Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135342
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.342, "Ledesma, Jeremías Daniel s/ Queja en causa n° 99.933 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, el día 16 de agosto de 2019, condenó a Jeremías Daniel Ledesma a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidente, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y homicidio criminis causae, en concurso real entre sí (según documentos digitalizados en el sistema Augusta).
A su turno, la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 12 de mayo de 2020, rechazó el recurso de la especialidad. Frente a dicha decisión, el señor defensor adjunto ante aquel Tribunal –doctor José María Hernández- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio, lo que motivó la articulación del recurso de queja por la defensa (v. fs. 1/6).
Esta Corte, con fecha 16 de diciembre de 2021, admitió la queja y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 8/10 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 23/28 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 30) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denunció la arbitrariedad de la sentencia por indebida fundamentación, afectando la defensa en juicio, el debido proceso legal, los principios de inocencia e in dubio pro reo y el derecho al recurso (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP y 168 y 171, Const. prov.).
Asimismo, aludió a una revisión aparente de la sentencia de condena respecto del tratamiento de los agravios relativos a la acreditación de la autoría penalmente responsable y a la calificación legal.
Por un lado, sostuvo que los antecedentes del caso revelaban que la decisión recurrida acerca de la autoría responsable de su asistido en el hecho constituyó un tránsito aparente por la instancia intermedia que vulneró la garantía del doble conforme.
Alegó que el órgano revisor se limitó a reproducir y reeditar la valoración del fallo de condena. Consideró que, a fin de arribar a la ratificación del veredicto condenatorio puesto en crisis, la Casación hizo especial hincapié en los fragmentos referidos a la valoración probatoria realizada por los jueces de origen relativos a la coincidencia fisonómica entre el individuo que llegó al domicilio de la víctima a bordo de una motocicleta -y que fue captado en la filmación de un video de seguridad domiciliario- y su defendido, quien resultó ser el legítimo propietario del rodado en el que los victimarios arribaron al domicilio de Bonfiglio.
Expresó que su antecesora había llevado a conocimiento del órgano de casación que las imágenes captadas por la cámara de seguridad domiciliaria de Diego Martín Rolfi Berón no eran lo suficientemente nítidas como para sostener válidamente que se tratara del mismo individuo. Destacó asimismo que los efectivos policiales también basaron su señalamiento de cargo contra Ledesma por esas imágenes, pero cotejándolas con la percepción visual de su defendido cuando tiempo antes había ido a retirar su motovehículo secuestrado en la dependencia policial.
Mencionó que, al momento del hecho, Ledesma se encontraba en un lugar diferente. Sin embargo, aseguró que, frente a tales concretas denuncias, la convalidación del veredicto de culpabilidad se centró en la supuesta ineficacia de la versión exculpatoria del imputado por resultar infantil, destacando las mendacidades en las que habría incurrido; pero omitió, en cambio, cualquier tipo de consideración respecto a la mala calidad y falta de exactitud de las imágenes denunciadas cuanto menos como poco eficaces para identificar a Ledesma como el autor de los hechos reprochados.
Expresó que el Tribunal de Casación se desentendió de que las imágenes de la cámara de seguridad personal de un oficial de policía y vecino de la víctima (Rolfi Berón) fueron las fundantes de la imputación contra su defendido.
Por todo lo expuesto, afirmó que la Casación no cumplió con su tarea verificadora, pues no se advierte el juicio ni el examen del mérito de la prueba valorada para arribar a la convicción que determina la decisión convalidada por el tribunal intermedio, al menos no de una manera razonable; todo lo cual –según su criterio- pone en crisis los principios constitucionales de inocencia, defensa en juicio y debido proceso, evidenciándose asimismo la arbitrariedad del pronunciamiento por ausencia de fundamentación suficiente.
En tales condiciones, afirmó que el Tribunal de Alzada frustró la doble instancia, insistiendo en que el tránsito por esa instancia resultó meramente aparente; y ello resultó en el dictado de una sentencia arbitraria, al utilizar afirmaciones doctrinales y apartarse de las constancias de la causa, ocasionando ello la afectación del debido proceso y la defensa en juicio prevista en el art. 18 de la Constitución nacional.
Por otro lado, el impugnante también cuestionó la ratificación del encuadre legal del hecho. Adujo que se convalidó la aplicación de la figura del homicidio criminis causae prácticamente sin atender a los motivos particulares de la causa y las razones explicitadas en el recurso de casación.
Recordó que se había señalado la necesidad de mutar la calificación legal hacia la figura de homicidio simple por aplicación del principio de máxima taxatividad legal interpretativa, y porque no había quedado acreditado que los sujetos activos hubieran concurrido al lugar del hecho con fines de robo. Entendió que en el escenario del evento no hubo la concurrencia de dos delitos.
Enfatizó que ni en el veredicto condenatorio ni en la sentencia de segunda instancia se pudo sostener cuál fue concretamente la "...acción enderezada a ingresar al domicilio de Bonfiglio con fines de robo", cuando, en verdad, prácticamente convocaron a la víctima afuera de su morada.
De tal modo, afirmó que la sentencia condenatoria no anunciaba siquiera genéricamente la conducta presuntamente desarrollada por Ledesma que demostraba su voluntad de desapoderamiento, por lo que se verificaba un apartamiento de las constancias de la causa.
Finalmente, consideró que la sentencia recurrida infringió el derecho a ser oído al prescindir de las razones centrales por las que se había denunciado la absurda valoración de la prueba en orden a la acreditación de la autoría penalmente responsable de su asistido y de la calificación legal impuesta al hecho.
En aval de su postura, recordó el alcance que la Corte federal atribuyó al derecho al recurso con cita de los fallos "Descole" y "Casal", e invocó también el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto (v. fs. 23/28 vta.). Coincido con su opinión.
III. En primer lugar, la decisión del Tribunal de Casación Penal respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
III.1. En lo que aquí interesa, la Casación reseñó la materialidad ilícita del hecho que se tuvo por debidamente acreditada en los siguientes términos: "...[el] día 6 de octubre de 2017, aproximadamente a las 04:00 de la madrugada, en la calle Lynch Pueyrredón número 5348 de la localidad de Billinghurst, partido de San Martín, en el que resultara damnificado el propietario de la finca, Esteban Bonfiglio [...] En dicha ocasión, dos hombres –uno de los cuales se determinó fue el aquí imputado Jeremías Daniel Ledesma-, se presentaron con fines de robo en el mentado domicilio intentando violentar la reja y puerta de la entrada. El ruido ocasionado por tal accionar, provocó que el propietario de la morada se despertara y resistiera la intrusión, por lo que fue golpeado por los atacantes hasta provocar su caída, además de efectuarle dos disparos de arma de fuego que impactaron en el muslo de la pierna izquierda de Bonfiglio, perforándole vasos femorales que le ocasionaron un shock traumático y su muerte casi inmediata..." (fs. 75 y vta. de las copias digitalizadas).
III.2.a. Al dar respuesta a similares planteos a los aquí esgrimidos, con relación a la acreditación de la autoría de Ledesma en el hecho, el tribunal intermedio convalidó lo decidido por el órgano de primera instancia en cuanto ponderó especialmente "...lo narrado por el testigo Diego Martín Rolfi Berón, como ya se dijera, vecino del barrio de la víctima, quien manifestó que ese día ya estaba levantado y, al sentir fuertes ruidos, se dirigió a la habitación porque poseía cámaras de seguridad y que, entonces, ' [p]udo observar que querían ingresar a la casa de Esteban y presionó luego la alarma vecinal [...] los sujetos no deponían su actitud, que le abrieron la puerta [a Bonfiglio] y tocó la otra alarma, la que suena constante. Luego abrió la persiana le dio la voz de alto policía y comenzó a disparar. En el lugar dejaron el motovehículo [...] cuando se fueron, bajó para asistir a su vecino..." (fs. 76 y vta.; el destacado figura en el original).
Sumó a ello que "En la parte medular de su declaración, Rolfi Berón especificó que '[ i]dentificó al detenido en el reconocimiento en fila de personas . Cuando vio a la persona memoró que es la misma persona que estuvo al principio de la escena del suceso es la persona que disparó , la que no tenía casco'" (fs. 76 vta.; el destacado figura en el original).
A todo lo anterior, agregó que los mismos datos también surgían de la declaración testimonial prestada en el debate por Daiana Araceli Guerra, pareja de Rolfi Berón, y también vecina de Bonfiglio; de las deposiciones de los funcionarios policiales Javier Corbo, Claudio Emanuel Doldán, Orlando Sebastián Pietkiewicz y Gabriel Alejandro Latorres, "...quienes llegaron al lugar, tomaron las primeras medidas de preservación de las pruebas y observaron la filmación obtenida de las cámaras de la casa de Rolfi Berón". También fue relevado lo que surgía del testimonio prestado por Héctor Daniel Cilla, otro de los vecinos del damnificado (v. fs. 77).
Con relación a la observación de la filmación cuestionada por la defensa, la Casación consignó la importancia asignada a dicho elemento, habida cuenta de que "...de allí surgía el dato de que uno de los atacantes era Ledesma , conclusión a la que se llegaba pues éste, en su calidad de propietario de la moto, se había apersonado con anterioridad a la dependencia policial a efectos de retirar dicho vehículo, que en su momento había sido secuestrado en un procedimiento de averiguación de ilícitos: ' al ver la filmación sería el sujeto que había ido a retirar la motocicleta de la seccional policial ' (oficial Pietkiewicz [...])" (fs. 77 y vta.; el destacado figura en el original). Asimismo, Latorres también hizo mención a la semejanza entre quien había retirado el vehículo de la comisaría y el individuo que –conforme lo observado en la filmación- no llevaba casco, es decir, quien había disparado según lo relatado por Rolfi Berón (v. fs. 77 vta.).
Conforme el análisis formulado por el tribunal, concluyó que "...no queda ninguna duda de que, con anterioridad al ataque a Bonfiglio, Ledesma ya había recuperado la moto que en su momento fuera secuestrada en un operativo policial y la utilizó para llegar junto al otro delincuente –quien no fue hallado- a la casa de la víctima y perpetrar el ataque contra ésta" (fs. 77 vta. de la sentencia digitalizada).
Añadió que tampoco había dudas de que "... fue Ledesma quien efectuó los disparos contra la víctima , atento la resistencia que éste opuso y por ver aquél frustrado el robo" (fs. 77 vta. y 78; el destacado figura en el original).
Finalmente, destacó que la impugnante se desentendió de refutar eficazmente el análisis de los juzgadores de origen al respecto y, sobre todo, de indicar cómo derribar el cuadro de cargo –el que entendió suficiente- consignado por estos (v. fs. 79).
Por último, señaló que "...del análisis de los diferentes elementos probatorios valorados se observa que han sido asociados lógicamente a través de un razonamiento ajustado a las reglas de la experiencia y el sentido común y ajeno a arbitrio alguno, respetándose lo prescripto en los artículos 210 y 373 del Código Procesal Penal" (fs. cit.).
III.2.b. Respecto al cambio de calificación legal pretendido por la defensa, en lo que aquí importa, apuntó que "...tal como ha quedado suficientemente acreditado en este proceso, en el evento ilícito perpetrado Ledesma –junto a su acompañante- llevó adelante una acción enderezada a ingresar al domicilio de Bonfiglio con fines de robo, acometiendo con fuerza y violencia contra la reja y la puerta de la morada de éste y portando, además, un arma de fuego, en un horario de casi nulo tránsito por las calles. El accionar así desplegado por los activos demuestra no otra cosa que llevar adelante un delito contra la propiedad, en una modalidad de robo ampliamente conocida, surgiendo ello desde la lógica más elemental y de la experiencia común, siendo que ello se refuerza con lo realizado una vez ganado el interior de la vivienda..." (fs. 79 vta.).
Añadió luego que "De las constancias obrantes en autos ha quedado demostrado que la conducta del imputado, al registrar la resistencia del damnificado a su designio originario de robo, ha tenido como propósito causar la muerte de Esteban Bonfiglio , y el medio empleado en el caso condujo razonablemente a ese resultado" y afirmó que "...el accionar desplegado por el acusado –simple, inmediato, certero y feroz- impone colegir que medió intención de dar muerte" (fs. 80; el destacado figura en el original).
IV.1. De todo lo antes transcripto surge con claridad que el tribunal del recurso, lejos de limitar su competencia revisora, abordó los reclamos de la defensa referidos a la acreditación de la prueba de la autoría de Ledesma en el hecho, así como lo atinente a la denunciada errónea aplicación de la calificación legal actuada, conforme los motivos de agravio que fueron sometidos a su conocimiento.
En rigor, se advierte que las críticas de la parte impugnante están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba de cargo en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido-, temática que escapa al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte, salvo la cabal demostración del vicio de absurdo o la arbitrariedad del fallo, lo que aquí no se presenta mínimamente abastecido (doctr. arts. 494 y 495, CPP).
El control efectuado por la Casación abastece la garantía consagrada en los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según los alcances fijados en el precedente "Casal" por la Corte federal, teniendo en cuenta las posibilidades derivadas de la falta de inmediación y con base en las constancias de autos.
Cabe agregar, con fundamento en todo lo antes transcripto, que el órgano recurrido desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los argumentos de la parte y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte, ni la defensa ha logrado evidenciar, la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita vinculada con la supuesta afectación del derecho al recurso.
Y si bien no se me escapa que el Tribunal de Casación hizo referencias a la sentencia recurrida -lo que resulta inevitable-, no se aprecia que pueda predicarse arbitrariedad en el hecho de que el órgano revisor haya coincidido con el de grado en el mérito que hizo de la prueba rendida. En tal sentido, es oportuno recordar que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la circunstancia de que la Cámara adhiera a las razones pertinentes expuestas por el juez de primera instancia para fundar su sentencia, no constituye causal de arbitrariedad (CSJN Fallos: 318:2056; cons. 6° y sus citas).
Así, la afirmación de la defensa de que el escrutinio llevado a cabo significó un "tránsito aparente" que frustró el derecho al doble conforme, no se condice con lo sucedido en el caso, porque el tribunal revisor abordó cada uno de los planteos formulados y dio fundadas razones para descartarlos.
Tiene dicho esta Suprema Corte que "...la doctrina de la máxima capacidad de rendimiento a la que debe llevarse la tarea revisora a fin de garantizar la amplitud establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del [precedente] 'Casal' (Fallos 328:3399, sent. de 20-IX-2005, cuya doctrina fue extendida a los sistemas recursivos provinciales in re 'Salto' -Fallos 329:530, sent. de 7-III-2006-) y posibilitar la realización de un examen integral de la decisión recurrida en cumplimiento del derecho al recurso consagrado en los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. P. 71.958, sent. de 23-IV-2008), [...] no implica que el revisor 're evalúe' las pruebas practicadas en presencia del tribunal de primera instancia, porque solo a éste corresponde esa función valorativa (argumento del art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)", pero "Sí debe verificar que, efectivamente, el tribunal de grado haya contado con suficiente prueba sobre la comisión de los hechos y la intervención que en el mismo le cupo al imputado, para dictar su condena, como así también que la prueba haya sido lograda sin quebrantar derechos o garantías fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción" (causa P. 125.444, sent. de 4-VIII-2016; e.o.).
Desarticulados los planteos vinculados con la transgresión de la revisión amplia de la sentencia de condena, queda vacía de fundamento la referencia que hace el señor defensor oficial en torno a la conculcación del debido proceso y la defensa en juicio, relacionada intrínsecamente con aquellos.
IV.2. En cuanto atañe a la base fáctica acreditada que sirvió para fundar la agravante del homicidio prevista en el art. 80 inc. 7 del Código Penal, las alegaciones de la defensa no trascienden de una divergencia valorativa que excede el acotado marco de revisión que habilita el art. 494 citado, sin lograr demostrar que fuese irrazonable concluir que la decisión de matar fue conexa con el delito contra la propiedad, en el marco de las condiciones apreciadas por las instancias anteriores.
Es que, más allá de que la defensa expresa su oposición a la calificación legal impuesta, no evidencia que el reproche practicado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia. En definitiva, no se advierte que la sentencia padezca de algún vicio que, bajo el prisma de la jurisprudencia del Máximo Tribunal federal, encasille en el elenco de supuestos que se incluyen en el amplio catálogo de la arbitrariedad denunciada.
Cabe recordar que el objeto de la doctrina sobre arbitrariedad de sente
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