Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133719
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.719, "Biasoli, Danilo Esteban s/ queja en causa nº J-346/2018 de La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Genoud .
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de agosto de 2019, confirmó parcialmente la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental, que había condenado a Danilo Esteban Biasoli a la pena de tres años y seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para conducir automotores y moto vehículos, por haber sido hallado autor responsable del delito de homicidio culposo (art. 84, Cód. Penal). En consecuencia, modificó el monto de la pena aplicada y lo condenó a tres años de prisión con costas (v. fs. 477/483 vta. con relación a fs. 415/426 vta.).
Contra ello, la defensa particular del imputado interpuso los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, los cuales fueron declarados inadmisibles por el Tribunal de Alzada; interpuesta la pertinente queja, por resolución del 13 de noviembre de 2019 en el marco de la causa P. 132.859-RQ, esta Suprema Corte la acogió, declaró mal denegado el recurso extraordinario de nulidad, hizo lugar a su procedencia y ordenó devolver los autos a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín para el dictado de un nuevo fallo ajustado a derecho; a su vez, declaró inoficioso el abordaje del tramo de la queja que se hallaba dirigido a conmover la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 619/623).
El 5 de marzo de 2020, el mencionado Tribunal de Alzada dictó un nuevo fallo confirmando -de modo parcial- la sentencia del juzgado correccional departamental; finalmente redujo la pena impuesta a tres años de prisión de cumplimiento efectivo con costas (v. fs. 688/694 vta.).
Contra este último pronunciamiento los defensores particulares del encartado, doctores José María Anastasi y Darío De Ciervo, dedujeron recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. copia que luce a fs. 918 vta./955), los que habiendo sido declarados inadmisibles por el órgano recurrido (v. fs. 703/705), motivaron la interposición de queja ante esta Corte (v. fs. 895/900). Este Tribunal por resolución del 15 de octubre de 2020, admitió la queja, declaró mal denegados los recursos extraordinarios incoados y los concedió (v. fs. 956/959).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 968/975 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 977), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la defensa particular?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Tras una reseña de los antecedentes procesales de la causa (v. fs. 920/928), la defensa particular denuncia la inobservancia del art. 168 de la Constitución provincial por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales en torno de la individualización y la modalidad de la pena impuesta.
Aducen que en el nuevo pronunciamiento la Cámara departamental no brindó respuesta a todos los planteos sometidos a su consideración en el recurso de apelación, los cuales -a su juicio- eran pertinentes y con eventual posibilidad de incidir en el quantum de la pena (conf. SCBA causas P. 76.985, sent. de 13-VIII-2003; P. 68.029, sent. de 1-XII-2004 y P. 77.678, sent. de 14-XII-2005; v. fs. 919). Pues, si bien admiten que modificó favorablemente el quantum punitivo, otros reclamos quedaron preteridos (v. fs. 928 y vta.).
Así, aducen falta de debido tratamiento de la invocada patología "...fobia social generalizada de carácter grave" presentada por Danilo Esteban Biasoli, siendo dicha circunstancia descartada por el Tribunal de Alzada porque la defensa no habría logrado acreditar su influencia en la conducta que llevó al nombrado a huir del lugar de los hechos y presentarse recién pasados tres días y medio de su acaecimiento, aunque -según dijeron- ese motivo de agravio también integraba el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado junto al presente (v. fs. 928 vta. y 929).
Sostienen que en el nuevo fallo se invirtió la carga de la prueba respecto a los efectos y consecuencias de un comportamiento de parte de un sujeto enfermo psicológicamente de cara al suceso traumático (v. fs. 929). Y, además, se colocó a esa parte en un estado de indefensión y violación al debido proceso, al otorgarle a la "fuga" de su asistido del lugar del accidente un carácter de presunción iure et de iure (v. fs. cit. vta. y 930).
Seguidamente, se ocuparon de las atenuantes no tratadas de modo individual y aducen que fueron "...corridas de lugar" sin fundamentación y sin un concreto abordaje. Destacan entre ellas el informe socio ambiental, la edad, la presentación ante la justicia y puesta a disposición por casi tres años, el reconocimiento de autoría y de responsabilidad penal en el debate, ausencia de indicadores de agresividad, perversidad o psicopatías, se refirió a su patología acreditada (fobia social generalizada); con relación a la víctima alegan la "autopuesta en peligro" a través de la decisión voluntaria e intencional del no uso del casco reglamentario, la no señalización lumínica de la motocicleta en tránsito nocturno en lugares de total oscuridad y en ruta 7, menor de edad, la carencia de licencia de conducir, el factor parental del menor de edad y finalmente las características del lugar del hecho (v. fs. 930 vta./933).
Por último, denuncian la omisión de tratamiento de los motivos vinculados con la fundamentación de la imposición de pena de efectivo cumplimiento, de la mano del fallo "Squilario" de la Corte federal, y refirieron que no existió ninguna razón como para justificar el encierro efectivo de su pupilo, en tanto se trató de un delito culposo, cuyo resultado azaroso se debió en gran medida a la imprudencia de la víctima. Señalan que la omisión del reclamo aludido llevóínsita la no aplicación del art. 26 del Código Penal (v. fs. 933 vta./936 vta.).
Concluyeron en la inobservancia de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 937/939).
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso (v. fs. 968/975 vta.); postura con la cual coincido.
III. Cabe recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; cfr. doctr. Ac. 94.522, sent. de 12-VII-2006; Ac. 97.232, sent. de 13-XII-2006; Ac. 97.324, sent. de 18-IV-2007; Ac. 100.082, sent. de 18-VII-2007; Ac. 100.806, sent. de 16-IV-2008; Ac. 104.341, sent. de 25-II-2009; Ac. 103.584, sent. de 9-IX-2009; P. 105.206, sent. de 11-IV-2012; P. 113.118, sent. de 11-IX-2013; e.o.); supuestos que como se verá no se dan en el caso de autos.
III.1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de marzo de 2020, confirmó parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental, el cual había condenado a Danilo Esteban Biasoli a la pena de tres años y seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para conducir automotores y moto vehículos, al haber sido hallado autor responsable del delito de homicidio culposo (art. 84, Cód. Penal). En consecuencia, modificó el monto de la pena aplicada y lo condenó a tres años de prisión con costas, manteniendo el resto de las consideraciones de la sentencia de origen (v. fs. 688/694 vta.).
Puntualmente, se expidió sobre la determinación de la escala punitiva y el modo de ejecución de la pena; se ocupó de las circunstancias atenuantes y coincidió con la defensa sobre la presencia de indicadores de carácter personal y socio-familiar que incidían de manera positiva a la hora de resolver. En ese sentido, tuvo en cuenta que Biasoli era un joven involucrado por primera vez en una imputación judicial (primario), sin antecedentes negativos en su personalidad, carente de conductas sociales desaprobadas, y con evidentes intenciones de progresar en su formación y su vida, también tuvo en cuenta el informe socio ambiental del cual advertía que su grupo familiar era contenedor y se preocupaba por su situación (v. fs. 690). Señaló también que la decisión de Biasoli de prestar declaración en la oportunidad del art. 308 del Código Procesal Penal, como la de optar en el debate por acatar la materialidad ilícita y la autoría, no tenían entidad suficiente como para ser valoradas como circunstancias atenuantes tal y como había propuesto la defensa; de igual modo consideró no valorable en ese sentido la responsabilidad de la víctima invocada por la recurrente (v. fs. 690 y vta.). Se ocupó de la patología de Biasoli y su -eventual- incidencia con su actuación posterior al hecho, la cual descartó como posible pauta minorante de la sanción, aunque sí la estimó como agravante al tiempo de fijación de la pena (v. desarrollo de fs. 691/693 vta.); también apreció con sentido agravatorio "la magnitud del daño causado" (v. fs. 694); y, por último, se encargó del agravio dirigido a cuestionar el modo de ejecución de la pena (v. fs. 694).
III.2. De los planteos reseñados y del análisis de la sentencia recurrida, se observa que el Tribunal de Alzada se abocó a tratar los agravios dirigidos a cuestionar las pautas atenuantes y agravantes y el monto de la pena y su fundamentación, así como lo concerniente a su modalidad de cumplimiento. Coincidió incluso con la defensa acerca de ciertas circunstancias atenuantes que debían ser ponderadas, y en ese marco, decidió reducir la sanción impuesta en la instancia de origen.
Sin embargo, los recurrentes insisten con los mismos argumentos que llevaron en el recurso de apelación, sin lograr demostrar la ausencia de tratamiento de las cuestiones esenciales aludidas y que, a su juicio, hubiesen influido en el quantum punitivo, lo que ciertamente ocurrió.
De tal modo, las cuestiones que consideran preteridas en realidad han sido debidamente tratadas o bien han resultado implícitamente desplazadas por la decisión adoptada. En rigor, los agravios no llevan como destino la "omisión", sino la forma en que ellas fueron tratadas y resueltas de modo contrario a los intereses de la parte, sellando de manera adversa la suerte del reclamo. Es sabido que el acierto o la amplitud con que se resolviera, escapa al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (conf. doctr. causas P. 69.388, sent. de 13-XII-2000; P. 70.628, sent. de 28-VIII-2002; P. 88.249, sent. de 8-VII-2008; P. 115.066, resol. de 12-III-2014; e.o.).
Finalmente, el fallo se encuentra fundado en ley (art. 171, Const. prov.).
Por todo lo expuesto, no se advierte en el caso ninguna incompatibilidad con los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, de modo que corresponde desestimar por improcedente el recurso extraordinario de nulidad traído (art. 491 y concs., CPP).
Por lo expuesto voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley también deducido contra la sentencia reseñada en los antecedentes, los defensores particulares del imputado formularon los siguientes agravios:
I.1. En primer lugar, denuncian que la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín de asumir nueva competencia, luego de que su par del Departamento Judicial de Pergamino rechazara la declinatoria de aquella, vulnera el principio de la imparcialidad de los jueces, el debido proceso, la seguridad jurídica y la defensa en juicio, tornándola arbitraria (arts. 18, Const. nac; 8.1, CADH y 14.1, PIDCP; v. fs. 939 vta./943).
I.2. En segundo término, cuestionan que se haya ponderado como una circunstancia agravante de la pena el hecho de que su pupilo abandonara el lugar de los hechos luego de ocurrido el accidente, particularmente se refirieron al "no auxilio a la víctima", considerando "insuficientes y aparentes" los fundamentos brindados para avalar dicha pauta y restarle entidad a la patología de Biasoli que permitiría explicar su reacción frente a lo sucedido (v. fs. 943 y vta.).
Critican que la Cámara de Apelación haya argumentado que "...no logró probar la defensa que la patología tuviera nexo causal con el alejamiento del lugar; quedando ello en un marco de probabilidad, y por tanto insuficiente para explicar o justificar la huida del lugar del siniestro". Pues, estiman, que la duda generada sobre dicho aspecto debió -en todo caso- beneficiar a su pupilo por aplicación del principio de " in dubio pro reo " (fs. 943 vta.).
Alegaron la inobservancia de los arts. 1, 3, 106, 210 y concordantes del Código Procesal Penal en función de los arts. 40 y 41 del Código Penal, con menoscabo a la defensa en juicio y el debido proceso, incurriendo en el dictado de un pronunciamiento arbitrario (v. fs. 944).
Seguidamente, insistieron en que la fobia social generalizada de carácter grave padecida por Biasoli era "...una patología de base cuyas características son la explicación perfecta con su compatible conducta al momento y después del hecho, incluso en su tratamiento pueden producirse mejorías, pero difícilmente se produce la superación absoluta de sus síntomas [...], hasta las eventuales mejorías siempre deberán ser [a]yudadas con medicación específica" (fs. 944 vta.).
En punto a ello, argumentaron que el día del hecho luego del impacto Danilo Esteban Biasoli "...no supo que había pasado detalladamente, no pudo y no quiso saber porque lo invadió una sensación de inseguridad propia de la patología, un pánico incontrolable, insoportable...", y la exigencia que refiere la sentencia recurrida es "...absurda, arbitraria y gravemente distorsionada o subjetivizada" (fs. 944 vta. y 945), al punto de colocar a su parte en un estado de "indefensión" violatorio del debido proceso (v. fs. 945 vta.).
En el acápite titulado "...reproche construido con conductas de terceros", exponen que la nueva sentencia dictada por la Cámara de Apelación de Junín presentó una "orfandad" con relación a la patología de Biasoli, al sostener que la demora de casi cuatro días en presentarse luego del accidente se debió a que estuvo "mal asesorado", cuando en realidad -según la defensa- ellos sabían que el encartado no quiso irse del lugar, sino que "...no pudo hacer otra cosa" (fs. 946).
Por ello, consideran como imposible convertir su reacción posterior en un disvalor de la acción, por ende, invalida toda posibilidad de ponderarla como una pauta agravante de la pena (v. fs. 946 vta.).
Por último, alegan como situación irregular, la valoración de pruebas producidas en un incidente de morigeración posterior a la sentencia anulada, ello a fin de sostener con un "sentido cargoso" la huida y la demora en presentarse en la justicia, en violación al debido proceso y la defensa en juicio (v. fs. cit.).
I.3. Por otro lado, se ocupan de las atenuantes "despreciadas" (no ponderadas), y mencionan como tales: el "...informe social ambiental, edad, presentación ante la justicia y puesta a disposición por casi tres años sin el menor obstáculo ni incumplimiento, reconocimiento de autoría al declarar a tenor del art. 308 del [Código Procesal Penal] y de responsabilidad penal en el debate, ausencia de indicadores de agresividad, perversidad o psicopatías, patología acreditada fobia social generalizada, autopuesta en peligro de la víctima a través del no uso voluntario del casco reglamentario y la no señalización lumínica de la precaria motocicleta en tránsito nocturno en lugares de total oscuridad y en ruta 7, menor de edad, carencia de licencia de conducir, factor parental del menor de edad, características del lugar del hecho -absoluta oscuridad-"; resaltan un tratamiento defectuoso al mezclar varias pautas a través de un "amasamiento indiscriminado", sin saber cuánta influencia positiva habría tenido cada una de ellas en la pena finalmente impuesta (v. fs. 947/948).
Particularmente, se refirieron a la autopuesta en peligro de parte de la víctima la cual -según dijeron- fue descartada con el argumento de que "...en derecho penal no hay compensación de culpas", cuando -a juicio de esa defensa- ellas cooperaron significativamente en el resultado final del hecho (v. fs. 948/949).
Concluyen en la absurda valoración de la prueba y la arbitrariedad del fallo recurrido (v. fs. 949 vta.).
I.4. Por último, se agravian de la no aplicación del art. 26 del Código Penal y la inobservancia de los arts. 40 y 41 del mismo cuerpo legal. Alegan falta de fundamentación a la hora de imponer una pena de efectivo cumplimiento y tachan el fallo recurrido de arbitrario (v. fs. 949 vta.).
En sustento de su postura citan doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 306:1669; 320:1463; e.o.), y destacan que, pese a que los jueces habían reconocido que Danilo Esteban Biasoli no revestía peligrosidad ni tampoco posibilidad de reiteración delictiva, ello no fue valorado en el marco del art. 41 del Código Penal (v. fs. 949 vta. y 950).
Finalmente, resaltaron aspectos negativos del ámbito carcelario y sumaron como argumento adicional la patología de Biasoli y el informe elaborado por esta Corte sobre la realidad carcelaria y la pandemia de coronavirus (v. fs. 950).
II. El señor Procurador General postuló el rechazo del recurso interpuesto (v. dictamen a fs. 75/81 vta.). Postura con la cual coincido.
III. El primer agravio de la defensa atinente a la inobservancia a la garantía de la imparcialidad, la excusación y recusación (v. acápite I.1. más arriba), reviste un claro contenido procesal y -en principio- resulta ajena a la competencia de esta Corte en el marco de lo establecido por el art. 494 del Código Procesal Penal, según ley 11.922 (conf. causas Ac. 75.431; Ac. 74.440; Ac. 77.046, e.o.).
Es sabido, sin embargo, que cuando un tema aun procesal se vincula directamente con garantías constitucionales puede ser motivo de abordaje en el ámbito del recurso intentado a fin de no restringir el derecho de defensa con menoscabo del debido proceso consagrado en el art. 18 de la Constitución nacional, a tenor de la doctrina emergente de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Strada" (308:490) y "Di Mascio" (311:2478).
Aunque, la admisibilidad del reclamo -en dicho marco- no se satisface con la mera invocación de una cuestión de naturaleza federal, sino que será menester su adecuado planteamiento para excitar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por las consideraciones que seguidamente se expondrán, no ha de tener lugar en el caso.
Veamos.
III.1.a. El Juzgado en lo Correccional n° 3 de Junín, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de abril de 2019, condenó a Danilo Esteban Biasoli a la pena de tres años y seis meses de prisión, inhabilitación especial por el mismo lapso (art. 12, Cód. Penal) y ocho años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores y moto vehículos, con costas, ello por haber sido hallado autor responsable del delito de homicidio culposo (art. 84, Cód. Penal; v. fs. 415/426 vta.).
Respecto de las pautas atenuantes y agravantes, el juzgador de mérit
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