Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 76560
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar la resolución de Cámara que confirmó la sentencia (y su aclaratoria) dictada por el juez de primera instancia en lo que fue materia de agravio.
Consecuentemente, vuelvan las actuaciones al tribunal de origen para que, partiendo de las premisas sentadas ut supra , dicte un nuevo pronunciamiento.
Con costas a la parte vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Q.76.560 “SANCHEZ, NELIDA C/ MINISTERIO DE SALUD S/QUEJA POR DENEGATORIA DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Soria dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Fisco provincial y confirmó la decisión del juez de grado que reguló los honorarios profesionales de los doctores Nicolás Andrés Dobarro y José Ramón Sosa en la suma de cinco (5) Jus a cada uno de ellos con más los aportes de ley que correspondan, con sustento en lo estatuido en los arts. 1, 9, 54 y cctes del la ley 14.967 y 3 de la ley 15.016 (v. resol. de Cámara de fecha 2-VII-2020).
Para así resolver, estimó que la regulación practicada en la primera instancia de 5 jus para cada uno de los letrados, por las labores desarrolladas en el amparo por mora, resultaba ajustada a los términos del art. 3 de la ley 15.016 aplicable en la especie.
Según entendió, dicho artículo establece una pauta regulatoria específica y única que comprende no sólo a todo el proceso de amparo por mora -incluyendo a todas las instancias- sino también a todos los profesionales actuantes en la misma causa.
En razón de ello, resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Fisco confirmando la regulación apelada.
II. Contra dicha resolución se alza la Fiscalía de Estado a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-VII-2020 19:47:13 p.m.), en el cual plantea básicamente dos agravios:
II.1. Violación o errónea aplicación de la ley 15.016 al regularse los honorarios por sobre el máximo legal de 5 jus establecido como techo en el art. 3 de dicho cuerpo legal.
Sobre el punto recuerda que al sancionarse la ley actual de honorarios 14.967 en su redacción original no previó una tarifa especial para los amparos por mora, sino una regulación general para los procesos de amparo tradicional, estableciendo para estos una suma equivalente a 50 jus (cfr. art. 49) y para los procesos contencioso administrativos la correspondiente a 30 jus (cfr. art. 44).
Refiere que, frente a este vacío inicial, la jurisprudencia del fuero comenzó a llenar esa laguna regulando en los amparos por mora la suma de 50 jus equiparándolo al proceso constitucional de amparo. Relata que, con motivo de la evidente desproporción en la remuneración de las tareas que deben llevarse a cabo en el sencillo proceso de amparo por mora con relación al esquema litigioso de mayor rigurosidad, como es el del proceso constitucional de amparo tradicional, la Provincia de Buenos Aires se vio obligada a afrontar un costo patrimonial importante, siendo en vano sus intentos de revertir esta cuestión por las vías recursivas pertinentes.
Dicha situación -según refiere- generó una "avalancha" de amparos por mora, circunstancia que fue advertida por el legislador provincial. Así el 25 de enero de 2018 se publicó la ley 15.016, cuyo objetivo fue -según sus fundamentos- poner "...un límite de razonabilidad en cuanto a la proporción de las costas judiciales" disponiendo que "...En los procesos de amparo por mora los honorarios de primera instancia se regularán en la única cantidad de cinco (5) jus " (art. 3, ley cit.).
Es decir, agregó, que el legislador provincial vino a llenar el vacío legal existente en materia de honorarios, con el evidente propósito de poner fin a la línea jurisprudencial que venía equiparando la situación al amparo tradicional, fijando como "única cantidad" a abonar por este trámite los 5 jus ya citados.
Puntualiza, como un hecho importante, que incluso las cámaras del fuero defendieron la constitucionalidad de este dispositivo revocando la declaración de inconstitucionalidad que ciertos tribunales de primera instancia habían resuelto para regular honorarios por encima del tope legal (cfr. causas CCALP n° 39.802, "Moscoloni" y n° 23.130, "Malerba", sents. de 25-IX-2018 y CCASM n° 7.544, "Martinez", sent. de 1-X-2019).
Sostiene que la norma en cuestión al aludir a la "única cantidad" de 5 jus como tope máximo en el amparo por mora, establece un límite que no puede superarse bajo ningún concepto.
Para más, argumenta que la propia Cámara en la resolución cuestionada, reconoce en sus considerandos el carácter inamovible que tienen los 5 jus señalando que el monto que establece el art. 3 de la mencionada ley responde a "...una pauta regulatoria específica y única que comprende no sólo a todo el proceso de amparo por mora [...] sino también a todos los profesionales actuantes en la misma causa...". No obstante, afirma que al momento de resolver la apelación planteada concluyó -en contra de sus argumentos, de la expresa previsión legal, y sin fundamentos- que correspondía -tal como lo hizo el juez de grado- regular los honorarios de los letrados en cinco (5) jus para cada uno de ellos.
II.2. Violación de la ley 14.967 y absurdo, al aplicarse la escala legal de honorarios del juicio, multiplicándola entre los varios abogados de la misma parte, con grave daño al erario.
Sobre el punto plantea que el criterio aplicado no solo viola el texto expreso de la ley 15.016 sino que también se opone a las pautas elementales que surgen del plexo normativo para la regulación de honorarios cuando son varios los letrados intervinientes, en el cual se establece que en ese caso estos se consideraran como un sólo y mismo patrocinio (art. 13, ley 14.967) por lo que las escalas y montos regulatorios fijados para el tipo de proceso no se multiplican por cada uno de ellos sino que se dividen internamente entre todos, distribuyéndose según la clasificación de los trabajos realizados.
Entiende que esta es la inteligencia que se deriva de la redacción inicial de la sentencia y se corresponde con el sentido de la legislación sancionada para la regulación de los honorarios en los amparos por mora.
Recuerda asimismo que cuando la ley general de honorarios regula expresamente el patrocinio plural señala que cuando en el juicio interviene más de un abogado o procurador por una misma parte se considerará, a los efectos arancelarios, como un solo patrocinio y se regularán los honorarios individualmente en proporción a la tarea cumplida por cada uno (cfr. art. 13, ley 14.967).
Estima que la claridad de la norma la exime de realizar mayores comentarios y concluye que el hecho de que el litigante decida discrecionalmente hacerse patrocinar por uno o más abogados no altera la base regulatoria asignada o techo regulatorio, sino que en todo caso obliga a dividirlo entre todos de conformidad a la tarea desarrollada por cada uno. Criterio que -dice- es aplicado uniformemente por todos los tribunales judiciales y por la propia Corte al momento de realizar la regulación de honorarios cuando intervienen varios abogados.
Para finalizar alerta sobre el peligro que se produciría de extenderse este temperamento para las arcas provinciales, solicitando se revoque la resolución apelada.
III. El recurso resulta fundado.
La cuestión central a dilucidar gira en torno a la interpretación que corresponde otorgar al art. 3 de la ley 15.016, en lo que respecta a la regulación de los honorarios profesionales en los procesos de amparo por mora.
Dicho precepto incorporó una modificación a la ley 13.928 estableciendo en su art. 3: "ARTÍCULO 20 BIS: En estos procesos los honorarios de primera instancia se regularán hasta un máximo de veinte (20) Jus establecidos en la ley arancelaria. En los procesos de amparo por mora los honorarios de primera instancia se regularán en la única cantidad de cinco (5) Jus ".
Ahora bien, el Tribunal de Alzada a los fines de confirmar la regulación efectuada por el juez de primera instancia, citó esta disposición y sin mayores fundamentos resolvió que debían regularse 5 jus para cada uno de ellos.
Así, es claro que la Cámara ha interpretado que este tope es para cada letrado interviniente por la misma parte, pues pese a su expresión de que "el art. 3 de la ley 15.016 establece una pauta regulatoria específica y única que comprende no solo a todo el proceso de amparo por mora incluyendo [...] también a todos los profesionales actuantes en la misma causa..." luego estimó que correspondía regular ese monto individualmente.
Ciertamente, y tal como plantea la quejosa, la interpretación y aplicación realizada por el Tribunal de Alzada resulta claramente "errónea" pues importa forzar el texto expreso de la ley, extrayendo una conclusión equivocada de la norma con consecuencias que, cabe adelantar, son las que precisamente esta quiso evitar.
El alcance de la expresión "única cantidad" utilizada en la ley es el de establecer un tope o límite máximo, resultando indistinto que intervengan uno o más letrados, pues de lo contrario esta perdería sentido (conf. causa A. 76.543, "Ciraco", sent. de 26-V-2021).
Al respecto, la doctrina constante de este Tribunal señala que en principio toda interpretación de la ley debe comenzar por la ley misma, y que cuando el texto es claro y expreso, debe aplicársela estrictamente en el sentido que resulta de sus propios términos (conf. causas Ac. 94.535, "Schenone", sent. de 22-III-2006; A. 70.316, "Trejo", sent. de 9-V-2012; A. 71.395, "Siniego Berri", sent. de 25-II-2015; entre muchas otras).
Por otra parte, la hermenéutica que la Cámara actuante ha realizado de la norma en cuestión, parece olvidar los fines tenidos en mira por el legislador al disponer un tope a los honorarios que pueden ser regulados en el proceso de amparo por mora, teniendo en cuenta que se trata de un proceso sencillo que no demanda grandes labores profesionales.
En efecto, en la exposición de motivos o fundamentos de dicha ley puede leerse que el objetivo de esta modificación fue la de equilibrar razonablemente las erogaciones en este tipo de procesos, de modo tal de hacerlos compatibles con una real y efectiva tutela judicial (conf. fundamentos, ley 15.016, B.O. de 25-I-2018).
Frente a ello no parece razonable concluir, como lo hiciera la Cámara interviniente, que dicho tope se fijó para la regulación de los honorarios de cada uno de los letrados intervinientes y no para éstas en su conjunto, pues en ese caso bastará con que se presenten varios abogados para burlar el límite legal, en un proceso que, como se sabe, resulta simple, sencillo y no presenta mayores dificultades.
Sobre el punto, conviene tener presente que la inteligencia de las leyes debe desentrañarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan y con ese objeto la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador (CSJN Fallos: 302:973; doctr. causas B. 63.317, "Olmedo", sent. de 11-VI-2014 y sus citas; e.o.).
Y que es misión del intérprete indagar el verdadero sentido y alcance de la norma, mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto y la voluntad de quien lo emitió, teniendo en cuenta que cualquiera que sea la índole de la norma no hay método de interpretación mejor que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de aquella (doctr. causa B. 57.993, "Cejas", sent. de 27-IX-2006).
Por lo demás, y tal como también plantea el Fisco recurrente, esta interpretación armoniza adecuadamente con los principios generales que dimanan de la ley de honorarios de abogados y procuradores -Titulo III, ley 14.967- la que precisamente al disponer cómo deben regularse los honorarios en caso de la intervención de varios por una misma parte, establece que "...se considerará, a los efectos arancelarios, como un único patrocinio o representación y se regularán honorarios individualmente en proporción a la tarea cumplida por cada uno..." (cfr. art. 13), regla que se replica luego en supuestos particulares (como ejemplo puede citarse el art. 35 última parte, mismo cuerpo legal).
De este modo, si trabajan varios abogados para la misma parte durante el proceso, la sumatoria de los honorarios que les correspondan será igual a los honorarios que hubieran correspondido si hubiera actuado un único abogado para esa parte (conf. causa A. 76.543, "Ciraco", cit.).
Con ello debe recordarse que también es propio de la interpretación indagar en lo que ella dice jurídicamente, o sea, en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento general (CSJN Fallos: 258:75; 271:7; 287:79; e.o.), en función de las circunstancias concretas de la causa (Fallos: 304:1912), de modo de obtener su armonización y concordancia entre sí (Fallos: 303:578; 313:1467; 323:610; e.o.). Como un todo coherente y armónico (Fallos: 186:170; 296:432; e.o.), como parte de una estructura sistemática considerada en su conjunto (Fallos: 334:1027) y teniendo en cuenta su finalidad perseguida (Fallos: 320:783; 324:4367; e.o.).
IV. Por lo expuesto, habiéndose demostrado la violación y errónea aplicación del art. 3 de la ley 15.016, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocar la resolución de Cámara que confirmó la sentencia (y su aclaratoria) dictada por el juez de primera instancia en lo que fue materia de agravios. Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, partiendo de las premisas sentadas ut supra , dicte un nuevo pronunciamiento.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar la resolución de Cámara que confirmó la sentencia (y su aclaratoria) dictada por el juez de primera instancia en lo que fue materia de agravio.
Consecuentemente, vuelvan las actuaciones al tribunal de origen para que, partiendo de las premisas sentadas ut supra , dicte un nuevo pronunciamiento.
Con costas a la parte vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/07/2021 14:25:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/07/2021 17:13:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2021 14:28:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2021 17:31:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2021 19:34:50 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia