Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136004
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.004-Q, "Ochoa, Galo Jorge Luis s/ Queja en causa n° 99.800 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Maidana, Kohan.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento dictado el día 7 de mayo de 2021, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de Galo José Luis Ochoa, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que condenó al nombrado a la pena de doce años de prisión, inhabilitación para conducir vehículos automotores por el plazo de diez años, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio.
Contra lo así decidido, el defensor particular, doctor Sebastián Moriones, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. digitalmente en 26-V-2021), el cual fue declarado inadmisible por resolución del tribunal intermedio del día 24 de noviembre de 2021.
Deducida queja (v. presentación digital de 30-XI-2021), esta Suprema Corte, por resolución del día 1 de junio de 2022, admitió la vía directa, declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y lo concedió.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 17-III-2023), dictada la providencia de autos el día 21 de marzo de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el recurrente denunció —en primer lugar— la errónea aplicación del art. 79 del Código Penal e inobservancia del art. 84 bis, al haberse incurrido en un juicio de tipicidad arbitrario con fundamento en prueba inidónea para acreditar el elemento subjetivo dolo.
Afirmó que el encuadre normativo incorrecto descansa sobre la base de una interpretación irracional de las pruebas, los datos y hechos que se extraen de ellas, construyendo estándares inviables a los fines de probar la concurrencia de los aspectos cognitivo y volitivo del dolo en su forma eventual.
Expuso que de la causa surge la realización de una conducta altamente riesgosa de parte de Ochoa por una suma de graves infracciones al deber de cuidado; pero también una infracción de la víctima, al haber realizado un cruce vedado en una zona sin infraestructura vial acorde.
Señaló que no viene a cuestionar el juicio de atribución de responsabilidad de su asistido, pero sí que el tribunal intermedio no haya valorado en forma completa tanto la conducta antirreglamentaria de la víctima como las características de la zona, que —a juicio de esa defensa— alejan la configuración del dolo (cruce vedado, prioridad de paso, características viales —tipo de arteria, ausencia de senda peatonal y de cartelería de peligro—).
Citó el precedente "Aldao" de esta Suprema Corte (causa P. 107.606, sent. de 18-V-2011), y destacó la falta de fundamento en torno al conocimiento de Ochoa del riesgo que implicaba su forma de conducir. Manifestó que, a su parecer, solo está acreditada una suma de imprudencias y de su magnitud se infirió ilegalmente ese conocimiento.
También se agravió por la afirmación de que ese riesgo conocido se concretó cuando pudo ver al damnificado frente a él y lo arrolló sin articular ninguna alternativa tendiente a evitarlo.
Sostuvo que el baremo —empleado por el tribunal revisor— de la "evitabilidad" a partir de la comparación con la conducta debida es un criterio de imputación culposo.
Destacó que la Casación hizo referencia a que Ochoa se marchó del lugar de los hechos una vez acaecido el choque, pero no consideró que luego del impacto redujo su velocidad y si bien se fue, luego volvió por el carril contrario y preguntó cómo estaba el joven, refiriendo: "qué boludo cómo se cruzó"; circunstancia que estaría indicando directamente el estado de psiquis previo de Ochoa, que indudablemente consideró inesperado el cruce, más allá de que podría haberlo previsto mediante un obrar diligente.
Por último, entendió que la forma inadecuada en que se construyó el estándar probatorio llevó al abandono de la figura del homicidio imprudente, en cuyas prescripciones —a su entender— encuadra la conducta de Ochoa; y que —a todo evento— tampoco pudo superarse la duda en la determinación del estado de psiquis del autor.
I.2. De modo subsidiario, sostuvo que en el caso se convalidó en forma ilegal el proceso de mensura de la pena, por haberse computado como agravante, dentro de la extensión del daño causado, los padecimientos morales y psicológicos de la familia de la víctima. También, porque se omitió de modo arbitrario valorar como atenuante el aporte de la conducta del damnificado; todo lo cual implicó —en su parecer— una errónea aplicación del art. 41 del Código Penal.
Adujo que la ponderación de la mencionada pauta agravante vulneró el principio de culpabilidad, porque las agravantes deben reflejar un grado de afectación del bien jurídico, y en el caso del homicidio el grado de afectación es total, de modo que la realización del resultado muerte agota el tópico de extensión del daño causado. En sustento de su postura, citó doctrina de autor.
Sumó a eso que la consideración del daño moral y psicológico de la familia de la víctima responde a criterios indemnizatorios del ámbito del derecho civil, extrapenales, y no dominables para el autor, que los desconoce.
Con respecto a la segunda crítica, esto es, la omisión de valorar como atenuante la incidencia de la conducta de la víctima, que cruzó por un lugar vedado, en zona sin infraestructura vial acorde ni señalización de tránsito peatonal, los señores jueces de casación consideraron que, dado que la autopuesta en peligro no había sido planteada como atenuante de manera oportuna, no era obligatorio su tratamiento en primera instancia y menos aún en ese tribunal revisor. A ello el recurrente replica que ese extremo fue centro de la defensa; y que, además, en virtud de la garantía de la reformatio in melius (art. 435, CPP), la Casación debió optar por mejorar la situación del imputado en cuanto al monto de pena impuesto.
Como consecuencia de los planteos desarrollados, consideró vulneradas las garantías del debido proceso, defensa en juicio e in dubio pro reo , como derivación de la presunción de inocencia, así como también el principio de culpabilidad.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso de inaplicabilidad de ley. Coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso no procede.
III.1. El tribunal de juicio, a través de la sentencia dictada el día 22 de agosto de 2019, tuvo por debidamente acreditado que en la ciudad de Bahía Blanca "...el día 1 de enero del 2018, aproximadamente a las 3:30 horas, en la Avenida Alfonsín, intersección con calle Milún, tratándose de zona urbana, una persona que conducía un vehículo marca Subaru modelo Impreza, dominio GZX 961, a una velocidad aproximada a los 122 kilómetros por hora y bajo los efectos del alcohol (a las 4:45 horas tenía 1,97 gramos por litro de sangre), impactó con la parte delantera lado izquierdo sector del conductor al joven Matías Streitenberger, quien se encontraba cruzando la arteria desde el barrio Patagonia hacia la calle de ingreso al barrio Patagonia Norte, provocándole lesiones de tal gravedad que determinaron su muerte de forma inmediata".
A modo de resumen, sostuvo que "...de toda la prueba colectada se ha podido establecer que el lugar del hecho se trata de zona urbana de [la] ciudad de Bahía Blanca, que la Avenida Alfonsín tiene por velocidad máxima la de 60 kilómetros por hora, que existen carteles que indican esa velocidad, que existe control de velocidad por radar de vigilancia [...] que se encuentra en la zona del hecho, lo cual está advertido con la cartelería correspondiente sobre la arteria Alfonsín con anterioridad a ese lugar, que sobre la avenida hay encrucijadas con algunas calles e intersección con otras, como es el caso de calle Milún, donde se produjo el hecho; que existen reductores de velocidad previo a la encrucijada de calle Alfonsín con Tres Sargentos; que la víctima Matías Streitenberger cruzaba calle Alfonsín en su intersección con calle Milún por la zona donde habitualmente cruzan del barrio Patagonia al barrio Patagonia Norte los que se comunican entre esos barrios por ser el paso habitual al tratarse de la calle de ingreso al barrio Patagonia Norte; que Matías no había ingerido alcohol ni consumido estupefacientes; que era de noche pero en el lugar existe iluminación artificial suficiente; que una persona que estaba alcoholizada fue echada de una fiesta en La Diana por causar disturbios; que esa persona condujo un vehículo marca Subaru realizando una maniobra de frenado abrupto y de derrape en cercanías de calle Bermúdez y Saliqueló; que se presentó alcoholizado en un comercio de la estación de servicio ubicada en el acceso al supermercado al cual se ingresa por calle Sarmiento, realizó unas compras y al retirarse conduciendo el Subaru se detuvo ante la luz roja del semáforo que le daba acceso a la Avenida Sarmiento; que condujo el vehículo Subaru, el cual no tenía al menos una de sus luces traseras en condiciones, por calle Alfonsín en dirección a calle 14 de Julio a elevada velocidad, pasando la encrucijada con calle Tres Sargentos a una velocidad de 122 kilómetros por hora, habiendo pasado previamente a elevada velocidad y en aceleración a dos vehículos por la mano derecha de circulación, sin disminuir la velocidad al pasar por los reductores ubicados antes del cruce con calle Tres Sargentos y ante la presencia de un vehículo que estaba en la dársena de giro para cruzar hacia el barrio Patagonia; que existen dos carteles en el trayecto recorrido por el automotor que indican radar vigila y otro que indica la velocidad máxima en 60 kilómetros por hora; que al momento de conducir el vehículo se encontraba alcoholizado, al haberse constatado a las 4:45 horas que tenía 1,97 gramos [de alcohol] por litro de sangre; que había tenido inconvenientes de adicciones al alcohol y a la cocaína con anterioridad, habiéndose sometido a tratamientos médicos; que se trataba el conductor de un sujeto con experiencia de vida, de 41 años de edad, quien conducía automotores desde hacía tiempo, al menos desde el año 2014, cuando se le labró una infracción de tránsito por conducir bajo los efectos del alcohol, quien vivía en esta ciudad de Bahía Blanca; que impactó con el frente izquierdo, óptica y capot y parabrisas sector izquierdo y parante del mismo lugar al joven Matías Streitenberger ocasionándole la muerte; que no realizó maniobra de frenado previa ni posterior al impacto, habiendo sido detenido al transitar por la mano contraria de circulación por personal policial, aproximadamente a unos 10 minutos del hecho".
En el apartado de las atenuantes y agravantes, consideró en el primer grupo la ausencia de antecedentes penales del imputado; mientras que en el segundo grupo valoró la extensión del daño causado a la familia de la víctima por la pérdida de uno de sus integrantes —un joven que recién comenzaba a transitar su mayoría de edad—, que dejó a su madre y a su hermano con estrés postraumático y secuelas psicológicas, así como la falta de predisposición de Ochoa para respetar las normas de tránsito y el desprecio por la vida de toda persona que pudiese haberse cruzado en su camino.
En cuanto a la calificación legal, consideró que el suceso debía encuadrarse en el art. 79 del Código Penal.
En lo que interesa para el caso, el tribunal del juicio señaló al respecto que "...no cualquier hecho en el que se encuentre involucrada la conducta de conducción de un automotor, incurriendo el ejecutor en algún tipo de infracción a la normativa de tránsito y a las reglas del debido comportamiento en la circulación vehicular, lleva a la comprensión como dolosa de la conducta. Así, una persona puede ir conduciendo en exceso de velocidad o habiendo consumido bebidas alcohólicas -incluso por encima del límite permitido-, o cometiendo otro tipo de falta menor como es el ir hablando por teléfono celular, y pensar, creer y estar en condiciones de evitar una colisión, no obstante que luego no lo logre y entonces deba ser juzgado y condenado en su caso por la comisión culposa de un resultado, estando esta situación contemplada por el legislador en el artículo 84 bis del Código Penal (se prevé como agravante del hecho más de un gramo de alcohol en sangre o un exceso en la velocidad permitida superior a 30 kilómetros); pero distinto es el caso en que la situación del sujeto conductor, por todos los componentes de su conducta, resulta imposible sostener mínimamente siquiera que la persona pueda haber considerado la posibilidad de evitar el acaecimiento del hecho si esta circunstancia se presentaba.
Cuando se demuestra, a partir de la prueba colectada, que la persona tenía conocimiento de la posibilidad del resultado y de que no estaría en condiciones de evitarlo, más allá de que su deseo pudo haber sido que la situación no se presentase, estamos ante lo que la doctrina denomina dolo eventual"; destacó que "...la velocidad elevada a la que circulaba [Ochoa] (122 kilómetros por hora), su estado de alcoholismo (1,97 gramos [de alcohol] por litro de sangre), la situación de nocturnidad que disminuye la visión, la forma desaprensiva de conducción, violando reiteradamente las normas de tránsito y las reglas de comportamiento, esto es, frenada con derrape, traspaso por la derecha de dos vehículos, no disminución de velocidad ante una encrucijada, no acatamiento de las señales, su experiencia de vida, llevan a sostener que el sujeto tuvo pleno conocimiento del posible resultado si una circunstancia particular se producía y que también sabía que, de presentarse, se encontraba imposibilitado de poder obrar de una forma distinta a como lo hizo y así poder evitar eventualmente el acaecimiento del hecho.
La única posibilidad que existía para que el resultado no aconteciese era que la víctima no cruzase, dado que todas las condiciones que podía poner para que eso pasara, Ochoa las introdujo; entonces, la situación se presentó y el hecho lamentablemente se consumó".
En respuesta a los planteos de la defensa, que postuló que no había nada que indicase que se debiera reducir la velocidad en la intersección con calle Milún, o algo que estableciese que se debía ceder el paso, el tribunal sostuvo que ello no era correcto: "...los carteles están antes, la máxima es 60 k[m]/h, los reductores de velocidad están antes, l[a]s alertas de radar vigila también están antes, y las normas de tránsito y las prácticas debidas en un manejo seguro indican que se debe frenar al llegar a una intersección, se debe disminuir la velocidad en zonas urbanas, se debe obrar respetando las normas de tránsito y en condiciones de poder hacerlo".
Añadió a lo anterior que si bien había quedado evidenciada la falta de infraestructura vial (la ausencia de demarcación de senda peatonal y de carteles que la indiquen), como así también que el vehículo del acusado no estaba totalmente en condiciones (no tenía sus luces traseras en debida forma de funcionamiento), no fueron estos los factores que llevaron al hecho, sino solamente el factor humano puesto por el acusado, quien aportó las condiciones necesarias para que el mismo aconteciera. "Su estado de alcoholismo fue voluntario, su velocidad de circulación fue la por él escogida, el no recapacitar y reflexionar ante las advertencias que sí tuvo de carteles, de reductores de velocidad en el asfalto, como así también, de la circunstancia de haber tenido que pasar a vehículos por la mano derecha —que circulaban a la velocidad permitida—, como también, de la situación que no le influyó de la existencia de un vehículo parado con el guiño puesto para cruzar sobre la arteria por la que él circulaba, fueron todas situaciones que permiten afirmar que su conocimiento se actualizó y, no obstante ello, siguió obrando como él quería, y, de esa forma, continuó en esa situación de imposibilidad de ajustar su conducta a la forma debida de poder evitar el hecho, y el resultado letal que concretó".
El tribunal concluyó el tratamiento de la cuestión afirmando que "El acusado no pudo hacer nada, pero no por culpa de la víctima, sino por su situación, porque él decidió colocarse en esa imposibilidad de obrar de otra forma para evitar el resultado que le era conocido como posible al adoptar su decisión y ejecutar su acción, dejando el dominio de la causalidad al azar. No existió error sobre sus posibilidades de evitar el resultado, sabía que no podía evitarlo y lamentablemente se presentó la situación generada por su conducta".
Por todo ello, el tribunal del juicio entendió que Ochoa obró con dolo eventual y que debía responder por el delito de homicidio (art. 79, Cód. Penal).
III.2.a. En respuesta a análogos planteos a los aquí traídos, el Tribunal de Casación Penal comenzó dando tratamiento a la pretensión recalificatoria llevada por la defensa en los términos del art. 84 bis del Código Penal; sobre ello señaló particularmente que el sentenciante de origen había efectuado una determinación del contenido de la norma que la acusación pública pretendió aplicable, fijando tanto los requerimientos de índole objetiva como las exigencias subjetivas de la infracción, que fueron conectados con las circunstancias del hecho que tuvo por probado, concluyendo que "...la conducta asumida por Ochoa está comprendida en el texto de la disposición del artículo 79 del Código Penal, desestimando así la subsunción postulada por el recurrente".
Comenzó por indicar que las objeciones de la parte se centraron en el dolo homicida en la conducta del imputado, en tanto —según la defensa— la muerte solo podía imputarse a título de culpa; con ese piso de marcha, el Tribunal de Casación afirmó que no se encontraba en discusión —por ende— que Ochoa haya sido el que dio muerte a la víctima.
Sentado ello, consideró que la estructuración del tipo subjetivo de la figura de homicidio doloso elegida por el tribunal de juicio descansaba sobre una razonable consideración de las circunstancias contextuales del hecho y de los elementos de prueba incorporados al proceso; indicó que "...el contenido del tipo subjetivo ha sido inferido por medio de prueba de naturaleza indirecta a partir de aquellos indicios que surgieron de la forma exterior del comportamiento y de las circunstancias que rodearon su realización, de los informes periciales pertinentes, de los testimonios de quienes apreciaron la actuación del imputado en el caso; todos medios de prueba que se mostraron pertinentes y útiles"; y que al contrario de lo sostenido por el impugnante "...las circunstancias previas y concomitantes al hecho enjuiciado, afaman que -en el aspecto subjetivo- Ochoa puso en acto una conducta que, no sólo era extremadamente riesgosa, sino que incluyó en su representación que no era improbable la causación de la muerte de la víctima, y pese a ello, procedió indiferente en su hacer, el cual tampoco incluyó ningún [...] contrafáctico que excluyera -al menos en su representación- dicho resultado".
A juicio del tribunal revisor, los elementos de convicción evaluados en el fallo sustentaron adecuadamente la conclusión a la que se llegó, pues demostraron que "...el encartado era consciente de la existencia de un peligro de que se realice el tipo de homicidio, esto es que no sólo conoció los datos configuradores del incremento del riesgo muy por encima de lo tolerado en la
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.