Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 78581
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.78.581 “RIOS, GRACIELA ESTHER Y OTROS C/ CAVALSA S.A. Y OTROS S/QUEJA POR DENEGACION DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-“
I. Conforme surge de las constancias acompañadas y de las que se encuentran disponibles para su consulta en el portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte, los actores promovieron una acción de amparo ambiental contra Cavalsa S.A., Racaval S.A. y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, con el objeto de obtener -en lo sustancial- el cese de las supuestas acciones de contaminación de las empresas demandadas, el cierre definitivo de la planta hormigonera Cavalsa y el saneamiento y recomposición del ambiente por parte de los codemandados.
Asimismo, en lo que aquí interesa destacar por ser materia de agravio, solicitaron una medida cautelar innovativa que “consista en una orden a la municipalidad y a la empresa, para que en un plazo perentorio de 10 días, dicten todos los actos administrativos y de cualquier otra índole, tendientes a detener el funcionamiento de la planta, atento que el funcionamiento de una planta de hormigón y asfalto a cielo abierto es a todas luces ilegal, pues es una actividad que se realiza sin cumplir ninguna política ambiental” (v. escr. electr. de 26-V-2022).
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial de San Martín rechazó la medida cautelar tal como fue requerida por los actores. No obstante ello, ordenó a la Municipalidad de Malvinas Argentinas que, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, proceda a adoptar las medidas pertinentes que permitan la participación de los ciudadanos (consulta o audiencia pública), invitando especialmente a los actores a realizar las observaciones que estimen corresponder, estableciéndose la obligación de la autoridad municipal de responderlas en el plazo de treinta (30) días hábiles, conforme lo prevén las normas de los arts. 20 de la ley nacional 25.675, 8 de la ley nacional 25.831, 18 de la ley 11.723 y 7 del Anexo I , decreto 531/19 ( Cfr. art. 204, CPCC y 77 inc. 1, CCA; v. resol. de 7-VII-2022).
Para así decidir, el magistrado de grado consideró que no se encontraba acreditada la verosimilitud del derecho. Ponderó que la industria demandada se encuentra calificada como de primera categoría en los términos del art. 15 de la ley 11.459 y había tomado intervención el OPDS –actual Ministerio de Ambiente- el que se ha expedido respecto a la contaminación sonora, aprobando las medidas adoptadas por la empresa. Agregó que el informe contestado por la Municipalidad de Malvinas Argentinas arroja que “el certificado de Aptitud Ambiental no ha sido emitido (aún habiendo sido presentado el estudio de impacto ambiental bajo el N° de Expte. 4132-11272/2921 y su A 001/2021) dado que previo a cualquier manifestación al respecto se estaba a la espera de la resolución de categorización industrial emitida por OPDS, lo que ocurrió el día 17 de marzo de 2022, encontrándose actualmente en análisis”.
Concluyó que la falta del certificado de Aptitud Ambiental no implica que la actividad en funcionamiento deba cesar hasta tanto se expida el municipio, ya que la propia ley 11.459 establece la aprobación ficta de éste operado al vencimiento de los plazos y que de la prueba aportada en autos -y hasta esa fecha- no surgía que las autoridades de aplicación (OPDS y Municipalidad de Malvinas Argentinas) hubieran detectado o acreditado la existencia de daño o riesgo alguno que pudieran implicar la denegación del certificado de aptitud ambiental.
II. Apelado dicho pronunciamiento por los actores (v. escrito electr. de 10-VIII-2022), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso interpuesto y confirmó la resolución de grado en todo cuanto fue materia de agravio.
II.1 Para así decidir, ponderó que con posterioridad al dictado de la resolución denegatoria de la medida cautelar, la Municipalidad de Malvinas Argentinas acreditó en las actuaciones la publicación, en el sitio web del municipio, del estudio de impacto ambiental presentado por la industria demandada, ello en cumplimiento de la orden impartida por el juez de grado.
A su vez, puntualizó que de las constancias acompañadas en autos, en esta etapa primigenia de la causa, no surgía la configuración del peligro en la demora (cfr. art. 22, CCA), circunstancia que consideró suficiente para ratificar la desestimación decidida en la instancia de grado, aunque por esos argumentos. Ello, sin perjuicio de rememorar que las decisiones en materia cautelar, además de ser provisionales, no tienen efecto de cosa juzgada material, por lo cual su acogimiento o desestimación no implica prejuzgamiento alguno y puede, la medida, ser nuevamente planteada por el interesado con mayores elementos de juicio para ser dirimida por el magistrado de grado.
II.2. No obstante ello, habida cuenta del tiempo transcurrido desde que la industria iniciara el trámite tendiente a obtener el Certificado de Aptitud Ambiental y el avanzado estado del procedimiento, dispuso que en el marco de las competencias de la comuna en esta materia efectúe el control de la actividad actual de la empresa, en particular, de las cuestiones que fueran observadas por el propio municipio durante las inspecciones efectuadas (v.gr., tanque de gasoil, tareas de contención del polvo, ruidos molestos, calidad del aire, etc.), de lo que deberá informarse al juez de la instancia de grado con la periodicidad adecuada a efectos de que, en su caso, se adopten las medidas pertinentes.
Ordenó, además, que la Municipalidad de Malvinas Argentinas le imprima la celeridad que requiere el tratamiento de la gestión del certificado de aptitud requerido y que, en ese contexto, se expida en el plazo de treinta días -una vez concluida la etapa de participación ciudadana- a tenor de lo dispuesto en la ley 11.459, en relación al pedido del Certificado de Aptitud Ambiental solicitado por Racaval S.A respecto de la industria ubicada en Avenida Presidente Arturo Ilia N° 10.570, de la localidad de Tortuguitas (v. resol. de 6-X-2022).
III. Frente a lo así resuelto, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escr. electr. de 26-X-2022), el que denegado -con sustento en la no definitividad de la decisión cuestionada- (v. resol. de 13-XII-2022), motivó la presente queja (v. escr. electr. de 28-XII-2022).
IV. Esta Corte reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de los recursos extraordinarios, entendiéndose por tal aquella que, resolviendo el asunto principal objeto de la litis , pone fin al pleito, condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su continuación (doctr. causas A. 75.045, "Laffrentz", resol. de 9-V-2018; A. 75.849, "Pouyanne", resol. de 11-XII-2019; Q. 77.330, "Orellana", resol. de 24-XI-2021; Q. 78.170, "Centurylink Argentina SA", resol. de 14-III-2023; Q. 78.117, "Gossen", resol. de 13-IV-2023, e.o.).
Asimismo, cabe señalar que es doctrina reiterada de este Tribunal que, en principio, las decisiones relativas a medidas cautelares no resultan definitivas en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable al caso conforme art. 60 del Código Contencioso Administrativo (doctr. causas Q. 75.903, "Granja Tres Arroyos", resol. de 6-XI-2019; Q. 76.431, "Centro de Exportadores de Cereales y Otros", resol. de 19-III-2021).
Sobre tales bases, no se advierten en el sub lite , en el que la Cámara confirmó el pronunciamiento de grado que rechazó la medida cautelar solicitada al considerar -en el delimitado marco cognitivo propio de las diligencias precautorias y sin abrir juicio definitivo sobre el mérito del asunto- que no ha sido demostrado el peligro en la demora en que se fundó el pedido de tutela, motivos de excepción que justifiquen el apartamiento de dicho criterio (conf. causas Q. 75.903 y Q. 76.431 cits.).
V. Por último, cabe agregar que la denuncia de existencia de cuestiones federales -más allá de destacar que no se aprecia su existencia en este caso- no obsta a la solución adoptada, en tanto las normas procesales que establecen que los recursos extraordinarios locales solo proceden contra las sentencias definitivas, no importan restricción alguna a las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que el recurso federal también procede únicamente contra dicha clase de providencias (doctr. CSJN in re "Strada" y "Di Mascio"; Q. 74.702, "Scarimbolo", resol. de 10-V-2017; Q. 75.688, "Tolosa Paz", resol. de 13-III-2019; Q. 76.618, "Fisco de la Provincia de Buenos c/ Medina", resol. de 19-III-2021; entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/09/2023 13:27:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 09:28:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 11:21:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2023 14:51:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2023 15:16:22 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/09/2023 15:29:38 hs. bajo el número RR-864-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia