Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132065
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.065, "Molinelli, Beatríz -Fiscal General Interina- s/Queja en causa n° RE-81.759 de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, Sala II, seguida a Kastelic, José Antonio", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de diciembre de 2018, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa particular de José Antonio Kastelic contra la sentencia del Juzgado Correccional n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro que lo había condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional con imposición de condiciones y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de falsificación ideológica de documento público y su uso (arts. 292, primer párr., primer supuesto, 293 y 296, Cód. Penal). En consecuencia, revocó la sentencia apelada y lo absolvió (arts. 5, 26, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 292 primer párr., primer supuesto, 293 y 296, Cód. Penal y 375, 376, 399, 530 y 531, CPP; v. fs. 11/22 vta.).
Contra esa decisión, el señor Fiscal General departamental de San Isidro interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1/10), el que fue denegado por el órgano recurrido (v. fs. 30/31 vta.). Presentada la queja pertinente (v. fs. 79/80), esta Suprema Corte le hizo lugar a través de la resolución del 16 de octubre de 2019, concediendo la vía recursiva (v. fs. 87/89).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 122/129 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 132), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Preliminarmente, cabe destacar que corresponde abordar solamente el agravio de índole federal -en el caso, arbitrariedad de la sentencia-, pues con ese alcance fue admitido el recurso -v. resolución de fs. 87/89-.
En dicho marco, el señor Fiscal General interino denunció que la resolución recurrida es inmotivada, arbitraria y que su elaboración no se ajusta a las reglas de la sana crítica racional (arts. 106 y 210, CPP; v. fs. 4 vta.).
Adujo que el tribunal intermedio "...yerra [...] en cuanto le quita el carácter de instrumento público a la nota cuya falsedad se alega [...] sacándola de contexto y omitiendo que forma parte de todo el acto administrativo cuya validez se cuestiona..." (fs. cit.).
Luego de reseñar la materialidad ilícita descripta en la intimación fiscal, recordó que la nota en cuestión se encuentra fechada el 14 de junio de 2011 y alude a que los firmantes resultan ser los vecinos del Barrio San Jorge y Manantiales quienes solicitaban por esa vía la tarea de limpieza del predio ubicado en Ruta 8 Km. 57 esquina Los Naranjos del Barrio Manantiales de la localidad de Pilar, donde el día 12 de junio de 2011 apareció el cuerpo sin vida de Carla Marta Milens, una joven de 19 años brutalmente asesinada (v. fs. 4 vta. y 5).
Continuó señalando que, sin embargo, los vecinos Gabriel Torne y Hugo Omar González declararon que dicha nota "...fue confeccionada con posterioridad a que se hayan realizado las tareas del predio, a pedido de Kastelic, para justificar la acción desarrollada, concordando ambos que fueron ellos mismos los que se ocuparon de reunir las firmas del instrumento" (fs. 5 vta.).
Destacó que no se encuentra controvertido que dicha nota fue confeccionada y suscripta por los vecinos con posterioridad a la realización de la limpieza y la demolición de la construcción allí existente, la que fue motivada en la necesidad de justificar las tareas que se habían realizado con anterioridad por orden del Subsecretario de Obras José Kastelic (v. fs. 6).
En definitiva, concluyó que "...el Funcionario Público Municipal pergeñó y obtuvo la nota que confeccionaran los vecinos a su pedido, con la que fundó la actividad realizada -urgente desmalezamiento y demolición-, adjuntándola al informe producido por él mismo como responsable del área del órgano ejecutivo Municipal, lo que ha implicado la utilización de la nota vecinal haciéndola formar parte del instrumento" (fs. 6 y vta.).
A lo que agregó, que "...el documento emitido por el funcionario público municipal, en el ejercicio de sus funciones públicas, respecto de una tarea propia de su competencia que había ordenado, con las formalidades de estilo, constituye una respuesta institucional del Poder Municipal al Poder Judicial Provincial ante el requerimiento del Ministerio Público Fiscal que investigaba el homicidio de quién en vida fuera Carla Marta Milens, cuyo cadáver fue hallado en la escena desbaratada por dicho accionar, con la gravedad institucional que ello genera" (fs. 6 vta.).
En aval de su reclamo, reprodujo -en extenso- diversos pasajes del fallo condenatorio de primera instancia (v. fs. 6 vta./9).
Por último, dijo que "...la conducta radica entonces en confeccionar y utilizar un documento falso, reputando dentro de los datos falsos consignados, la fecha de su confección, el contenido y sus motivos, documento que motivó el informe de fs. 145, adquiriendo, como señaló la Juez de la instancia en los párrafos transcriptos, el carácter de instrumento público" (fs. 9 vta.).
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso interpuesto y coincidió con el impugnante en que el Tribunal de Alzada dictó un pronunciamiento arbitrario (v. dictamen de fs. 122/129 vta.).
III. Concuerdo con esta conclusión.
III.1. Los siguientes son los distintos estadios por los que atravesó el caso y que ahora interesan, según la reseña contenida en el fallo de la jueza correccional.
III.1.a. Al formularse el requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía imputó a José Antonio Kastelic el delito de uso y/o falsificación de documento privado, uso de documento público falso subsumiendo el suceso en los arts. 292 y 293 del Código Penal, con apoyo en la siguiente materialidad delictiva: "Entre los días 16 y 23 de junio de 2011, José Kastelic confeccionó y utilizó en documento falso, en el que insertó e hizo insertar datos falsos, como ser la fecha de confección, el contenido y sus motivos, específicamente se trata de una nota , que luce en copia certificada a fs. 146/147, titulada 'A LA MUNICIPALIDAD DE PILAR ANTE QUIEN CORRESPONDA' con fecha '14 junio/2011' en la cual se consigna un pedido de limpieza de un predio situado en la ruta 8 km 57,00 esquina calle Los Naranjos 'haciendo referencia que allí se cometen actos como los sucedidos, la muerte de una vecina del lugar, una jovencita de 19 años' en alusión a la ciudadana Carla Marta Analía Milens cuyo homicidio acaeció en fecha 12/06/2011; y su contenido es falso, desde que la nota fue antedatada, dice que firmó el 14/06/2011, lo que no es cierto, sino que se hizo y firmó después de esa fecha, como también son falsos sus motivos, puesto que la limpieza del predio que se solicita en el escrito, ya había sido llevada a cabo previamente, cuando se procedió a la destrucción de la construcción que allí existía. Luego, para documentar tal evento y darle soporte legal a su accionar, José Kastelic hizo confeccionar el documento en cuestión, en el cual fundó su acto administrativo (que luce en copia certificada a fs. 145) en el cual informaba a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad que a raíz de la nota de los vecinos -falsa- de fecha 14/06/11 había procedido el 15/06/11 a la limpieza del predio" (fs. 103, sin subrayado en el original).
III.1.b. Frente al requerimiento, la defensa particular formuló su oposición pues consideró que el delito de falsificación y/o uso de instrumento privado se encontraba prescripto e instó el sobreseimiento, mientras que el fiscal objetó la prescripción por tratarse de un delito cometido en ejercicio de la función pública (v. fs. 103 y vta.).
III.1.c. El 6 de noviembre de 2016, el señor juez de garantías hizo lugar a la oposición con argumentos sobre la cuestión de fondo y sobreseyó de manera total a José Kastelic (arts. 322, 323 inc. 3 y 324; CPP; v. fs. 103 vta.).
III.1.d. Dicha decisión fue apelada por el señor fiscal asignado a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas y el recurso fue acompañado por el particular damnificado. La Cámara, el 14 de diciembre de 2017, resolvió -por mayoría- revocar el sobreseimiento (art. 323 inc. 3 a contrario y sigs., CPP), de manera que la causa fue elevada a juicio.
III.1.e. En la audiencia de debate, el señor fiscal solicitó se impusiera a Kastelic la pena de tres años de prisión cuyo cumplimiento podía ser dejado en suspenso, coincidiendo sobre dicho monto el letrado de la particular damnificada en orden al delito de falsedad ideológica de documento público; en tanto que la defensa particular peticionó la absolución del nombrado (v. fs. cit.).
Según el acta fechada el 14 de agosto de 2018, que da cuenta de la parte final del juicio oral, el señor fiscal formuló su alegato aseverando que la nota firmada por los vecinos, reputada como falsa, fue incorporada en los expedientes oficiales "...por dos situaciones. Primero porque fue presentado en el expediente de una causa penal cuando la Fiscal a cargo pidió explicaciones de los motivos de porque se destruyó la escena del crimen...". Indicó el fiscal que, ante ese pedido de explicaciones de la fiscalía, "...lo que hizo Kastelic fue entregar un documento firmado por vecinos en el que supuestamente los vecinos solicitaban la limpieza del lugar". Continuó el fiscal diciendo que "...ese escrito antedatado daba cuenta falsamente de que el pedido había sido formulado con anterioridad cuando los testimonios demuestran lo contrario" y que Kastelic "...se valió de ese documento público falso para justificar porque actuó del modo en que actuó para justificar el reproche que hubiera generado en el marco de la investigación y en el marco administrativo" (fs. 505 del principal, el destacado me pertenece).
III.1.f. Así es que llegamos a la sentencia del 23 de agosto de 2018, dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 2 que condenó a Kastelic a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional con la imposición de condiciones, por haber sido encontrado autor responsable de falsificación ideológica de documento público y su uso, según lo referido en los antecedentes.
Al describir la materialidad que consideró acreditada (v. fs. 119), lo hizo de modo similar a la contenida en la requisitoria fiscal, especialmente en cuanto a que Kastelic "...utilizó un documento, en el cual hizo insertar datos falsos, como ser la fecha de confección, el contenido y sus motivos, específicamente se trata de una nota [...] con fecha '14 junio/2011' en el cual se consigna un pedido de limpieza de un predio [...] y su contenido es falso, desde que la nota fue antedatada, dice que firmó el 14/06/2011; lo que no es cierto, sino que se hizo y firmó después de esa fecha, como también son falsos sus motivos, puesto que la limpieza del predio que se solicita en el escrito, ya había sido llevada a cabo previamente, cuando se procedió a la destrucción de la construcción que allí existía. Luego, para documentar tal evento y darle soporte legal a su accionar, José Kastelic hizo confeccionar el documento en cuestión, en el cual fundó su acto administrativo (que luce en copia certificada a fs. 145) en el cual informaba a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad que a raíz de la nota de los vecinos -falsa- de fecha 14/06/11 había procedido el 15/06/11 a la limpieza del predio" (fs. cit., sin subrayado en el original).
Entre la documentación valorada, según fue citada por la magistrada (v. fs. 106), se encuentra:
a) a fs. 143, el oficio de la Municipalidad de Pilar suscripto por el Director General de Asuntos Jurídicos del Municipio adjuntando copia certificada del informe producido en el Expediente Municipal n° 6.896/11 por el Subsecretario de Obras Públicas -Kastelic- en 3 fojas útiles, del 27/06/2011, en respuesta al oficio de fecha 17 del mismo en el cual la señora fiscal del Fuero Penal Juvenil, doctora Sayago, solicitó informe al Intendente de Pilar sobre las autoridades que dispusieron la demolición de la construcción existente en el predio en el cual fue encontrado el cadáver de la víctima;
b) a fs. 145 el informe producido por Kastelic, en su carácter de Subsecretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Pilar, en respuesta a lo requerido por la señora fiscal, en la que se da cuenta de que "...ante el insistente pedido de vecinos del lugar tal como se ilustra en la nota adjunta [...] se procedió a la limpieza del predio..." el día 15 de junio (sin resaltado en el original);
c) a fs. 146/147 una nota "...en dos ejemplares con diferentes signaturas de fecha 14 de junio de 2011" dirigida a la Municipalidad de Pilar en la cual los vecinos solicitaban la limpieza del predio.
A fs. 113 vta. la señora jueza explicó que la nota referida en el informe oficial como adjunta, efectivamente fue agregada de manera contigua, abarcando dos fojas -146 y 147-, totalizando las tres fojas útiles a las que aludió el Director General de Asuntos Jurídicos municipal cuando dio respuesta al requerimiento del Ministerio Público Fiscal.
A fs. 116 del mismo fallo, la magistrada manifestó coincidir con el acusador en que Kastelic "...pergeñó y obtuvo la nota que confeccionaran los vecinos a su pedido, con la que fundó el motivo de la actividad realizada -urgente desmalezamiento y demolición-, adjuntándola al informe producido por el mismo, [...] lo que ha implicado la utilización de la nota vecinal haciéndola formar parte del instrumento producido por este [...] Así pues, el documento emitido por el funcionario público municipal, en el ejercicio de sus funciones públicas respecto de una tarea propia de su competencia que había ordenado, con las formalidades de estilo, constituye una respuesta institucional del Poder Municipal al Poder Judicial Provincial ante el requerimiento del Ministerio Público Fiscal que investigaba el homicidio cuya escena había sido desbaratada por dicho accionar...".
Continuó a fs. 116 vta. diciendo que el informe de fs. 145, además de hallarse en el expediente administrativo, fue incorporado al expediente penal a partir de la orden de presentación emitida.
Así, sostuvo, el funcionario insertó en dicho documento con formas materiales válidas, contenidos ideológicamente falsos.
Más adelante, el fallo se ocupó de argumentar acerca de la existencia del requisito típico del perjuicio.
Como corolario de todo lo cual dictó sentencia condenatoria.
III.2. Ante un recurso de la defensa, la Sala Segunda de la Cámara revocó dicho fallo y absolvió al acusado.
III.2.a. El tribunal intermedio -con voto del señor juez Pitlevnik que concitó la adhesión simple del doctor Stepaniuc- señaló que el planteo de la defensa radicaba en la atipicidad de la conducta de Kastelic por cuanto, a su criterio, la nota objeto de imputación obrante a fs. 146/147 no constituía un instrumento público; mientras que para la jueza de grado dicha nota revestía la calidad de instrumento público en tanto, a su entender, formaba parte del informe de fs. 145 realizado por Kastelic en su calidad de funcionario municipal que le otorgó fecha cierta y dio fe del contenido del documento privado vecinal (v. fs. 14 vta.).
La Cámara sostuvo que la imputación, tal como fue descripta en la requisitoria de elevación a juicio, plantea la falsedad del documento obrante a fs. 146/147 -nota vecinal- y que así fue entendido por el juez de la instancia en la resolución de fs. 267/270 vta. en la que sobreseyó al encausado.
Expresó que el mismo temperamento adoptó la doctora Vázquez en su voto en minoría -causa n° 30.571 del registro de la Sala III de la Cámara Penal Departamental-, mientras que el voto mayoritario resolvió la elevación de la causa a juicio por cuanto estimó que la conducta reprochada a Kastelic era típica conforme el art. 292 del Código Penal (v. fs. 16 y vta.).
Enfatizó el Tribunal de Alzada en el fallo que ahora se revisa, que lo que viene siendo materia de discusión es si la aludida nota vecinal es de carácter público o privado, y que la fiscalía insistió en la materialidad ilícita endilgada circunscripta a la misma nota "...cuando el juez garante había sido claro en cuanto a la necesidad de incluir en la imputación la constancias de fs. 145, si es que se pretendía hablar de un 'documento público'" (fs. 16 vta. y 17).
Afirmó que la jueza correccional "...ha atribuido la calidad de instrumento público a un documento -informe de Kastelic de fs. 145- que hasta el momento no había sido cuestionado respecto de su falsedad ideológica y que no había estado incluido en la acusación" (fs. 17).
Con lo cual, sostuvo que se presenta el siguiente dilema "...si se imputa solo la carta de los vecinos, no estamos ante un documento público; si imputamos la actuación de fs. 145, no[s] corremos de la acusación fiscal, se [...] afecta el principio de congruencia y por ende la garantía de defensa en juicio, en tanto se vio modificado el objeto de imputación, quebrándose la materialidad ilícita que venía siendo endilgada a Kastelic" (fs. cit.).
Señaló que "...la defensa en ningún momento discutió con el fiscal con relación a si el documento de fs. 145 completaba la nota vecinal y lo perfeccionaba como instrumento público. Esta imposibilidad, cercenó su derecho de defensa, garantía fundamental consagrada en la Constitución Nacional (art. 18 CN)" (fs. 17 y vta.).
Por todo ello, resolvió que correspondía revocar la sentencia condenatoria de José Antonio Kastelic (fs. 18).
III.2.b. A mayor abundamiento, sostuvo que coincidía con lo expresado oportunamente por la doctora Vázquez acerca de que la mencionada nota es un instrumento privado al cual no se le puede atribuir falsedad ideológica en los términos del art. 293 del Código Penal y que no hay referencias de que haya sido adulterada después de haber ingresado a algún expediente oficial (v. fs. 18 vta.).
Por otro lado, añadió que a Kastelic no se le imputó haber encubierto el crimen por medio de la destrucción del lugar donde sucedió el hecho, ni haber realizado un desmalezamiento y limpieza de un predio baldío sin los avales o autorizaciones necesarias o en contra de la normativa vigente (v. fs. 19/20).
Concluyó que "...sin perjuicio de que el accionar de Kastelic pueda haber sido encuadrado en otra figura delictiva, lo cierto es que (sic) una falta administrativa o en otra figura delictiva" (fs. 20 vta.).
IV. Como lo adelanté, el recurso es procedente.
IV.1. Según lo expuso el señor Procurador General en su dictamen, el fallo incurrió en arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa.
El argumento central del Tribunal de Alzada para dejar sin efecto la condena radicó en lo que describió como un dilema: "...si se imputa solo la carta de los vecinos, no estamos ante un documento público; si imputamos la actuación de fs. 145, no[s] corremos de la acusación fiscal, se [...] afecta el principio de congruencia y por ende la garantía de defensa en juicio, en tanto se vio modificado el objeto de imputación, quebrándose la materialidad ilícita que venía siendo endilgada a Kastelic" (fs. 17).
Sin embargo, la segunda de tales alternativas no se compadece con lo actuado en estos autos y, por lo tanto, basta esta constatación para privar de fundamento al fallo.
Conforme lo alegó el recurrente y lo remarcó la Procuración General, la Cámara no tomó en cuenta que de acuerdo a los términos de la requisitoria fiscal -tanto como en el alegato final del deb
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