Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135038
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.038, "M., M.. Queja en causa n° 99.925 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan, Soria, Torres.
De las presentes actuaciones como de las constancias digitalizadas obrantes en el sistema informático Augusta, se desprende que la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de julio de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul con sede en Tandil que procedió a unificar condenas y, en consecuencia, dictó la pena única de siete años y nueve meses de prisión, un mil pesos de multa y accesorias legales respecto de M. M., comprensiva de las siguientes condenas dictadas: a) En la causa n° 1.752 del tribunal último citado, pronunciada el día 10 de marzo de 2014, por la cual se le impuso la pena de siete años de prisión y accesorias legales, en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal cometido entre la noche del 1 y la madrugada del 2 de mayo de 2011; y b) En la causa n° 4.116/2.973 del Juzgado Correccional n° 1 del Departamento Judicial de Azul con asiento en Tandil, emitida el 23 de junio de 2015, en la cual se le impuso la pena de diez meses de prisión y un mil pesos de multa, por el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil, hecho cometido el 20 de mayo de 2010 -conforme arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55 y 58 del Código Penal- (v. archivo adjunto en oficio de notificación de 21 de diciembre de 2021 obrante en el sistema informático Augusta).
Contra ello, el señor defensor oficial adjunto ante esa instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado inadmisible por resolución del tribunal intermedio de 8 de marzo de 2021 (v. archivo adjunto cit.).
Frente a esa decisión, la defensa articuló recurso de queja (v. fs. 1/6, trámites del sistema informático Augusta), la que fue admitida por esta Corte por resolución de 6 de diciembre de 2021 (registrada bajo el n° RR-15032021), declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y lo concedió al solo fin de abordar los agravios de pretensa índole federal deducidos por la parte que allí se mencionan (v. fs. 11/14).
Oído el señor Procurador General (v. 26/29 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 31) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Genoud dijo:
I. Contra la sentencia que fuera reseñada en los antecedentes, el señor defensor oficial ante esa instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual denunció que la sentencia recurrida resultó arbitraria, pues se basó en afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentación de los pronunciamientos judiciales, de conformidad con la doctrina legal tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de este Tribunal y estimó también que lo resuelto vulneró el derecho al recurso, la defensa en juicio -derecho a ser oído- y el debido proceso legal -conforme arts. 18, 33, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 168 y 171 de la Constitución provincial-. Finalmente, calificó de aparente la revisión de la sentencia de condena en cuanto a la determinación de la pena única establecida.
Cuestionó que el tribunal revisor se avocara solo a tratar de modo aparente la cuestión relativa a la validez de la construcción de la resolución del tribunal de origen sobre la unificación de condenas y sus fundamentos, restringiendo la capacidad de rendimiento del recurso contra la sentencia unificadora, y agregó que el fallo recurrido incurrió en afirmaciones dogmáticas y superficiales al desplegar su labor revisora respecto de las diversas cuestiones que le habían sido sometidas a su conocimiento en el recurso casatorio, dando una respuesta de pura forma que no se condice con las pautas previstas en el art. 106 del Código Procesal Penal, en relación con lo normado por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
Refirió que la falta de oportuna unificación por parte de las autoridades estatales no puede serle reprochada a su defendido M., menos aún con las consecuencias desfavorables que dicho actuar conlleva para este, de tal forma que al considerarse vigentes las penas impuestas anteriormente y vencidas todas ellas, se pretenden ejecutar penas que en modo alguno podrían ser ejecutadas, a su juicio.
Afirmó que lo expuesto intenta demostrar -en el caso- que no puede "reelaborarse" una condena en la parte que ya se cumplió, ya que naturalmente desconocería el infranqueable límite metafísico humano aludido y que, en función del principio pro homine , al encontrarse agotadas las consecuencias penales que derivan de la aplicación de una medida de coerción material, se conjugan de la forma más punitiva -tal como se ha cristalizado en el supuesto de autos- mediante la confirmación por la Casación de la unificación cuestionada.
Reiteró, con apoyo en diversos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el órgano revisor dictó una sentencia arbitraria por indebida fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa, al utilizar afirmaciones doctrinales sin apreciación particular de los agravios planteados, afectando el debido proceso y la defensa en juicio -art. 18 de la Constitución nacional-, al desentenderse de los contenidos de los agravios formulados y sin dar a esos fundamentos centrales ninguna respuesta plausible.
Por todo lo expuesto, solicitó a esta Corte que anule el decisorio impugnado al haber transformado la etapa casatoria en un tránsito meramente aparente con menoscabo de las garantías constitucionales y convencionales que citó en su reclamo y case la sentencia en los términos contenidos en la presentación en abordaje.
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso interpuesto deber ser rechazado (v. dictamen de fs. 26/29 vta.).
III. Liminarmente, cabe destacar que de conformidad con lo resuelto por esta Suprema Corte (v. fs. 11/14 -conf. resol. de 6-XII-2021, cit. en los antecedentes-), el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue concedido a los efectos de abordar los motivos de agravio de índole federal referidos a: la revisión aparente del fallo cuestionado -conforme arts. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- vinculada con las garantías de defensa en juicio, debido proceso, doble conforme y derecho al recurso, así como la denuncia de arbitrariedad; por lo que en dicho marco será abordado y tratado el recurso en trato.
III.1. De las actuaciones digitalizadas existentes en el sistema informático Augusta, surge que el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul con sede en Tandil, a través del pronunciamiento dictado el 6 de agosto de 2019, procedió a unificar condenas dictando la pena única de siete años y nueve meses de prisión, un mil pesos de multa y accesorias legales, con relación a M. M., comprensiva de las siguientes condenas dictadas en: a) La causa n° 1.752 del citado tribunal pronunciada el día 10 de marzo de 2014, por la cual se le impuso la pena de siete años de prisión y accesorias legales, en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal cometido entre la noche del 1 y la madrugada del 2 de mayo de 2011 en Tandil, esta sentencia fue confirmada por la Sala V del Tribunal de Casación Penal con fecha 25 de junio de 2015, adquiriendo firmeza el día 14 de marzo de 2019 y b) La causa n° 4.116/2.973 del Juzgado Correccional n° 1 de Tandil, pronunciada el 23 de junio de 2015, en la cual se le impuso la pena de diez meses de prisión y un mil pesos de multa, por el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, hecho cometido el 20 de mayo de 2010, la cual adquirió firmeza el día 18 de abril de 2016.
Indicó, en respuesta a la cuestión formulada en torno a si resultaba procedente la unificación de penas, que "Se da en autos el supuesto en que, dictada una sentencia condenatoria por un hecho determinado -causa n° 1752-, luego se dicta otra sentencia condenatoria por parte de otro Juzgado -causa N° 4116/2973-, al mismo imputado y por otro hecho de fecha anterior al primer pronunciamiento". A su vez, en contestación al planteo de la defensa por el que había manifestado su oposición a la procedencia de la unificación, el mencionado tribunal expresó que "...en los casos en los que se pretenda unificar sea una condena que se encuentra vencida, es excepcionalmente procedente cuando existe un interés legítimo en su realización o si la misma fuese necesaria [...]. Precisamente ese es el supuesto que se da en el presente, atento el legítimo interés planteado por el Agente Fiscal dado la imposibilidad de computar el tiempo de detención de la causa n° 4116/2973 en forma independiente de la causa n° 1752, lo contrario sería quebrantar la finalidad de cada una de las sanciones aplicadas oportunamente".
Expresó, con apoyo en doctrina judicial que mencionó en su fallo, que "...el segundo supuesto del art. 58 del Código Penal -que prevé el dictado de sentencia única cuando se hubiesen pronunciado dos o más sentencias firmes sin observar las reglas del concurso de delitos- requiere el pedido de alguna de las partes que tenga interés legítimo para ello o cuando la unificación resulte necesaria, sin que exista distinción respecto de si puede realizarlo el Ministerio Público Fiscal o [...] la Defensa".
Concluyó, de tal modo, que a los fines de mensurar la pena a imponer en el caso debía aplicarse lo previsto en el art. 58, primer párrafo, segunda parte, del Código Penal, tenerse presentes las reglas del concurso real de delitos previstas en el art. 55 del citado Código sustantivo y ponderarse las mismas circunstancias atenuantes y agravantes que habían sido tenidas en cuenta por los magistrados intervinientes en cada uno de los respectivos procesos que fueron objeto de unificación de condenas. Por todo ello, estableció que la pena -única- apropiada a aplicar en el presente caso al imputado M. era la de siete años y nueve meses de prisión, conforme se reseñó en los antecedentes de la presente.
III.2. Contra ello, la defensa oficial dedujo recurso de casación a través del cual denunció la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal.
Como argumentación central, sostuvo que la pena oportunamente impuesta al encausado en su oportunidad por el Juzgado en lo Correccional n° 1 de Tandil (causa n° 4.116/2.973, cit.) se encontraba vencida y agotada al momento en que la restante condena adquirió firmeza (causa n° 1.752, cit.) y que la manda del aludido art. 58 fue instituido únicamente para situaciones que benefician al imputado, careciendo -por ende- de legitimidad en el caso.
Coligió, en función de tales antecedentes, que el interés del Estado en la obtención de una única sentencia unificadora no es tal, en la medida que carece de legitimidad y fundamentación suficiente, razón por la cual ese fallo unificador deviene -a su modo de ver- improcedente.
III.3. El Tribunal de Casación rechazó, a su turno, el recurso de la especialidad promovido por la defensa técnica y convalidó la decisión recurrida.
Aclaró, en primer lugar, a través del sufragio del juez ponente doctor Mancini -que concitó la adhesión simple del doctor Kohan- que lo debatido en el caso se trataba de un supuesto de unificación de condenas, puesto que se había configurado una violación a las reglas del concurso real, toda vez que a la fecha de dictarse la primera de las sentencias condenatorias, esto es la del 10 de marzo de 2014 en el marco de la citada causa n° 1.752, ambos hechos ya se habían cometido conforme el siguiente detalle: "...a) el abuso sexual con acceso carnal, producido entre la noche del día primero a la madrugada del dos de mayo de 2011, juzgado en la causa nro. 1752 del A Quo; [y] b) la tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización legal, cometida el día 20 de mayo de 2010, juzgada en la causa nro. 4116/2973 del Juzgado en lo Correccional nro. 1 de Tandil" (v. sent. casatoria -segunda cuestión planteada-).
Indicó que el tribunal de grado había fundado la unificación -amén de la efectiva violación de las reglas del concurso real-, en la existencia de un interés legítimo, al exponer que "...ese es el supuesto que se da en el presente, atento al legítimo interés planteado por el Agente Fiscal dado la imposibilidad de computar el tiempo de detención de la causa nro. 4116/2973 en forma independiente de la causa nro. 1752, lo contrario sería quebrantar la finalidad de cada una de las sanciones aplicadas oportunamente".
Destacó que "...no surge, ni de la sentencia de unificación ni del recurso, cuándo es que se habría producido el vencimiento de la pena impuesta por el Juzgado en lo Correccional nro. 1 de Tandil, lo cual hace a la esencia del planteo formulado en la impugnación, pues es la base de su queja. No obstante y por fuera de ello aun cuando aquella se encuentre vencida, de todas maneras procede la unificación de condenas, pues se ha producido una violación de las reglas del concurso real de delitos, al haberse juzgado los hechos en pronunciamientos diferenciados, por cuestiones puramente procesales; en el caso, la distinta competencia de los organismos intervinientes en ambos hechos, pero ambos delitos ya se habían cometido al tiempo del dictado de la primera sentencia".
Sostuvo, en concreto, que "...la unificación de condenas congloba aquéllos supuestos en que al momento de pronunciarse una sentencia condenatoria, se hallaba subsistente una imputación penal por otro hecho que no fue incluido en el pronunciamiento y que, por cuestiones procesales, fue decidido en el marco de otro proceso, pero sobre el cual hubiera correspondido el dictado de una única sentencia con aplicación de las reglas del concurso real. Se trata del segundo supuesto previsto por el art. 58 del Código Penal, esto es ' cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación' de las reglas del concurso" -la cursiva está presente en el original-.
Concluyó, en respuesta al planteo de la defensa, que "...al tratarse de un supuesto de concurso real, la condena única es obligatoria en el caso, aun cuando la pena impuesta por alguno de los delitos se haya cumplido antes del juzgamiento del otro, ya que se configura el concurso real desde que se comete el segundo delito y no desde que se pronuncia la segunda sentencia", motivo por el cual sostuvo que "Dicha unificación importa jurídicamente la desaparición de las sanciones que dan base a la respuesta punitiva única. En otras palabras, en el procedimiento de unificación contemplado en el artículo 58 del Código Penal, la cosa juzgada cede rigurosamente sólo en lo necesario para acceder a la construcción de una pena única, en el caso de autos, ante la violación de las reglas del concurso real producida por haberse juzgado los hechos en pronunciamientos diferentes, por cuestiones puramente procesales".
IV.1. De las constancias que han sido transcriptas en el acápite precedente emerge que el temperamento adoptado por la Sala V del Tribunal de Casación Penal, en respuesta al agravio que le fuera oportunamente llevado a su conocimiento por la parte, se encuentra en sintonía con la doctrina de esta Corte en cuanto tiene dicho que la norma del art. 58 del Código Penal prevé dos supuestos en los que corresponde la unificación de penas (conf. doctr. causa P. 130.344, sent. de 24-X-2018; e.o.):
1. "Cuando '...después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto' (parágrafo 1, 1ª parte, 1ª disposición)".
2. "Si se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación a las reglas de los arts. 55, 56 y 57 del Código Penal (parágrafo 1, 1ª parte, 2ª disposición)".
Esta segunda disposición, que rige la situación de autos, capta un supuesto de violación a las reglas del concurso lo que amerita se ultrapase la autoridad de una sentencia firme para que puedan reunirse ambas en un solo fallo, salvándose los principios que gobiernan la acumulación de las penas y los inconvenientes derivados del cómputo de la prisión preventiva, cuando se hubieren seguido simultáneamente, por separado, dos procesos distintos.
La aplicación de ese precepto no requiere que el encausado esté cumpliendo pena, ni interesa a los fines que se persiguen, que la misma se encuentre extinguida o compurgada. Tal la doctrina legal imperante sobre la materia, igualmente invocada en las instancias anteriores al momento de resolver sobre el tópico con mención del criterio emergente de la causa P. 101.359, sentencia de 15-VI-2011 de esta Suprema Corte -ver, en tal sentido, sentencia del tribunal originario que dictó la unificación de condenas, segunda cuestión, confirmada por la Casación- (conf. doctr. causas P. 101.359, cit.; P. 117.966, sent. de 4-VI-2014; P. 130.344, cit.; P. 130.957, sent. de 13-IX-2019; e.o.).
IV.2. De este modo, lo resuelto por el órgano intermedio en concordancia con la doctrina de esta Corte, impide tener por configurada la arbitrariedad atribuida al fallo por indebida fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa y de precedentes de la Corte federal, toda vez que el recurrente insiste con su postura personal y contraria a lo decidido, sin rebatir adecuadamente los argumentos dados por parte del tribunal a quo para confirmar la procedencia del procedimiento unificatorio dispuesto en el caso bajo estudio (art. 495, CPP).
Por otra parte, se aprecia que el tribunal revisor agotó su capacidad revisora, sin que pueda afirmarse -como alegó el señor defensor oficial en su reclamo- que se hayan transgredido los arts. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda vez que no reparó en lo resuelto por el juzgador e insistió con su criterio discrepante, mecanismo inidóneo de disenso, ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, cit.).
En efecto, de lo expuesto podemos advertir que el tribunal revisor abordó los agravios llevados por la defensa oficial y brindó los fundamentos por los cuales debía rechazarse el recurso de la especialidad interpuesto y confirmase la sentencia unificadora. No se aprecia, en ese contexto, que la Casación hubiese actuado en violación a las garantías de defensa en juicio -derecho a ser oído-, debido proceso legal, doble conforme y derecho al recurso aducida por la parte.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a la solución que propicia mi colega el doctor Genoud. En los términos en los cuales quedó abierta la competencia de esta Corte, la parte no demuestra la concreción de los agravios federales (arbitrariedad por incurrir en afirmaciones dogmáticas; infracción al derecho al recurso, defensa en juicio -derecho a ser oído- y debido proceso legal) reprochados al fallo casatorio que ratificó la unificación de las condenas que fuera dispuesta en la instancia.
II. Pues, en efecto, el tribunal intermedio rechazó el recurso de casación presentado por la defensa del condenado M.. En esa impugnación la defensa oficial pretendía que se dejara sin efecto la condena unificada en siete años y nueve meses de prisión
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.