Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 77499
Lo que resolvió el tribunal
I. Aceptar la excusación del dr. Luis Esteban Genoud, por los motivos en los que se funda (arts. 17 inc. 7° y 30, CPCC).
II. Desestimar la queja interpuesta mediante presentación electrónica del 2 de noviembre (art. 292, CPCC).
III. Dejar establecido que cualquier cuestionamiento que el recurrente considere pertinente formular frente a lo resuelto por la Junta Electoral de la Provincia en este asunto deberá canalizarse por medio de una acción de amparo (arts. 15 y 20, Constitución de la Provincia; ley 13.928).
IV. Exhortar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para que, en el marco de sus atribuciones, promuevan y concreten, a la brevedad posible, la aprobación de las normas legales necesarias para asegurar el control judicial adecuado y eficaz de las cuestiones que se suscitan en el contexto del cronograma electoral y, en particular, el de los actos que en ese lapso dicta la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
Q.77.499 “CERVETTO, JUAN JOSE C/JUNTA ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. QUEJA POR DENEGATORIA DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
El Señor Juez doctor Soria dijo:
I. En razón de los motivos expuestos, considero que la excusación del dr. Luis Esteban Genoud debe ser aceptada (arts. 17 inc. 7° y 30, CPCC).
II. De acuerdo a los antecedentes adjuntados a la presentación electrónica por la que se promueve la queja, el señor Juan José Cervetto, apoderado y candidato a concejal en el distrito de Tigre de la Alianza "Avanza Libertad", de acuerdo a lo dispuesto en el art. 22 de la ley 5109, impugnó la candidatura a idéntico cargo del señor Pedro Segundo Cernadas, postulante en la lista de la Alianza "Juntos".
Adujo que el mencionado aspirante a concejal no reúne los requisitos para ocupar el cargo para el que se propone, en razón de que ésta sería la tercera vez consecutiva que se presenta a elecciones para desempeñarse como miembro del Concejo Deliberante de Tigre, situación que se encuentra expresamente prohibida por las normas aplicables.
En tal sentido, recuerda que la ley 14.836, modificó al art. 3 del decreto ley 6769/58, vedando expresamente que los concejales que hayan sido reelectos puedan aspirar a un tercer mandato al disponer que, en tal caso, sólo podrán ser elegidos mediando un intervalo de un período.
Dejó planteada la inconstitucionalidad del decreto reglamentario 265/2019, para el supuesto de que se considere que sus previsiones -que a su juicio claramente exceden los términos de la ley 14.836-, autorizan la candidatura que cuestiona.
La Junta Electoral de la Provincia, sobre la base de lo dispuesto en el art. 6 de la mencionada ley 14.836 y en el tiempo de ejercicio efectivo del cargo por parte del candidato cuestionado, rechazó la impugnación el 18 de octubre del corriente año.
Contra esa decisión el señor Cervetto dedujo un recurso de revocatoria, que también fue rechazado por el órgano electoral, mediante resolución de 21 de octubre de 2021.
Ante ello, el impugnante interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuyo rechazo por parte de la Junta Electoral el 28 de octubre próximo pasado, motivó la presentación de esta queja, en los términos del art. 292 del CPCC.
III. La queja es inadmisible.
Conforme lo recordara al dar mi voto en la causa B. 68.316, "Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires" (resol. de 29-VII-2005) y en casos posteriores, la doctrina tradicional de la Suprema Corte, que no he compartido, ha postulado que las decisiones de la Junta Electoral provincial no eran revisables judicialmente, ni por vía de los recursos extraordinarios contemplados en el art. 161 de la Constitución provincial (doctr. causas Ac. 43.267, resol. de 15-VIII-1989; Ac. 54.551, resol. de 19-X-1993; Ac. 73.838, resol. de 22-XII-1999; Ac. 83.290, resol. de 19-XII-2002 y Ac. 83.608, resol. de 5-III-2003; e.o.), ni a través de la acción contencioso administrativa (doctr. causas B. 58.604, "Lafarque", resol. de 7-X-1997 y B. 61.044, "Alianza para el Trabajo, Justicia y Educación", resol. de 2-II-2000), como tampoco por medio de la acción de amparo (doctr. causas B. 59.008, "Martello", resol. de 24-III-1998).
Como también advertí en el caso señalado, ese criterio de irrevisabilidad fue morigerado en la fórmula de la mayoría acuñada, entre otras, en las causas "Cattoni" (B. 66.132, resol. de 16-VII-2003) y "Risez" (B. 66.401, resol. de 3-IX-2003), afirmándose que el control judicial no tendría cabida sólo como "principio general".
Más allá de ello, en los casos en los que tuve ocasión de intervenir me pronuncié por la necesidad de garantizar un control judicial adecuado de las decisiones de la Junta Electoral, descartando todo criterio que en los hechos impidiese dicho escrutinio.
Recién con fecha 17 de octubre de 2007, la Suprema Corte -parcialmente integrada con conjueces- al hacer lugar por mayoría a la queja articulada en la causa Ac. 102.434, "Apoderado del MO.PO.BO, Apoderado del MID y Apoderado del Partido Demócrata Conservador Pcia. Bs. As.", halló una excepción al tradicional criterio restrictivo, para considerar, en dicha causa, como medio válido para instar la revisión de los actos electorales en discusión, la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (arts. 161 inc. 3 ap. "a", Const. prov.; 278 y concs., CPCC).
Dicha postura fue seguida posteriormente en las causas Q. 71.714, "Agrupación Ciudadana San Isidro (resol. de 12-X-2011), Q. 72.700, "Marcó" y Q. 72.701, "Villena" (ambas resol. de 31-VII-2013) mediante pronunciamientos adoptados ante situaciones excepcionalísimas, por una mayoría de la Suprema Corte integrada con el por entonces Presidente del Tribunal de Casación Penal.
IV. Ahora bien, como expuse en la citada causa "Risez" y en otras posteriores (ver, por todas Q 77.293, "Echeverry", resol. de 15-VIII-2021), en esta materia –como en general en todo conflicto generado por el obrar de la autoridad pública- debe evitarse toda interpretación que conduzca a la privación de una instancia de solución judicial de toda controversia. Ello, a fin de otorgar sentido a la garantía consagrada por los arts. 15 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución nacional, normas de las que se deriva, al igual que de los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros postulados, la plena justiciabilidad de los actos emanados de órganos o agencias estatales (CSJN Fallos: 247:646 y 328:651).
Vale recordar que la Junta Electoral no constituye un tribunal de justicia, pues es ajena al Poder Judicial (art. 63, Const. prov.) y por tanto -en sentido estricto- no cumple cometidos jurisdiccionales, sino que despliega funciones de índole administrativa (art. 166 in fine, Const. prov.). Su actuación u omisión es pasible de ser enjuiciada en el marco de lo prescripto por esta última norma constitucional, en concordancia con el art. 15 antes citado.
Lo expuesto claramente implica, de un lado, descartar la vía del recurso extraordinario previsto en el art. 161 inc. 3 ap. "a" de la Constitución para controvertir sus resoluciones, en tanto ella sólo es pertinente cuando se impugnan pronunciamientos dictados por un "tribunal de justicia" (doctr. causas Ac. 87.308, resol. de 5-III-2003; Ac. 89.169, resol. de 3-XII-2003; Ac. 89.379, resol. de 17-III-2004; Ac. 92.515, resol. de 27-IV-2005 y Ac. 93.631, resol. de 21-III-2007, e.o.; art. 278, CPCC). De otro, supone interpretar que, en lo relativo a la actividad normal de la Junta Electoral, ajena al calendario electoral , compete a los tribunales contencioso administrativos conocer y decidir acerca de las pretensiones previstas en el ordenamiento procesal pertinente, en las causas que involucren el obrar lesivo que se adjudique a dicho cuerpo colegiado (arts. 166, in fine, Const. prov.; 1, 12 y concs., ley 12.008; 1 y concs., ley 12.074 con sus respectivas reformas).
Vaya ello dicho, sin perjuicio de la competencia que cualquier juez o tribunal de primera instancia podrá ejercer si el caso se articula válidamente por medio de amparo (arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 1 y concs., ley 13.928; doctr. causas B. 66.059, "Bonetti", resol. de 16-IV-2004; B. 67.914, "Moreira", resol. de 18-VIII-2004; B. 65.082, "Fiscal de Estado", resol. de 27-VII-2005; e.o.) por estar comprometido un caso urgente que suponga un atentado o afectación manifiestamente ilegítimos o arbitrarios de derechos, principios o libertades constitucionales.
Ahora bien, no es posible soslayar que el tránsito por las instancias regulares del proceso contencioso administrativo para la impugnación de las decisiones de la Junta vinculadas a su función constitucional (arts. 63 y concs., Const. prov.), reglamentadas por la ley 5109, puede resultar ineficaz en vista de los breves y perentorios plazos con que se estructura el calendario electoral. Se trata de una cuestión, en especial la concerniente al control de los actos inherentes a la labor inmediatamente anterior a los comicios (v.gr., oficialización de una candidatura, aprobación de una alianza, etc.), que no ha sido prevista puntualmente por la ley 12.008 y sus modificatorias, ni en otro ordenamiento legal. No se han instituido medios procesales específicamente diseñados para garantizar los derechos involucrados en esta clase de controversias, más allá, insisto, de la utilización del amparo por tratarse de una vía sumarísima de tutela jurisdiccional.
V. Con el alcance señalado, abordando la cuestión ahora a dirimir, se advierte que la queja deducida no es admisible en tanto ha sido articulada ante el rechazo, por parte de la Junta Electoral, de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la decisión que desestimó la impugnación de un candidato formulada por un contendiente en las próximas elecciones generales (arts. 278 y 292, CPCC). La ejercida no constituye una vía procesal apta para controvertir esa clase de acuerdos (cfr. mi voto en Ac. 106.992, Ac. 106.993 y Ac. 107.014, cits.; Ac. 107.742, "Acuerdo Cívico y Social", resol. de 10-VI-2009; Q. 70.314, "Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 11-XI-2009 y Q. 70.501, "Alianza Unión Pro", resol. de 30-III-2010).
VI. Sin embargo, teniendo en consideración lo dicho en el punto IV, corresponde dejar establecido que en el caso, indudablemente suscitado en el marco del brevísimo y perentorio procedimiento electoral antes aludido, los cuestionamientos que el candidato aquí recurrente considere pertinente formular contra esa decisión, deberá canalizarlos a través de una acción de amparo.
Para más, cabe destacar que, de acuerdo a lo que surge del oficio remitido por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, la cuestión que motivó la decisión de la Junta Electoral que el señor Cervetto aquí cuestiona por vía de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fue también sometida a decisión de la justicia ordinaria, precisamente, a través de una acción de amparo, radicada en primer término ante el Tribunal del Trabajo N° 1 del Departamento Judicial de San Isidro y actualmente ante el mencionado órgano de alzada, con motivo de la apelación deducida por la Junta Electoral de la Provincia. Tal circunstancia corrobora, según mi parecer, que la vía excepcional del amparo, dadas las circunstancias apuntadas, resulta un carril, aunque no ideal, idóneo para residenciar esta clase de cuestiones.
VII. Finalmente, teniendo en cuenta la dilatada morosidad del Estado en reglar legalmente la materia aquí abordada -en particular, la impugnación de los actos dictados por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires durante el lapso comprensivo de las incidencias acaecidas en el contexto del cronograma electoral-, es menester exhortar nuevamente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para que, en el marco de sus atribuciones, arbitren lo necesario para organizar el control judicial suficiente de los actos de dicho organismo, tal como lo postulara reiteradamente en otros precedentes (cfr. causas Q 77.438, "Echevery", resol. de 25-X-2021 y sus citas).
En tales condiciones, cuadra desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Ac. 1790).
Por lo expuesto, si mi opinión es compartida, el Tribunal debería:
I. Aceptar la excusación del Dr. Luis Esteban Genoud, por los motivos en los que se funda (arts. 17 inc. 7° y 30, CPCC).
II. Desestimar la queja interpuesta mediante presentación electrónica del 2 de noviembre del corriente (art. 292, CPCC).
III. Dejar establecido que cualquier cuestionamiento que el recurrente considere pertinente formular frente a lo resuelto por la Junta Electoral de la Provincia en este asunto deberá canalizarse por medio de una acción de amparo (arts. 15 y 20, Constitución de la Provincia; ley 13.928), tal como lo hizo en este supuesto.
IV. Exhortar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para que, en el marco de sus atribuciones, promuevan y concreten, a la brevedad posible, la aprobación de las normas legales necesarias para asegurar el control judicial adecuado y eficaz de las cuestiones que se suscitan en el contexto del cronograma electoral y, en particular, el de los actos que en ese lapso dicta la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan dijo :
En cuanto a la admisibilidad de las vías extraordinarias intentadas, remito a las consideraciones formuladas sobre la revisión de las decisiones emanadas de la Junta Electoral en diversos precedentes (ver por todos Ac. 106.992, res. del 24-IV-2009) y adhiero a la solución propuesta en este caso por el señor Juez doctor Soria, considerando inadmisible la queja deducida.
Asimismo, comparto la recomendación que en el citado voto se efectúa en cuanto a la necesidad de legislar en la materia.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres dijo :
Adhiero, en su totalidad, al voto del señor Juez doctor Soria.
El señor Juez doctor Violini dijo :
Adhiero al voto del señor Juez Doctor Soria
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Aceptar la excusación del dr. Luis Esteban Genoud, por los motivos en los que se funda (arts. 17 inc. 7° y 30, CPCC).
II. Desestimar la queja interpuesta mediante presentación electrónica del 2 de noviembre (art. 292, CPCC).
III. Dejar establecido que cualquier cuestionamiento que el recurrente considere pertinente formular frente a lo resuelto por la Junta Electoral de la Provincia en este asunto deberá canalizarse por medio de una acción de amparo (arts. 15 y 20, Constitución de la Provincia; ley 13.928).
IV. Exhortar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para que, en el marco de sus atribuciones, promuevan y concreten, a la brevedad posible, la aprobación de las normas legales necesarias para asegurar el control judicial adecuado y eficaz de las cuestiones que se suscitan en el contexto del cronograma electoral y, en particular, el de los actos que en ese lapso dicta la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/11/2021 13:16:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2021 13:59:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/11/2021 19:26:40 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2021 20:57:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2021 21:07:08 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/11/2021 21:08:27 hs. bajo el número RR-862-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia