Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 77385
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA; Acordada 1790). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.77.385 “CANDIA, MARIA BELEN C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD - QUEJA POR DENEGATORIA DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata reguló los honorarios de doctora Analía Mónica Causa -letrada de la parte actora-, por su actuación profesional en segunda instancia, en la suma de pesos equivalente a siete (7) Jus , con más el 10% de aportes e IVA en caso de corresponder (v. resol. adj. de fecha 19-VIII-2021).
Frente a tal pronunciamiento, Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica adj. de fecha 6-IX-2021), el que denegado -con sustento en la irrecurribilidad de la decisión impugnada- (v. resol. adj. de fecha 21-IX-2021), motivó la presente queja (v. presentación electrónica de fecha 1-X-2021).
II. Al respecto, cabe señalar que esta Corte reiteradamente ha expresado que, en principio, contra las resoluciones de los tribunales colegiados en materia de honorarios, tanto en lo que hace a la regulación en sí misma como a las bases o pautas ponderadas para llegar a su determinación, no son admisibles los recursos extraordinarios (art. 57, 2º párrafo, ley 14.967; conf. doctr. causas A. 75.272, "Echeverría", resol. de 19-IX-2018; A. 75.443, "Scarimbolo", resol. de 14-VIII-2019; C. 125.085, "Malimowcka", resol. de 29-XII-2021; entre otras).
En el caso, en que se cuestiona lo resuelto en relación al monto de los emolumentos fijados por el Tribunal de Alzada por considerarlos excesivos respecto de los regulados en primera instancia, no se observa que concurra alguno de los restringidos supuestos en que, por vía de excepción, se ha admitido el apartamiento de dicho criterio (conf. causas C. 121.540, "Moises", resol. de 21-VI-2017; A. 75.272 y A. 75.443, cits.).
Asimismo, es del caso señalar que el valor del agravio a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, se encuentra representado para el impugnante por la diferencia entre los honorarios determinados por la Cámara -7 Jus- y los que entienden debieron corresponder, el que no supera el monto mínimo establecido en el mencionado artículo (Acuerdo 4012/21; doctr. causas Q. 73.968, "Gonzalez", resol. de 22-XII-2015; Q. 74.530, "Galosi", resol. de 28-XII-2016, Q. 75.064, "Pallasa", resol. de 13-VI-2018, Q. 75.344 "Macchia", resol. de 26-VIII-2018), sin que corresponda adicionar intereses a dicha suma ni actualizaciones (art. 10, ley 23.928, texto según ley 25.561; doctr. causas C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; A. 76.122, "Emar Ceiba SA", resol. de 22-VII-2020).
III. Por otra parte, en atención a las alegaciones relativas a la inexigibilidad del requisito establecido en el referido art. 278 respecto del valor del litigio por hallarse en juego una cuestión federal, con cita de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), cabe señalar que no se observa en el sub lite motivo alguno que autorice a hacer excepción a la postura aludida sobre la base de la referida doctrina, por la que se condiciona la validez de las restricciones de los recursos extraordinarios locales a la circunstancia de que en la causa no se encuentre en juego una cuestión federal que pudiera ulteriormente ser materia de la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 (conf. causas Q. 73.625, "Cablevisión SA", resol. de 20-V-2015; Q. 75.359, "Interbas SA", resol. de 29-VIII-2018; A. 75.534, "Castro", resol. de 21-XI-2018; A. 75.621, "Moure", resol. de 5-VI-2019; Q. 77.135, "Suero", resol. de 15-VII-2021).
Es que los agravios desarrollados en el embate extraordinario provincial remiten a la consideración de cuestiones de derecho común y local, que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión federal (CSJN Fallos: 310:1542; 325:2192).
IV. En otro orden, con referencia a la invocación del art. 31 bis de la ley 5.827 a fin de soslayar el requisito del monto mínimo considerado supra , cabe señalar que no se advierte que en el sub lite se encuentre configurado alguno de los supuestos previstos por la mentada norma que justifiquen que, con carácter excepcional, este Tribunal dé trámite al recurso obviando tal limitación (doctr. C. 122.161, "Ponozzo Galmarelli", resol. de 7-III-2018; Q. 75.064, "Pallasa", resol. de 13-VI-2018; Q. 76.435, "Sierra", resol. de 24-VI-2020).
V. Además, en torno a la alegada inconstitucionalidad del art. 278 citado y en lo que se refiere a la violación del derecho de acceso a la jurisdicción (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.), esta Corte tiene decidido, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en aquel dispositivo legal, no vulneran derechos o garantías constitucionales (doctr. causas A. 74.135, "Ambrosis", resol. de 11-V-2016; Q. 75.344, "Macchia", resol. de 22-VIII-2018, Q. 75.427, "Espindola", resol. de 5-XII-2018; Q. 75.567, "Beneito", resol. de 1-VII-2020; CSJN Fallos: 253:469, e.o.).
VI. Tampoco es de recibo la denunciada vulneración de la doctrina legal que cita.
Al respecto, este Tribunal ha expresado que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados -como aquí acontece- mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren de los que se presentan en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, entre muchas otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA; Acordada 1790). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/08/2022 14:18:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2022 18:19:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2022 10:45:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2022 14:32:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2022 10:34:48 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/08/2022 10:40:26 hs. bajo el número RR-823-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia