Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 78864
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278, 292, 296 y 299 CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.78.864 "BINGO KING C/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERIA Y CASINOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ QUEJA POR DENEGACION DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE NULIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD-"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de San Isidro hizo lugar a la demanda iniciada por Bingo King S.A. contra el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, declaró la nulidad de la resolución 17/15 y de las resoluciones 2019-82 y 2019-233, en tanto mantuvieron inalterada la carga de los costos y demás obligaciones derivadas de la impresión y distribución de cartones del juego de bingo dispuesta en la resolución 1712/02. Asimismo, admitió la pretensión formulada en los términos del art. 12 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo y dejó establecida la obligación legal del demandado de la provisión, a su cargo y costo, de la impresión y distribución de los referidos cartones a las salas de la Provincia de Buenos Aires. Por último, ordenó el reintegro de las sumas que individualizó, con intereses (ver sent. de 11-VII-2022).
A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y revocó la sentencia de grado atacada. En consecuencia, desestimó íntegramente la demanda promovida por Bingo King S.A y le impuso las costas en ambas instancias (v. sent. de Cámara de 25-IV-2023).
Frente a lo así decidido, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad (v. escr. adj. de 12-V-2023), los que denegados por el Tribunal de Alzada (v. resol. de 13-VI-2023), motivaron la presente queja (v. escr. electr. de 22-VI-2023).
II.1. Al respecto, corresponde señalar que las consideraciones vertidas por la Cámara para denegar la vía de nulidad interpuesta exceden el límite de las facultades que le otorga el art. 281 del Código Procesal Civil y Comercial con relación al examen de las condiciones formales de admisibilidad, al incursionar en materia que es privativa de esta Suprema Corte (doctr. causas Q. 77.816, "Napoli", resol. de 12-VIII-2022; A. 78.060, "Fideicomiso San Martín", res. de 15-XI-2022 y A. 78.836, "Care", resol. de 6-IX-2023, e.o.).
II.2. No obstante ello, la queja traída carece igualmente de viabilidad, pues ha decidido con reiteración esta Suprema Corte que la vía prevista en el art. 161 inc. 3 ap. "b" de la Constitución de la provincia sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (conf. doctr. causas A. 71.821, "Luna", sent. de 6-XII-2017; A. 75.279, "Odisa", resol. de 27-VI-2018; A. 75.390, "Cornejo", resol. de 10-X-2018; Q. 77.816, "Napoli", resol. de 12-VIII-2022).
En el medio revisor en estudio, si bien se denuncia violación del art. 171 de la Constitución de la Provincia, de su simple lectura se advierte que -bajo el aparente reproche de la ausencia de fundamentación legal- la crítica se dirige, en rigor, a objetar el modo en que el órgano de grado abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento del Tribunal de Alzada cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad y propio del de inaplicabilidad de ley (conf. causas Q. 76.404, "Ayala", resol. de 17-VI-2020; Q. 76.434, "Barrios", resol. de 6-VII-2020 y Q. 76.521, "Sosa", resol. de 22-XII-2020, e.o.).
Por otra parte, cabe recordar que el quebrantamiento de las garantías consagradas en el art. 171 de la Carta local sólo se produce cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, faltando la invocación de preceptos legales, pero cumple con la exigencia que impone tal norma constitucional el fallo que, como en el caso, está fundado en expresas disposiciones normativas, siendo -como ya se dijera- ajenos al ámbito de dicha vía los agravios dirigidos a cuestionar el acierto en la fundamentación de la decisión impugnada (doctr. causas A. 74.225, "Unilever de Argentina SA", resol. de 29-VI-2016; A. 75.413, "Maldonado", resol. de 5-XII-2018; A. 75.642, "Bellino", resol. de 24-IV-2019; Q. 76.511, "Fernandez", resol. de 30-III-2021).
III. En relación al recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto, cabe recordar que, de conformidad a lo dispuesto por el art. 299 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, dicha vía se abre en el único supuesto en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y resuelto la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales confrontados con normas de la Constitución provincial (doctr. causas Q. 73.183, "Ecocarnes SA", resol. de 8-VII-2014; Q. 73.894, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 16-III-2016; Q. 74.614, "Fisco c/ El Nuevo Halcón SA", resol. de 7-III-2018; A. 75.658, "Congelados Ártico SA", resol. de 14-VIII-2019; Q. 76.828, "Wydler", resol. de 10-III-2021 y Q. 77.504, "Mele", resol. de 18-VIII-2022, e.o.).
Ello no acontece en autos. Conforme surge de las constancias acompañadas y se advierte de la lectura de la pieza recursiva, en el fallo en embate no se resolvió caso constitucional alguno en los términos indicados (conf. art. 299, cit., doctr. causas A. 75.286, "Haro", resol. de 11-VII-2018; A. 75.919, "Muñoz", resol. de 25-IX-2019; Q. 76.828 y Q. 77.504, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278, 292, 296 y 299 CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/11/2023 14:23:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/11/2023 17:48:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2023 10:27:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2023 12:49:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2023 18:09:03 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/11/2023 18:11:16 hs. bajo el número RR-1041-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia