Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 76787
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien denegado el recurso de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278, 292 y 296, CPCC; 60, CCA, y Acordada 1790). Costas al recurrente (art. 31, ley 14.967).
Q.76.787 “MUNICIPALIDAD DE LEZAMA C/ OYHENART, MARIANO FERMÍN Y OTROS S/QUEJA POR DENEGATORIA DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial Dolores rechazó el incidente de redargución de falsedad iniciado por el apoderado del Municipio de Lezama contra Mariano Fermín Oyhenart por la actuación e informe que realizara como Oficial de Justicia en los mandamientos diligenciados en el cementerio de la mencionada localidad, a fin de constatar el estado de la parcela n° 139 y nicho n° 214, con fecha 7 de marzo y 19 de abril de 2018 en la causa "Martinez, Nélida y otros c/ Municipalidad de Lezama s/ Pretensión indemnizatoria (v. sent. de 21-V-2020).
A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en Mar del Plata desestimó el recurso de apelación deducido por el municipio. Para así resolver, entendió que el juez de grado realizó un razonado análisis de los elementos de convicción presentes en la causa (v. sent. de 15-IX-2020).
Frente a lo así decidido, el Municipio articuló recurso que denominó de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 2-X-2020), el que denegado -con sustento en que el valor del litigio no supera el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial- (v. resol. de 13-XI-2020), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación de fecha 9-VI-2020).
II. Al respecto, tal como resolvió la Cámara al denegar la concesión del recurso de inaplicabilidad, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria es de monto determinado y está representado para el impugnante por la suma reclamada en la pretensión indemnizatoria en concepto de daño moral y psicológico, a la que se encuentra vinculado el incidente de redargución de falsedad.
Ello así, y aún computando el monto de pesos 730.000 -indicado por el recurrente como monto litigioso en el punto V de su escrito de queja-, este no excede el mínimo para recurrir establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -aplicable al caso conforme lo dispuesto en el art. 60 del Código Contencioso Administrativo y Ac. 3972/2020- para acceder a su revisión por la vía intentada (doctr. causas A. 76.345, "Comba", resol. de 14-XII-2020; Q. 76.324, "Iori", resol. de 22-VII-2020; A. 74.481, "Garin", resol. de 7-XII-2016).
Por otra parte, en atención a las alegaciones relativas a la inexigibilidad del requisito establecido en el referido art. 278 respecto del valor del litigio por hallarse en juego una cuestión federal, con cita de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), cabe señalar que no se observa en el sub lite motivo alguno que autorice a hacer excepción a la postura aludida sobre la base de la referida doctrina, por la que se condiciona la validez de las restricciones de los recursos extraordinarios locales a la circunstancia de que en la causa no se encuentre en juego una cuestión federal que pudiera ulteriormente ser materia de la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 (doctr. causas Q. 72.162, "Nico", resol. de 9-X-2013; A. 70.721, "Fisco de la Provincia c/ Petit Four", resol. de 5-III-2014; Q. 73.625, "Cablevisión SA", resol. de 20-V-2015; Q. 75.359, "Interbas SA", resol. de 29-VIII-2018; A. 75.534, "Castro", resol. de 21-XI-2018; A. 75.621, "Moure", resol. de 5-VI-2019; Q. 77.135, "Suero", resol. de 15-VII-2021).
Es que los agravios desarrollados en el embate extraordinario provincial remiten a la consideración de cuestiones de derecho común y local, que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión federal (CSJN Fallos: 310:1542; 325:2192).
Cabe agregar además, en torno a la alegada inconstitucionalidad del art. 278 citado y en lo que se refiere a la violación del derecho de acceso a la jurisdicción (art. 18, Const. nac.), que esta Corte tiene decidido, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en aquel dispositivo legal, no vulneran derechos o garantías constitucionales (doctr. causas Q. 72.162, cit.; A. 73.659, "Marccetti", resol. de 16-VI-2015; A. 74.135, "Ambrosis", resol. de 11-V-2016; Q. 75.344, "Macchia", resol. de 22-VIII-2018, Q. 75.427, "Espindola", resol. de 5-XII-2018; Q. 75.567, "Beneito", resol. de 1-VII-2020; Q. 77.135, "Suero", resol. de 15-VII-2021; CSJN Fallos: 253:469, e.o.).
Asimismo, en relación a la denuncia de "gravedad institucional", cabe adunar que en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a la invocada existencia de tal extremo, si el planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 74.437, "Abe", resol. de 23-XI-2016; Q. 74.638, "Rodriguez", resol. de 10-V-2017; Q. 75.536, "Senin", resol. de 20-III-2019; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
III. Por otra parte, se aduce también en la queja haber incurrido en un error en la denominación del recurso interpuesto, siendo el correcto el de nulidad, por cuanto entre los agravios esgrimidos se denunció la transgresión del art. 171 de la Constitución local por haber sido dictada la sentencia sin atender al fundamento elemental de la norma que regula la materia (los arts. 289 y 296 inc. "a" del Código Civil y Comercial).
Aun desde tal perspectiva, la queja traída carece igualmente de viabilidad.
Más allá del reconocimiento del propio desacierto por parte del letrado, la mera lectura del escrito impugnatorio evidencia la deducción de un recurso de inaplicabilidad de ley, a pesar de la alegada denuncia de transgresión del art. 171 de la Constitución provincial. En consecuencia, se advierte que la resolución denegatoria de aquél, en que el tribunal de alzada se ha ceñido a pronunciarse en el marco de las facultades que le reconoce el art. 281 del Código de rito local respecto del examen de los requisitos extrínsecos de dicho recurso extraordinario, resulta ajustada a derecho.
Sin perjuicio de ello, y a mayor abundamiento, cabe agregar que el quebrantamiento de las garantías consagradas por el art. 171 de la Carta local sólo se produce cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, faltando la invocación de los preceptos legales pertinentes. Por ello se ha dicho que cumple con la exigencia que impone tal norma constitucional el fallo que, como en el caso, está fundado en expresas disposiciones legales, siendo ajenos al ámbito de esta vía los agravios dirigidos a cuestionar el acierto en la fundamentación de la decisión impugnada (doctr. causas A. 70.838, "Carrefour", sent. de 22-V-2013; A. 73.910, "Icaro", resol. de 22-XII-2015; A. 74.728, "Bruno", resol. de 14-VI-2017; Q. 75.764, "Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Unión de Vecinos Ltda.", resol. de 6-XI-2019).
IV. Finalmente, corresponde recordar que este Tribunal ha resuelto en diversas ocasiones que la excepción prevista en el art. 55 de la ley 11.653 no resulta de aplicación en el proceso civil y comercial (conf. doctr. causas Ac. 88.690, "Banco de la Pcia. de Bs. As. c/ Tulian", resol. de 2-VII-2003; Ac. 93.581, "Bco. de la Pcia. de Bs. As. c/ Turri", resol. de 19-X-2005; Ac. 99.931, "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Castellari de Remy", resol. de 16-IV-2008; A. 72.798, "Ruiz", resol. de 28-V-2014; A. 76.874, "Molina", resol. 16-VI-2021), solución que corresponde aplicar también a los casos en los que el proceso se rige por las disposiciones de la ley 12.008, en tanto su art.60 consagra expresamente la aplicación de las normas del Código Procesal Civil y Comercial y sólo exceptúa del requisito vinculado al valor del litigio a los supuestos en los que las sentencias cuestionadas hayan sido dictadas en materia de impugnaciones a resoluciones del Tribunal de Cuentas o el Tribunal Fiscal de Apelación (art. 60 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causas A. 72.798, cit.; A. 73.793, "Stransky", resol. de 23-IX-2015; A. 74.655, "Ballarini", resol. de 28-VI-2017; Q. 75.344, "Macchia", resol. de 22-VIII-2018; A. 75.293, "Silvestre", resol. de 26-XII-2018; Q. 76.324, "Iori", resol. de 22-VII-2020; A. 75.786, "Liverotti", resol. de 29-XII-2020; A. 75.647, "Rodriguez", resol. de 17-IX-2021, entre muchas otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar bien denegado el recurso de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278, 292 y 296, CPCC; 60, CCA, y Acordada 1790). Costas al recurrente (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/12/2021 17:24:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2021 20:30:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/12/2021 07:56:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2021 09:04:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2021 09:26:37 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/12/2021 09:35:33 hs. bajo el número RR-962-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia