Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132684
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.684, "Heredia, Leandro Daniel s/ Queja en causa n° SJ 143/11 de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2878): doctores Kogan, Torres, de Lázzari, Soria
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, merced al pronunciamiento dictado el día 23 de octubre de 2018, por unanimidad, destituyó al entonces agente fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Presidente Perón del Departamento Judicial de La Plata, doctor Leandro Daniel Heredia, por las causales previstas en los arts. 20 y 21 incs. "d", "e", "h" e "i" de la ley 13.661 y decretó su inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial (v. fs. 748/916).
Frente a tal decisión, el mencionado Heredia, con el patrocinio letrado de los doctores Santiago M. Irisarri y Flavio Gliemmo, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 943/978) el que, declarado inadmisible por el Jurado de Enjuiciamiento (v. fs. 1.004/1.018 vta.), motivó la deducción de una queja (v. fs. 1.083/1.094). Esta Corte mediante resolución de 18-IX-2019 la admitió y concedió la vía extraordinaria (v. fs. 1.095/1.098 vta.).
Para adoptar tal temperamento, estimó que la vulneración del derecho a la defensa en juicio, el debido proceso y la arbitrariedad de la decisión final del Jurado, prima facie valoradas, se habían articulado de manera suficiente (v. fs. 1.098).
El señor Procurador General dictaminó a fs. 1.103/1.124, aconsejando que el recurso sea rechazado; dictada la providencia de autos (v. fs. 1.125) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Ciñendo el presente pronunciamiento al análisis de los motivos de agravio por los cuales esta Corte admitió la vía prevista en el art. 494 del ordenamiento adjetivo es que se reseñarán los mismos.
En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el presentante planteó que el fallo impugnado es arbitrario e ilegal y que el Jurado violó sistemáticamente el debido proceso y el derecho de defensa (v. fs. 945).
I.1. Prescripción.
Luego de trascribir el art. 59 bis de la ley 13.661, señaló que los delitos endilgados a Heredia en razón del ejercicio de sus funciones se encontraban prescriptos al momento de realizarse el debate oral. Ello en tanto la admisión de la acusación -que trajo aparejada la suspensión de Heredia- fue resuelta el 5 de noviembre de 2013 y, siendo éste el último hito interruptivo, al momento del debate -8 de octubre de 2018- la acción penal relativa al delito de abuso de autoridad se encontraba prescripta (v. fs. 948/949).
Agregó que el curso de la prescripción no estaba suspendido en los términos del art. 67 del Código Penal en razón de que Heredia había sido suspendido al momento de admitirse la acusación en su contra con lo que no ejercía la función pública (v. fs. 949).
Señaló que el enjuiciamiento llevado a cabo evidencia una flagrante vulneración del debido proceso (v. fs. cit.).
De otro lado, en relación con las faltas endilgadas y sin perjuicio de recordar que el art. 59 bis de la ley 13.661 prevé un plazo de prescripción de cinco años, sostuvo que no puede entenderse que las mismas tengan un plazo mayor al consagrado legalmente para los delitos puesto que éstos resultan más graves que las faltas. Agregó que tales incongruencias legislativas no pueden ser óbice para el respeto al debido proceso legal, apoyándose en el art. 3 del Código Procesal Penal (v. fs. 949 y vta.).
Finalmente, para el caso de no receptar tales planteos, expuso que, al no estar firme la decisión recurrida, el juzgamiento no ha finalizado por lo que las faltas se encuentran prescriptas, por lo que requirió que este Tribunal lo analice (v. fs. 949 vta.).
I.2. Respecto del hecho "A".
I.2.a. Denunció la violación del derecho de defensa y del debido proceso por ausencia de motivación suficiente en lo que hace a la eventual comisión del delito de abuso de autoridad (art. 248, Cód. Penal). Ello en tanto consideró que en la decisión no se explicitó cuál disposición legal fue contrariada por la orden de "acompañamiento policial" sin que la mera alusión a que "…obró contrariando las leyes cuyo cumplimiento debía observar" satisfaga las exigencias legales conforme las cuales las sentencias deben ser motivadas bajo sanción de nulidad (v. fs. 950 vta.).
Afirmó que el estado de indefensión en el que se encontró al desconocer los fundamentos por los cuales se decidió subsumir el hecho en la figura del art. 248 del Código Penal resulta palmario (v. fs. 951). Concluyó que el voto del doctor Sagues no subsana dicho vicio.
I.2.b. Sostuvo que el fallo violenta el principio constitucional de presunción de inocencia al entender que al "jurado no le es exigible la certeza" con relación a la comisión de delitos endilgados. Expuso que un proceso que sea político o jurisdiccional que no requiera certeza en su conclusión final sancionatoria, afecta las bases sobre las cuales se estructura nuestro estado de derecho (v. fs. 952).
I.2.c. Asimismo denunció la arbitrariedad de la decisión en tanto se contrapone con las constancias obrantes en la causa a la par que omite valorar prueba decisiva (v. fs. 952 vta.).
Luego de aludir al voto del doctor Sagues, expuso que no existe acta, constancia, declaración o prueba alguna que haga alusión a la realización de un allanamiento dispuesto por Heredia. Asimilar las expresiones "orden de acompañamiento policial" con "orden de allanamiento" es -a su entender- una causal de arbitrariedad en tanto pretende destituirlo por haber dispuesto un allanamiento cuando a lo largo del proceso de enjuiciamiento se hizo alusión a una mera orden de acompañamiento policial (v. fs. 953).
I.2.d. Alegó que el decisorio impugnado, al entender que la orden de acompañamiento policial tenía por finalidad el ingreso al campo es arbitrario y violatorio de la defensa en juicio y del debido proceso, pues dicha orden fue lícita, legítima y justa (v. fs. 953 vta.).
Sostuvo que el fallo realizó una arbitraria valoración de la prueba al considerar que Heredia dispuso el "acompañamiento policial" con el fin de ingresar al campo y lograr la posesión, en tanto de la prueba obrante surge que el "acompañamiento policial" tuvo por finalidad corroborar la eventual y flagrante comisión de un delito de acción pública. Aludió a lo declarado por Sanz y por él y expuso que no hay ninguna constancia obrante en el expediente que haga presumir que Heredia haya ordenado al personal policial el ingreso al campo a fin de que el señor Sanz adquiriera posesión de éste; todo lo contrario -a su criterio- se ha probado que la orden del fiscal al personal policial tenía por finalidad verificar si personas armadas habrían ingresado a un campo mientras disparaban con armas de fuego.
Afirmó que estaba obligado a requerir asistencia policial en el lugar, puesto que de lo contrario cometería el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (v. fs. 954 vta.).
Asimismo, contrariamente a lo sostenido en el fallo impugnado, consideró que la orden emitida fue lícita, regular, legítima y justa en tanto el denunciante ponía en conocimiento del personal policial la comisión de un delito de acción pública en el cual sujetos armados estaban ingresando con vacas robadas a un campo realizando disparos; la orden de acompañamiento policial tendiente a verificar lo que estaba ocurriendo era sobradamente lógica y se encontraba amparada por la normativa legal vigente y aplicable al caso (v. fs. 955 vta.).
Seguidamente transcribió el alegato efectuado en el marco del art. 33 de la ley 13.661 (v. fs. 956 vta./958 vta.), el que hizo extensible al presente, planteándolo como un agravio (v. fs. cit.).
Concluyó que no debe confundirse la licitud, legalidad y conveniencia de la orden emitida por él con el cumplimiento de la misma por parte del personal policial puesto que entender que el fiscal es responsable por las extralimitaciones de sus subordinados en cumplimiento de sus deberes -en el caso, el personal policial que actúa más allá de la orden de acompañamiento, ingresando al campo y otorgándole la posesión al señor Sanz- conlleva a aplicar criterios imputativos que se contraponen con el principio de culpabilidad conforme el cual cada sujeto es responsable de sus actos y no por los de terceros (v. fs. cit./959).
I.2.e. Reiteró la arbitrariedad del fallo por cuanto entendió que tergiversó las constancias de la causa al hacer aplicable el art. 181 del Código Penal y las disposiciones relativas a la "restitución de la posesión para casos de usurpación" a la "orden de acompañamiento policial" emitida por Heredia, lo cual -a su entender- afectó el derecho de defensa en juicio, el debido proceso y el principio de culpabilidad (v. fs. 959/961).
I.3. Agravios en relación con el hecho "B".
I.3.a. Denunció la violación de los principios de culpabilidad y debido proceso por endilgarle responsabilidad por haber actuado conforme lo autorizaban las leyes vigentes. Sostuvo que se lo pretendió destituir argumentando la violación al principio de legalidad sin advertir que actuó conforme al principio de oportunidad procesal (v. fs. 961).
Después de transcribir extractos del voto del doctor Pettigiani, cuestionó que se haya arribado a la conclusión de que Heredia no tuvo una "buena conducta" por haber archivado o no impulsado rápidamente las denuncias cuya labor investigativa estaba a su cargo y por no haber dado un trato respetuoso a las víctimas de delitos (v. fs. 962).
En ese sentido, sostuvo que la arbitrariedad con la que se ha valorado la prueba en el caso es de tal magnitud que importó la afectación del derecho de defensa en juicio, del principio de culpabilidad y del debido proceso, en tanto se adjudica responsabilidad y mal comportamiento al doctor Heredia aun a sabiendas de que el reproche no puede ser satisfecho por ningún fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
Para ello, aludió a los dichos de los testigos Funes y Torres quienes ponderaron la actuación de Heredia como funcionario público y pusieron de manifiesto que estaba sobrepasado de trabajo; que carecía de personal suficiente y que teniendo miles de causas para instruir no existía posibilidad de cumplimentar con los plazos y términos procesales preestablecidos por las leyes vigentes (v. fs. cit./963).
También se alzó contra el supuesto maltrato a las víctimas sostenido por el Jurado, el cual tildó de absurdo y arbitrario, contrario a las constancias de la causa (v. fs. 965/966).
De otro lado, sostuvo que la supuesta inobservancia del principio de legalidad procesal adjudicada a Heredia afecta el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y el principio de culpabilidad por cuanto desconoce las facultades propias del ejercicio de su función como fiscal y la existencia del principio de oportunidad.
Seguidamente, transcribió el descargo efectuado en su presentación a tenor del art. 33 de la Ley de Enjuiciamiento (en el cual discurrió acerca del principio mencionado y requirió que sean tenidas en cuenta conforme el art. 8.2.h, CADH; v. fs. cit./970 vta.).
I.3.b. Denunció la violación del derecho de defensa en juicio y del debido proceso, así como la arbitrariedad de la decisión por cuanto entendió que -contrariamente a lo fallado por el Jurado- en las trece (13) Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) citadas en el subgrupo B.2 actuó de manera correcta, lícita y legítima, sin acreditarse falta alguna (v. fs. 970 vta./973 vta.).
I.3.c. En relación con el subgrupo B.3, de acuerdo con la clasificación realizada en el veredicto, alegó que el mismo omitió explicitar cuál es la falta correspondiente a cada hecho concreto, lo cual genera la violación del debido proceso (v. fs. 973 vta.).
Agregó que de ningún modo puede tenerse por satisfecho con la consideración final titulada "calificación legal" puesto que las veintiséis (26) causas son muy diferentes entre sí. Sostuvo que más allá de resultar un error involuntario por parte del doctor Pettigiani dado que -afirmó- el resto de las conductas fueron relacionadas con una falta en particular, ello, de todos modos, generó la afectación del derecho de defensa en tanto impidió conocer de manera específica la falta correspondiente a cada comportamiento (v. fs. 974 vta.). Dejó planteada la cuestión federal.
I.4. Finalmente, en cuanto al "hecho C", nuevamente le endilgó arbitrariedad a la decisión por contrariar las constancias obrantes en la causa y afectar el debido proceso. Ello por cuanto consideró que el archivo dispuesto fue decretado tras haber investigado y que el mismo fue confirmado por el Fiscal General (v. fs. 975 vta.).
Agregó que obró diligentemente aplicando un criterio de oportunidad y reiteró que ello fue confirmado por el Fiscal General (v. fs. 977).
También denunció la arbitrariedad basado en que no existe constancia alguna que corrobore el diálogo entre Heredia y la señora B. y que el Jurado le otorgó preeminencia a sus dichos por sobre los diversos testimonios brindados a su favor (v. fs. 977 vta.).
II. Coincido con el Procurador General en cuanto estima que el recurso debe ser rechazado.
Conforme se explicitó en la decisión que admitió el recurso ahora en análisis (v. en particular fs. 1.096 vta./1.098), es criterio reiterado de la Corte nacional -que este Tribunal ha receptado- que quien pretende el escrutinio judicial de las decisiones finales tomadas en el ámbito de los enjuiciamientos a funcionarios y magistrados, debe demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio (conf. CSJN, Fallos: 308:2609; 310:348; 310:804; 310:2031; 311:200; 312:253; 313:114; 314:1723; 315:761; 315:781; 317:1418; 318:2266; 327:4635; 326:4816; 329:3027; 331:810; 331:2156; 331:2195; 332:2504; 335:1779; 339:1048; 340:1927 y más recientemente en las causas "Gómez", sent. de 11-VI-2019; "Romero", sent. de 22-VIII-2019, "Mazzucco" y "Muñoz", ambas sents. de 10-IX-2019; SCBA, causas Ac. 98.834, resol. de 8-VII-2008; Ac. 100.862, resol. de 22-X-2008; P. 115.909, resol. de 28-XII-2011; P. 112.297, resol. de 18-IV-2011; P. 107.002, resol. de 11-VII-2012; P. 119.168, resol. de 13-XI-2013; P. 118.105, resol. de 19-II-2015; P. 120.408, resol. de 11-III-2015; P. 123.370, resol. de 31-VIII-2016; e.o.).
III. Ello no acontece en el caso.
III.1. En cuanto al planteo relativo a la extinción de la potestad de enjuiciamiento por prescripción cabe señalar lo que sigue:
III.1.a. Conforme surge de las constancias del presente expediente, en oportunidad de admitir la acusación contra Heredia en los términos del art. 34 de la ley 13.661 (5 de noviembre de 2013), el Jurado abordó el planteo llevado por dicha parte, relativo a la extinción de la potestad de juzgamiento por prescripción. Luego de aludir al art. 59 bis de la ley 13.661 consideró que, en el caso, "…con posterioridad al 9 de junio de 2005 y con anterioridad al cumplimiento de los cinco años, ambas acusaciones adjudicaron al Dr. Heredia la comisión de otras faltas, operando en consecuencia una causal de interrupción del plazo previsto en el citado grupo (grupo de causas enunciadas en el apartado 'B' de la acusación de la Procuración)" (fs. 254).
A mayor abundamiento agregó que en su inicial denuncia de fs. 1/20 la señora Procuradora acusó por la comisión del delito -en los términos del art. 20 de la ley 13.661- en orden al art. 248 del Código Penal, que luego ratificó dicha pieza y asumió el rol acusador y en el capítulo II, bajo el título "CAUSAL DE ENJUICIAMIENTO", afirmó que el doctor Heredia ha incurrido en formas de mal desempeño, materializado en las conductas previstas en los arts. 20 y 21 de la ley 13.661, razón por si sola suficiente, al tratarse de comisión de delitos, para considerar que por encontrarse desempeñando sus funciones, la prescripción se encuentra suspendida (art. 59 bis, última parte; v. fs. 253/254).
III.1.b. Dicho pedido prescriptivo fue reiterado a fs. 333/336 el 15 de diciembre de 2016 y rechazado por el Jurado el 20 de diciembre de 2016 por análogos motivos a los expuestos en el párrafo anterior (v. fs. 368/372).
III.1.c. El 2 de febrero de 2017 requirió la reconsideración de tal decisión por entender que, al estar suspendido en sus funciones, el curso de la prescripción no se hallaba suspendido (v. fs. 384/385).
El 4 de abril de 2017 el Jurado decidió someterlo a consideración como cuestión previa en la audiencia de juicio oral (v. fs. 429/430).
Así las cosas, el 30 de agosto de 2018, el Jurado, luego de afirmar que el art. 59 bis de la ley 13.661 guarda estricta correspondencia con el art. 67, segundo párrafo, del Código Penal, estimó que -tal como se había resuelto previamente- cabía aplicar dicha normativa en tanto el doctor Heredia no había cesado en su cargo.
Concluyó que "…la suspensión del encausado de conformidad con las previsiones del art. 34 de la ley 13.661, no implica en modo alguno el cese en el desempeño de la función, lo que así ha sido resuelto por ese órgano de enjuiciamiento ante similares planteos (vgr. S.J. 165/11 'ATES', res. del 5/3/2018). De hecho, el magistrado suspendido continua percibiendo el sesenta por ciento (60%) de su sueldo hasta el momento en que el Jurado dicte el veredicto, trabándose embargo sobre el cuarenta por ciento (40%) restante (art. 35 ley 13.661)" (fs. 664).
III.2. En este escenario, la pretensión de la parte debe ser rechazada por su insuficiencia puesto que se ha limitado a reiterar el planteo y a sostener que por encontrarse suspendido en el ejercicio de su cargo no le resultaba operativa la suspensión de la prescripción en los términos de los arts. 59 bis de la ley 13.661 y 67 del Código Penal, sin reparar mínimamente en los argumentos que -sin abrir juicio acerca de su acierto o error- el Jurado brindó en más de una oportunidad.
A ello cabe añadir que, bajo un pretendido ropaje federal, el recurrente intenta poner en jaque la interpretación dada a normas de carácter local, procedimental y de derecho común -arts. 20, 21 y 59 bis de la ley 13.661 y 67 del Código Penal- sin demostrar -con la rigurosidad que el caso exige- la afectación al debido proceso que de modo genérico alegó a fs. 949.
Mismo déficit se aprecia en torno al cuestionamiento relativo a que las faltas tengan un plazo de prescripción mayor al consagrado legalmente para algunos delitos, en tanto la parte no ha desarrollado por qué motivo tal circunstancia -que alude a cuestiones de derecho local, en principio ajenas a la instancia prevista en el art. 14 de la ley 48- en el caso redundaría en la afectación del debido proceso de Heredia, quien fue destituido por ambas causales (arts. 20 y 21, ley 13.661; conf. causas CSJN, "Gómez", 11-VI-2019 y SCBA, P. 120.408, resol. de 11-III-2015).
III.3. Finalmente, el pedido de fs. 949 vta. no prospera por cuanto el presentante no desarrolló el motivo por el cual considera que el juzgamiento no ha finalizado y que, además, las faltas endilgadas se encontrarían prescriptas por lo que este Tribunal debería así decidir.
Es que de tal escueta afirmación no puede extraerse sin más que al control judicial que -por creación pretoriana y de manera limitada- se le ha reconocido a
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.