtiera" (fs. 51 vta.).
De otro lado mencionó que se valoró como otra pauta agravante de la sanción "...la superioridad física en orden a la diferencia de edad entre ambos [...], pues a la fecha de los sucesos la niña contaba con apenas catorce años frente a cincuenta y dos años del procesado, que claramente la colocó en una situación de vulnerabilidad y desprotección" (fs. 51 vta. y 52).
Consideró suficientes los argumentos esbozados para estimar tal circunstancia aumentativa de la sanción, dado que la mencionada diferencia de edad se encuentra suficientemente corroborada.
También desechó la ausencia de fundamentación en orden a la calificación legal, atento al análisis desarrollado por la señora jueza preopinante al responder a la primera cuestión planteada en la sentencia, donde revela las razones por las que descartó la existencia de un concurso material, postura que redundó en beneficio del acusado, pues dejó a un lado la aplicación de las reglas del art. 55 del Código de fondo (v. fs. 52 y vta.).
Encontró que la sanción de cuatro años y seis meses de prisión impuesta a B., que solo se eleva en seis meses por encima del mínimo legal previsto para la figura legal aplicable (monto notoriamente inferior al propuesto por la fiscalía), aparece racional respecto del injusto atribuido y, en la mensuración de aquella no se infringieron criterios de lógica y experiencia (v. fs. 52 vta.).
IV. Analizando el contenido de lo reseñado se logra apreciar que el órgano casatorio abordó los agravios planteados en oportunidad de interponer el recurso de la especialidad, y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se observa, ni la recurrente ha logrado evidenciar, la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita (art. 495, CPP).
Se advierte que el órgano revisor dio respuesta a los reclamos de la defensa, brindó las razones que lo llevaron a mantener las exigencias típicas del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, así como las aumentativas de la sanción, adoptadas en la sentencia impugnada, con debida fundamentación de lo resuelto en las constancias probatorias reunidas en autos.
La defensa intenta demostrar que la calificante de "gravemente ultrajante" de la figura de abuso sexual exige presupuestos que están ausentes en el caso.
Entonces, según los hechos que el juzgador de la instancia tuvo por acreditados, que fueran ratificados por el Tribunal de Casación, considero que este último brindó las razones que sustentaron su decisión, sin que el recurrente logre desmerecerla.
En efecto, cabe considerar que el órgano intermedio tuvo en consideración para la subsunción de la figura de abuso "gravemente ultrajante", la reiteración de los actos y la duración temporal -su prolongación entre diciembre de 2013 y enero de 2014- así como también las características mismas de los atentados contra la integridad sexual, evaluando las diferencias de edad y la vinculación entre los involucrados.
El recurrente solo expone una opinión personal divergente a la del juzgador que no plasma la concurrencia de la arbitrariedad denunciada, al no evidenciar el quiebre en el razonamiento lógico seguido por el sentenciante. Tampoco justifica que el reproche practicado contra el encausado haya sido fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia.
Es que, conforme se ha expresado en diversas oportunidades no basta la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento, en tanto la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (CSJN Fallos: 250:348). Ningún extremo se advierte en tal sentido en el fallo aquí recurrido (conf. causas P. 126.351, sent. de 28-VI-2017; P. 126.850, sent. de 19-IV-2017; e.o.).
En consecuencia, y conforme lo resuelto, tampoco se evidencia la transgresión a los principios de raigambre constitucional que el señor defensor oficial alegó vulnerados.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Ante las particularidades del caso concuerdo con el doctor Soria, sin perjuicio de otras consideraciones que exorbitarían esta decisión, y en adhesión al distinguido colega voto también por el rechazo de la impugnación traída (art. 495, CPP).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/05/2023 06:24:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:02:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2023 15:36:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2023 09:00:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2023 09:08:15 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/05/2023 11:46:47 hs. bajo el número RS-49-2023 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia