Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 78232
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja incoada (arts. 278 y 292, CPCC; 60 CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.78.232 “PICAZO CASTELLAR, CARLOS ENRIQUE C/ MUNICIPIO TIGRE Y OTROS S/QUEJA POR DENEGACION DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-“
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín confirmó el pronunciamiento de grado que, en el marco de una acción de amparo ambiental, rechazó la medida cautelar solicitada el día 27-IV-2022 por el señor Carlos Enrique Picazo Castelar -quien reside en el barrio privado Yacht Nordelta- contra Nordelta S.A., la Municipalidad de Tigre y el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, por la que pretende la suspensión de todo tipo de obras, debido a la existencia de esta causa de recomposición ambiental, en orden a los arts. 37 de la ley 11.723 y 4 de la ley 25.675.
I.1. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro, luego de realizar un pormenorizado detalle de diversas presentaciones efectuadas por las partes y de varios movimientos procesales decretados en consecuencia, destacó que sin perjuicio de que la medida cautelar por medio de la cual se solicita la suspensión de las obras que se estarían llevando a cabo en el complejo, no había sido debidamente fundada, ni se habían explicitado los alcances de ésta, correspondía ingresar a su estudio a la luz de los principios preventivo y precautorio propios de la materia ambiental.
Luego analizó todos los elementos obrantes en la causa y descartó, en esta etapa liminar del proceso, la enrostrada presencia de un obrar ilegítimo de los demandados en el marco del procedimiento de impacto ambiental referido a la obra en cuestión, circunstancias que -a su entender- restaban verosimilitud al derecho en que la actora sustenta su pedimento cautelar.
Por otra parte, puntualizó que en este estadio procesal no se vislumbraba el riesgo ambiental invocado. Para ello, tuvo en cuenta que la autoridad competente había emitido la Declaración de Impacto Ambiental sujeta a ciertos condicionamientos previos a la etapa de realización de obras, los que tuvo por cumplidos posteriormente a través del acto administrativo pertinente (res. 991/22).
En suma, consideró que los elementos obrantes en la causa no eran suficientes para tener por configurados los requisitos de procedencia de la medida cautelar solicitada por el actor y, por ello, rechazó la petición. Sin perjuicio de eso, señaló que de modificarse la acción fáctica o jurídica tenida en cuenta al decidir y en virtud del carácter provisional de los despachos cautelares, podría efectuarse, a pedido de parte y con nuevos elementos, otro examen acerca de la procedencia y/o alcances de la tutela precautoria (v. resol. de 16-V-2022).
I.2. La Cámara interviniente rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor y confirmó la resolución denegatoria de la medida cautelar (v. res. de 9-VI-2022).
Para así decidir, señaló que no llegó controvertida a esa sede la existencia de un acto administrativo municipal que autorizara el comienzo de obras en la zona implicada y destacó la doctrina de esta Suprema Corte que exige un severo examen en cuanto a los presupuestos de la medida cautelar cuando con ello se persigue obtener la suspensión de la ejecución de un acto jurídico público.
Consideró que dentro del reducido marco cognoscitivo de las medidas cautelares -en un proceso sumarísimo- no observaba -coincidiendo con el juez de grado- que existiera un obrar ilegítimo de los demandados en el marco del procedimiento del Estudio de Impacto Ambiental relacionado a la obra que se pretende suspender y que revista de suficiente verosimilitud en el derecho a la pretensión expuesta por el actor.
Destacó diversos elementos aportados a las actuaciones que -según entendió- dan cuenta prima facie de que se han cumplido los pasos legalmente exigidos para legitimar la autorización para realizar la obra en conflicto por resultar factible ambientalmente. Al respecto, señaló que se celebró la audiencia pública del art. 18 de la ley 11.723, en el expediente administrativo; que se han ponderado los postulados de la evaluación de estudio de impacto ambiental correspondientes al proyecto Barrio Cerrado Yatch y los requisitos para la reanudación de las obras con intervención de las áreas pertinentes y, finalmente, se dictó la resolución 991/22 mediante la cual se tuvieron por cumplidos los requerimientos consignados en la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto en cuestión y que fuera solicitada en la etapa previa al permiso de obra.
Entendió que el actor en la apelación insiste con la petición de la medida cautelar pero sin cuestionar de manera concreta y precisa los fundamentos sobre los cuales asentó la decisión apelada, desentendiéndose de éstos y limitándose a efectuar afirmaciones genéricas relativas al alegado avance de las obras y a la defensa del ambiente, como ha reiteradamente hecho en presentaciones anteriores.
Resaltó que el magistrado de grado ya había rechazado el planteo de nulidad pretendido en relación a la resolución 991/22 por haber entendido que excedía el marco de conocimiento propio de este proceso ambiental, disposición que quedara firme al haberse desestimado por improcedente el recurso de apelación deducido contra ella y haberse ocurrido en queja por ante la Alzada.
Asimismo, consideró que tampoco procedía la denuncia del actor respecto a que el magistrado de grado había desconocido una medida cautelar dictada por la jueza federal de San Isidro que afectaría la zona de conflicto y que tampoco había considerado la resolución 39/22 que adjuntara al recurso de apelación interpuesto, contradictoria -según el apelante- de la conducta municipal.
Consideró, entre otras razones, que ambos argumentos resultaban novedosos desde que fueron introducidos en la apelación.
Por lo tanto, rechazó el recurso de apelación y confirmó la resolución dictada el 16-V-2022, al no hallar satisfecho uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar que se pretende (cfr. art. 22, CCA) -la verosimilitud del derecho invocado en el caso-. Consideró que tal circunstancia era suficiente para ratificar la desestimación decidida en la instancia de grado, siendo innecesario tratar los demás requisitos de procedencia o los restantes agravios esgrimidos por el apelante. Ello, sin perjuicio de la posibilidad siempre abierta de volver sobre el asunto de variar la situación fáctica o jurídica.
II. Frente a lo así decidido, el actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación adj. de fecha 21-VI-2022), el que denegado -con sustento en que el fallo atacado no reviste carácter definitivo- (v. resol. de fecha 4-VIII-2022), motivó la presente queja (v. presentación de fecha 15-VIII-2022).
III. Al respecto, cabe señalar que es doctrina reiterada de esta Corte que, en principio, las decisiones relativas a medidas cautelares no resultan definitivas en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable al caso conforme lo dispuesto en el art. 60 del Código Contencioso Administrativo (doctr. causas Q. 76.534, "Bracco", resol. de 30-VI-2021; C. 125.373, "Asociación Civil Prot. Ambiental del Río Paraná Control de Contam. y Restaurac. del Habitat y otro", resol. de 15-III-2022; C. 125.067, "Odsagro S.A.", resol. de 30-XI-2022, e.o.).
Así, en el sub lite , en que la Cámara confirmó el pronunciamiento impugnado al considerar que el actor no demostró la verosimilitud del derecho en que fundó el pedido de tutela, además de destacar el carácter provisorio de la medida cautelar y considerar que puede ser nuevamente planteada por el interesado con mayores elementos de juicio y/o si variara la situación de hecho y/o derecho actualmente existente en el caso, para ser dirimida por el juez de grado, no se advierten, en el marco procesal descripto, motivos de excepción que justifiquen el apartamiento del criterio general expuesto. Veáse que de las constancias obrantes en el Portal de la MEV surge que el recurrente continúa haciendo peticiones en la instancia de grado, de similar tenor a la que nos ocupa en esta queja, con el fin de suspender la ejecución de la obra controvertida.
Asimismo, deviene pertinente adunar que los precedentes de la Corte nacional y de la justicia federal que se citan en la queja para sustentar el carácter definitivo de la decisión cautelar atacada (v. acápite 3 de escrito de queja), resultan inaplicables al caso. Por un lado, porque la doctrina legal que rige los requisitos de los recursos extraordinarios locales es la que emerge de las decisiones de esta Suprema Corte (cfr. arts. 278, 279, 281 y concs., CPCC) y, por otro, porque la invocada por el recurrente se refiere a situaciones diversas a la aquí planteada.
IV. Por otra parte, la regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por la cita de existencia de "gravedad institucional" (v. punto 5 de la queja).
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a su invocada existencia si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causa C. 125.067, cit.).
V. En consecuencia, no revistiendo carácter definitivo la resolución impugnada, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido deviene inadmisibile y se impone el rechazo de la queja intentada (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja incoada (arts. 278 y 292, CPCC; 60 CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2023 17:42:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2023 19:33:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/02/2023 08:13:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2023 10:09:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2023 11:32:55 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/03/2023 11:37:37 hs. bajo el número RR-88-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia