Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 76489
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 278 y 292, CPCC; 60 CCA y Acordada 1790). Con costas (art. 31, Ley 14.967).
Q.76.489 “LUCERO, NICOLAS RODRIGO C/ INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION N 6001 DEP DEL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE S/QUEJA POR DENEGATORIA DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Nicolás Rodrigo Lucero contra el Servicio Penitenciario Bonaerense -Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires- y condenó a la demandada al pago de la indemnización fijada, con los alcances que se detallan en los considerandos del decisorio (v. adj. sent. de Primera instancia de 21-VIII-2019).
A su turno, en lo que aquí interesa destacar, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en San Nicolás, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte accionada y revocó la sentencia de grado rechazando en su totalidad la demanda (v. sent. de 12-V-2020).
Frente a tal pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-V-2020), el que denegado -en razón de que el valor del litigio no supera el monto mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial-, motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación electrónica de fecha 30-VI-2020).
II. Al respecto debe destacarse en primer término que, en atención a los agravios desplegados en el embate extraordinario en análisis, el valor del litigio a los fines de lo establecido en el referido art. 278 del mencionado Código se halla representado para el agraviado, por el monto indemnizatorio reclamado en la demanda -$ 302.960- (doctr. causas A. 75.293, "Silvestre", resol. de 29-VIII-2018; Q. 75.143, "Somosa", resol. de 29-VIII-2018; A. 75.376, "Libera", resol. de 21-XI-2018 y A. 75.577, "Amores Quinteros", resol. de 20-III-2019; A. 75.860. "Comaschi", resol. de 29-IV-2020), importe que no supera el mínimo establecido en la citada norma -aplicable al presente en virtud de lo dispuesto en el art. 60 del Código Contencioso Administrativo- (conf. Acordada 3972/2020), sin que corresponda adicionar intereses a dicha suma, ni actualizarla (art. 10, ley 23.928, texto según ley 25.561; doctr. causas A. 73.961, "Giacometti", resol. de 22-XII-2015; A. 74.481, "Garin", resol. de 7-XII-2016; A. 74.655, "Ballarini", resol. de 19-IV-2017; A. 74.897, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 28-II-2018; Q. 75.064, "Pallasa", resol. de 13-VI-2018; A. 75.860. "Comaschi", cit.).
El recurrente aduce que al tiempo de la interposición de la demanda aquel importe superaba el exigido para acceder a esta instancia revisora y que, además, de tomarse como pauta de valoración el jus arancelario, debía considerarse que el referido monto en aquella época era superior, conforme al valor de dicha medida en tal momento. Tales argumentaciones no pueden admitirse; este Tribunal ha sostenido con reiteración que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 116.602, "Tenenbaum", resol. de 9-V-2012; C. 122.919, "Godoy", resol. de 20-III-2019; C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; Q. 75.965, "Solomajina", resol. de 25-VI-2020; Q. 76.147, "Furnari", resol. de 1-VII-2020 y Q. 75.567, "Beneito", resol. de 1-VII-2020), por lo que resultan improcedentes los fundamentos expuestos para superar tal valladar (doctr. causas C. 114.679, "Cristalfin S.A.", resol. de 31-VIII-2011 y C. 120.993, "González", resol. de 26-X-2016; Q. 75.965, "Solomajina", Q. 76.147, "Furnari" y Q. 75.567, "Beneito", cits.).
Al respecto, cabe agregar que, conforme surge de los fundamentos de la ley 14.141, el principal objetivo que persiguió la reforma a los arts. 278 y 280 del CPCC fue restablecer el rol que le compete a esta Corte manteniendo el carácter extraordinario de su intervención. Tal modificación pretendía no solo adecuar el monto en cuestión, sino también incorporar un instrumento que permita su fijación automática en términos de valor, a fin de evitar que la ley deba ser modificada en cada oportunidad en que aquel resulte desvirtuado por vicisitudes económicas. A esos efectos se fijó el valor del litigio y el depósito previstos en los artículos citados, en relación al valor del jus arancelario. Así, el valor de 1 jus, conforme la pauta prevista en el art. 9 del decreto-ley 8904/1977, representa el uno por ciento (1%) de la remuneración total asignada al cargo de Juez letrado de Primera Instancia de la Provincia de Buenos Aires (causas A. 71.957, "Bottazzi", resol. de 18-IX-2013 y A. 74.409, "Carnevale", resol. de 29-III-2017).
Ello no implica la actualización, reajuste o indexación que prohíbe la ley 23.928 -texto según ley 25.561-, toda vez que tanto la " summa gravaminis " como el depósito previo, en tanto presupuestos de admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley, no pueden considerarse comprendidos en la previsión de su artículo 10, aplicable a las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios (causas A. 71.957, "Bottazzi" y A. 74.409, "Carnevale", cits.).
Por otro lado, en lo que se refiere a la violación de la garantía de acceso a la justicia (art. 18 de la Const. nac., 15 de la Const. prov.), esta Corte tiene decidido, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en el art. 278 del CPCC, no vulneran derechos o garantías constitucionales (doctr. causas Q. 72.162, "Nico", resol. de 9-X-2013; A. 73.049, "Almeida", resol. de 12-XI-2014; A. 70.987, "Banfi", resol. de 26-III-2015; A. 74.596, "Gonzalez", resol. de 12-IV-2017; Q. 75.344 cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 278 y 292, CPCC; 60 CCA y Acordada 1790). Con costas (art. 31, Ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2021 10:07:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/03/2021 15:10:27 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 13:15:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/03/2021 09:19:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2021 06:18:55 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia