Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 77293
Lo que resolvió el tribunal
I. Aceptar la excusación del dr. Luis Esteban Genoud, por los motivos en los que se funda (arts. 17 inc. 7° y 30, CPCC).
II. Desestimar la queja interpuesta a fs. 29/49 (art. 292, CPCC).
III. Dejar establecido que cualquier cuestionamiento que el recurrente considere pertinente formular frente a lo resuelto a su respecto por la Junta Electoral de la Provincia el 14 del corriente mes y año deberá canalizarse por medio de una acción de amparo (arts. 15 y 20, Constitución de la Provincia; ley 13.928).
IV. Exhortar nuevamente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para que, en el marco de sus atribuciones, promuevan y concreten la aprobación de las normas legales necesarias para asegurar el control judicial eficaz y adecuado de los actos de la Junta Electoral provincial.
Q.77.293 “ECHEVERRY, JOSÉ AUGUSTO C/ JUNTA ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/QUEJA POR DENEGTORIA DE RECURSO EXTRAORDINARIO”
El Señor Juez doctor Soria dijo:
I. En razón de los motivos expuestos, considero que la excusación del dr. Luis Esteban Genoud debe ser aceptada (arts. 17 inc. 7° y 30, CPCC).
II. Frente a la presunta demora en resolver las impugnaciones que la línea interna "Suipacha Despierta" dedujera contra la decisión de la Junta Electoral del Frente de Todos, Distrito Suipacha, de observar la lista de candidatos que presentara, el apoderado de la mencionada línea interna promueve un recurso de queja en los términos del art. 292 del CPCC.
Entiende que, dados los sólidos fundamentos y las contundentes pruebas que esbozara y presentara en el recurso de apelación que dedujera contra la decisión de la Junta Partidaria, el órgano electoral de la Provincia debió, dentro de los cinco días, hacer lugar a sus impugnaciones, habilitando su participación en las próximas elecciones primarias.
Afirma que, vencido el mencionado término, presentó ante la Junta Electoral de la Provincia un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -circunstancia que no surge acreditada con la documentación adjunta- que no fue tratado y promovió una acción de amparo que fue rechazada in limine por el Tribunal del Trabajo N°3 de La Plata.
Valora que debe considerarse al silencio del órgano electoral como resolución denegatoria y que la vía prevista en el art. 292 del CPCC es, de acuerdo a precedentes de esta Corte que cita, la única admisible para reparar la flagrante violación de los derechos políticos que se hallan en juego en este caso.
Peticiona el acogimiento del recurso entablado, que se oficialice la lista de la agrupación y se comunique tal decisión a la Junta Electoral Partidaria, a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y al Juez Federal con competencia electoral en la Provincia (ver documentación adjunta a la presentación electrónica del 13 de agosto).
III. La queja es inadmisible.
Conforme lo recordara al dar mi voto en la causa B. 68.316, "Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires" (resol. de 29-VII-2005) y en casos posteriores, la doctrina tradicional de la Suprema Corte, que no he compartido, ha postulado que las decisiones de la Junta Electoral provincial no eran revisables judicialmente, ni por vía de los recursos extraordinarios contemplados en el art. 161 de la Constitución provincial (doctr. causas Ac. 43.267, resol. de 15-VIII-1989; Ac. 54.551, resol. de 19-X-1993; Ac. 73.838, resol. de 22-XII-1999; Ac. 83.290, resol. de 19-XII-2002 y Ac. 83.608, resol. de 5-III-2003; e.o.), ni a través de la acción contencioso administrativa (doctr. causas B. 58.604, "Lafarque", resol. de 7-X-1997 y B. 61.044, "Alianza para el Trabajo, Justicia y Educación", resol. de 2-II-2000), como tampoco por medio de la acción de amparo (doctr. causas B. 59.008, "Martello", resol. de 24-III-1998).
Como también advertí en el caso señalado, ese criterio de irrevisabilidad fue morigerado en la fórmula de la mayoría acuñada, entre otras, en las causas "Cattoni" (B. 66.132, resol. de 16-VII-2003) y "Risez" (B. 66.401, resol. de 3-IX-2003), afirmándose que el control judicial no tendría cabida sólo como "principio general".
Más allá de ello, en los casos en los que tuve ocasión de intervenir me pronuncié por la necesidad de garantizar un control judicial adecuado de las decisiones de la Junta Electoral, descartando todo criterio que en los hechos impidiese dicho escrutinio.
Recién con fecha 17 de octubre de 2007, la Suprema Corte -parcialmente integrada con conjueces- al hacer lugar por mayoría a la queja articulada en la causa Ac. 102.434, "Apoderado del MO.PO.BO, Apoderado del MID y Apoderado del Partido Demócrata Conservador Pcia. Bs. As.", halló una excepción al tradicional criterio restrictivo, para considerar, en dicha causa, como medio válido para instar la revisión de los actos electorales en discusión, la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (arts. 161 inc. 3 ap. "a", Const. prov.; 278 y concs., CPCC).
Dicha postura fue seguida posteriormente en las causas Q. 71.714, "Agrupación Ciudadana San Isidro (resol. de 12-X-2011), Q. 72.700, "Marcó" y Q. 72.701, "Villena" (ambas resol. de 31-VII-2013) mediante pronunciamientos adoptados ante situaciones excepcionalísimas, por una mayoría de la Suprema Corte integrada con el por entonces Presidente del Tribunal de Casación Penal.
IV. Ahora bien, como expuse en la citada causa "Risez" y en otras posteriores (ver, por todas, Q 76.087, "Piacquadio", resol de 7-VIII-2019), en esta materia –como en general en todo conflicto generado por el obrar de la autoridad pública- debe evitarse toda interpretación que conduzca a la privación de una instancia de solución judicial de toda controversia. Ello, a fin de otorgar sentido a la garantía consagrada por los arts. 15 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución nacional, normas de las que se deriva, al igual que de los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros postulados, la plena justiciabilidad de los actos emanados de órganos o agencias estatales (CSJN Fallos: 247:646 y 328:651).
Vale recordar que la Junta Electoral no constituye un tribunal de justicia, pues es ajena al Poder Judicial (art. 63, Const. prov.) y por tanto -en sentido estricto- no cumple cometidos jurisdiccionales, sino que despliega funciones de índole administrativa (art. 166 in fine, Const. prov.). Su actuación u omisión es pasible de ser enjuiciada en el marco de lo prescripto por esta última norma constitucional, en concordancia con el art. 15 antes citado.
Lo expuesto claramente implica, de un lado, descartar la vía del recurso extraordinario previsto en el art. 161 inc. 3 ap. "a" de la Constitución para controvertir sus resoluciones, en tanto ella sólo es pertinente cuando se impugnan pronunciamientos dictados por un "tribunal de justicia" (doctr. causas Ac. 87.308, resol. de 5-III-2003; Ac. 89.169, resol. de 3-XII-2003; Ac. 89.379, resol. de 17-III-2004; Ac. 92.515, resol. de 27-IV-2005 y Ac. 93.631, resol. de 21-III-2007, e.o.; art. 278, CPCC). De otro, supone interpretar que, en lo relativo a la actividad normal de la Junta Electoral, ajena al calendario electoral , compete a los tribunales contencioso administrativos conocer y decidir acerca de las pretensiones previstas en el ordenamiento procesal pertinente, en las causas que involucren el obrar lesivo que se adjudique a dicho cuerpo colegiado (arts. 166, in fine, Const. prov.; 1, 12 y concs., ley 12.008; 1 y concs., ley 12.074 con sus respectivas reformas).
Vaya ello dicho, sin perjuicio de la competencia que cualquier juez o tribunal de primera instancia podrá ejercer si el caso se articula válidamente por medio de amparo (arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 1 y concs., ley 13.928; doctr. causas B. 66.059, "Bonetti", resol. de 16-IV-2004; B. 67.914, "Moreira", resol. de 18-VIII-2004; B. 65.082, "Fiscal de Estado", resol. de 27-VII-2005; e.o.) por estar comprometido un caso urgente que suponga un atentado o afectación manifiestamente ilegítimos o arbitrarios de derechos, principios o libertades constitucionales.
Ahora bien, no es posible soslayar que el tránsito por las instancias regulares del proceso contencioso administrativo para la impugnación de las decisiones de la Junta vinculadas a su función constitucional (arts. 63 y concs., Const. prov.), reglamentadas por la ley 5109, puede resultar ineficaz en vista de los breves y perentorios plazos con que se estructura el calendario electoral. Se trata de una cuestión, en especial la concerniente al control de los actos inherentes a la labor inmediatamente anterior a los comicios (v.gr., oficialización de una candidatura, aprobación de una alianza, etc.), que no ha sido prevista puntualmente por la ley 12.008 y sus modificatorias, ni en otro ordenamiento legal. No se han instituido medios procesales específicamente diseñados para garantizar los derechos involucrados en esta clase de controversias, más allá, insisto, de la utilización del amparo por tratarse de una vía sumarísima de tutela jurisdiccional.
V. Con el alcance señalado, abordando la cuestión ahora a dirimir, se advierte que la queja deducida no es admisible en tanto ha sido articulada ante la demora de la Junta Electoral en resolver un recurso de apelación y, supuestamente, un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido frente a esa omisión (arts. 278 y 292, CPCC). La ejercida no constituye una vía procesal apta para controvertir esa clase de conductas (cfr. mi voto en Ac. 106.992, Ac. 106.993 y Ac. 107.014, cits.; Ac. 107.742, "Acuerdo Cívico y Social", resol. de 10-VI-2009; Q. 70.314, "Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 11-XI-2009 y Q. 70.501, "Alianza Unión Pro", resol. de 30-III-2010).
VI. Sin embargo, teniendo en consideración lo dicho en el punto IV y que, según se desprende de la excusación formulada por el señor Presidente del Tribunal, la omisión en decidir que motivara la presentación en tratamiento ha cesado, pues la Junta Electoral ha resuelto rechazar el recurso que se encontraba pendiente de decisión -ver archivo adjunto a la menciona excusación-, corresponde dejar establecido que en el caso, indudablemente suscitado en el marco del brevísimo y perentorio procedimiento electoral antes aludido, los cuestionamientos que la línea interna aquí recurrente considere pertinente formular contra esa decisión, deberá canalizarlos a través de una acción de amparo.
VII. Finalmente, teniendo en consideración la dilatada morosidad del Estado en reglar legalmente la materia aquí abordada -en particular, la impugnación de los actos dictados por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires durante el lapso comprensivo de las incidencias acaecidas en el contexto del cronograma electoral-, es menester exhortar nuevamente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para que, en el marco de sus atribuciones, arbitren lo necesario para organizar el control judicial suficiente de los actos de dicho organismo, tal como lo postulara reiteradamente en otros precedentes (cfr. causas Ac. 106.992, "Partido Unión del Centro Democrático"; Ac. 106.993, "Partido Unión Popular" y Ac. 107.014, "Movimiento Socialista de los Trabajadores", todas resol. de 24-IV-2009; Ac. 107.742, "Acuerdo Cívico y Social", resol. de 10-VI-2009; Q. 70.314, "Partido Justicialista y Vecinos por San Fernando", resol. de 11-XI-2009; Q. 70.501, "Alianza Unión Pro", resol. de 30-III-2010; A. 70.755, "Lizziero", resol. de 26-III-2015 y Q. 74.850 "Lafosse", resol. de 9-VIII-2017).
En tales condiciones, cuadra desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Ac. 1790).
Por lo expuesto, si mi opinión es compartida, el Tribunal debería:
I. Aceptar la excusación del Dr. Luis Esteban Genoud, por los motivos en los que se funda (arts. 17 inc. 7° y 30, CPCC).
II. Desestimar la queja interpuesta a fs. 29/49 (art. 292, CPCC).
III. Dejar establecido que cualquier cuestionamiento que el recurrente considere pertinente formular frente a lo resuelto a su respecto por la Junta Electoral de la Provincia el 14 del corriente mes y año deberá canalizarse por medio de una acción de amparo (arts. 15 y 20, Constitución de la Provincia; ley 13.928).
IV. Exhortar nuevamente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para que, en el marco de sus atribuciones, promuevan y concreten la aprobación de las normas legales necesarias para asegurar el control judicial eficaz y adecuado de los actos de la Junta Electoral provincial.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan dijo :
En cuanto a la admisibilidad de las vías extraordinarias intentadas, remito a las consideraciones formuladas sobre la revisión de las decisiones emanadas de la Junta Electoral en diversos precedentes (ver por todos Ac. 106.992, res. del 24-IV-2009) y adhiero a la solución propuesta en este caso por el señor Juez doctor Soria, considerando inadmisible la queja deducida.
Asimismo, comparto la recomendación que en el citado voto se efectúa en cuanto a la necesidad de legislar en la materia.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres dijo :
Adhiero, en su totalidad, al voto del señor Juez doctor Soria.
El señor Juez doctor Kohan dijo :
Adhiero al voto del señor Juez Doctor Soria
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Aceptar la excusación del dr. Luis Esteban Genoud, por los motivos en los que se funda (arts. 17 inc. 7° y 30, CPCC).
II. Desestimar la queja interpuesta a fs. 29/49 (art. 292, CPCC).
III. Dejar establecido que cualquier cuestionamiento que el recurrente considere pertinente formular frente a lo resuelto a su respecto por la Junta Electoral de la Provincia el 14 del corriente mes y año deberá canalizarse por medio de una acción de amparo (arts. 15 y 20, Constitución de la Provincia; ley 13.928).
IV. Exhortar nuevamente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para que, en el marco de sus atribuciones, promuevan y concreten la aprobación de las normas legales necesarias para asegurar el control judicial eficaz y adecuado de los actos de la Junta Electoral provincial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/08/2021 11:03:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/08/2021 11:05:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2021 11:41:07 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2021 11:54:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2021 11:58:40 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia